Pugnas y opiniones sobre la querella del presupuesto educacional
Octubre 28, 2011

Estudiantes califican de “insuficiente” aumento de becas al 60%
Dirigentes de la Confech dicen que se requieren cambios estructurales para terminar con el autofinanciamiento de las universidades públicas.
por C. Araya y F.Stange, La Tercera, 28 de octubre de 2011
http://diario.latercera.com/2011/10/28/01/contenido/pais/31-88447-9-estudiantes-califican-de-insuficiente-aumento-de-becas-al-60.shtml
Becas hasta el tercer quintil. Esa es la idea que está tomando mayor fuerza entre los parlamentarios y que está siendo evaluada desde el gobierno. De hecho, en el presupuesto para educación 2012 hay un fondo de $ 38 mil millones que aún no está definido por ley, pero que fue creado con tres funciones posibles: aumentar el financiamiento institucional a través de fondos concursables, incrementar el monto de las becas para los dos primeros quintiles cubriendo el arancel real o subir las becas hasta el 60% de los estudiantes.
Sin embargo, la propuesta que suma adeptos en la Concertación es cuestionada por los dirigentes de la Confech, quienes señalan que no es un planteamiento que cambie la estructura del sistema ni que permita una educación gratuita, lo cual es la principal demanda del movimiento.
Según Patricio Contreras, presidente de federación de estudiantes de la U. de Los Lagos, “justamente lo que no estamos pidiendo es mayor cantidad de becas. Lo que nosotros buscamos es el fortalecimiento de la educación pública a través de la mayor entrega de aportes basales, para terminar con el autofinanciamiento”, dice.
En esto coincide el representante de los estudiantes de la U. de Concepción, Guillermo Petersen. “Hemos sido claros. Con las becas no se está cambiando la estructura del sistema, que es una de las principales demandas, todo lo contrario. Esta propuesta no es suficiente”.
En la misma línea critica la propuesta el dirigente de la U. Federico Santa María, Pablo Ramírez. “No hay que llevar a la opinión pública el tema visto desde los porcentajes de ayuda, sino mediante lo que hemos discutido estos cinco meses: hacer un cambio de forma y de fondo a la educación”.
“No queremos más becas. Queremos gratuidad para, al menos los tres primeros quintiles de las universidades del Consejo de Rectores”, agrega tajante el presidente de la federación de estudiantes de la U. Arturo Prat, David Urrea, quien está organizando la asamblea de la Confech para mañana en su universidad.
Para el representante de los estudiantes de la U. del Bío Bío, Gastón Urrutia, las ayudas estudiantiles fomentan el que las universidades compitan por quedarse con los estudiantes más vulnerables. Se sigue apelando a que la competencia mejore la calidad de la educación, cuando cientos de estudios demuestran lo contrario: que las instituciones debieran colaborar por mejorar la calidad”.
Estudiantes pobres
Una de las principales críticas del gobierno y a las que se sumaron los rectores de las ues. privadas es que los estudiantes de la Confech están pidiendo gratuidad para un grupo que no representa al sector más pobre de la población.
Según cifras entregadas por el Mineduc, el 70% de los alumnos pertenecientes al primer y segundo quintil se encuentran desarrollando sus estudios superiores en planteles privados o técnicos.
Frente a esta crítica, los estudiantes de la Confech señalan que lo que se busca es proteger el sistema público.
“El problema no es dónde están los estudiantes. Es cuidar las universidades públicas. Si estas funcionaran bien, sería en ellas donde se encontrarían los estudiantes más pobres”, dice Petersen.
“Nosotros entendemos que es un proceso de transición y que muchos de los estudiantes pobres se encuentran en las ues. privadas, pero no sirve que las becas se vayan al sistema privado, que se encuentra desregulado”, agrega Contreras. Urrea es más enfático. “Con esos planteamientos, el gobierno quiere desviar la atención y enredar a la gente”.
Incidentes en Santiago y regiones
Un nuevo intento de leer una declaración en pantalla ocurrió ayer en UCV Televisión por parte de estudiantes de la PUCV. En plaza Sotomayor, 800 secundarios intentaron marchar, pero fueron dispersados por Carabineros.
En Santiago, universitarios trataron de ingresar al Mineduc; en Parque Bustamante hubo enfrentamientos con la policía; y en la Alameda, a la altura de Almirante Barroso, encapuchados cortaron el tránsito por la vereda norte.
En Talca, en tanto, estudiantes llegaron a protestar al casino, donde se encontraba reunidos el Ministro de Economía, Pablo Longueira, con parlamentarios.
Estudiantes de la Playa Ancha piden retorno a clases
Upla con clases. Así se llama el movimiento que nació en dicha casa de estudios y que se formó para oponerse a los estudiantes movilizados. Ayer hicieron un llamado al rector de la universidad, Patricio Sanhueza, para que dé “una respuesta” frente a los problemas y dé inicio al segundo semestre.
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Zolezzi y retorno a clases: “Probablemente, algunas instituciones vayan a desaparecer”
Según el rector, es necesario que los estudiantes retomen con urgencia las actividades.
por C. Araya y C. Pardo, La Tercera, 28 de octubre de 2011
http://diario.latercera.com/2011/10/28/01/contenido/pais/31-88460-9-zolezzi-y-retorno-a-clases-probablemente-algunas-instituciones-vayan-a.shtml
Crítica es la situación de algunas de las 25 universidades tradicionales. Así al menos lo señaló el rector de la Usach y presidente del Consorcio de Ues. del Estado, Juan Manuel Zolezzi, quien tras el pleno del Cruch, realizado ayer en Osorno, dijo que si los estudiantes de los planteles del Cruch no retornaban pronto a clases, algunas de estas casas de estudio podrían desaparecer.
“El daño que van a provocar hacia ellos mismos y hacia las instituciones, va a ser muy relevante y, probablemente, algunas instituciones vayan a desaparecer, por lo que el llamado es a que inicien con urgencia el segundo semestre”, dijo Zolezzi.
Desde hace una semana, los estudiantes están gestionando una reunión con los rectores, solicitud que fue planteada ayer, en la asamblea del Cruch. Si bien hubo acuerdo en que esta debía realizarse, los rectores plantearon que se debe cumplir con una condición, el retorno a las actividades académicas. “Para nosotros es un requisito fundamental, que permitiría consensuar otras propuestas”, dijo el rector de la UC y presidente del G-9, Ignacio Sánchez.
“Quedamos en acuerdo de recibir a la Confech, pero también hacer presente el regularizar el funcionamiento académico y de que es una condición que ya no pasa por un tema de discusión o negociación, resulta imperiosa la sobrevivencia para las universidades que ya tienen meses de toma”, dijo el rector de la UC de Temuco, Alberto Vásquez.
Propuesta Mineduc
Ayer, el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan José Ugarte, presentó la propuesta gubernamental para la distribución del Fondo de Revitalización creado para las universidades del Consejo de Rectores.
En total, son 77 millones de dólares los que se entregarán en un plazo de cinco años para las instituciones tradicionales, el 80% de este monto está destinado a las Ues. del Estado.
Para el 2011 se destinaron 27 millones de dólares, seis de los cuales cubrirían gastos de reconstrucción por el terremoto del año pasado. Además, “van a recibir 11 mil millones de pesos, en el curso de este año, para desarrollar iniciativas durante el 2012, que fortalezcan las capacidades de retención de los alumnos de los quintiles 1 y 2 del 40% más pobre de la población”, dijo Ugarte, tras la cita de ayer.
La distribución del monto se determinó por cuatro factores, dos de ellos determinantes. Del 100% del monto que se entregará, el 85% se determina según la cantidad de matriculados por plantel (50%) y según la proporción de alumnos pertenecientes al quintil uno y dos (50%).
El otro 15% se define según factor regional de las instituciones y si están en zonas extremas.
Así, la U. de Tarapacá, que tiene 7.916 estudiantes, la mitad de estos pertenecientes al 40% más pobre recibe la mayor cantidad de aportes, con un total de 805 millones de pesos. “Este fondo nos parece positivo, nos parece que es una buena noticia”, quien agrega que “como Grupo de los Nueve, hemos hecho presente que hay que hacer un mayor esfuerzo para aumentar el apoyo. Pensamos que es muy importante avanzar hacia el tercer quintil (becas)”.
Zolezzi, en tanto, señaló que “nosotros seguimos echando de menos los aportes basales anunciados por el gobierno”.


Hacia una nueva etapa en el debate educacional
El Mercurio, 28 octubre de 2008
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/28/hacia-una-nueva-etapa-en-el-de.asp
Pese a que el presupuesto de educación superior fue rechazado en la subcomisión mixta, parecen existir posibilidades de retomar las conversaciones y acordar cambios que permitan su aprobación. Varios aspectos deben concordarse, y convendría no perder de vista que este nivel educacional no es precisamente aquel que puede corregir las desigualdades de oportunidades que existen en el país y la falta de calidad y equidad. Tanto ahora como en el futuro, es preciso equilibrar las demandas por mayores recursos para educación superior con las múltiples necesidades que deben satisfacerse en los niveles preescolar y escolar.
Por ejemplo, se debe resistir la presión por extender excesivamente la gratuidad en educación superior. Según los antecedentes de Casen 2009, cinco de cada 10 egresados universitarios pertenecen al 10 por ciento de los hogares de mayores ingresos. En cambio, muy pocos pertenecen al 50 por ciento de los hogares de menores ingresos. Así, la situación económica actual de los estudiantes universitarios poco dice respecto de sus ingresos futuros. En un país con las desigualdades que caracterizan al nuestro, y sabiendo que los universitarios, en general, van a tener un buen pasar, no parece justo insistir en esa política. En cambio, sí parece apropiado insistir en los créditos como mecanismo de financiamiento para las personas que no tengan suficientes recursos. Por cierto, ellos deben ser de bajo costo, idealmente con intereses no muy distintos de los que podría financiar el Estado de Chile. Además, la cuota que se pague en cada momento debería ser dependiente de los ingresos de los egresados, para proteger a aquellos que no los reciban suficientes como para pagar una cuota fija elevada.
Es importante, además, lograr que no haya discriminaciones en el financiamiento de los estudiantes por el solo hecho de asistir a instituciones de distinta naturaleza. Por supuesto, debe resguardarse que éstas satisfagan estándares exigentes en el desarrollo de sus tareas, pero si los cumplen, es injusto que los estudiantes sean tratados de modo distinto. Un asunto adicional es el financiamiento basal de las universidades del Consejo de Rectores. Éstas se han quejado de que aquél es insuficiente y aspiran a que sea aumentado. Esa demanda puede ser atendible, pero no es razonable que los recursos se entreguen sin rendición de cuentas. Muy pocas universidades estatales en el mundo, particularmente en los países con buenos sistemas de educación superior, reciben aportes de libre disposición. Un aumento de recursos debe ir acompañado de nuevas exigencias y una gradual apertura de los fondos a aquellos planteles privados creados desde 1981 que tienen aspiraciones de convertirse en universidades complejas. Cuáles sean ellas -apenas unas pocas- se puede discutir, pero como principio no resulta razonable excluirlas del acceso a estos fondos.
En esta discusión, el Gobierno debe reconocer que el aumento del gasto en educación debe ir más rápido. Chile, como porcentaje del PIB, gasta por debajo del promedio de la OCDE y tiene menos calidad y equidad que las observadas en esos países. Debe moverse con presteza para alcanzar al menos un nivel de gasto similar, obviamente asegurando que los recursos se usen con eficiencia en la satisfacción de esos propósitos. Si avanza en esa dirección, podría dejar una marca profunda en un ámbito clave para progresar en mejores oportunidades y mayor movilidad social. El debate debe pasar a una nueva etapa, y el Gobierno ejercer con más fuerza su liderazgo para que ella pueda materializarse. Es a ese debate que la ciudadanía quiere ser invitada, y no a un enfrentamiento estéril, que se aleja cada vez más de sus intereses.
Pese a que el presupuesto de educación superior fue rechazado en la subcomisión mixta, parecen existir posibilidades de retomar las conversaciones y acordar cambios que permitan su aprobación. Varios aspectos deben concordarse, y convendría no perder de vista que este nivel educacional no es precisamente aquel que puede corregir las desigualdades de oportunidades que existen en el país y la falta de calidad y equidad. Tanto ahora como en el futuro, es preciso equilibrar las demandas por mayores recursos para educación superior con las múltiples necesidades que deben satisfacerse en los niveles preescolar y escolar.
Por ejemplo, se debe resistir la presión por extender excesivamente la gratuidad en educación superior. Según los antecedentes de Casen 2009, cinco de cada 10 egresados universitarios pertenecen al 10 por ciento de los hogares de mayores ingresos. En cambio, muy pocos pertenecen al 50 por ciento de los hogares de menores ingresos. Así, la situación económica actual de los estudiantes universitarios poco dice respecto de sus ingresos futuros. En un país con las desigualdades que caracterizan al nuestro, y sabiendo que los universitarios, en general, van a tener un buen pasar, no parece justo insistir en esa política. En cambio, sí parece apropiado insistir en los créditos como mecanismo de financiamiento para las personas que no tengan suficientes recursos. Por cierto, ellos deben ser de bajo costo, idealmente con intereses no muy distintos de los que podría financiar el Estado de Chile. Además, la cuota que se pague en cada momento debería ser dependiente de los ingresos de los egresados, para proteger a aquellos que no los reciban suficientes como para pagar una cuota fija elevada.
Es importante, además, lograr que no haya discriminaciones en el financiamiento de los estudiantes por el solo hecho de asistir a instituciones de distinta naturaleza. Por supuesto, debe resguardarse que éstas satisfagan estándares exigentes en el desarrollo de sus tareas, pero si los cumplen, es injusto que los estudiantes sean tratados de modo distinto. Un asunto adicional es el financiamiento basal de las universidades del Consejo de Rectores. Éstas se han quejado de que aquél es insuficiente y aspiran a que sea aumentado. Esa demanda puede ser atendible, pero no es razonable que los recursos se entreguen sin rendición de cuentas. Muy pocas universidades estatales en el mundo, particularmente en los países con buenos sistemas de educación superior, reciben aportes de libre disposición. Un aumento de recursos debe ir acompañado de nuevas exigencias y una gradual apertura de los fondos a aquellos planteles privados creados desde 1981 que tienen aspiraciones de convertirse en universidades complejas. Cuáles sean ellas -apenas unas pocas- se puede discutir, pero como principio no resulta razonable excluirlas del acceso a estos fondos.
En esta discusión, el Gobierno debe reconocer que el aumento del gasto en educación debe ir más rápido. Chile, como porcentaje del PIB, gasta por debajo del promedio de la OCDE y tiene menos calidad y equidad que las observadas en esos países. Debe moverse con presteza para alcanzar al menos un nivel de gasto similar, obviamente asegurando que los recursos se usen con eficiencia en la satisfacción de esos propósitos. Si avanza en esa dirección, podría dejar una marca profunda en un ámbito clave para progresar en mejores oportunidades y mayor movilidad social. El debate debe pasar a una nueva etapa, y el Gobierno ejercer con más fuerza su liderazgo para que ella pueda materializarse. Es a ese debate que la ciudadanía quiere ser invitada, y no a un enfrentamiento estéril, que se aleja cada vez más de sus intereses.
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COLUMNAS
28 de Octubre de 2011
Conflicto estudiantil: al muerto le volvió el habla
CRISTÓBAL BELLOLIO, Profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez , El Mostrador, 28.10.2011
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/28/conflicto-estudiantil-al-muerto-le-volvio-el-habla/
Después de meses de conducción errática en torno al conflicto estudiantil, el gobierno parece haber encontrado una voz. Hasta hoy, no le había resultado nada. Trató de ignorar al movimiento en un comienzo y su potencia le estalló en la cara. Intentó dividirlo y se estrelló con su cohesión. Apostó al desgaste de las movilizaciones y se sorprendió con su vigor.  Se la jugó por llevar la discusión al ámbito del orden público pero el éxito fue apenas marginal. En el camino, perdió un ministro del ramo y tocó fondo en las encuestas.
La llegada de un nuevo vocero empoderado a La Moneda cambió parte del escenario. El gobierno salió a recordar que la educación gratuita que pedían los universitarios beneficiaba en la práctica a los sectores de más altos ingresos del país. Aunque no se anotó una victoria determinante, el argumento permeó y fue repetido en innumerables foros. Esta semana los esfuerzos se concentraron en otra cuestión central: la gratuidad que exige la CONFECH deja fuera al 70% de la educación superior, la que se desarrolla en universidades e institutos privados. En castellano, lo que hizo el gobierno fue llamar la atención respecto de que las demandas del movimiento representan sólo los intereses de un determinado grupo de presión y no proporcionan respuesta al endeudamiento de la gran mayoría de los estudiantes chilenos que no asiste a las instituciones del Consejo de Rectores de Universidades Tradicionales (CRUCH).
Es altamente improbable que el gobierno logre derrotar al movimiento estudiantil con estos argumentos. Su apego a una particular visión ideológica (que el mercado debería absorber el problema educacional) y la poca visión que ha tenido para aprovechar de transformar la crisis en una oportunidad (nada más vacío que el Presidente hablando de una “revolución” en la educación) le seguirán penando.
De hecho, no se trata de demandas paralelas sino francamente incompatibles. La CONFECH quiere que el Estado chileno deje de inyectar recursos en la educación privada, como lo sostuvo claramente Giorgio Jackson en la discusión del Presupuesto. Para Jackson, presidente de la federación de una universidad tan privada como cualquiera pero cuyos años le aseguran un estatus especial, el gobierno estaría beneficiando instituciones cuyo fin es el negocio y no el interés público.
El eslogan todo lo puede, pero ¿qué es realmente el interés público?
Algunos han sostenido que el aumento de cobertura –gracias a la proliferación de instituciones privadas- es ya un aporte público, en el sentido de abrir oportunidades inéditas para una generación, oportunidades que sus padres no tuvieron.
Por otra parte, si bien es evidente que hay muchas universidades que violando la ley han preferido repartir utilidades entre sus dueños antes que reinvertir en calidad para sus alumnos, otras tantas sin fines de lucro han generado un espiral de competencia que redunda en mejor calidad para el sistema en su conjunto. Por primera vez en la historia este año tendremos ocho universidades privadas compitiendo con las tradicionales en el mismo mecanismo de postulación universal post PSU.
Finalmente, otros han señalado que el rol público de una universidad debe evaluarse considerando sus contribuciones al desarrollo del país y no atendiendo a sus dueños. La reforma procesal penal, por ejemplo, no salió de las aulas de una institución del CRUCH, sino de una universidad privada de indiscutibles credenciales republicanas. La reforma laboral, otro ejemplo, está siendo promovida en estos momentos por otra privada ¡de la cota mil!
¿No son estos argumentos suficientes para cuestionar la tesis del “interés público” que plantea la CONFECH?
Sus dirigentes han sostenido, diciendo la verdad, que la OECD comparte el diagnóstico del movimiento estudiantil chileno. Lo que no han querido decir es que la misma OECD no discrimina de acuerdo a la propiedad pública o privada de las instituciones, ni acerca de sus métodos de financiamiento. Compartir el diagnóstico es una cosa. Coincidir en las soluciones es otra distinta.
Es altamente improbable que el gobierno logre derrotar al movimiento estudiantil con estos argumentos. Su apego a una particular visión ideológica (que el mercado debería absorber el problema educacional) y la poca visión que ha tenido para aprovechar de transformar la crisis en una oportunidad (nada más vacío que el Presidente hablando de una “revolución” en la educación) le seguirán penando. Pero al menos han conseguido poner un par de ideas propias sobre la mesa, ordenando la agenda en los medios de comunicación –El Mercurio y La Tercera asumieron el libreto- y encontrando aliados inéditos –como el cura Montes a nombre de la universidad privada de los jesuitas- bajo la causa de igualdad de trato y no discriminación entre estudiantes de instituciones tradicionales y privadas. Mejor tarde que nunca, a La Moneda le volvió el habla.

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