Por unanimidad, la Comisión de Educación aprobó y despachó a la Sala de la Cámara el proyecto que posterga la entrada en vigencia, para el 2024, de los aranceles regulados para las instituciones que están adscritas a gratuidad (boletín 14997).

La fecha también corre para los derechos básicos de matrícula y los costos de titulación o graduación establecidos en la Ley 21.091, sobre Educación Superior.

El objetivo es dar cumplimiento íntegro al procedimiento y plazos que la ley consagra, en relación con la determinación de estos valores.

La instancia escuchó la postura del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH); de la Red de Universidades Públicas no Estatales (G9); y de la Corporación de Universidades Privadas (CUP). Todas estas instituciones suscribieron y respaldaron la prórroga.

Al respecto, Osvaldo Corrales, presidente del Consorcio de Universidades del Estado, llamó a diseñar un mecanismo que satisfaga las necesidades de las instituciones. Al mismo tiempo, pidió tener en cuenta el carácter distintivo de las universidades del Estado.

Asimismo, solicitó considerar la situación de las universidades regionales y de zonas extremas. Esto, en el futuro mecanismo que se utilice para el cálculo de los aranceles de gratuidad.

En tanto, desde la Red de Universidades Públicas no Estatales, plantearon garantizar la participación efectiva de las universidades y considerar principios fundamentales, como los modelos integrales de aranceles y la infraestructura.

En el mismo sentido, el presidente de la Corporación de Universidades Privadas, Cristián Nazer, reiteró su respaldo a la ley corta, además de las acciones que ya se están tomando.

Finalmente, la subsecretaria de Educación, Verónica Figueroa, agradeció el apoyo entregado a la iniciativa, reiterando su compromiso y responsabilidad con el proceso.

La personera valoró además el trabajo técnico y operativo, realizado en conjunto con las instituciones de educación superior.