Dos manifestaciones de la reclamación neoliberal –o desde el mero mercado– respecto de la aseguramiento de la calidad. Aunque equivocada, esta visión es parte del debate que debemos enfrentar

Nuevo ente para certificar calidad de la educación superior
Los cambios que se proponen al sistema de acreditación no apuntan al objetivo clave de mejorar la calidad de la información que se entrega a los estudiantes.
La Tercera, opinión editaorial, 15/01/2013 – 04:00
EL GOBIERNO ingresó recientemente al Congreso el proyecto de ley que busca fijar una nueva institucionalidad en materia de aseguramiento de la calidad de la educación superior, en reemplazo del esquema vigente que ha resultado fuertemente cuestionado debido a irregularidades detectadas en la entrega de certificaciones a algunos planteles estudiantiles. No cabe duda que el sistema vigente debe ser reemplazado, pero la propuesta del gobierno reitera sus errores básicos derivados del propósito de buscar certificar la calidad de cada establecimiento, en vez de velar porque cada plantel cumpla requisitos mínimos, y a partir de ahí sean los estudiantes y sus familias quienes discriminen de acuerdo a información confiable y fiscalizada por la autoridad.
Los cambios se orientan a profundizar la dirección de la instancia que rige hoy, y tienen como objetivo central la pretensión de garantizar la calidad de la educación. Para lograrlo, se contempla elevar las exigencias impuestas a las casas de estudios superiores en el otorgamiento de las acreditaciones. Esta situación puede terminar siendo contraproducente, toda vez que llevará a estas entidades a destinar más tiempo y recursos a prepararse para el proceso de certificación, lo que podría desviar los esfuerzos que requieren para desarrollar de forma normal sus planes institucionales y académicos, esenciales para alcanzar una educación de excelencia.
Lo sucedido con la Comisión Nacional de Acreditación es una muestra de que la calidad de la educación superior no necesariamente queda asegurada con la creación de una mayor burocracia que se haga cargo del tema, ni agregando más requisitos. Cuando se implementó la CNA en 2006, diversas autoridades del mundo político y académico se apresuraron en señalar que la puesta en marcha del organismo era la solución que permitiría mejorar los niveles de educación, propósito que en términos generales no se logró. Con la Agencia Nacional de Acreditación que se plantea erigir en reemplazo de la CNA y otras medidas que incorpora la propuesta legal del gobierno, se corre el riesgo de profundizar las falencias que ha evidenciado el sistema en régimen.
Parte de estas reformulaciones son hacer obligatoria la acreditación para todos los planteles de educación superior; la certificación será integral a toda la institución (además, se evaluarán obligatoriamente Medicina y Pedagogía, si corresponde, y dos carreras aleatorias); el aseguramiento se entregará por seis años, o provisionalmente por tres en caso que la casa de estudios no cumpla con alguno de los 12 requisitos exigidos; si es rechazada, la entidad no podrá otorgar títulos, y se permitirá la participación de agencias internacionales públicas en el proceso, quedando afuera las privadas que hay actualmente, entre otros cambios.
Recogiendo la experiencia surgida a partir del funcionamiento de la CNA, los énfasis debiesen estar dirigidos más bien a garantizar por parte de las universidades la entrega de un mínimo de información relevante, oportuna y verificable, con el objetivo de que sean los postulantes y sus familias quienes se encuentren en condiciones de elegir el plantel que desean. La ley debe definir los requerimientos de esa información y las sanciones aplicables a quienes las incumplan. El énfasis en la fiscalización que exhibe el proyecto enviado al Congreso no servirá para garantizar la calidad y, muy probablemente, será incapaz de evitar nuevos problemas de los que el Estado seguirá siendo parte, como ocurrió con la CNA.

Cuidado con Procusto
por Rodrigo Castro, La Tercera – 15/01/2013 – 04:00
A ORILLAS del río Cefiso, en la Grecia clásica, vivía un forajido llamado Procusto. Según cuenta la leyenda, este malviviente asaltaba a los caminantes y los tendía en su cama para verificar si la víctima era o no más larga que su lecho. Si el cuerpo sobrepasaba el tamaño, les cortaba los pies, y si era más corto, los estiraba con unos horripilantes engranajes. Más aún, se cuenta que nadie coincidía jamás con el tamaño de la cama porque ésta era secretamente regulable. Procusto la alargaba o acortaba a voluntad antes de la llegada de sus víctimas.
Esta leyenda nos invita a reflexionar sobre las reformas que el gobierno busca implementar en el sistema de educación superior.
En efecto, hay tres iniciativas legales en discusión: acreditación, superintendencia y financiamiento. Todas ellas necesarias en el actual contexto político y social. Sin embargo, como nos ilustra la historia de Procusto, una excesiva regulación e intervención del Estado puede terminar reduciendo o eliminando la valiosa diversidad del sistema. El actual desafío es proyectar el papel del sistema universitario en el futuro del país, considerando, al menos, las áreas de financiamiento y calidad.
Si hasta algunos años era válida la distinción entre universidades tradicionales y privadas, ahora pareciera que esta diferenciación no aporta a la comprensión del sistema de educación superior. Hoy, el verdadero criterio de ordenación para discriminar entre universidades es la excelencia y no su origen.
En relación con el diseño institucional, se debería favorecer la diversidad de instituciones, permitiendo que cada una despliegue su propio sello. No debería existir un modelo único de universidad, ni debería promoverse este modelo a través de los procesos de acreditación. Los actuales procesos de acreditación deben perfeccionarse de forma tal que no generen una tendencia hacia la homogeneización de las ofertas entre las instituciones de educación superior y la forma en que éstas se gestionan. Es más, cabe hacerse la pregunta respecto de si es necesario tener que acreditar aleatoriamente a algunas carreras o programas, o bien, bastaría con la acreditación institucional y un monitoreo de indicadores de desempeño que dé cuenta de la situación específica de cada una de ellas.
Para contribuir a la diversidad, los recursos económicos que otorga el Estado deben ponerse a disposición de todas las universidades, bajo las mismas condiciones de competencia.
El actual sistema de educación superior discrimina entre universidades, según la fecha de su fundación, y según su dependencia y el nivel formativo que ofrecen. Efectivamente, los alumnos que ingresan a universidades privadas, IP o CFT acceden a condiciones de financiamiento desmejoradas respecto de las universidades llamadas tradicionales. Por su parte, las universidades privadas, hasta ahora, no han tenido acceso a los aportes basales, limitando su capacidad de sustentar una masa crítica suficiente, que les permita generar investigación como lo hacen las principales universidades del país. Esta situación es paradójica si se considera que entre las 22 universidades de mayor productividad científica, cuatro son privadas, pese a no haber tenido acceso hasta ahora a aportes basales.