Para lograr que el grueso de los jóvenes tenga buena educación sería preciso que el gobierno le quitara al ICFES el monopolio de la evaluación y, sobre todo, que reforzara la formación de sus docentes.

Víctor M. Gómez*

Inequidad educativa

Un artículo reciente del New York Times analiza un problema que tiene mucha pertinencia para la educación colombiana: en Estados Unidos se han conseguido tasas de cobertura muy altas en la secundaria (o nivel medio en Colombia) pero con bajos niveles de calidad en la formación de jóvenes pobres, la mayoría de los cuales egresan sin las competencias intelectuales requeridas para proseguir a estudios superiores (college) o para acceder a oportunidades laborales con una buena remuneración.

Varias pruebas académicas corrientes en Estados Unidos han mostrado graves déficits en matemáticas, comprensión de lectura, escritura y conceptualización entre los jóvenes de extracción más popular. Y esto implica condenarlos a trabajos marginales, precarios e inestables, que hoy se extienden a más del 30 por ciento de la fuerza laboral de ese país.

De lo anterior se siguen dos implicaciones importantes:

• La eficacia limitada de un alto gasto público en educación de jóvenes pobres. Esto da pie a interrogantes sobre el método apropiado para tener educación de buena calidad entre sectores marginados y con escaso capital cultural.

• La persistencia de una movilidad social limitada y el aumento de la (ya muy alta) desigualdad, pues esos jóvenes están condenados a los peores destinos laborales.

La situación para el caso colombiano ha sido bien analizada en un documento publicado por la Universidad de los Andes, “La lotería de la cuna: movilidad social a través de la educación en municipios de Colombia”.

Remediar semejante inequidad debería ser el centro de los propósitos nacionales que resulten de los acuerdos de La Habana: sería inútil firmar esos acuerdos si ellos no se traducen en avances significativos en temas como la igualdad de oportunidades educacionales – si es que buscamos algo más que una excusa formal para la rendición digna de la guerrilla-.

La Ministra de Educación, Gina Parody. Foto: Ministerio de Educación

Una mala medición

Es bien sabido que la calidad de la educación ofrecida a la mayoría de los estudiantes en Colombia es muy pobre, como confirman las pruebas nacionales (Saber) e internacionales (PISA).

Pero el balance sería todavía más pobre si se evaluaran las áreas que no se miden en las pruebas señaladas, como las artes, la formación en fisiología y alimentación, la formación literaria, la capacidad de argumentación razonada, las competencias comunicativas, la educación en tecnología, la formación filosófica o la educación histórica y sociológica.

Lo que no se califica en las pruebas estandarizadas, de papel y lápiz, es mucho más importante y significativo en la formación integral del estudiante, que lo que pueden medir evaluaciones de este tipo – que además tienen grandes limitaciones técnicas y metodológicas-. Así pues que debemos dejar de reducir la calidad de la educación a lo que se evalúa en las pruebas de opción múltiple, ignorando o subvalorando los otros saberes y competencias que tienen tanta importancia en el mundo actual y determinarán el desempeño de nuestros estudiantes como ciudadanos, trabajadores y seres humanos.

Debemos dejar de reducir la calidad de la educación a lo que se evalúa en las pruebas de opción múltiple.

Esta mistificación de la calidad se reproduce gracias al dominio que tiene el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) sobre el campo intelectual de la medición y evaluación de la educación. Semejante monopolio impide lo que requiere  cualquier campo del saber: libre examen, debate, emulación entre opciones conceptuales y metodológicas, desarrollo de una comunidad académica amplia e independiente.

Por otra parte existe un efecto espurio del “entrenamiento” para las pruebas tipo Saber 11, donde es posible lograr buenos puntajes mediante un ejercicio preparación intensa pero enfocada exclusivamente a pasar el examen. Esto pone en duda el concepto mismo de calidad, pues la intensidad y modalidad del entrenamiento dependen básicamente de los recursos de cada colegio y de los de la familia para pagar los costosos cursos privados (el pre-Icfes, el pre-Universidad Nacional, el pre-Saber 11, el pre- Saber Pro…).

La proliferación de tales cursos y entidades que los administran es un buen indicador de la elevada demanda y la rentabilidad de estos servicios, a la vez que refuerza el sesgos social de la buena educación: a mayor capacidad económica de las familias, mejores puntajes en las pruebas.

Estudiantes en Bogotá presentan las pruebas Saber Pro. Foto: Secretaría de Educación del Distrito

Enseñar lo que no se sabe

Otros factores influyen poderosamente sobre la escasa calidad de la educación colombiana, y entre ellos se destaca el estado de la profesión docente en Colombia.

Los estatutos, las promociones, la remuneración y la formación de nuestros docentes han creado una profesión de bajo estatus social y de escaso atractivo para los jóvenes con alto capital académico y cultural.

Esta situación condena a la docencia a ser una segunda o tercera opción laboral para jóvenes sin interés ni vocación. La consecuencia – una vez más-  es el bajo nivel académico y cultural de muchos estudiantes y docentes. “Nadie puede dar lo que no tiene” podría ser la síntesis del drama de los docentes con graves carencias intelectuales y culturales a cargo de educar a los jóvenes, tanto en la mayoría de colegios oficiales como en un gran número de colegios privados de bajo costo.

Estas carencias no pueden ser compensadas o niveladas por el sistema actual de formación de maestros, pues las escuelas normales hacen mucho más énfasis sobre las técnicas y rutinas pedagógicas que sobre la formación disciplinaria. Y las facultades de Educación reproduces esta preferencia por lo pedagógico mientras la formación disciplinaria ocupa menos de la mitad de las asignaturas. Es decir que se da prioridad al “cómo” enseñar sobre el “qué” enseñar.

Esto es dañino porque el saber disciplinario está en constante crecimiento y en permanente evolución de sus conceptos, fundamentos, metodologías y datos, lo cual supone que el docente debe tener una sólida formación disciplinaria es decir, debe ser un “especialista”  en los saberes que enseña. De lo contrario se hacen mayores los riesgos de transmitir contenidos atrasados u obsoletos, el simplismo, la superficialidad, el diletantismo o la ideologización, tan común en la enseñanza de las ciencias sociales.

Medidas urgentes

Todo lo anterior constituye la “tormenta perfecta” para explicar la mala calidad de la educación en Colombia y los obstáculos institucionales para su mejoramiento.

En diversos países comprometidos con más altos niveles de calidad educativa no existen las escuelas normales (instituciones que operan en Colombia más por tradición que por necesidad) ni de las licenciaturas con débil formación disciplinaria y con expertos en teorías pedagógicas.

En lugar de estas estrategias, Colombia debería consolidar un nuevo modelo de formación de docentes que incluya un pregrado de estricta formación profesional y disciplinaria, seguido por un postgrado a cargo de la formación pedagógica, didáctica y de contexto sociopolítico del sistema educativo.

Nada limita tanto el avance del conocimiento como  los monopolios estatales.

En conclusión, las prioridades de la política educativa de 2016 habrían de ser dos:

• Romper el monopolio del ICFES sobre la medición y evaluación de la educación, de tal manera que este campo intelectual se cualifique y modernice con nuevos actores, ideas, teorías y metodologías. Nada limita tanto el avance del conocimiento como los monopolios estatales.

• Además de las medidas sociales y económicas para mejorar la remuneración y el estatus social de la profesión docente, necesitamos una revisión profunda del  sistema de formación de docentes.

* Profesor del departamento de Sociología, área de Sociología de la Educación, de la Universidad Nacional de Colombia