Más sobre el lucro: argumentos en el foro de la prensa
Julio 12, 2011

curso-recaudacion-sin-fines-de-lucro-e1287880350460-280x300.jpg El Presidente y el lucro
Carlos Peña, columna de opinión, El Mercurio, 10 de julio de 2011
Lo más llamativo de la propuesta educacional del Presidente no fueron las medidas que anunció: ni el dinero que destinaría, ni la superintendencia que decidió crear, ni las mejoras al crédito.
Lo más llamativo -tanto que era como si alguien vestido de riguroso negro llevara zapatos amarillos- fueron las dudas.
En especial las dudas respecto del lucro:
Abriremos un debate -dijo el Presidente– para analizar la posibilidad de distinguir entre (las universidades) sin fines de lucro y las con fines de lucro.
El problema se había discutido durante semanas -exactamente seis- y era de esperar que el Presidente tuviera una posición. Pero no. En vez de decir cuál era el punto de vista del gobierno -y mientras el ministro Lavín ensayaba ante las cámaras una estatua- Piñera prefirió abstenerse y llamó a un debate.
Raro.
Es raro que un gobierno de derecha, integrado por empresarios y por manágeres, tenga pudores y dudas a la hora de hablar del lucro ¿No enseñaba Friedman que no había tal cosa como un almuerzo gratis? ¿No dijo Hayek que el mercado -esa coordinación muda de esfuerzos a través de los precios- era lo único que producía bienestar? Y si todo eso es así, si los miembros del gobierno y de la derecha no debieran tener problemas con el lucro ¿por qué entonces el Presidente -que en materia de lucro es un verdadero pez en el agua, un tigre en una selva de corderos- se mostró tan tímido a la hora de pronunciarse si las universidades podían perseguirlo o no?
En vez de expresar dudas, un gobierno de derecha debiera haber respondido que sí, que sin duda alguna debieran existir universidades con fines de lucro.
Esa es la única forma -piensa la derecha- que el mercado de la educación superior tenga una oferta diferenciada que permita el acceso de todos. Es verdad que las universidades con fines de lucro -como enseña la experiencia comparada- son de baja calidad académica. Pero ¿por qué eso sería un obstáculo? ¿Acaso a la hora de ofrecer zapatos, o autos o refrigeradores, el mercado debe ofrecerlos todos de la misma calidad? ¿No es una de las virtudes del mercado que ofrece bienes a la medida de la capacidad de pago de cada uno?
Un empresario -continúa el credo de derecha- tiene más incentivos que un académico para retener los alumnos y brindar una educación de calidad. ¿Acaso no enseña la economía neoclásica que nos ha guiado todos estos años que el deseo de ganancia y de utilidad, más que el compromiso con los semejantes o la búsqueda de la verdad, es la pulsión básica del comportamiento humano? Si pensamos que los empresarios sirven para educar a los niños y a los jóvenes -si se tolera que se encarguen de su educación durante doce años de su vida nada menos- ¿por qué -podrían haber preguntado triunfalmente Piñera o Lavín- va a ser malo que manejen universidades donde, después de todo, se forman personas adultas? Si permitimos que niños indefensos se formen en escuelas con fines de lucro ¿por qué mostrar dudas a la hora de admitir que jóvenes conscientes de sí mismos, se formen en ellas?
Todo lo anterior -perfectamente erróneo, pero que calza como un guante con el credo de la derecha- pudo haber sido dicho por el Presidente o por el ministro. ¿Por qué entonces prefirieron vacilar y expresar dudas?
La explicación es fácil.
Lo que ocurre es que el gobierno está en un callejón sin salida. Si fiel a sí mismo admitiera las universidades con fines de lucro (y cambiara la ley) reconocería que lo que ha ocurrido todos estos años en muchas instituciones es ilegal. Si, en cambio, decidiera que ese tipo de universidades no deben existir (si reafirmara la ley hoy día vigente) se obligaría a mirar el pasado y fiscalizar con rigor (cosa que hasta ahora ningún gobierno ha hecho).
En ambos casos -sea cual fuere la posición presidencial, a favor del lucro o en contra de él- el resultado sería el mismo: se advertiría que, echando mano a artimañas y a disimulos, durante décadas se respetó la letra de la ley pero se traicionó de manera indudable su espíritu. En una palabra, se constataría un fraude que se verifica, según decía Paulo, cuando “salvadas las palabras de la ley, se elude su sentido”.
¿Será capaz el sistema de educación superior de soportar tanta realidad?
Como se ve, el problema no es la ideología. Son -le gustaba decir a Lenin- los porfiados hechos.
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Tribuna
Sábado 09 de Julio de 2011
Costo y financiamiento de la educación superior
Patricio Meller, Ingeniería Industrial, Universidad de Chile, El Mercurio, 9 de julio de 2011
El costo de la educación universitaria chilena (relativo al PIB/cápita) es el más alto del planeta. A continuación están Corea (del Sur) y EE.UU., cuyos costos relativos son un 20% y un 35% inferiores (respectivamente) al costo local.
No obstante lo anterior, el ingreso a las universidades ha aumentado casi al 7% anual durante la última década. Incluso se observa que los jóvenes de las familias de los menores quintiles de ingreso son los que exhiben mayores tasas de incorporación a las universidades.
Aún más, considerando el período 1997-2009 el nivel de los aranceles universitarios crece en términos reales (descontando la inflación) 150% en Odontología, 120% en Medicina, 60% en Ingeniería y 45% en Pedagogía. Esto implica, por ejemplo, que el costo de estudiar Medicina (en pesos contantes) se ha más que duplicado en 12 años.
¿Por qué siendo tan caras las universidades chilenas aumenta tanto el interés por estudiar una carrera universitaria? Mayores aranceles ¿atraen más estudiantes? ¿Por qué estudiantes de familias de bajos ingresos optan por ir a universidades tan caras?
Hay dos respuestas distintas. La alta tasa de retorno de las carreras universitarias y la gran expansión del crédito para la educación superior.
La tasa de retorno (real) de la mayoría de las carreras universitarias es superior al 20%; esto es válido incluso para carreras como Construcción Civil, Periodismo y Pedagogía. Obviamente hay que tener cuidado en determinar en qué universidades se estudian estas carreras.
Estas elevadas tasas de retorno se explican por las alternativas que enfrenta un joven que finaliza sus estudios escolares. A los 18 años este joven puede escoger quedarse con educación media o seguir estudiando en la educación superior. Las perspectivas para los jóvenes que ingresan al mercado del trabajo después de finalizar sus estudios escolares, dada la precaria calidad de la educación media, radicarían en tener un perfil de remuneraciones bajo y plano durante todo su ciclo de vida laboral. Por esto, la otra alternativa, acceder a la educación superior, constituiría el mecanismo para poder optar a un futuro positivamente mejor.
Se cree que la expansión del crédito y la reducción del costo de éste, reducción de la tasa de interés, resolverían el problema de los jóvenes universitarios. Sin embargo, el factor central ha estado ausente del debate: el alto costo de los aranceles universitarios. El costo de un estudiante universitario supera el 40% del ingreso familiar de los tres quintiles inferiores.
Por otra parte, el gasto público chileno en educación superior (% PIB) es el menor del mundo: 0,5% del PIB. En Brasil y México este porcentaje es superior al 0,8%, mientras que en EE.UU. y en Australia el gasto público (% PIB) en educación superior es 1,4% y 1,1%, respectivamente. En breve, Chile está entre los países con menor gasto público por estudiante en educación superior.
Como consecuencia de lo anterior, Chile es por lejos el país con mayor coeficiente gasto privado/gasto público en educación superior. Por cada peso que aporta el Estado a la educación universitaria, los jóvenes y sus familias tienen que poner cinco pesos. En cambio, en EE.UU. las familias aportan dos dólares por cada dólar de aporte público y en Australia el aporte familiar disminuye a un dólar.
En breve, Chile tiene el mayor costo de la educación universitaria. Además, ésta tiene que ser financiada privadamente por el joven y por sus familias. ¿Por qué es tan alto el costo de las universidades chilenas? y ¿por qué se ha privatizado su financiamiento? Estas son las interrogantes fundamentales del debate universitario. Como se puede apreciar, han estado ausentes del debate.
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Alicia Romo, rectora de la Universidad Gabriela Mistral: “El lucro ha sido tratado ideológicamente, como algo perverso, malo, siniestro”

A su juicio, si las universidades privadas tienen que pagar impuestos, también tienen que recuperar el 19% del IVA.
NELLY YÁÑEZ N., El Mercurio, 8 de julio de 2011
Es de opiniones francas, radicales. Alicia Romo, rectora de la Universidad Gabriela Mistral, alza la voz esta vez para defender el lucro en la educación, aunque está consciente de que su postura tiene más detractores que partidarios. “El lucro -dice- es algo natural a la vida de los seres humanos, cuando haciendo un esfuerzo e invirtiendo un capital se espera tener un retorno. El lucro ha sido tratado ideológicamente, como algo perverso, malo, siniestro, y no es eso ni mucho menos”.
-¿No comparte la visión del rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, quien ha sido categórico en que debe terminar el lucro en la educación?
“Es que no veo por dónde pueda quedar espacio para tener lucro en las instituciones universitarias. Uno tiene que invertir en nuevas salas, en mejores profesores y en infraestructura si quiere competir, porque tenemos un mundo de una competitividad tremenda, durísima. Entonces, ¿de dónde me van a quedar a mí utilidades”.
-¿No le quedan?
“A ver, perdón. Nosotros vivimos sólo de lo que los alumnos pagan y de lo que yo pago de mi bolsillo cuando me falta. Yo no recibo ni un centavo de aporte fiscal porque nunca lo quise, porque somos privados y entiendo que eso no corresponde. Además, no me gusta la plata que tiene un origen sin que uno la haya trabajado. Insisto, nosotros gastamos y gastamos”.
-Una alternativa es definir universidades con y sin fines de lucro y que las primeras paguen impuestos.
“Yo sería feliz de pagar impuestos, si tuviéramos utilidades, porque eso me permitiría rebajar el 19% del IVA, que es tremendamente duro. Lo que sí me parece es que el concepto ‘sin fines de lucro’, cuando se trata del sector privado, no debería estar”.
-¿Se debe modificar la ley?
“Por supuesto. Debería eliminarse esa frase y dejar simplemente ‘universidades privadas’. Ahora, si las universidades privadas tienen utilidades, que paguen impuestos, pero que recuperen el IVA. Porque todo lo que compramos, los muebles, los papeles, la comida, todo, todo, todo tiene IVA y es tremendo”.
-¿A qué atribuye que el Consejo de Rectores tenga otra visión?
“¿Y por qué nos centramos en el Consejo de Rectores? Hay una cuestión ideológica que se ha apoderado del ambiente. Esto es como el esmog, que va dando vueltas y la gente escucha, lo repite y lo hace suyo, porque las personas que piensan como yo hablan poco. No dicen nada”.
-Los estudiantes también están pidiendo el fin al lucro.
“Los estudiantes pueden pedir lo que quieran, porque no saben lo que están hablando”.
-¿No lo saben?
“No tienen idea, porque están movidos por una ideología. Sin embargo, cuando se refieren a los créditos, en cierta medida tienen razón, porque están pagando en instituciones, como las privadas, cifras muy lejanas a las del crédito solidario, que es del 2%, que tiene perdonazos y reprogramación. Nosotros no tenemos nada de eso. Recién se va a estudiar bajar un punto o un punto y algo. ¿Por qué, si todos los alumnos son iguales?”.
-El planteamiento básico de los estudiantes es que la educación es un bien público y no se puede lucrar con ella.
“Momentito. ¿Y qué pasa con la comida? ¿El comer no es anterior a la educación? ¿Por qué no la dan gratis? ¿Dónde están los supermercados del Estado? Entonces, ante el debate de si la educación es un bien privado o un bien público, yo sostengo que es un bien privado, porque cuando me educo, yo me beneficio”.
-El país también se beneficia.
“Claro que sí, pero primero que nada es un bien privado”.
-¿Qué responde a quienes reclaman que no pueden acceder a la educación privada, por ser muy cara?
“No es más cara que la pública. Las instituciones del Consejo de Rectores reciben por el alumno y por el Estado. ¿Qué pasa? ¿Ellos son demasiado ineficientes, que nosotros podemos con la mitad salir adelante?
-¿Usted tiene alumnos de clase media-baja que puedan pagar esta universidad?
“Bueno, si son valiosos, nosotros los becamos. Hay una cantidad importante de muchachos, hijos de personas modestas, de trabajos básicos, de personal doméstico que ha estudiado aquí y que hoy día son un orgullo para nosotros”.
“Espero que a nivel político haya la suficiente responsabilidad para tener un debate adecuado. Pero temo que la politización termine por producir daños tremendos”.
“Hay una cuestión ideológica que se ha apoderado del ambiente. Esto es como el esmog, que va dando vueltas y la gente escucha, lo repite y lo hace suyo, porque las personas que piensan como yo hablan poco. No dicen nada”.


11 de Julio de 2011
Juan Guillermo Tejeda, Artista visual. Académico de la Universidad de Chile, El Mostrador, 11 de julio de 2011
Que un establecimiento educacional sea privado no quiere decir que lo que allí ocurra vaya a ser necesariamente malo, o necesariamente bueno. Tan insensato es satanizar a los privados sólo porque lo son como creer que todo lo que hace el Estado es siempre de inferior calidad. Eso está por verse en cada caso y depende además de factores de contexto, legales, regulatorios, etc.
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Las universidades privadas chilenas son de muy diversa naturaleza. Las hay que son crudos negocios a costa de las personas, otras se orientan a la propaganda ideológica o religiosa, otras son simples grupos de amigos. Y también las hay que desarrollan sus tareas con seriedad y solvencia.
Lo que irrita de las universidades privadas chilenas son sus vicios y malas prácticas. Situaciones indebidas que se han ido legitimando y que nada tienen que ver con la salud de la educación superior chilena.
El primero es el vicio de origen. Las universidades privadas son un neto producto de la dictadura. Su creación se hace a espaldas de la comunidad académica y estudiantil, a espaldas del país, que entonces, en 1981, no tiene ni parlamento ni medios libres.
No es extraño que los directorios de muchas estén conformados por ex ministros o ex funcionarios de Pinochet. Eso les da un aire enrarecido. Son una movida del pinochetismo. Allí están, aún mandando en la Universidad Mayor, René Salamé, Ricardo García, Mario Arnello, Sergio Melnick y Jorge Prado Aránguiz, toda una tajada del kuchen dictatorial. La Universidad del Desarrollo es un emprendimiento de Lavín, Larroulet, Hernán Büchi y otros pinochicaguistas. La Universidad San Sebastián es liderada por gente de la UDI profunda. Mónica Madariaga sirvió en la Andrés Bello, como también los hermanos Cordero o Miguel Ángel Poduje. Álvaro Bardón y Pablo Baraona fundaron la Finis Terrae que ahora funciona en convenio con los Legionarios de Cristo, y así sucesivamente. Algunos se han embarcado adicionalmente en agencias de acreditación. ¡Acreditada! Uno trata de creer pero se convence con dificultad que esta gente esté preocupada del conocimiento, del pluralismo, de la equidad, porque en sus marcas genéticas hay otra cosa. Cuando estuvieron en el gobierno abrieron la puerta de un negocio que pasaron luego ellos mismos a emprender. Algunas universidades, una vez puestas en funcionamiento, son vendidas y compradas por capitales internacionales.
Es ese permanente transformismo lo que provoca desaliento e irritación. Personajes que desde puestos de gobierno abren las regulaciones que después aprovechan con sus propias alcancías. Instituciones que se organizan privadamente pero que se presentan como públicas. Universidades que no saben si su fin es el negocio, el conocimiento, la catequesis ideológica o el poder político. Dinero público que fluye, rebota y va a dar finalmente a los más ricos.
Ahí nos aparece el lucro. Lucrar, de por sí, no es malo, y así lo han defendido diversos columnistas lucrosos, porque todos en Chile lucramos un poquito más o un poquito menos. Nos hemos convertido en un país de comerciantes y no hay quien no tenga un quiosco o microtráfico de algo. Pero en este caso se trata de lucrar de mala manera. Primero, porque como la ley se los prohíbe expresamente, han inventado unas triangulaciones que si hubieran sido públicas hubieran hecho las delicias de los jueces y de los medios, y es así como entre las inmobiliarias, el transporte, las colaciones y la madre que los parió van lucrando con lo que no se debe. Eso, aparte de un negocio, es una actitud que escandaliza: torcer el espíritu de la ley, aprovecharse de la gente. Los recursos no son aquí el medio, sino el fin. Y detrás quedan esas familias endeudadas, esos profesores que carecen de carrera académica y deben callar para que les renueven el miserable contrato temporal. ¿Cómo puede hacerse así una universidad? Uno ve con escándalo las millonarias campañas publicitarias para desorientar y atraer a los jóvenes convertidos en clientes. Tientan a los mejores puntajes con todo tipo de becas para que, sin respetar sus vocaciones o sus valores, queden atrapados en tal o cual plantel que de ese modo consigue más recursos del Estado.
Otra mala práctica es la imposibilidad de constituir comunidades académicas reales en ambientes dominados por el autoritarismo y la falta de participación. Si en una buena universidad un académico sabe que para que le vaya bien tiene que impartir docencia de calidad, investigar, publicar, ser alguien en su comunidad de pares, dentro de un clima abierto y productivo, en la mayoría de las privadas se trata ante todo de caerle bien a alguien, de ganar su confianza y adjudicarse un rincón. Es contratado a la manera de una temporera. Lo mismo ocurre con los estudiantes a los que se priva de la posibilidad de constituir centros de alumnos que operen como tales. Las autoridades elegidas siempre a dedo por un directorio o por un mandamás destruyen la participación y hacen que la organización parezca una empresa o un colegio, y eso, aunque facilite la gestión, mata las libertades y riesgos inherentes a la aventura intelectual.
Amparados bajo el rótulo de universidades privadas prosperan en Chile muchos establecimientos que no calificarían como universidades en ningún país serio. Una universidad es antes que cualquier otra cosa un centro complejo de conocimiento avanzado, un espacio dedicado a conservar, generar y transmitir el saber. Ello pasa por una serie de requerimientos que nuestras audaces universidades privadas, en su mayoría, pasan por alto. Para ser cabalmente tales, los académicos deben estar jerarquizados y, amparados por la libertad de expresión y su curriculum, dedicarse a la investigación, la creación, la docencia y la extensión, sin descuidar las vinculaciones internacionales, publicando, y siendo lo que deben ser: autoridades en sus respectivas materias. Eso es posible si cuentan con reglas claras para el acceso o desvinculación, con presencia o influencia en los órganos de gobierno, laboratorios, bibliotecas, equipamiento tecnológico, horas y todo lo que corresponde a la carrera académica. Pero en Chile para poner en la fachada de un edificio las letras metálicas donde dice “Universidad Algo” hace falta sólo un par de computadores, un abogado y audacia. La ley es laxa, las regulaciones son alegremente permisivas. Muchas de las “universidades” privadas hoy existentes estarían mejor como institutos profesionales, y probablemente para allá va el afán de las autoridades de inyectar recursos en este segmento.
Al llamarse universidades, esos establecimientos califican hoy para capturar el dinero que el Estado aporta en educación por la vía de fondos concursables, subvenciones a los estudiantes, exenciones tributarias y otros mecanismos. Eso explica el énfasis de Piñera y Lavín en subsidiar no a la oferta (universidades) sino a la demanda (estudiantes), porque de ese modo el dinero del Estado, es decir de la gente, no va a los establecimientos de calidad sino a los capaces de más astucias y argucias, a los que son propiedad de grupos económicos y políticos que ven lo universitario como un bocado jugoso del lucro.
En la lucha por la visibilidad publicitaria, y en el cumplimiento de la no declarada función de constituirse como nodos activos de redes políticas y económicas, las universidades privadas han abusado de la contratación de rostros a la manera de los clubes de fútbol. Con ello atraen clientela y al mismo tiempo neutralizan a la clase política, que de a poco se ha ido entregando a una situación en que es imposible controlar a las universidades privadas porque los propios políticos han pasado a ser parte de lucrismo. Eso quizá no sea legalmente corrupción, pero huele parecido. Es algo más que una casualidad que el siguiente paso en la carrera de los ministros de educación concertacionistas haya sido el ocupar un cargo importante en alguna universidad privada, así Sergio Bitar en la Universidad Mayor, Mariana Aylwin en la UNIACC, Sergio Molina en la Universidad de Viña del Mar, Jorge Arrate en el ARCIS, Ernesto Schiefelbein en la Santo Tomás. Y hay muchos más.
No tiene nada de malo que un ex ministro o un rostro mediático se integre a una universidad a aportar conocimiento o a hacer vida académica: es un plus el que algunas personalidades con rodaje en el mundo político o profesional, en la realidad productiva, sean parte de la universidad. Lo que constituye una mala práctica es que se les ponga allí por razones publicitarias o de tráfico de influencias, o para validar con sus rostros sin tacha las malas prácticas de esas instituciones.
Por último, en sintonía con determinadas visiones neoliberales derrotadas en todo el mundo menos en Chile, muchas universidades privadas defienden la peregrina idea de que como contribuyen a un bien público que es la educación, son también públicas. Nada más lejos de la verdad. Si quieren ser universidades públicas tienen que ceder sus bienes muebles e inmuebles al Estado y someterse a un protocolo participativo de gobierno. Lo público es lo que no tiene un dueño privado y pertenece a la comunidad ciudadana.
Es ese permanente transformismo lo que provoca desaliento e irritación. Personajes que desde puestos de gobierno abren las regulaciones que después aprovechan con sus propias alcancías. Instituciones que se organizan privadamente pero que se presentan como públicas. Universidades que no saben si su fin es el negocio, el conocimiento, la catequesis ideológica o el poder político. Dinero público que fluye, rebota y va a dar finalmente a los más ricos, a los más poderosos, dejando una ristra de deudores, de famosos con mala conciencia y de académicos maltratados.
Las universidades privadas, sin embargo, han sido en estos años el motor del sistema, y aparte de las malas prácticas gracias a las cuales han prosperado muchas de ellas, ofrecen también ejemplos de mejor gestión, mayor capacidad de emprendimiento, creación de nuevas comunidades académicas, vinculaciones internacionales provechosas, mejoras sustanciales en infraestructura y equipamiento. Es preciso, sin duda, reordenar el sistema universitario, eliminar con firmeza las zonas grises, abandonar las malas prácticas, poner fin a las picardías corruptas, restaurar la viabilidad de las universidades públicas. Lo correcto es que cada cual tenga lo suyo y aporte lo suyo sin perjudicar al sistema, cuya finalidad declarada es la educación superior, el desarrollo libre y equitativo del saber.
La competencia desbocada en cuyo fragor los fines se confunden y cualquier medio vale no sólo hace imposible la calidad y destierra la equidad, sino que además destruye valores humanistas que están en nuestra tradición nacional, en el código genético de los chilenos y chilenas. En contra de ese fermento destructivo y oportunista es que se levanta la protesta sobre la educación pública.
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Las dificultades para detectar si las universidades privadas cumplen o no con la prohibición de tener fines de lucro
Crónica de El Mercurio, 11 de julio de 2011
Uno de los puntos clave de la discusión en torno a la educación superior es el tema de la existencia del lucro. Sin embargo, no es fácil demostrar que una universidad no cumple con la ley que lo prohíbe.
Las universidades en el sistema chileno pueden constituirse en corporaciones de derecho público, privado, o como fundaciones, es decir, instituciones sin fines de lucro. Este último aspecto es el controversial, pues los movimientos estudiantiles alegan que existirían subterfugios legales para encubrir el lucro de las universidades. Una de estas sería la separación legal entre los planteles y los inmuebles que ocupan.
Mario Waissbluth, Presidente de la Fundación Educación 2020, explica que “no tenemos evidencias documentadas, pero sí relatos verbales de algunas universidades que extraen utilidades por diversas rutas, siendo el cobro de rentas inmobiliarias excesivas sólo una de ellas. Los dueños de algunas universidades, según nos relatan, cobran salarios completamente fuera de mercado, montan empresas de aseo, laboratorios, y servicios varios, en que sobrefacturan para extraer renta”.
Para Harald Beyer, Subdirector del Centro de Estudios Públicos, la pregunta de fondo es ver si hay retiros de utilidades: “Uno tendría que chequear primero si las transferencias que le hacen a esas inmobiliarias, o contratación de empresas de servicios, están por sobre el precio de mercado. Me parece que falta mucha información como para poder tener un juicio categórico”. Al respecto, Waissbluth agrega que “lo más grave sería si esas mismas universidades hubieran estado recibiendo donaciones con descuento tributario. En ese caso, en adición a una violación de la ley, habría fraude tributario. Es responsabilidad del Ministerio de Justicia y el SII supervisar esto desde hace 22 años, y deben responder si lo han hecho o no”.
La compra y venta de sociedades que participan en corporaciones universitarias es otro aspecto que genera sospechas entre quienes critican el lucro. Argumentan que debe existir alguna forma de extraer excedentes, si no, no se explicarían las millonarias inversiones en las que incurren distintos grupos económicos para adquirir participación en establecimientos de educación superior. Respecto a esto, Beyer comenta que es un punto que no está claro, “porque habría que meterse a los distintos estados financieros de esas universidades para saber realmente cómo salen las utilidades. Lo que dice la ley es que las universidades privadas tienen que organizarse como corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, y eso hacen. Este debate es bien confuso, porque en estricto rigor todas las organizaciones cumplen con lo que dice la ley”. Pero Waissbluth agrega que “el hecho de que haya existido y continúen existiendo transacciones millonarias en relación a la compraventa de entes sin fines de lucro, constituye a lo menos una violación ética y en el extremo un delito”.
Acuerdo GANE
El anuncio de esta semana en el que Presidente Piñera propuso abrir un debate para analizar la posibilidad de distinguir entre universidades con y sin fines de lucro, no estuvo exento de polémica. Los estudiantes se mostraron en desacuerdo con la idea y también parte de la Concertación. Pero Beyer no tiene problemas con que existan instituciones con fines de lucro. “Una vez que tú aceptas estas instituciones la pregunta es: ¿tienen derecho esas universidades a recibir fondos del Estado? Y esa es una discusión distinta”, dice.
Por otro lado Waissbluth agrega que “independientemente de lo que se decida a futuro, el país no puede continuar escondiendo mugre bajo la alfombra”. Cree que para avanzar en la discusión, bastaría una ley de pocas líneas que obligara a sincerar los balances de los últimos diez años de cada universidad y la información académica respectiva. “La ausencia de esa información es la forma más perversa de publicidad engañosa. Yo no tendría problema con entes con fines de lucro que hagan las cosas bien. La gran pregunta es si una Superintendencia es capaz de supervisar malas prácticas en 7.000 carreras de educación superior”, agrega.
La compra y venta de sociedades que participan en corporaciones universitarias es uno de los puntos que generan dudas entre quienes critican el lucro.
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Harvard y Stanford, entre otras, tienen grandes redes de donantes entre sus egresados:
Las mejores universidades del mundo no tienen fines de lucro y se financian vía donaciones
Reportaje, El Mercurio, 10 de julio de 2011
De las veinte mejores universidades del mundo, diecisiete son estadounidenses y prácticamente todas ellas se financian a través de fondos patrimoniales denominados endowments , cuyo rendimiento en cualquier modalidad de inversión es utilizado para el desarrollo institucional.
Pablo Obregón Castro
Harvard es la mejor universidad del mundo y su exitoso modelo no se parece a ninguno de los que se aplican en Chile.
Es una fundación privada sin fines de lucro, cuyos ingresos provienen sólo en un 20% de la matrícula que pagan sus alumnos, recibe moderados aportes fiscales y basa su funcionamiento en donaciones de sus redes de egresados y de grandes empresas.
En pregrado, por ejemplo, en torno al 60% de sus alumnos están becados por la propia universidad, pero en postgrado, en cambio, casi todos pagan. Y pagan caro.
La gratuidad en pregrado es un buen aliciente para que los egresados de esta universidad se conviertan en donantes una vez que están en la etapa más productiva de su vida profesional o empresarial, dice el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, quien ha estudiado de cerca el modelo de Harvard.
Además, como la educación escolar también es gratuita -dice-, los mejores profesionales estadounidenses desarrollan un sentido de gratitud hacia las instituciones donde se formaron, lo que los impulsa a donar parte de sus recursos para mantener la excelencia de esas entidades.
Con estas donaciones, la mayoría de las mejores universidades de ese país forman fondos patrimoniales denominados endowments , cuyo rendimiento en cualquier modalidad de inversión es utilizado para financiar el desarrollo institucional.
Harvard, por ejemplo, tiene un fondo patrimonial de US$ 27 mil millones; Yale, de US$ 16 mil millones y Princeton, de US$ 14 mil millones. Los rectores son evaluados por los consejos de administración no sólo por su capacidad para captar a los mejores alumnos del mundo, sino también por el rendimiento de estos fondos.
Este modelo ha permitido que de las veinte mejores universidades del mundo, 17 sean de ese país, según el Ranking de la Universidad de Shanghai, que es el más prestigioso del mundo. Las únicas que compiten en este selecto grupo son las universidades de Cambridge y de Oxford (Reino Unido) y la Universidad de Tokyo.
Entre las latinoamericanas, las únicas que figuran entre las doscientas mejores son la Autónoma de México y Sao Paulo.
En Chile hay pocos donantes
El prorrector de la Universidad del Desarrollo (UDD), Federico Valdés, también destaca las ventajas del modelo anglosajón, pero lamenta que en Chile no se haya podido desarrollar entre los egresados una cultura de donar a las universidades que los formaron y, de ese modo, hacer que el sistema sea menos dependiente de la matrícula y de los aportes del Fisco. En el caso de la UDD, sólo el 2% de sus recursos provienen de donaciones.
“El ejemplo que yo mejor conozco es el de Stanford, que es donde hice mi posgrado. Debe ser la que más donaciones consigue de sus ex alumnos y con eso desarrollan infraestructura, realizan investigación y becan a los alumnos que tienen un talento especial. La gran ventaja, a mi modo de ver, es que es la propia universidad la que decide a quién becar y qué parámetros utiliza para admitir alumnos”.
Valdés es parte del consejo de uno de los programas de posgrado que imparte Stanford y dice que una de las claves del modelo americano es cobrar caro a los alumnos que ya están rindiendo a su máxima capacidad y becar a los alumnos talentosos que están en la etapa menos productiva.
“Lo hacen sabiendo que una vez que los egresados rentabilizan la educación que reciben van a retribuir. Pero mientras no exista esa cultura en Chile, el Estado tiene el deber de ayudar a todos los que tienen talento y no sólo a un subconjunto de universidades”, dice Valdés.
En paralelo, el modelo norteamericano también acepta la existencia de universidades con fines de lucro, las que, entre otras características, transan sus acciones en bolsa, pagan impuestos, reparten utilidades y no figuran entre las mejores.
El grupo Apollo, por ejemplo, transa sus acciones en el Nasdaq.
¿Merecen recursos?
En su mensaje, el Presidente Piñera anunció la creación de una Superintendencia de Educación Superior que, entre otras cosas, fiscalizaría el cumplimiento de la Ley que prohíbe el lucro en la educación superior (en la educación técnica sí se permite).
Sin embargo, también dejó entrever la idea de transparentar las cosas y, tal como ocurre en Estados Unidos, consagrar la existencia de tres mundos distintos: universidades estatales, fundaciones privadas sin fines de lucro y otras, derechamente, con fines de lucro.
De imponerse esta alternativa, la pregunta que surge es si estas últimas pueden recibir fondos públicos, ya sea para desarrollar sus proyectos o para financiar a los alumnos vulnerables. Para el investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile Juan Pablo Valenzuela no parece razonable entregarles recursos directa ni indirectamente.
Menos drástica es la opinión de Valdés: “Me parece bien que se establezca quién tiene una característica y quién tiene otra, pero yo no cerraría la posibilidad de que haya universidades que puedan lucrar. Y mientras más fondos concursables haya y menos fondos basales -reservados para las universidades tradicionales- mucho mejor”.
Benítez tampoco rechaza la posibilidad de que existan universidades con fines de lucro, pero destaca un hecho que resulta clave en este debate: en educación, los márgenes son muy estrechos como para lucrar y, por lo tanto, si alguien pretende obtener utilidades, tiene que sacrificar calidad.
Modelo europeo en crisis
Las universidades europeas, a diferencia de las norteamericanas, viven una importante crisis financiera, pese a los ingentes recursos que les aporta el Fisco. En la Unión Europea, el 79,9% del financiamiento de la educación superior proviene de fondos públicos; el 11,5% de las familias y sólo el 5,4% de organizaciones sin fines de lucro.
Las más dependientes del Estado se encuentran en Dinamarca, Grecia, Austria, Portugal, Finlandia y Noruega, donde el fisco aporta el 90% de los recursos, según datos del estudio “Cifras Clave de la Educación Superior en Europa”.
Pese a estos importantes aportes fiscales, las universidades europeas han ido perdiendo terreno rápidamente. De las cien mejores según el Ranking de Shanghai, sólo 16 corresponden a instituciones del viejo continente (sin contar a las del Reino Unido, que tiene un modelo de gestión distinto).
El resto de los primeros lugares se reparte entre universidades estadounidenses y asiáticas.
Por qué las entidades con fines de lucro no destacan
“No hay ninguna universidad con fines de lucro que aparezca adelante en estos rankings “. Así de categórico es el investigador del Centro de Estudios Públicos, Harald Beyer, quien explica que una universidad de excelencia supone altos niveles de inversión en investigación y desarrollo, actividades que estas entidades no realizan.
“Ello no se financia con los aranceles sino que requiere aportes públicos y donaciones. Las instituciones estatales y sin fines de lucro capturan gran parte de estas inversiones porque tienen una mayor trayectoria e historia, una elevada selectividad de alumnos y, junto con ello, los investigadores tienen potencialmente menos conflictos entre diversos objetivos”, dice.
En todo caso, considera que las universidades con fines de lucro no pueden -y tampoco aspiran- a ser universidades de excelencia, puesto que su objetivo es ser buenas instituciones de docencia.
“Por supuesto, para estos rankings ese objetivo no es suficiente y me parece bien que sea así” aclara Beyer.
¿Cómo evaluar, entonces, a estas universidades? Hay que evaluarlas en su capacidad para entregar una educación de calidad razonable a estudiantes de menos habilidades y no por su capacidad de producir ciencia.

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