La escuela tiene una variedad sorprendente de objetivos, cada uno con su propia complejidad. Se espera que prepare a los trabajadores, reduzca las desigualdades, transfiera conocimientos acumulados, cultive la identidad nacional y cultural, socialice valores, fomente la participación ciudadana, sostenga la democracia, impulse la innovación y ayude a cada persona a encontrar un propósito en la vida.

Sin embargo, estos objetivos a menudo entran en conflicto: algunos se benefician mutuamente en ciertos momentos, pero en otros se obstaculizan entre sí. Por eso, los colegios no se limitan a ejecutar un único mandato. Para alcanzar ciertos objetivos, deben organizarse como comunidades con un proyecto definido: decidir qué aspectos priorizar, cómo combinarlos y qué valores guiarán la formación de sus alumnos.

La estructura institucional chilena refleja esto: una variedad de establecimientos, todos bajo un currículo común que mezcla, en proporciones siempre discutidas, una orientación liberal —defensa de la autonomía y la agencia individual—, una orientación conservadora —socialización en una cultura, creencias y virtudes— y una orientación hacia la vida activa, el mundo laboral y las habilidades requeridas por la ciudadanía moderna. La educación coexiste con estas tensiones y debe aprovecharlas para adaptarse y evolucionar.

Un punto en el que esa tensión se vuelve evidente es aquel que mi generación conocía como educación cívica y que ahora se llama formación ciudadana.

Implica conocer y entender las instituciones —el Estado y la sociedad civil, la separación de poderes, los derechos y las responsabilidades del ciudadano— y valorar los procesos colectivos de toma de decisiones, la organización comunitaria y la deliberación. Requiere asimismo desarrollar ciertas habilidades: participar, colaborar, entender el conflicto, cuidar las instituciones y aceptar que estas necesitan transformarse.

La Ley 20.911 de 2016 exige que todos los establecimientos cuenten con un plan de formación ciudadana. Al mismo tiempo, permite a cada sostenedor decidir libremente el contenido de ese plan, dentro de los objetivos prescritos y considerando las bases curriculares. Este mandato refleja un enfoque pluralista y liberal en su diseño. Sin embargo, en la práctica, los expertos en la materia observan vacíos. Por ejemplo, C. Cox (2022) constata que un conjunto de procesos clave de la democracia, como el voto, la deliberación, la negociación y la construcción de acuerdos, está ausente del currículo nacional y que tampoco se cultivan valores esenciales como el bien común, la solidaridad y la justicia social.

Hoy día, en el mundo entero, a las dificultades propias de este campo de la enseñanza formal se agregan los iliberalismos que surgen tanto dentro de los sistemas educativos como fuera de ellos. Cualquiera que sea su signo, las ideologías iliberales aspiran siempre a lo mismo: control sobre los establecimientos, adoctrinamiento para formar sujetos funcionales a las directrices del régimen imperante, homogeneización curricular y pedagógica que asegure la transmisión regular de contenidos morales predeterminados; en fin, la negación de las destrezas y virtudes que dan lugar a la diversidad, a la reflexión crítica y a la expresión de la autonomía personal y la libertad.

Las raíces del iliberalismo son variadas —nacionalismos etnopopulistas, autoritarismos represivos, monismos religiosos o morales, e ideologías totalitarias—. Sin embargo, las luchas que generan son fácilmente identificables.

Primero: a favor de una nación pura, homogénea y no contaminada por elementos extraños, como inmigrantes, minorías o contenidos considerados sospechosos. Segundo: a favor de la absoluta subordinación del sistema educativo a criterios de seguridad para defenderse de las amenazas de vándalos e incivilizados. Tercero: a favor de certezas indiscutibles y verdades intocables, junto con la desconfianza hacia la evidencia científica, las teorías académicas críticas y, en particular, la reflexión de las ciencias sociales y las humanidades. Esta última lucha requiere precisión. El antiintelectualismo en la educación —frente a las ciencias sociales y las humanidades, especialmente— no es un invento reciente ni una novedad iliberal.

La agenda del ‘capital humano’, que mide el valor de la educación por la renta que genera en el mercado, ya lo fomentaba, solo que con otro vocabulario. El iliberalismo lo hereda y lo profundiza. Considera que hay libros que no vale la pena tener en las bibliotecas, pues no generan empleo ni rinden monetariamente, además de difundir ideas que no contribuyen a las certezas del orden moral deseado. Los Estados Unidos de América son un caso paradigmático negativo de este fenómeno (McArdle, 2023; Jaeger, 2026).

Con todo, es necesario resistir la tentación de atribuir este fenómeno a un solo lado del espectro. El siglo XX dejó evidencia suficiente de escuelas puestas al servicio de proyectos extremos de uno y otro signo. Y esos proyectos se parecían entre sí: texto único, maestro vigilado, alumno encuadrado.

La versión contemporánea es más suave y quizá por eso más eficaz. Puede llegar invocando la libertad de los proyectos educativos y el derecho preferente de los padres y, al mismo tiempo, ensayar dispositivos de vigilancia continua sobre la vida escolar.

En sentido inverso, puede llegar a prescribir una pedagogía ciudadana oficial y a sancionar por vía administrativa a quienes se apartan. En Chile, hemos intentado ambos enfoques, siendo el control institucional —más que la virtud de los actores— el que establece los límites, como vimos en la Ley de Escuelas Protegidas.

En resumen, la educación liberal se distingue no por sus contenidos, sino por su formato: una variedad de proyectos, un denominador común mínimo, libertad de conciencia y apertura a revisar todo. Es un enfoque modesto, difícil de elogiar públicamente. Sin embargo, sorprende que algunos deseen otra modalidad de educación, particularmente la opuesta. Esta sería controlada y vigilada, con un patrón único y un orden silencioso impuesto desde arriba. Parece que a menudo olvidan que ya vivimos esa experiencia: casi dos décadas de aulas controladas y de colegios que no promovían la educación cívica.