Por el camino equivocado

“Nos hemos enredado, en cambio, en la discusión de unas propuestas que, día tras día, revelan su carácter improvisado y no suscitan siquiera el mínimo acuerdo político-técnico necesario para convertirse en una política de Estado…”

Nadie previó que la reforma educacional, eje del programa de la Presidenta Bachelet, desembocaría en una incomprensible e inconducente discusión. Pero es exactamente lo que ocurrió. Hoy debatimos sobre contratos de arrendamiento, cómo postergar la eliminación del copago, y sobre la forma de administrar las postulaciones a los colegios. Con razón los actores del mundo educacional -estudiantes, profesores, sostenedores y directivos escolares, padres y apoderados- se preguntan qué relación existe entre estos tecnicismos y las oportunidades de aprendizaje al alcance de niños y jóvenes. En particular las familias de menores recursos y mayores dificultades para educar a sus hijos, ¿cómo y en qué se verán beneficiadas por esta reforma? ¿En qué medida mejora esta las oportunidades para el 40 por ciento de nuestros alumnos que no alcanzan el umbral mínimo de competencias en las principales áreas cognitivas? ¿Qué mayores apoyos recibirán los alumnos vulnerables? ¿Gozarán los sostenedores municipales y privados subvencionados de condiciones más favorables y estables para el trabajo educacional?

La verdad es que la reforma no ofrece respuestas ni ha generado un clima de esperanza en el fortalecimiento y mejoramiento de la educación chilena. Todo lo contrario. Transcurrido casi un año del gobierno de Bachelet, la propia Presidenta ha admitido: “Mi primer sentido fue partamos por la educación pública mientras vamos haciendo los otros avances”. Intuyó correctamente que el camino elegido no conducía a mejores oportunidades ni satisface las expectativas de las comunidades locales.

Como sea, el debate se mueve ahora entre las amenazas percibidas por los actores educacionales y la improvisada generación de nuevas fórmulas destinadas a mitigar los efectos negativos de la reforma. Sin embargo, tales arreglos marginales, de aprobarse en el Senado de la República, no alterarán el fondo del proyecto, el cual expresa una desconfianza radical frente al régimen mixto de provisión y el deseo de reducir el papel de los proveedores privados.

Al contrario, una reforma auténtica debió partir por “dar vuelta” -y poner sobre un nuevo pie de efectividad- a los establecimientos que atienden a aquel 40 por ciento de estudiantes que en las pruebas nacionales e internacionales no alcanza el umbral mínimo de competencias cognitivas. Sus colegios son de todos los tipos posibles: municipales, privados subvencionados constituidos como fundaciones o corporaciones y como sociedades educacionales, confesionales y no confesionales, de diversos tamaños y localizaciones.

Allí debió radicarse el centro de gravedad de la reforma. Por ahí debió partir esta, instalando directores de primer nivel en esos colegios, reforzando la acción de sus docentes, disponiendo redes de apoyo para asistirlos en su transformación, mejorando su infraestructura y equipamiento, aumentando de manera sustancial la inversión por alumno y asegurando la gratuidad de estos colegios, junto con fortalecer su vínculo con los hogares y las comunidades locales.

Tal propuesta habría obtenido el respaldo de todas las fuerzas políticas. Asimismo, habría servido para asentar mas sólidamente las bases del régimen mixto de provisión y para continuar avanzando en cobertura, rendimiento (tasas de graduación), calidad de los aprendizajes y equidad (disminución de las brechas sociales de resultados).

Además, habría permitido resolver mejor algunas de las cuestiones que interesan al gobierno, como la eliminación del copago, pero en términos más focalizados y en una secuencia menor de tiempo; la mejora de la regulación de los proveedores, y cambios graduales en los procesos de admisión, probando diversas fórmulas en comunas seleccionadas del país.

Lamentablemente, la Presidenta y su equipo eligieron otro camino, aun con el presentimiento de que no era el más lógico. Tampoco era el más pertinente para abordar los desafíos actuales del sistema escolar chileno ni ha logrado reunir el apoyo necesario para sustentar una política de Estado. Pero es precisamente una política de esa naturaleza la que requiere el país: una política compartida por los actores educacionales públicos y privados, por las fuerzas representadas en el Parlamento y la opinión pública. Solo con ese apoyo sería posible definir una estrategia de desarrollo para los próximos 15 años de nuestra educación. Y hacer frente con éxito a los nuevos desafíos de calidad y equidad que hoy mantienen en tensión al sistema escolar.

Nos hemos enredado, en cambio, en la discusión de unas propuestas que, día tras día, revelan su carácter improvisado y no suscitan siquiera el mínimo acuerdo político-técnico necesario para convertirse en una política de Estado.