José Joaquín Brunner, 9 de agosto de 2026

Coherente con sus principios y su programa, el Gobierno del Presidente Kast no tiene la educación entre sus prioridades en ninguno de sus niveles, ni en el discurso ni en la acción gubernativa. Viene bastante más atrás que la reforma tributaria, las inversiones, la seguridad, la inmigración irregular, la permisología, la vivienda y la salud. En estos primeros meses de administración, el sector adquiere visibilidad casi exclusivamente como un capítulo del orden público: amenazas y hechos de violencia, delitos en el entorno escolar, endurecimiento de las sanciones, registro de mochilas, detectores de metales, catálogo de incivilidades, responsabilidad penal de padres y de menores de edad. El despliegue policial y sancionatorio opera aquí como si fuese, en sí mismo, un proceso pedagógico.

Entretanto, el drama sigue su curso con guion propio: armas, microtráfico, agresiones graves contra profesores, incendios intencionales y delitos de connotación sexual. Más dos episodios extremos del período: el asesinato de una inspectora en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, en marzo, a manos de un alumno que había planificado durante meses su ataque; y, esta semana, el asesinato de un estudiante de 15 años a la salida del Liceo Polivalente Santiago de Compostela de San Bernardo, apuñalado por compañeros del propio establecimiento.

Lo demás, en cuanto a las políticas del sector, puede describirse llanamente como una “contrarreforma en la medida de lo posible”. Tres iniciativas la resumen. La primera, ingresada esta semana al Senado, recalendariza hasta 2040 la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública —hoy funcionan 36, con 169 municipios traspasados—, amplía los plazos de traspaso y permite que las comunas con mejores indicadores de aprendizaje conserven la administración de sus escuelas. La segunda, ya despachada por la Cámara, reforma el sistema de admisión escolar, creando una vía de “elección mutua” mediante la cual los establecimientos sobredemandados podrán volver a seleccionar a sus alumnos de acuerdo con el mérito familiar de los postulantes. La tercera flexibiliza las condiciones para abrir nuevos colegios particulares subvencionados, permitiendo el arriendo permanente de los inmuebles y aligerando trámites, justo cuando nos asomamos al acantilado demográfico y la población en edad escolar comienza a disminuir, y cuando es oportuno preguntarse cómo mejorar las oportunidades de aprendizaje ya existentes. En breve, la contrarreforma nos devuelve al pasado y nos obliga a repetir el camino más transitado.

Lo único que explica esta verdadera fijación con la ingeniería institucional-administrativa del sistema, sin tocar la sala de clases, a los docentes ni el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes, es que la élite política del país, transversalmente, continúa más interesada en ganar puntos electorales que en mejorar la calidad, la equidad y la efectividad de la educación. De derechas a izquierdas y de vuelta, un movimiento pendular va volviéndose fatídico, obligando al gobierno del sistema escolar a oscilar de un extremo al otro al compás de los vaivenes ideológicos.

La actual oscilación está condicionada por la tensión interna del bloque oficialista entre quienes aspiran a revertir por completo las reformas de Bachelet y Boric y quienes preferirían corregir sus errores y mejorar su funcionamiento. No son objetivos propiamente educacionales, sino las concepciones contrapuestas de republicanos y nacional-libertarios, por un lado, y de Chile Vamos, por el otro, que determinan el movimiento.

En el ámbito de la educación superior, las ciencias, las humanidades y las artes estamos entrampados en un haz de conflictos de valencia ideológica aún mayor. Se manifiestan en sordina, por ejemplo, en el cambio inconsulto de las bases de los concursos que asignan fondos competitivos, o abiertamente, en las múltiples insinuaciones de “batallas culturales” por parte de autoridades y parlamentarios del partido del Presidente y de sus aliados más próximos. El programa eludió esa guerra y prometió no insistir en cuestiones valóricas controvertidas. Esa declaración no bastó para conjurar la máxima clausewitziana invertida: que la política es apenas la continuación de la guerra por otros medios. Mirada de cerca la escena, por todas partes aparecen la neblina y los ruidos bélicos: las aulas vistas como trincheras, los estudiantes catalogados como inciviles si no vándalos en potencia, la educación sexual y las políticas de género entendidas como una provocación, las luchas por la interpretación de la historia nacional, la evaluación de proyectos artísticos bajo criterios de virtud moral, la polarización que impide deliberar, y la creación de un enemigo interno contra quien se debe cargar.

El caso más reciente es el de las bases del concurso Fondecyt de Postdoctorado 2027, que, por primera vez, definen diez áreas prioritarias y reservan hasta el 70% de las adjudicaciones para ellas. Las humanidades no figuran; las ciencias sociales solo caben si se pliegan al área de seguridad y justicia. El Consejo de Rectores (CRUCH) y el Instituto de Chile pidieron formalmente reconsiderar la medida, advirtiendo que la definición de prioridades concentra el esfuerzo en las ciencias naturales, la tecnología, la productividad y la seguridad, que desde ya cuentan con programas específicos de apoyo,  y deja a las humanidades, las artes y las ciencias sociales en un lugar subalterno.

Subyace a este desaguisado una concepción estrechamente economicista del conocimiento, que el propio Presidente formuló con franqueza y sin metáfora al referirse a investigaciones que terminan en “un libro precioso, empastado, en la biblioteca” sin generar empleo ni retorno alguno. Es, en el fondo, una definición de a quién sirven los saberes. Y la respuesta del gobierno es clara: no a quienes intentan comprender la sociedad que los produce.

En suma, la educación y la cultura, especialmente las ciencias sociales y las humanidades, no son una prioridad. Al contrario, se mueven al ritmo de un péndulo institucional que completa su enésimo recorrido. Las trincheras vuelven a instalarse en los colegios y las universidades, en las políticas públicas y en las agendas ministeriales. Es tiempo de detenerse y reflexionar.

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