Columna publicada en El Mercurio, página de Educación, domingo 12 abril, a propósito del Informe de Revisión del Sistema y las Políticas de Educación Superior de Chile , preparardo por un grupo de expertos de la OCDE y el Banco Mundial, y del debate suscitado por los análisis y recomendaciones que contiene.
A continuación del texto de la columna. Más abajo, recientes opiniones publicadas sobre el mismo tópico.
Informe OCDE y choque de particularismos
José Joaquín Brunner
La educación superior vuelve a ocupar un lugar en la agenda pública a propósito del informe preparado por un grupo de expertos de la OCDE y el Banco Mundial. Se evalúa allí el avance de este sistema y las políticas para el sector, a la luz de la experiencia y el conocimiento reunidos en los países desarrollados. ¿Cuál es el principal mensaje? Que Chile cuenta con una dinámica educación terciaria, de amplia cobertura, y con un conjunto relativamente sofisticado de políticas en este ámbito, pero que éste y aquélla presentan importantes contradicciones. Es un diagnóstico correcto, sin duda.
En efecto, la educación superior ha desencadenado una de las transformaciones más profundas en la sociedad chilena durante los últimos 20 años. Ha alentado las expectativas familiares de ascenso de los hijos en los grupos hasta ayer excluidos de los estudios técnicos y profesionales; de hecho, ha incrementado la movilidad social entre generaciones y ha contribuido a tecnificar y profesionalizar a una fracción creciente de la fuerza de trabajo más joven. En suma, ha echado las bases de una sociedad más abierta y con mayores componentes meritocráticos.
Pero, al mismo tiempo, el sistema y las políticas revelan contradicciones insoslayables.
El Gobierno proclama el rol estratégico de la educación superior, pero apenas invierte en ella. Las instituciones exaltan su compromiso con los jóvenes, mas se resisten a revisar la pertinencia y duración de las carreras que ofrecen. Se declaran ideales y objetivos de equidad y efectividad; sin embargo, la deserción estudiantil corroe estos valores y provoca un desperdicio de talentos y recursos. Las universidades estatales se gobiernan sin la voluntad de su dueño y un número de instituciones privadas elude la prohibición de distribuir excedentes entre sus controladores.
En fin, el sistema es poco transparente, hay escasa información y rendición de cuentas, se rige por normas obsoletas, los recursos destinados por el Estado se distribuyen sin sujetarse a criterios de bienestar social y las políticas y regulaciones suelen apreciar más el peso tradicional de las instituciones que las necesidades de sustentabilidad del sistema a mediano plazo.
El informe invita a abordar estas contradicciones y propone para ello un buen número de soluciones y alternativas. Sugiere dar voz al sistema en la formulación de políticas mediante un organismo que agrupe a todas las instituciones acreditadas, dejando atrás la estrecha y ahora cada vez más fragmentada representatividad del Consejo de Rectores.
Recomienda modernizar la oferta de programas alineándola con el desarrollo de las disciplinas, las demandas de las regiones y la evolución de las ocupaciones. Propone reforzar los mecanismos de acreditación, transparencia y rendición de cuentas. Y llama a duplicar el gasto del Estado en el sector junto con revisar las modalidades de asignación de esos recursos: unificar y ampliar las líneas de becas existentes; crear un solo esquema de crédito estudiantil mejor focalizado y con mayor capacidad de recuperación de los préstamos; transformar el aporte fiscal directo (AFD) en contratos de desempeño, y abrir los fondos de fomento, mejoramiento y desarrollo de capacidades a todas las instituciones acreditadas sobre bases competitivas.
Es lamentable que estas propuestas, y otras también valiosas, estén siendo analizadas bajo la regla de que “sólo aquello que favorece a mi institución es bueno para el país”. Los intereses corporativos sustituyen así la deliberación racional sobre los fines públicos y el debate se convierte nada más que un choque de particularismos.

Informe OCDE sobre educación
Carta de Úrsula Schüler, Secretaria General FECH, y Giorgio Boccardo, Presidente FECH 2007-2008, Senador Universitario, Universidad de Chile. El M ercurio 10 abril 2009
Señor Director:
Hace pocos días conocimos los principales resultados del informe de la OCDE y el Banco Mundial sobre la educación superior chilena. Destacan la excesiva duración de los estudios de pregrado, la sobreespecialización de nuestras carreras, la anquilosada estructura del Consejo de Rectores (Cruch) y la manera diferenciada como se ha organizado el financiamiento estudiantil. Así, se plantea injusta la discriminación en favor de las universidades del Cruch en materia de financiamiento y se recomienda que de haber discriminación, ésta ocurra de acuerdo con criterios de calidad y no a partir de su naturaleza jurídica.
Este informe, además, cuestiona la inequidad en el acceso a la educación superior y el papel que en ella cumple la PSU. Propone reemplazar el Aporte Fiscal Directo (AFD), distribuido según añejos criterios históricos, por asignaciones mediante convenios de desempeño, y evaluar la conveniencia de abrir estos y otros recursos a instituciones que no están en el Consejo de Rectores, pero que provean bienes públicos al país.
Parece curioso, por no decir contradictorio, que el Mineduc, a través de la directora de la división de Educación Superior, Sally Bendersky, señale, junto a los expertos de la OCDE, que todas las instituciones de educación superior compiten en igualdad de condiciones y a la vez asuma como complementarias las conclusiones del informe del Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior, que apuntan a establecer un trato preferencial del Estado para sus universidades y la regulación del resto del sistema de educación superior.
De esta forma resulta también curioso que la OCDE y el Banco Mundial propongan a Chile medidas que de implementarse en los países integrantes de dicha organización les significaría la salida inmediata a sus ministros de Educación por desmantelar los exitosos sistemas estatales y nacionales de educación superior que éstos poseen. La calidad indesmentible y la expansión del sistema educacional en estos países residen en su mayor parte en la construcción racional de un enorme sistema estatal de educación, en conjunto con una clara y acuciosa regulación de las instituciones privadas.
En esta materia, el Gobierno debe tomar una decisión clara. O asume como propias las políticas de la OCDE y desregula completamente el sistema de educación superior, haciendo que sus universidades pierdan su sentido histórico, o las coloca en un sitial privilegiado, dándoles una mayor libertad para producir conocimiento (financiamiento basal), pero reconociendo también el aporte que realizan el resto de las universidades del sistema en calidad y generación de bienes públicos al país.
Úrsula Schüler
Secretaria General FECH
Giorgio Boccardo
Presidente FECH 2007-2008
Senador Universitario
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Educación superior: Verdades que duelen
Gonzalo Vargas Otte
Rector Universidad Tecnológica de Chile Inacap
El Mercurio, 9 abril 2009
El reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Banco Mundial “La educación superior en Chile” es categórico: desde un sistema de admisión que perpetúa las desigualdades sociales, mecanismos de financiamiento discriminatorios, programas de estudio demasiado largos y sin relación con las necesidades y expectativas del mundo laboral, estructuras de títulos y grados confusas y arbitrarias, y falta de homologación internacional hasta esquemas de representación anacrónicos e insuficiencia de información adecuada para el diseño de políticas públicas.
En síntesis, no obstante reconocer el enorme avance de Chile en materia de crecimiento y cobertura en los últimos 30 años, el informe de la OCDE y del Banco Mundial califica al sistema de educación superior chileno como caro, ineficiente y, en muchos aspectos, obsoleto.
Hay verdades que duelen. Sin embargo, si Chile realmente aspira a ser parte del grupo de países desarrollados que conforman la OCDE, y no solamente un país en desarrollo asociado a este organismo, no se pueden evadir los cuestionamientos que desde ahí se presentan. Un país no puede ser desarrollado si no alcanza altos niveles de formación de su capital humano, ni tampoco si carece de las capacidades de adaptación y desarrollo científico y tecnológico, todo lo cual depende decisivamente de su sistema de educación superior.
Aunque varias de las críticas y recomendaciones ya habían sido planteadas por el Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior y por el Consejo Asesor para la Innovación, este informe de la OCDE y del Banco Mundial constituye el análisis más completo disponible en los últimos años en Chile sobre la materia. Además, no sólo el diagnóstico es el más completo, sino que también el conjunto de recomendaciones de cambio constituye la agenda más ambiciosa de desarrollo de la educación superior chilena en décadas.
En contraste, hasta aquí el debate nacional respecto de su educación superior parece parcial y acotado a sólo algunos de los componentes del sistema.
El informe citado llama a superar la etapa de mejoras incrementales, proponiendo la implementación de un conjunto de reformas de “segunda generación”. Para ello, Chile requiere recuperar la pasión por la educación y defender con vigor un sistema al servicio de las mayorías que no continúe reproduciendo las desigualdades de origen ni permita que se perpetúen ineficiencias de alto costo social para cientos de miles de estudiantes.
Debemos optar por una institucionalidad más moderna, ágil y que no distinga entre ciudadanos de primera, segunda o tercera clase en educación superior. La globalización nos impone la necesidad de adaptarse al cambio en forma acelerada, y la renovación académica -en un amplio sentido- es parte vital de ella.
Desde las reformas estructurales de comienzos de los 80, y tras casi 30 años de evolución, la educación superior chilena muestra signos evidentes de agotamiento. Entretanto, el mundo ha cambiado y Chile se queda atrás. La hoja de ruta planteada por la OCDE y el Banco Mundial es clara y precisa. Sólo lograremos sortear los obstáculos si estamos convencidos de que al final del camino la meta vale la pena. Los estudiantes de Chile lo agradecerán.
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Educación superior: urgencia de cambiar el rumbo
Pedro Pablo Rosso
Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Presidente de la Red Universitaria Cruz del Sur (Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad Austral de Chile)
El Mercurio, 8 abril 2009
El reciente informe de la OCDE y del Banco Mundial sobre la educación superior chilena, junto con reconocer sus progresos y atributos positivos, describe los principales problemas que la afectan en el ámbito del financiamiento, la calidad, la equidad y la pertinencia, y recomienda una serie de medidas correctivas. Entre éstas destacan: incrementar fuertemente la inversión del Estado, asignar recursos públicos según el desempeño de las instituciones, ampliar los criterios de selección de estudiantes, acortar y flexibilizar los programas de estudio y propender a una mayor articulación del sistema. Algunas de las recomendaciones involucran aspectos polémicos, como transparentar el carácter empresarial y el espíritu de lucro que tienen la mayoría de las universidades privadas de más reciente creación o terminar con las distintas formas de discriminación positiva del Estado hacia las instituciones que pertenecen al Consejo de Rectores.
Inspirada por las grandes tendencias que están transformando la educación universitaria mundial, las recomendaciones del informe representan una atractiva “agenda de futuro” para nuestra educación superior. Sin duda, la adopción de las mismas implicaría un profundo cambio en la estructura, funcionalidad y, lo más importante, en la equidad, calidad y proyección internacional del sistema. Por lo mismo, no obstante algunas reservas con respecto a ciertas recomendaciones específicas, en particular aquellas relativas a instrumentos de asignación de recursos del Estado, las universidades que integran la Red Cruz del Sur -todas ellas privadas, de investigación y estudios avanzados- coinciden plenamente con el diagnóstico y los lineamientos generales del informe de la OCDE-Banco Mundial. En consecuencia, se han propuesto promover un proceso de discusión pública de estos temas, tanto en sus comunidades universitarias como entre los líderes políticos y empresariales, con el fin de suscitar sentido de urgencia sobre la necesidad de modernizar la educación superior.
Al proyectarse como un nuevo referente académico, la Red no desea antagonizar al Consejo de Rectores ni tampoco sumarse a quienes proponen su disolución. Sin embargo, considera que este organismo ha cumplido un ciclo histórico y que, en las actuales circunstancias, su vigencia y relevancia social sólo dependerá de su capacidad para liderar el proceso de reformas que necesita la educación superior chilena, incluyendo la creación de una nueva institucionalidad. Por otra parte, su actual “captura” por parte de la mayoría numérica de las universidades estatales, así como la agenda involutiva que éstas impulsan, atenta contra la posibilidad de asumir en propiedad ese liderazgo.
En estas circunstancias, la Red Cruz del Sur nace para compartir con la comunidad nacional los pensamientos que la inspiran y su visión de los reales desafíos de la educación superior chilena. Al mismo tiempo, desea dar a conocer el enorme esfuerzo que implica para las principales universidades privadas del país producir bienes públicos de tanta relevancia como la generación de conocimientos, la formación de doctores y el cultivo de las artes y las humanidades. Al respecto, el informe de la OCDE-Banco Mundial es una elocuente validación del importante aporte que ellas hacen. En un sistema de educación superior en que predominan las universidades jóvenes, cuya capacidad académica sólo les permite concentrarse en la educación de pregrado, las universidades privadas “complejas” -de investigación y estudios avanzados- constituyen el pilar académico que Chile necesita para alcanzar el pleno desarrollo.
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“La Red Cruz del Sur no va a pasar más allá de una buena declaración de principios”
Juan M. Zolezzi, Presidente del Consorcio de Universidades Estatales, Rector Universidad de Santiago de Chile
Universia, 8 abril 2009
Así lo aseguró el rector de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Manuel Zolezzi, ante la creación del nuevo referente de las universidades tradicionales privadas y que puede ser el inicio del quiebre total al interior del Consejo de Rectores.
“Hay dificultades al interior del Consejo de Rectores”, así lo reconoce el presidente del Consorcio de Universidades Estatales y autoridad máxima de la Usach, Juan Manuel Zolezzi.
Durante los últimos días, varios temblores han remecido los cimientos de la educación superior, dejando a su paso consecuencias evidentes. El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que plantea una profunda reestructuración del actual sistema universitario o la reciente creación de la Red Universitaria Cruz del Sur, que agrupa a la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Santa María y la Universidad Austral de Chile, que surge en respuesta al descontento de esas casas de estudio ante el protagonismo ganado por las universidades estatales, plantea un nuevo escenario.
Según Juan Manuel Zolezzi, “ellos están reaccionando a algo que ha ocurrido… creo que no es necesario reaccionar. Creo que Cruz del Sur no va a pasar más allá de una buena declaración de principios, sobre todo porque es muy inequitativo. Dejaron fuera a las cuatro universidades católicas más chicas, pese a que eran del Consejo de Rectores, entonces yo creo que esas instituciones no deben estar muy contentas con eso”.
El presidente del Consorcio de Universidades Estatales, plantea que si bien hay fisuras al interior del Consejo y que, según confiesa, no son recientes, “nosotros no estamos por el quiebre del Consejo de Rectores, de hecho creo que hay que fortalecerlo. Tampoco nos complica que haya una organización más… Ahora, si ellos quieren dividir el Consejo de Rectores o plantear el ingreso de otros actores, nosotros tomaremos la opción de ser el Consorcio de Universidades del Estado y punto”, complementa Zolezzi.
Además, aseguró que de ahora en adelante y con este nuevo escenario, exigirán que el Estado tome una postura “que no puede ser neutra”. De hecho, el debate será traspasado a los postulantes a La Moneda, ya que según anunció el rector de la Universidad de Santiago de Chile, “también pediremos que los candidatos se pronuncien, que muestren qué es lo que piensan hacer”.
Zolezzi, finalmente plantea un desafío mayor: “Creo que al final el país tiene que convencerse de que tiene que funcionar con universidades del estado fuertes, como es en la mayoría de los países del mundo. Si lo que tenemos nosotros es absolutamente atípico. No es lo que ocurre normalmente en los otros países”.
Edición: Universia / RR
Fuente: Universidad de Santiago de Chile
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Estatales pero privatizadas
por Aldo Valle, Rector de la UV
Login Regional, 7 abril 2009
Las llamadas universidades estatales no existen en Chile, pues de hecho han sido privatizadas. Desde 1981 se inició un evidente proceso de distanciamiento del Estado con estas instituciones, tendencia que fue profundizada por los gobiernos de la Concertación.
La política que se impone es que estas instituciones deben autofinanciarse y transferir la mayor parte de sus costos a las familias y a los propios estudiantes, quienes deben endeudarse tal como si estuvieran matriculados en instituciones privadas. A veces éstos tienen que dejar sus estudios a medio camino porque no pueden pagar sus obligaciones económicas. La U. de Valparaíso sólo recibe un 7% de su presupuesto anual como aporte fiscal directo, la U. de Chile, el 14%. Por esta razón sostengo que en Chile no existen universidades del Estado.
Este es un problema fundamental de la educación superior en Chile, no el sistema de ingreso, ni la existencia del Consejo de Rectores, ni las legítimas diferencias que pueda haber dentro de éste. Un estado ausente en educación superior, con el gasto público más precario en educación superior (0,3 del PIB), según el Banco Mundial, ha ido generando un irritante e insoportable malestar en las comunidades académicas, estudiantiles y de todos quienes aportan su trabajo en las universidades estatales. El rector de la Universidad de la Chile, apoyado por toda la comunidad ha exigido un nuevo trato del Estado con sus universidades, el Consorcio que agrupa a estas universidades espera con impaciencia promesas incumplidas por el gobierno. Todavía no ingresa al Parlamento el mensaje presidencial del proyecto de ley sobre incentivo al retiro y digna jubilación para académicos y funcionarios que han servido por largos años.
El abandono del Estado también se manifiesta en impedir que las universidades estatales puedan competir en igualdad de condiciones con un mercado paralelo carente de regulación. Así, si se mantiene el actual régimen jurídico y patrimonial que las considera como servicios de la función administrativa, ello terminará con la existencia de estas instituciones.
Esta es la conclusión realista y triste que deben comunicar y denunciar quienes nos vemos a diario con la administración y las necesidades financieras de dichas universidades. Antes de la tragedia, sin embargo, todas las comunidades afectadas debemos advertir que por el bien del país no puede aceptarse esta situación. Es un deber alertar a las autoridades políticas y a la ciudadanía en su conjunto sobre las consecuencias de una ideología extremista que no sabe de otro incentivo que no sea el lucro privado, al cual todo debe ser sometido.
Las universidades estatales constituyen una forma de sociabilidad imprescindible, aunque no la única, para el desarrollo de la ciencia y la cultura que siempre deben contar con espacios abiertos, sin dueños ni verdades preconcebidas por respetables o cercanas que nos resulten. Tales instituciones necesitan, no sólo dinero, sino de una reforma estructural y para ello se requiere carácter y voluntad que los gobiernos de la concertación no han tenido, entre otras causas porque algunos predican sin ambages que el estado o el mercado son dos herramientas igualmente neutrales para la formación de los cuadros profesionales e intelectuales que necesita el país.
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Estado chileno debe invertir en educación superior asegura ex Asesor Presidencial
Juan Edo. García Huidobro
Diario Electrónico, Radio Universidad de Chile, 7 abril 2009
Continúan las repercusiones por el Informe de la OCDE y el Banco Mundial sobre la Educación Superior en Chile, en donde se ubicó como uno de los países con los aranceles más caros del mundo.
Juan Eduardo García Huidobro, ex presidente del Consejo Asesor Presidencial para la Educación afirmó que esta cifra se agrava tomando en cuenta que el aporte estatal a la educación superior es uno de los más bajos, y donde los alumnos y sus familias deben recurrir a sus bolsillos o créditos para poder estudiar.
Según el Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, esta situación se da porque Chile escogió privilegiar el gasto en educación básica y media, lo que también tiene sus ventajas, pues está cubierto casi el 90 por ciento de la escolaridad obligatoria.
“Si se quiere democratizar la educación superior de debe entrar al menos a un pago mucho más compartido, quizás para las personas que tienen muchos recursos siga siendo tan cara, como hoy, pero para el resto de la población tiene que empezar a bajar, el Estado debe invertir”, enfatizó Juan Eduardo García Huidobro, ex presidente del Consejo Asesor Presidencial para la Educación.
Según el docente, actualmente las universidades están invirtiendo todos sus ingresos en sus alumnos, pero el desafío está en que esa inversión sea equitativa para todos los estratos sociales.
“Cuando se pueda gastar más en educación superior se haga con un criterio de igualdad, es decir, que realmente, el mayor número de becas, por ejemplo, sea recibido por los alumnos que más lo necesitan. Si miramos quiénes asisten a la educación universitaria en los quintiles superiores de ingresos, van todos, y en los quintiles inferiores de ingresos, va la mitad”, afirmó Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado.
El académico afirmó que lo más importante es que se abran las puertas para más alumnos de escasos recursos, algo que se ha visto reflejado en las cifras expuestas por el Ministerio de Educación de los últimos años.
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La OCDE y nuestra educación superior
Opinión editorial, El Mercurio, 6 abril 2009
Un equipo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Banco Mundial ha divulgado un interesante análisis de nuestra educación superior. Entre otros aspectos, cuestiona la excesiva duración de los estudios de pregrado y la sobreespecialización; plantea que un estudiante demora demasiado en obtener su primer grado, y estima que estos factores inciden en la comparativamente alta deserción que existe en Chile. Por eso, recomienda ir a un sistema más articulado de educación superior, en el que los jóvenes puedan moverse entre los establecimientos y obtengan su primer grado después de unos tres años de estudio, sin perjuicio de los grados adicionales que deseen alcanzar.
En otro ámbito, sostiene que el Consejo de Rectores es una institución ya sobrepasada por la evolución de nuestra educación superior y cuestiona la manera como se ha ido organizando el financiamiento estudiantil. Por una parte, estima innecesaria la multiplicidad de programas que se han ido creando para estos efectos, y por otra, cree injusta la discriminación en favor de las universidades del Consejo de Rectores en dicho financiamiento. Recomienda, más bien, que si éste ha de distinguir entre instituciones, que ello ocurra de acuerdo con su calidad y no con su naturaleza jurídica.
Asimismo, valora el desarrollo de la acreditación, pero hace notar que debe precisar sus criterios de evaluación, de modo que éstos consideren la misión de cada institución. Estima, además, que la Comisión Nacional de Acreditación no ha hecho lo suficiente para reducir los riesgos de que los pares evaluadores emitan informes inapropiados y sesgados, que resten legitimidad a su labor. En cuanto al esfuerzo por asegurar calidad, cree indispensable otorgar más transparencia al sistema y sentar incentivos para la divulgación fidedigna de información.
Este informe también cuestiona la inequidad en el acceso a la educación superior y el papel que en ella cumple la PSU. Además, critica la ausencia de programas remediales eficaces. Llama asimismo a duplicar el financiamiento público en educación superior y a usar más activamente los convenios de desempeño en la asignación de recursos. En concordancia con esto, propone reemplazar el Aporte Fiscal Directo, distribuido según criterios históricos ya añejos, por asignaciones mediante convenios de desempeño, y evaluar la conveniencia de abrir estos y otros recursos a instituciones que no están en el Consejo de Rectores pero que provean bienes públicos. En suma, es un documento valioso, que ya ha dado origen a un importante debate con participación de altos personeros de la educación superior, lo cual es necesario para que el país resuelva sobre la forma que convendría adoptar en nuestra política al respecto.
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Informe OCDE
Carta a El Mercurio
Luis Lucero Alday, Rector Universidad Central
Señor Director:
Tras un año de trabajo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial entregaron su informe, con resultados que revelan debilidades de nuestra educación superior y con recomendaciones para alcanzar mejores niveles, tras la revisión de mecanismos relacionados con el acceso a la universidad, la validez de instancias que representan a las casas de estudio y el modelo actual de acreditación.
Este documento es un gran aporte para fomentar el debate nacional. Nuestro norte como formadores debe ser irrenunciablemente la calidad. Pero esto también requiere un diálogo abierto entre todos los protagonistas, para así sincerar varios puntos esenciales; entre ellos, el lucro en la educación superior y el concepto de accountability en la gestión integral.
Hay universidades que integran a estudiantes con formación secundaria de primera línea y que reciben aportes estatales, por lo cual tienen un trato privilegiado. Pero hay otras que acogen, nivelan y forman profesionales de alta calidad, independientemente del nivel socioeconómico del cual provengan.
Esa formación es un aporte incuestionable al desarrollo de Chile y, como tal, debe ser reconocida con la misma valoración, al igual que la importancia de la movilidad estudiantil y de la educación técnica como factor clave para el crecimiento del país.
Todos quienes queremos construir una educación superior de calidad estamos llamados a realizar los esfuerzos necesarios para abrir la discusión y sincerar los grandes temas.
LUIS LUCERO ALDAY
Rector Universidad Central