Imagina un tablero político donde las piezas no se mueven en una cuadrícula ordenada, sino que caen al azar; un espacio sin filas estructuradas, donde el alfil discute con la torre y el caballo se desplaza de manera impredecible, mientras el rey, agotado, intenta restablecer el orden con tibias declaraciones. ¿No es esto exactamente lo que sucede ahora en La Moneda y en el Congreso, en los partidos del oficialismo y en sus bancadas, en los enfrentamientos entre ministros y ministerios que las cámaras de TV tardan en esclarecer, y en el ruido dispar de voceros, opinólogos, columnistas y panelistas?

Observa con cierta tranquilidad los medios de comunicación, aun cercanos al gobierno o, en cualquier caso, sin oposición visible, y verás una escena caótica, donde un titular se reemplaza rápidamente por otro y cada vez es más difícil distinguir lo relevante de la simple espuma.

El panorama del jueves

Tomaremos como referencia un solo día: el último de abril. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, interpuso una querella penal contra el senador comunista Daniel Núñez por “imputación injuriosa”, tras saberse que, junto a su exesposo, poseía una sociedad inmobiliaria y que este último fue abogado de un imputado por narcotráfico. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sigue defendiendo un controversial oficio que busca eliminar 142 programas y reducir otros 260, con el objetivo de alcanzar los seis mil millones de dólares comprometidos en campaña, mientras se enzarza en un conflicto público con Iván Poduje, ministro de Vivienda, quien ese mismo día recordó que tiene “un solo jefe”: José Antonio Kast.La Contraloría, liderada por Dorothy Pérez, ordena un sumario disciplinario a la Segegob de Mara Sedinipor publicaciones que mostraron la imagen de un «Estado en quiebra»; el Presidente apoya a Alejandro Irarrázaval y su Segundo Piso con una frase que parece destinada a ser grabada en piedra: “el responsable final soy yo”. Paralelamente, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, recibe del propio Mandatario la coordinación interministerial que hasta ese momento controlaba el jefe del Segundo Piso, lo que marca el retorno del primus inter pares. Todo esto fue un jueves hace una semana. Ayer la situación había empeorado; jefes de partidos, ministros y editorialistas  se esforzaban por controlar los daños y confesaban falta de oficio o exceso de pasión.

El jueves pasado, en tanto, los medios y las redes proyectaban sombras más extensas. El INE informa que la tasa de desempleo en el trimestre enero-marzo aumentó a 8,9%, alcanzando el 10% entre las mujeres, y que, por primera vez desde la pandemia, se perdieron empleos formales. El Banco Central estimó una inflación interanual cercana al 4%, influida por el shock petrolero y el ajuste del MEPCO. La Defensoría de la Niñez publicó su Diagnóstico 2026, que muestra un incremento del 46,4% en las víctimas de violencia sexual contra niños y adolescentes desde 2019 y un aumento del 137% en las autolesiones. La Superintendencia de Educación revocó, a los 123 días de su implementación, tres circulares de la administración Boric sobre convivencia escolar, en medio de protestas y disturbios en Santiago y otras regiones. Cadem confirmó que la aprobación del Presidente bajó al 40%, mientras que su desaprobación subió al 57%, donde se mantiene hasta hoy. AtlasIntel, para Bloomberg, reveló que por primera vez en años los chilenos están más preocupados por la inflación que por la inseguridad. Además, en algún rincón del feed de redes sociales, un pequeño grupo de Juventudes Comunistas se distanció de un muñeco de Quiroz en llamas exhibido por una de sus células (¿otra luz del leninismo?). Todo esto, sin contar las múltiples réplicas y declaraciones, ocurrió en un solo día.

Diagnóstico inicial

El análisis del cuadro, realizado de manera inductiva, evidencia una mayor coherencia de la que su superficie sugiere inicialmente. Se perciben ministros criticados por su propio sector, secretarías de Estado en conflicto público y un Presidente intentando resolver cortocircuitos provocados a diario por sus subalternos. La imagen pública del Mandatario está en caída libre; existen signos económicos preocupantes y una inseguridad que no logra estabilizarse, pese al énfasis en el “gobierno de emergencia”. Además, cuenta con un apoyo social reducido, principalmente de algunas grandes empresas, como manifiestan Bernardo Larraín Matte y Roberto Angelini, quienes elogian la mega reforma, mientras que Macario Valdés, gerente general de Quiñenco, señala que ella “apunta en la dirección correcta”. En contraste, los parlamentarios oficialistas están a la defensiva y alcaldes, incluso de derecha, solicitan audiencia para expresar su malestar por el recorte del Fondo Común Municipal.

Así emergen los pilares de la dinámica discursiva: en medio de la lucha interna del Ejecutivo, el deterioro económico previsto, la inseguridad sin resolver, la austeridad que se busca imponer combinada con concesiones generosas al capital, la Contraloría actuando como contrapeso institucional y la figura presidencial difuminándose entre los ruidos de su propio gabinete.

El  juego de fondo

Es importante desarrollar esta crónica periodística-sociológica desde una doble perspectiva. La parte dinámica de los conflictos, como querellas, choques de declaraciones, escándalos, sumarios y filtraciones, forma una superficie polémica que la opinión pública consume con interés, las redes alimentan con fruición y los medios reproducen a gran escala. Sin embargo, debajo de ese plano aparente, las élites trabajan en su propio terreno: la gobernabilidad, la legitimidad del poder, las redes ideológicas de hegemonía y los intereses materiales y comunicativos que se entrelazan a lo largo del ciclo.

Allí se desarrolla el verdadero juego: controlar los aparatos del Estado, el “peso de la ley” y el “peso de la noche”, ese concepto portaliano convertido en filosofía práctica de dominación en Chile, como un colega—de gran imaginación y pasión por las bellas letras— nos explicó hace tiempo. La superficie es escándalo; el fondo, estructura. Quien se quede en la superficie verá el gobierno de Kast como una cascada de errores; quien profundice en el fondo lo interpretará como un intento, aunque imperfecto, de reconfigurar la relación entre Estado, mercado, sociedad civil y seguridad, en un sentido que sus propios actores conectan emocionalmente con los ochenta, con anhelos de orden similares a un pinochetismo soft, aunque dentro de las formas de la democracia institucional.

El cuadrilátero del poder ejecutivo

Hace un mes propuse en este mismo espacio la hipótesis de que el Ejecutivo del Presidente Kast no opera como una pirámide sino como un cuadrilátero de vértices en tensión permanente. El primeroes el formal-simbólico: el Presidente, depositario del testimonio portaliano, llamado a encarnar el mando directo prometido en campaña. El segundo es el vértice fiscal: Hacienda, con Quiroz al timón, custodio de las planillas y guardián disciplinario ante el shock petrolero. El tercero es el estratégico-comunicacional: el Segundo Piso, comandado por Irarrázaval con el apoyo del jefe de contenidos Valenzuela, núcleo operativo-estratégico del régimen encargado de su narrativa ideológica. El cuarto vértice es el propiamente político: Interior, con Alvarado, y Segpres, con García Ruminot, gestores legislativos y articuladores de la relación con Republicanos, UDI, RN y Evópoli, en un Senado donde la balanza pasa por las bancadas díscolas de Parisi y, lateralmente, de Kaiser.

Lo ocurrido en las primeras semanas puede llamarse el Blitzkrieg de Quiroz: una alianza explícita entre Hacienda y el Segundo Piso para priorizar, desde el inicio, el crecimiento por encima de la seguridad. La lucha por la caja fiscal contra el gobierno anterior —el “Estado en quiebra”, los “40 mil millones de dólares más de deuda que en la crisis previa”— se combatió con todos los recursos: el impacto del shock petrolero en los hogares a través de MEPCO, el oficio (sin oficio) de Quiroz con su lista de descontinuaciones y recortes, y una política de austeridad constante. Sin embargo, como toda guerra relámpago, el Blitzkriegenfrenta obstáculos: la Contraloría requiere un sumario, los partidos oficialistas se levantan en oposición, los alcaldes se preocupan por las contribuciones y un ministro de Vivienda, con tendencia a la confrontación, anuncia, casi en tono de burla, una inversión histórica en pavimentos participativos, justo en un programa que Hacienda quería reducir.

Y entonces —en días recientes— surge un intento de reequilibrio: el vértice político se convierte en el centro desde el cual deberá construirse el consenso del régimen. Alvarado y su equipo —negociadores y dialogantes— se enfrentan a los hacendarios y a los operadores del Segundo Piso. Lo que está en juego es una redistribución del Poder Ejecutivo: el enfoque técnico-operativo —que Irarrázaval y Quiroz representan— cede terreno frente al enfoque relacional, que se logra mediante el trato con bancadas, alcaldes, gremios y liderazgos partidarios. La reciente decisión presidencial, que encargó a Alvarado la coordinación entre ministerios (ya establecida en la ley), es un primer reconocimiento de que el equilibrio de poder estaba peligrosamente desequilibrado. Sin embargo —y aquí aparece la ironía—, el Presidente también vuelve a mostrar su apoyo público a Irarrázaval, lo que sugiere que el proceso de reequilibrio será paulatino y que la sorda querella interna podría continuar ahora bajo la mesa. En todos estos episodios, la figura presidencial es la más afectada; todo liderazgo comienza por casa, como bien sabe el incumbente.

Desorden comunicacional, agenda perdida

El desorden en las alturas del Ejecutivo se ha manifestado en una confusión tanto política como comunicacional, dos aspectos de una misma práctica gubernamental. La diferencia entre la campaña electoral —que fue disciplinada y basada en un guion que repetía sin desafinar palabras como orden, crecimiento, familia y autoridad— y la gestión amateur del primer mes y medio de gobierno resulta desconcertante. La frase «Estado en quiebra», utilizada desde el Segundo Piso para justificar el aumento del precio de la gasolina, fue posteriormente contradicha por el propio Quiroz y observada por la Contraloría, lo que creó una imagen de incompetencia que los adversarios, de dentro y de fuera, no dejan de reciclar.

El gobierno perdía así el control de la agenda, a pesar de haber lanzado hace pocas semanas su gran apuesta: el plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Esa ambiciosa y sobrecargada iniciativa —que incluye la rebaja del impuesto corporativo, la eliminación de contribuciones para mayores de 65 años, la exención de IVA para viviendas, la suspensión de regulaciones ambientales, subsidios al empleo, y la reconstrucción de Ñuble y Biobío— quedó rápidamente atrapada en una serie de contradicciones: una caja fiscal agotada y, sin embargo, espacio para concesiones tributarias al capital; un puritanismo ahorrativo en los programas sociales y una actitud permisiva con los intereses empresariales.

Conversaciones sobre crecimiento

Detrás del plan asoma una concepción muy particular —y, conviene decirlo, anacrónica— de qué es el crecimiento económico y cómo se obtiene. La conversación que tienen entre sí los equipos técnicos del gobierno, sus voceros oficiosos, los gremios de la gran empresa y la columna semanal del economista de cabecera de turno transcurre, casi sin variaciones, en un círculo argumentativo cerrado: bajar el impuesto corporativo, recortar el Estado social, podar la permisología, garantizar estabilidad tributaria, abrir cancha a una decena de proyectos emblemáticos en minería, energía y vivienda, y dejar al resto en manos de los ‘espíritus animales’.

El comando intelectual de esta charla, sin rodeos, está en Sanhattan: el barrio más influyente de la capital, según un periódico local, donde convergen abogados corporativos, administradores de fondos, fundaciones promovidas por grupos económicos interesados en influir en lo público y excompañeros de colegio y colegas que se mueven constantemente entre consultoría privada, cargos directivos, docencia y ministerios.

Es el mismo hilo de conversación de los Chicago boys de la primera generación —ahora revivida por sus herederos  académicos, los Chicago boys del siglo XXI—, con un recetario similar, apenas disimulado bajo una terminología actualizada. Allí no se discuten los tres arbolitos del bosque nativo, ni los pocos huesitos del registro fósil, ni los sapitos de Darwin en riesgo de extinción; menos aún los equilibrios de poder entre el trabajo y el capital, la cultura y la ética que sostienen la economía, las prácticas anticompetitivas o el riesgo de consagrar un capitalismo de connivencia entre el Estado y un puñado de grupos afines.

Hoy, a 35 años de distancia, esa conversación quedó obsoleta. La discusión más relevante sobre crecimiento se ha desplazado desde el Consenso de Washington al de Londres y de los manuales monetaristas a las síntesis de la nueva economía política del desarrollo. Sin salir del campo de las ciencias sociales y económicas tradicionales, el debate ha cambiado el enfoque desde la simple inversión y los precios hacia un conjunto mucho más amplio de factores: las capacidades humanas en la línea de Sen; las instituciones inclusivas de Acemoglu y Robinson; el capital social y la confianza al estilo de Putnam; la calidad de la educación y la efectividad en el aprendizaje, según Angrist y Patrinos; la innovación endógena de Romer y Aghion; la cultura y los valores que sustentan la modernización, según Mokyr; la complejidad y diversificación productiva de Hausmann; y un Estado de misiones, capaz de orientar y asumir riesgos, como propone Mazzucato. Ninguna de estas corrientes niega la importancia de la inversión privada; todas, sin excepción, sostienen que la inversión por sí sola no impulsa un ciclo de crecimiento sostenido.

De Chicago a Londres

Esta última, nueva, conversación se enriqueció con la sugerente formulación del volumen colectivo The London Consensus: Economic Principles for the 21st Century, editado por Tim Besley, Irene Bucelli y Andrés Velasco —nuestro exministro de Hacienda, ahora en la escuela de Public Policy de la London School of Economics— y publicado por LSE Press en octubre de 2025.

El libro reúne a unos 50 economistas y especialistas que examinan, con criterio empírico, qué aspectos del Consenso de Washington de 1990 han resistido el paso del tiempo, cuáles han sido refutados y qué nuevos principios deben guiar a un mundo afectado por el cambio climático, la revolución de la inteligencia artificial, las desigualdades multidimensionales, la fragmentación geoeconómica y el ascenso del populismo. La hipótesis principal es clara: el Consenso de Washington asumió que el crecimiento surgiría automáticamente de la liberalización de los mercados y del ajuste de precios; sin embargo, los autores afirman que dicha creencia ha envejecido mal. La eficiencia asignativa en un sentido estático.

Los precios, a su nivel correcto, no son ni necesarios ni suficientes para la eficiencia dinámica que impulsa el crecimiento sostenido; también importan qué se produce, cómo se produce —es decir, con qué tipos de empleo— y dónde se realiza la producción.

Dicho con franqueza, el crecimiento del siglo XXI ya no se decreta desde Sanhattan, ni se administra desde el oficio del director de Presupuestos, ni se obtiene rebajando puntos del impuesto de primera categoría. Se construye en alianza —no en oposición tajante— entre Estado y mercados, entre capital y trabajo, entre la innovación tecnológica y los acuerdos democráticos, y bajo una vigilancia activa de aquello que ya advirtió Adam Smith en su tiempo. El riesgo permanente de que los empresarios, dejados a su suerte, conspiren contra el público mediante concentraciones, la captura o la connivencia con el poder. Luigi Zingales, profesor de Chicago, retoma y desarrolla esta poderosa idea en la actualidad.

Además, al gobierno Kast le falta una narrativa contagiosa, una fórmula que Flynn y Sastry han definido recientemente. Esto es una historia que circule entre empresas, hogares, aulas y oficinas y que genere expectativas convergentes capaces de impulsar una espiral de optimismo.

La diferencia con la narrativa vibrante de los noventa en Chile —que abarcaba democracia, desarrollo equitativo, modernización del Estado, políticas sociales y confianza— es abismal. La narrativa que el gobierno Kast intenta promover —‘espíritus animales´ reconfortados, rebajas tributarias, sustitución de personas por sociedades anónimas, un futuro monetarizado— es débil, no porque sea de derecha, sino porque carece de un horizonte compartido. Por más fervor con que se anuncie el “drill, baby, drill” a la chilena, no hay crecimiento sostenido sin un destino común; y no existe destino común cuando la mitad del país, antes de la discusión legislativa, concluye que la gran apuesta del gobierno es favorecer únicamente a unos pocos.

El carril de la seguridad en suspenso

El otro carril del gobierno de emergencia, junto con el impulso al crecimiento, apenas avanza en medio de mayores dificultades y deficiencias. La autoridad a cargo, Trinidad Steinert, no logra estabilizar su liderazgo: aunque la querella contra el senador Núñez difícilmente se ganará en los tribunales, incluso si fuese acogida, eso no le devuelve la iniciativa estratégica. No se percibe una doctrina con objetivos claros y medios apropiados; en cambio, se observa una hiperactivación de la violencia, que va desde la violencia escolar —que mencioné en mi columnaanterior— hasta el secuestro extorsivo, que se está instalando en Chile, según la propia subdirectora de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía. Las tomas se han vuelto más intensas que antes, según el diagnóstico del ministro Poduje.

Además, aumentan los homicidios de niños y adolescentes y la violencia sexual contra menores sube un 46% en seis años. El caso Lincolao —un ataque a una ministra mapuche en una universidad reconocida por su vocación pública— evidenció no solo la impronta violenta de algunas minorías  estudiantiles, sino también la dificultad del aparato de seguridad para anticipar y controlar. Los recortes del 9% en la Subsecretaría de Derechos Humanos y los 46 mil millones menos en Justicia y Gendarmería, según Fernando Rabat, hablan por sí solos: el carril de seguridad comparte un destino similar al del carril de crecimiento, ambos enredados en confusiones y disputas internas, y ambos sin una voz narrativacapaz de integrar la contingencia en el proyecto.

El Presidente desdibujado

A estas alturas, es crucial analizar la figura presidencial, quizás la parte más delicada de este ejercicio interpretativo. Sin embargo, los hechos son claros: aumentó del rechazo en las encuestas; un Presidente con pocas acciones ejecutivas en su primer bimestre; la necesidad casi diaria de resolver conflictos generados por sus secretarios y asesores; y la ausencia de un discurso que indique una dirección definida, ni siquiera una orientación. Hace un mes, escribí —y todavía mantengo esa idea— que el protagonismo realde Kast había sido, hasta ese momento, secundario. Más centrado en el terreno que en el liderazgo estratégico. Más confundido por las circunstancias que dedicado a controlarlas. Cada aparición lo muestra en movimiento, pero sin narrativa. La figura fuerte del jefe de un “gobierno de emergencia” —cuidadosamente diseñada durante la campaña— se ha debilitado. El Presidente queda relegado tras las voces ministeriales más fuertes y las de sus asesores, en una posición incómoda para alguien que construyó una imagen de autoridad indiscutible.

Últimamente, estos rasgos se han intensificado en una dirección reveladora. El enfoque del Presidente se desplaza fácilmente hacia lo privado: la casa de La Moneda como hogar, la lealtad a los amigos —aquel “el responsable último, soy yo” que protege a Irarrázaval—, la defensa pública de los suyos frente a la presión de la Contraloría, la marcada tendencia a cuidar del capital, las inversiones y los mercados antes que a los vulnerables y a los jóvenes.

Esto refleja claramente una ideología de los años ochenta, cuando parecía haber —garantizada por un Estado cívico-militar todopoderoso— una unión espontánea entre lo privado, la vida familiar, las creencias religiosas, la seguridad nacional, una “democracia” limitada y la desregulación radical de los aspectos más instintivos para crear, invertir, fusionar y concentrar capital. Esa unión, que en esa época funcionaba como un programa de hegemonía con su propio Estado protector, hoy no puede simplemente reactivarse: faltan los aparatos coercitivos de aquel régimen, sobra una sociedad civil más consolidada y rebelde, y los empresarios del 2026 no son los mismos que los del Plan Laboral. La nostalgia política es un mal navegante.

Cierre: la diosa Fortuna

Mirar hacia adelante implica mantener abiertas varias preguntas. ¿Continuará la inestabilidad en el cuadrilátero o se reestructurarán sus equilibrios internos en favor del vértice político? ¿La recuperación del gobierno está asegurada o continuará deteriorándose en las encuestas mientras la economía empeora? ¿Podrá cumplir mínimamente su doble promesa de crecimiento y seguridad, aunque ambos caminos muestran signos de agotamiento prematuro? ¿Tendrá el Presidente Kast una curva de aprendizaje similar a la de Boric después del 4-S de 2022? ¿Hacia qué orientación ideológica se dirigirá el equipo presidencial: conservadurismo liberal en línea con Chile Vamos, iliberalismo libertario en línea con Kaiser, o gremialismo más autoritario en la línea ortodoxa de UDI? ¿Cuánto tiempo más podrá mantenerse la denominación de “gobierno de emergencia” antes de convertirse simplemente en un gobierno, sujeto a las rutinas de una administración común?

No tengo respuestas a estas preguntas y sospecho que ni siquiera los protagonistas las tienen, incluso en privado. Lo que sí podemos afirmar es que estamos en un terreno inestable, donde el escenario del poder gubernamental aún no está consolidado. Las dos vías  posibles para la ‘restauración rupturista’ propuesta por Kast siguen siendo inciertas, por lo que el país no tiene un rumbo claro.

En términos más claros, ni la hegemonía ni la gobernabilidad se construyen a partir de las planillas de Hacienda, las pizarras del Segundo Piso, las querellas judiciales o las ventajas corporativas para atraer inversión; en realidad, se desarrollan en el largo proceso de entretejer creencias, expectativas y promesas que una sociedad considera plausibles. Aunque la narrativa neoliberal/libertaria puede influir en ciertos sectores empresariales e incluso en una parte del electorado fatigado, difícilmente puede sostener un proyecto de país en una sociedad cuyo futuro —querámoslo o no— dependerá de capacidades humanas, instituciones inclusivas, capital social, colaboración activa entre lo público y lo privado, y la aspiración a un Estado que no deje a sus ciudadanos más vulnerables en una fuga hacia lo mínimo.

Sobre todo, dependerá de la diosa Fortuna, la contingencia clásica, como una nueva y más dañina serie de obstáculos políticos, ya sea una crisis policial, un estallido social, una derrota decisiva en el Congreso o el enojo de J. Kaiser o del PDG, circunstancias que en un día pueden alterar el equilibrio de fuerzas o la suerte de un gobierno. En ese momento se revelará si la palabra “emergencia” será solo memoria de una promesa incumplida o si seguirá siendo un simple eslogan retórico de un mandato que nunca logró articular sus piezas en el tablero.