Toda institución que perdura termina siendo atravesada por la lógica dominante de su época, y la universidad no es la excepción. Lo que hoy la asedia no es una crisis pasajera, sino una reestructuración profunda del capitalismo académico, que ha desplazado el centro de gravedad de la producción hacia el conocimiento y ha convertido a la universidad en un nodo estratégico, y por eso mismo disputado, de esa nueva economía. José Joaquín Brunner lo nombra con precisión en La idea de universidad. De la cátedra medieval al capitalismo académico cuando identifica «el fenómeno del capitalismo académico, que se globaliza a partir del último cuarto del siglo XX y que llega a ser dominante en la primera mitad del presente siglo» y, junto a él, «un fenómeno de intensa racionalización organizacional que funciona en la base académica de la universidad mediante un riguroso encuadramiento, disciplinamiento y medición de los rendimientos». No son dos anécdotas, sino dos caras de una misma máquina: la mercantilización del saber y su medición administrativa operan juntas.

El acecho del régimen económico

La singularidad chilena reside en la anticipación. Antes que casi ningún otro sistema, la educación superior fue incorporada a un régimen de libre mercado con énfasis en la propiedad privada, de modo que la autogestión, la competencia y la orientación hacia la demanda dejaron de ser políticas deliberadas para volverse el aire que la institución respira. Chile no importó tarde ese modelo: lo ensayó primero, y por eso ofrece hoy el laboratorio más avanzado de sus consecuencias.

Vladimer Luarsabishvili, en El fin de una universidad. De la formación y las ruinas al sinsentido, ordena esas consecuencias en cinco vectores que conviene leer como un mismo proceso y no como fallas aisladas. La marketización convierte la educación en un negocio que expende títulos a cambio de una tarifa asequible. El managerialismo entrega el mando a una capa administrativa que desplaza a académicos y estudiantes de las decisiones relevantes. La dependencia de la demanda gobierna la apertura y el cierre de programas según la oscilación del mercado. El desfinanciamiento de la investigación prioriza la enseñanza masiva para abaratar costos, con profesores contratados por horas y grupos sobrecargados donde el debate académico se vuelve imposible. Y la precarización laboral —contratos anuales, sin garantía de renovación— cierra el cuadro, reforzada por políticas de incentivo gobernadas por indicadores y equilibrios financieros. No se trata de una deriva local. Una publicación reciente de Nature, «Las universidades se encuentran en el ojo del huracán: deben innovar para sobrevivir», constata que todo esto «significa que algunas universidades han empezado a parecerse menos a instituciones de servicio público y más a empresas».

La pieza que mejor revela la mutación es el financiamiento. Williams, en «La pedagogía de la deuda», propone la noción de «Estado de post-bienestar universitario»: «Actualmente el paradigma de financiación universitaria ya no es de tutela pública, siendo compensada y subvencionada por el Estado, sino que es un servicio privatizado, lo que significa que los ciudadanos tienen que asumir una parte fundamental del mismo». El Estado no se retira: cambia de función. «Anima a la participación en el mercado de la educación superior subvencionando el pago de los intereses», pero dejando el capital en manos del ciudadano, lo que «representa también un cambio en la concepción de la educación superior, que pasa de ser un bien social a un bien individual». Así, el estudiante deja de ser un sujeto protegido para volverse un nodo más del circuito, un deudor que aporta «como workfare en vez de welfare» su trabajo presente y el que desarrollará para pagar sus préstamos. La fórmula final de Williams es exacta: «La deuda impone una tarifa cuantificable a la ilusión social».

El acecho de la burocracia

Hormio y Reijula, en «Las universidades como instituciones de conocimiento anárquicas» (Social Epistemology, 2025), examinan el trabajo académico bajo el managerialismo y concluyen que la estrategia sensata es diversificar recursos y repertorios, con la flexibilidad necesaria, evitando la dependencia de un solo tipo de recurso. La ironía es palpable: la creencia en el gerencialismo como única vía para asegurar los indicadores produjo justamente lo contrario, un exceso de burocratización que se expresa en tres movimientos encadenados. Primero, el refuerzo de las unidades administrativas para soportar el creciente flujo de recolección y análisis de datos. Segundo, la creación de nuevas unidades derivadas, con tareas cada vez más especializadas. Tercero, la duplicación irracional de unidades entre la administración central y las facultades. El aparato que prometía eficiencia terminó reproduciéndose a sí mismo.

Frente a esa hipertrofia, Fuller, en un trabajo de la OECD —«¿Qué es lo que caracteriza a las universidades? Una reflexión sobre el ideal de una era emprendedora»—, propone medir de otro modo. Sugiere «Diseñar una métrica que integre, en lugar de separar, la investigación y la docencia», porque construir ambas por separado «genera comparaciones injustas entre organizaciones» y puede emplearse «para socavar la integridad institucional de la universidad». Insiste en «Encontrar formas de medir el conocimiento relacionado con los bienes públicos», hoy castigado por una lógica que fija el valor «cerca del punto de entrega». Y propone «Desarrollar indicadores que permitan tratar a la universidad como un organismo que busca el equilibrio con los diversos entornos en los que opera», de modo que administrar sea «monitorear el metabolismo de la universidad» y «asegurar que el crecimiento de una parte no perjudique el de las demás». La advertencia es oportuna para nuestros modelos expansionistas: a nivel doctoral, la escasez de claustros hace que cada apertura, por legítima que sea su aspiración, se pague con lo ya existente. A ello Fuller suma la doble tendencia de los títulos: una ascendente, porque el diploma es un bien de estatus que se devalúa a medida que se masifica y obliga a acumular más credenciales; y una descendente, que arrastra a la universidad al mercado de la educación de recuperación masiva cuando declina la formación primaria y secundaria. Su balance ofrece dos lecturas de la trayectoria universitaria: la que ve en ella un ideal imposible que jamás se materializó y que ha servido para «perpetuar el dominio de las élites», y la que la juzga obsoleta por pretender cumplir demasiadas funciones que otras organizaciones desempeñarían mejor.

El acecho de la (des)política y los desafíos de la gobernanza

El mismo gesto que abrió la universidad chilena al mercado la clausuró frente a la política. Se instaló, como un mecanismo de autodefensa aprendido bajo coacción, la ficción de que lo político le es ajeno. Pero despolitizarse no fue neutralizarse: fue renunciar a su lugar como actoría en la sociedad, dejar de pensar el devenir político del país desde su propia voz. Lo político no desapareció; se precarizó, relegado a una pulsión personalista y a incursiones coyunturales e ingenuas que desconocen los códigos y lenguajes del campo. Reaprender ese oficio exige tiempo y madurez.

La forma que adopta ese repliegue es la gobernanza. Un estudio técnico de la Universidad de Chile sobre veinte universidades, nacionales e internacionales, vincula el prestigio académico con el modelo de gobierno: las mejor situadas en los rankings (QS, ARWU, SCImago y Times Higher Education) combinan el predominio de la función normativa con un carácter dependiente en las privadas —Harvard, MIT, Yale— y participativo en las públicas, Oxford, Melbourne, Toronto, Birmingham, Helsinki. Las de desempeño más bajo tienden a una gobernanza ejecutiva de carácter participativo, Complutense, Buenos Aires, São Paulo, Chile, o dependiente, como la PUC. El dato incómodo cierra el cuadro: el tipo ejecutivo-participativo no exhibe instituciones bien posicionadas. Dicho de otro modo, en las públicas se privilegia la normatividad; en las privadas, la dependencia; y las tradiciones anglosajona y europea reparten el peso entre norma y participación.

Sobre ese terreno se han instalado las auditorías de la cultura, que aplican los principios de la contabilidad financiera a la medición y clasificación del rendimiento y, al hacerlo, redefinen la rendición de cuentas, la transparencia y la gobernanza, con efectos disfuncionales sobre la autonomía profesional. Shore y Wright, en «Una nueva mirada a la cultura de la auditoría: clasificaciones, valoraciones y la reconfiguración de la sociedad», advierten que también hay consecuencias éticas por evaluar, y llaman a «recuperar los valores profesionales y los espacios democráticos que están siendo erosionados por estos nuevos sistemas de gobierno por números».

La pregunta por lo que aún importa

Conviene resistir la tentación de leer todo esto como simple decadencia. Pensar una institución de casi mil años obliga a recorrer los tres momentos de su fase moderna: la razón con Kant, la cultura con Humboldt y, ahora, la tecno-burocracia de la excelencia. Y es aquí donde las dos advertencias más severas deben leerse no como veredicto sino como pregunta abierta. Cuando Readings, en La universidad en ruinas, sostiene que «la Universidad de excelencia es solo un simulacro de la idea de universidad», no firma un acta de defunción: pregunta qué queda cuando la excelencia se vuelve un significante que se puede medir, pero ya no nombra ningún contenido. Y cuando Weber constata que «la vieja constitución de la universidad se ha vuelto ficticia», no describe un final, sino el instante preciso en que una forma sobrevive a su sentido. Ambas frases interrogan lo mismo: ¿puede una institución seguir importando cuando el criterio que la mide ha dejado de nombrar aquello que la hacía valiosa?

Esa es, exactamente, la pregunta que formula Barbie Zelizer en Haciendo que la universidad importe. La universidad, escribe, enfrenta dos exigencias en tensión: «estar en sintonía con el mundo» y, a la vez, «diferenciarse de él». En un contexto de inestabilidad política, crecientes presiones administrativas, rendimientos económicos decrecientes y dudas sobre su viabilidad, la autora lanza la pregunta que ordena toda esta discusión: ¿puede la universidad seguir siendo relevante en el futuro?

Responderla no admite atajos gerenciales. Exige investigación crítica, interdisciplinariedad, integración curricular de las humanidades y las ciencias sociales, formación práctica y trabajo sobre políticas públicas; exige repensar cómo se enseña y se aprende, cómo se hace público el trabajo académico y cómo se resiste el diseño predeterminado que hoy nos gobierna. Hacer que la universidad importe no es, entonces, adaptarla mejor al mercado. Es devolverle su capacidad de producir sentido, y no solo cifras, en la trama de una sociedad que, sin advertirlo del todo, sigue necesitándola para pensarse.

Dr. Carlos del Valle Rojas
Universidad de la Frontera.