Mesa del dinero: hora de la verdad
El Gobierno se sienta a la mesa de conversación habiendo concedido las principales exigencias impuestas por el movimiento social.
José Joaquín Brunner, columna de opinión, El Mercurio, 2 de octubre de 2011
Una característica del conflicto educacional que se arrastra ya por casi 5 meses es la falta de claridad estratégica del Gobierno combinado con una dirección táctica confusa y vacilante.
En lo sustantivo, lo estratégico, basta recordar los sucesivos, cambiantes, planteamientos del Gobierno para constatar la completa ausencia de visión estratégica: la llamada Agenda 9+1 (¿acaso alguien la recuerda aún?); el anuncio gubernamental de que 2011 sería “el año de la educación superior”; las modestas medidas contenidas en el mensaje del 21 de Mayo; el Acuerdo GANE y el fondo FE proclamados días antes de la caída del Ministro Lavín; las 21 medidas que apenas duraron una semana en el debate público; los 4 ejes enunciados por el ministro Bulnes a mediados de agosto, para desembocar, finalmente, en los llamados “puntos de acuerdo” del pasado 24 septiembre y en el constreñido incremento del gasto educacional anunciado en la Ley de Presupuesto 2012.
En este cuadro de inestabilidad estratégica y ausencia de objetivos programáticos, no resulta extraño que el Gobierno haya alineado a la opinión pública y se siente a la mesa de conversación habiendo concedido -antes de entrar a negociar siquiera- las principales exigencias impuestas por el movimiento social. Bien sabido es que el Gobierno, sus partidos, doctrina, programa, líderes políticos y técnicos no comparten tales exigencias. Al contrario, son contrarias a su visión de mundo y postulados ideológicos. Si hoy acepta lo que ayer repudió, y mañana no podrá reclamar como suyo, se debe únicamente a sus propios errores de conducción.
En lo coyuntural, el plano táctico, a lo largo de los últimos 150 días las autoridades han oscilado continuamente entre la dureza y la debilidad, la pasividad y el ofuscamiento, la amenaza y las concesiones, sin haber desarrollado una comprensión madura y equilibrada del movimiento estudiantil, de los demás intereses en juego, del campo de acción en que se desenvuelve el conflicto, de la fuerza de los adversarios y de sus propios recursos y el margen de maniobra del oficialismo. Al final ha quedado presa de las circunstancias, bailando al compás de una música ajena, a la zaga de los acontecimientos, sin iniciativa, sin respuestas, sin coherencia, carente de control sobre situaciones que no previó ni pudo luego manejar. Por lo mismo llega debilitado a la mesa de negociación, frente a un movimiento social exitoso, pero tensionado también por sus propias contradicciones internas. No es un escenario promisorio.
Para el Gobierno es la hora de asumir los costos de su postración estratégica y su impericia táctica. Lo importante es que la cuenta no recaiga en los objetivos de largo plazo de la política educacional. En efecto, es imprescindible velar porque las soluciones que se pacten respondan al interés general -de mediano y largo plazo del sistema educacional- y no sólo a las demandas inmediatas de los actores más fuertes.
El mejor test para la etapa que viene será preguntar frente a cada asignación y subsidio cuánto cuesta al erario nacional, quiénes se verán beneficiados, quiénes quedan al margen de la repartición de recursos y cuáles son las razones que justifican tal solución.
Esto permitirá saber si efectivamente los infantes, niños y jóvenes más vulnerables saldrán favorecidos o, por el contrario, ganarán los grupos de estudiantes de instituciones de alta y mediana selectividad. Si ganan los niveles inferiores del sistema educativo, donde tempranamente se reproducen las desigualdades, o los niveles superiores, donde predominan y se expresan los intereses de las elites. Si sacan ventajas las instituciones más débiles y merecedoras de apoyo público o las más poderosas y mejor conectadas a los centros de poder. Si se imponen los grupos con mayor capacidad de interpelar al poder o reciben un trato preferente los colectivos más postergados y exentos de prestigio y audiencia en los medios de comunicación. Si se consolidan los privilegios metropolitanos o avanzan los requerimientos de las regiones habitualmente aplazados a la hora de pactar acuerdos.
En fin, es imprescindible -ahora que la batalla se traslada al terreno del presupuesto nacional- que las partes en conflicto se hagan cargo de que por encima de sus ganancias o pérdidas estamentales, corporativas o institucionales está el interés general y que no todos quienes necesitan ser atendidos han sido convocados a sentarse en torno a la mesa del dinero.