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Debo admitir desde el principio que el término “progresista” me resulta incómodo. En realidad, nunca lo he utilizado para definir mi postura política o cultural. Tiene un aire —o quizás demasiado— del siglo XIX y de pensamientos obsoletos. En esa época en Chile, un progresista era un liberal joven (vistos por los conservadores pelucones) o, con más frecuencia, un miembro del Partido Radical, con ideas mesocráticas y municipales. Ser progresista significaba apoyar el avance técnico, la industrialización, la educación laica y reducir el poder de la Iglesia Católica. En mi juventud, durante la época en que la hegemonía oligárquico-conservadora empezó a ceder ante las fuerzas democristianas —especialmente en la reforma de la Universidad Católica en 1967— y el ascenso de las izquierdas en el FRAP, no existía la categoría de “progresistas” ni se usaba esa palabra en las aulas.

Su uso actual en Chile —como sinónimo de centroizquierda, socialdemocracia o socialismo democrático— corresponde a un fenómeno de finales del siglo XX, impulsado por dos procesos principales: por un lado, la Renovación Socialista de los años ochenta y noventa; y, por otro, la creación de la Concertación de Partidos por la Democracia.

Después de la crisis de las izquierdas en los años setenta, marcada por la UP, el golpe militar y la dictadura civil-militar, un grupo de intelectuales debió exiliarse en Europa y en otras partes del mundo, mientras que en el país emergió una generación dedicada a las ciencias sociales, las humanidades y las artes críticas en centros académicos independientes. Este proceso generó un cambio ideológico profundo en estos sectores.

Diversos grupos importantes del PS chileno y círculos asociados a ellos —como MAPU, las izquierdas cristianas y las social-liberales— adoptaron, de distintas formas, la democracia liberal y una economía de mercado regulada, alejándose del marxismo-leninismo clásico. En ese contexto, el término “progresista” se convirtió en la etiqueta ideal para esta nueva identidad: sonaba moderna, democrática, europea y, sobre todo, no alejaba a las clases medias ni a las élites de derecha, que tras la derrota de Pinochet, se vieron obligadas a participar en la transición.

Con la llegada de la Concertación, algunos liderazgos de la renovación socialista y del PS tradicional —con Ricardo Lagos como figura principal y más reconocida, y el PPD como la expresión más innovadora— adoptaron, y en ocasiones utilizaron, el término progresismo como un comodín para conciliar el crecimiento económico con la justicia social. Así, crearon una “ideología concertacionista” que sustentó los programas de los gobiernos sucesivos, en los que participaron la DC, el socialismo reformado, así como radicales, liberal-demócratas y otras figuras interesadas en impulsar la transición.

Ya en el siglo XXI, la noción de progresismo no perduró tras el fin de la Concertación, aunque se utilizó de manera marginal, como en el caso del Partido Progresista (PRO) de Marco Enríquez-Ominami en 2010. Además, el término fue desplazándose hacia temas de derechos culturales e identitarios, como el enfoque de género, la diversidad sexual y el ecologismo, y se diferenciaba de las izquierdas más tradicionales y conservadoras en cuanto a modernidad cultural.

En los últimos años, el progresismo ha resurgido en nuestro país gracias a un nuevo enfoque de las etiquetas políticas. Se manifiesta tanto en sectores del socialismo renovado como en la alianza del Socialismo Democrático durante el gobierno de Boric. Funciona como una marca simbólica, diferenciándose del FA, que tiene raíces generacionales y sueños rupturistas, y del PC, considerado anacrónico y con una nostalgia revolucionaria. Representa una corriente que reclama una historia compartida de medio siglo, cuya ideología actual es, en términos generales, socialdemócrata (aunque este término no es del todo propio del sector). Se identifica como un bloque político-cultural abierto, pluralista, promotor de cambio y con una base democrática —que ha sido dolorosamente conquistada—, con un ideario y un estilo reformistas, y con valores culturales de emancipación personal y social, que suelen ser etiquetados como progresistas.

Lo que une a este progresismo —más enfocado en lo cultural que en lo político— es, principalmente, un pasado compartido, aunque sus miembros tengan orígenes diferentes. No se trata de cualquier pasado, sino del pasado de cada uno de ellos, con sus propias circunstancias y trayectorias: el despertar revolucionario de finales de los años sesenta, entre la revolución en libertad, la revolución socialista en democracia con Allende, y la experiencia colectiva de la UP (que llamé en este mismo espacio la derrota de los profetas desarmados); el golpe del 11 de septiembre, la lucha contra la dictadura y todas sus formas de violencia, vigilancia y represión; y la recuperación pacífica de la democracia desde 1990, que instauró una gobernabilidad duradera con crecimiento económico, inserción internacional, modernización social y reducción de la pobreza en todos sus aspectos, además de una profunda transformación de la cultura de masas hacia un enfoque liberal y meritocrático.

Estas son, podría decirse, las experiencias fundamentales de esta corriente. En particular, en el caso de mi generación, que ha transitado desde 1964 hasta 2026, aunque con grupos y subgrupos que comparten ciertos momentos más que otros: desde vivencias culturales tanto laicas como católicas, socializadas en familias, colegios y universidades diversas; cada grupo con diferentes temperamentos reformistas y democráticos; habiendo experimentado en mayor o menor medida los años de plomo y la vigilancia de la dictadura; abordando temas de memoria y esperanza de distintas maneras; con roles y responsabilidades variadas durante la época de la Concertación. Además, con trayectorias posteriores a 2010 —los años de Piñera I y II, Bachelet II y Boric, el estallido social de 2019, la pandemia y los intentos fallidos de reforma constitucional—, vividas con distintas sensibilidades, sentimientos, solidaridades, compromisos, afinidades políticas y decisiones de voto, dentro de este amplio y diverso bloque político-cultural del progresismo.

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Como se puede ver, en cada fase del progresismo hubo contradicciones internas que ahora se reconocen como parte de su historia y se reinterpretan como resultado de experiencias compartidas. A continuación, destaco brevemente las principales tensiones.

El enfrentamiento entre la DC e izquierda ocurrido entre 1964 y 1970, en un contexto mundial de gran movimiento cultural, ideológico e intelectual, incluyó a las generaciones jóvenes de Berkeley, a las universidades católicas chilenas, a París y a Tlatelolco. Durante este período, culminó el Concilio Vaticano II, y surgieron las teologías modernas y emancipatorias. Las discusiones en ciencias sociales marxistas y críticas en América Latina, bajo la influencia de la revolución cubana —que en Chile se reflejaron en los trabajos del CESO-UCH y el CEREN-UC—, también marcaron el tiempo. A ello se sumaron la Guerra Fría, las protestas contra la guerra de Vietnam, y los diálogos católico-marxistas en Francia e Italia, que se manifestaron en la juventud rebelde de la DC, el MAPU y la Izquierda Cristiana. Sin embargo, en lugar de unir a las izquierdas y democristianos, estas tensiones condujeron a una polarización ideológica progresiva en la sociedad.

Los numerosos enfrentamientos UP-DC entre 1970 y 1973, junto con el nacimiento de varios movimientos de ultraizquierda que apoyaban la “vía armada” —aunque con poca capacidad de armamento—, agravaron la creciente politización en todos los niveles de la sociedad chilena: desde las familias y las escuelas, pasando por sindicatos y asociaciones, entre trabajadores y empresarios, en las ocho universidades del país, en los ámbitos literario, artístico y cultural, en todo el territorio y en todas las regiones. Esto generó una acumulación de miedos, odios, sospechas y violencia que alimentó un enfrentamiento civil y militar latente, además de ser promovido por las acciones desestabilizadoras persistentes del gobierno de los Estados Unidos.

Las distintas estrategias —a veces enfrentadas— para resistir y salir de la dictadura marcaron un punto de inflexión: por un lado, quienes apostaron a derrotar a la dictadura en el plebiscito que ella misma convocó para extender su mandato (lo que en realidad fue su derrota, marcando el inicio de su fin); y, por otro, los liderados por el PC, que soñaban con derrocar al dictador mediante todos los medios posibles, otro ejemplo de “profetas armados” con una evaluación muy optimista de su propia capacidad de violencia. El progresismo, que entonces no se conocía con ese nombre, alcanza su mayor auge en el plebiscito y luego elige al Presidente Aylwin para liderar la transición junto a la Concertación. Así comienza el período más positivo de la historia moderna de Chile, con la alianza entre la DC y las izquierdas reformistas e institucionalistas encargada de conducir esa compleja transición y de buscar, en la medida de lo posible, una nueva distribución de los poderes en los ámbitos económico, político, social y cultural.

Los debates internos del progresismo, esas izquierdas reformistas e institucionalistas, tuvieron varios hitos importantes durante la etapa de transición y consolidación democrática: sobre la propia naturaleza y duración de la transición; sobre si la política de crecimiento con equidad era reformista o solo continuista; sobre el delicado equilibrio entre verdad y justicia ante los crímenes de la dictadura; sobre la manera de entender la subordinación progresiva de las Fuerzas Armadas y de Orden al poder civil; sobre los malestares generados en reacción a las modernizaciones socioculturales (el debate entre ‘autocomplacientes’ y ‘autoflagelantes’); y sobre cómo mantener la gobernabilidad democrática mediante una competencia regulada por la presidencia de la República, entre las fuerzas de la Democracia Cristiana y el progresismo PS-PPD.

Desde 2010, con la introducción de una fase de inestabilidad en la gobernabilidad que continúa hasta hoy, las debates estratégicos y electorales del progresismo se intensificaron. Al mismo tiempo, se inició un desplazamiento del centro de poder de las fuerzas de la ex Concertación, que pasó de la tradicional alianza DC-PS-PPD a una orientación socialista que miraba más allá, hacia otros sectores de izquierda aparentemente más radicales. Esto dio lugar a la creación de la Nueva Mayoría, al segundo mandato de Bachelet y a un programa de “reformas estructurales” destinado a inaugurar un nuevo modelo de desarrollo. Desde un enfoque sociológico, fue un intento de reemplazar a la élite concertacionista, que se había mantenido desde fines de los años 1980, por una nueva generación de dirigentes postconcertacionistas.

El fracaso de ese proyecto permitió el regreso de Piñera II, cuyo mandato estuvo marcado por intensas turbulencias, entre ellas el estallido social del 18-O, que relegó al progresismo y facilitó un cambio en la dirección de las izquierdas lideradas por el FA y el PCCh. Esto se reflejó en la victoria de Boric con un programa de izquierda radicalizada, en la Convención Constitucional, que representó un ataque —en los ámbitos ideológico, lingüístico, simbólico y cultural— a la institucionalidad chilena, y en el esfuerzo por crear una nueva Constitución basada en los valores y la retórica del nuevo socialismo latinoamericano.

El progresismo casi desapareció de la escena tradicional, pero volvió como respaldo para el gobierno de Boric, que tuvo que abandonar su propio programa —el de la Convención— cuando la propuesta de una nueva Constitución fue derrotada contundentemente en el plebiscito del 4-S. Marcel y Tohá, figuras del progresismo, junto con otros liderazgos socialistas y del PPD, estabilizaron el liderazgo gubernamental y le dieron un carácter claramente “socialdemócrata”, aunque el núcleo emocional y principal del gobierno siguió en manos del FA, con el incómodo apoyo del PCCh, que remarcaba el carácter transaccional del gobierno, su reformismo moderado y su abandono de las aspiraciones prometidas el 18-O.

De esta manera, el debilitado progresismo participó en una primaria de izquierda contra el FA y el PC, logrando solo el 28% de apoyo frente al 60,5% de Jara. Desde entonces, se ha repetido que esa fue una derrota no solo en términos electorales, sino que también exacerbó la polarización en la elección presidencial, dividiendo la contienda entre Kast-Kaiser, por la derecha, y Jara, por una izquierda que, aunque sin un programa radical, se presentaba como la heredera de la administración de Boric y llevaba el peso del anticomunismo promovido por la derecha, los principales medios, las redes sociales y una desconfianza ancestral hacia el comunismo en muchas áreas de la cultura popular.

Para el progresismo del que hemos hablado, este fue su momento más débil en las últimas seis décadas. No solo, ni siquiera principalmente, por su derrota electoral y su agotamiento estratégico, sino porque representó lo que antes llamé el derrumbe ideológico de las izquierdas frente a un mundo hostil, marcado por el auge de las derechas duras, extremas y radicales en Occidente. También, por la pérdida de legitimidad y de energía renovadora de sus ideas y tradiciones del siglo XX, que, en sus máximas expresiones, se desplomaron en las últimas décadas del siglo pasado. Hoy, estas ideas languidecen en regímenes irreconocibles —como el de los Castro en Cuba o el de Delcy Rodríguez en Venezuela— o dieron un salto hacia un capitalismo autoritario de partido único y de control tecnológico-ideológico de las masas, como en China o en Vietnam.

En general, el progresismo puede mirar hacia atrás con cierta benevolencia. Compartimos experiencias culturales importantes que, sin embargo, no deben conducirnos a una nostalgia excesiva ni usarse para justificar una superioridad moral, ni con actitud autocomplaciente ni autocrítica. Estas experiencias incluyen la resistencia pacífica contra la dictadura, con la esperanza de derrotarla, que finalmente se logró; la revaloración de la democracia liberal, que actualmente enfrenta un mayor rechazo en medio de una creciente ola autoritaria de derecha e izquierda; y la construcción de una gobernabilidad progresista en Chile durante la transición del siglo XX al XXI.

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El progresismo actual comparte un pasado y una trayectoria político-cultural con una importante carga histórica. Somos hijos conscientes y reflexivos de los sueños y las atrocidades del siglo XX, así como del comienzo de una nueva era. Sin embargo, de ahora en adelante, el futuro entra en escena y el progresismo no está bien preparado para ello, incluso a corto plazo, centrándonos solo en lo que queda del siglo XXI. Me sorprende pensar que mis nietos pequeños, si la suerte los acompaña, podrán ver el inicio del siglo XXII.

¿Frente a qué estamos mal preparados, entonces? Identifico cuatro áreas-problema, cada una de gran importancia y con múltiples ramificaciones, que solo mencionaré aquí. Esto busca mantener el equilibrio entre el pasado, que justamente nos une, y los desafíos del siglo XXI que, para el progresismo, serán cruciales si no quiere acabar siendo otra caída en la historia.

Primera área-problema: ¿qué hacer con el capitalismo contemporáneo?

Desde que Marx resaltó en el Manifiesto (1848) el carácter profundamente revolucionario del capitalismo, este ha continuado transformando los medios de producción y expandiéndose globalmente, modificando las relaciones sociales, las instituciones políticas, las profesiones, la religión y la cultura en su avance.

Actualmente, al abandonar la sociedad industrial y adentrarnos en la era digital —que vuelve a revolucionar todo a la velocidad de un capitalismo cognitivo, informacional y algorítmico, abarcando desde los centros más activos hasta las periferias más alejadas—, el progresismo debe definir claramente su postura fundamental —a nivel intelectual, psicológico, emocional y cultural— frente a este capitalismo que, durante el siglo XX, las izquierdas consideraban a punto de colapsar, proponiendo en su lugar economías centralmente planificadas y controladas políticamente desde un Estado gestionado por una tecnocracia con orientación ideológica.

El problema radica en que el progresismo, en varias de sus formas, no ha abandonado por completo esas perspectivas. Cuando acepta el capitalismo, suele hacerlo solo como una estrategia provisional, esperando que mejoren las condiciones para eliminarlo y reemplazarlo por una versión de socialismo más moderna: con un rostro humano, del siglo XXI, o alguna otra variante similar. Esta es, quizás, la cuestión más fundamental. Abarca todas las dimensiones de la identidad ideológica: intelectual y sentimental, cultural e histórica; e involucra las biografías personales y la situación de cada uno en el contexto histórico. Hasta que el progresismo no defina si el capitalismo es su enemigo mortal o su campo de acción —el terreno en el que actuará durante todo el siglo—, seguirá manejando un malentendido que ninguna retórica reformista puede ocultar.

Segunda área-problema: el tránsito hacia la sociedad digital.

Estamos transitando desde la sociedad industrial, a la que Marx hacía referencia, en la que se desarrolló la sociología y se construyó nuestra comprensión de la modernidad capitalista, hacia la sociedad digital, cuya vorágine apenas comenzamos a experimentar. Es, además, una sociedad de la información y del conocimiento, de los datos y de la vigilancia: la información se convierte en materia prima; el conocimiento, en fuerza productiva; los datos, en el nuevo recurso extraído de cada gesto y palabra; y la vigilancia, en una sombra que acompaña todo lo anterior. La irrupción de la inteligencia artificial marca el punto en el que el capitalismo afecta no solo los procesos productivos, sino también el núcleo de lo humano: cómo pensamos, recordamos, decidimos y nos percibimos a nosotros mismos.

No puedo evitar hacer un guiño aquí: si León XIII, en Rerum novarum (1891), habló de “las cosas nuevas” que traía la sociedad industrial —la cuestión obrera, el trabajo asalariado, la dignidad amenazada del trabajador—, su lejano sucesor, León XIV, ha señalado en nuestros días las “cosas nuevas” de la sociedad digital y lo que la inteligencia artificial pone en juego para la dignidad humana. Que estas preguntas se formulen desde el Vaticano y no desde el progresismo, debería darnos que pensar.

Es importante recordar, con Schumpeter, que estos procesos tecnológicos son de destrucción creadora: abren nuevos mundos a la vez que cierran otros y afectan de manera desigual cada esfera de valor de la sociedad —la economía, la política, la ciencia, el arte, la religión—, cada una con su propia lógica y legalidad internas. El progresismo chileno debe ingresar a la sociedad digital y, con una perspectiva histórica, interpretar sus significados, sin ser, como diría Eco, ni apocalíptico ni entusiasta: ni profeta del desastre ni promotor del optimismo desmedido. Más bien, le corresponde cuestionar los desafíos que esta época plantea a las generaciones actuales, en su sentido de humanidad y en su autopercepción de capacidades cognitivas; en la economía, la política, la sociedad y la cultura; en las ciencias y las creencias religiosas; y, especialmente, en los derechos de las personas a controlar su propia vida, frente al riesgo de nuevas formas de servidumbre y explotación aún por nombrar.

Tercera área-problema: la doble racionalización weberiana

El avance del capitalismo digital está impulsado por una doble fuerza —el Estado y los mercados—, tanto a nivel nacional como a nivel global. Predomina en el Norte global y plantea nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para los países del Sur que comprendan la naturaleza de estos procesos. Lo que se despliega en todo el mundo es una racionalización en el sentido más estricto de Weber: una presión constante por la utilidad y la eficiencia, el ajuste calculado de medios y fines, y la medición y evaluación de toda la vida. Esta racionalización ya no se limita a fábricas u oficinas, sino que se integra en el código, los algoritmos y la estructura misma de las plataformas que configuran nuestra existencia. Está presente en universidades, hospitales, deportes, ópera, medios de comunicación y redes sociales.

Un progresismo que no se haga cargo de estas cuestiones y que siga girando en torno a los conceptos decimonónicos del Estado-nación, por un lado, y a los mercados a la usanza libertaria, por otro, perderá toda relevancia y quedará arrinconado en la retaguardia de la historia.

La cuestión relevante ya no es si debe prevalecer el Estado o el mercado, sino qué estrategia institucional puede adoptar una nación pequeña y periférica como la nuestra para afrontar estas presiones racionalizadoras sin quedar completamente desplazada por ellas: qué capacidades públicas, qué autonomía tecnológica, qué control sobre los datos, qué regulación de las plataformas. Son temas para los cuales las ideas heredadas del siglo XX resultan, en realidad, insuficientes.

Cuarta área-problema: la colonización de las esferas de valor

La cuarta área-problema es la más difícil de abordar, ya que no se anuncia de manera evidente. Se refiere al carácter «imperialista» y expansivo del ámbito económico en el capitalismo digital: la colonización, por parte de la lógica económica, de todas las demás esferas de valor weberianas. La política, la democracia, la comunicación social, la justicia, la educación, la cultura, las iglesias, las religiones, los grandes servicios sociales y el bienestar humano son progresivamente sometidos a una racionalidad ajena a ellas.

El punto clave es que esta colonización ya no ocurre principalmente a través del financiamiento de cada esfera, sino mediante la transformación interna de sus propios valores: la presión por la efectividad y la eficiencia, la contabilidad de efectos e impactos, la métrica que reemplaza al juicio, y el indicador que suplanta al sentido.

Las cuestiones que surgen de esto, creo, son las que el progresismo debería atreverse a plantear sin excusas. ¿Qué queda de la deliberación democrática cuando la política se reduce a un mercado de atención y la opinión se genera mediante algoritmos? ¿Qué queda de la educación cuando su valor solo se mide por su impacto económico y su contribución a la empleabilidad? ¿Qué sucede con la cultura, la ciencia, la vida religiosa, cuando todas deben justificarse ante la utilidad y los impactos medibles? ¿Es posible que el progresismo defienda la autonomía de esas esferas —su legalidad propia, su dignidad no económica— sin caer en la nostalgia de un Estado que lo controle todo o en la resignación ante un mercado que lo devore? La respuesta a estas cuestiones, en mi opinión, determinará mucho más que un programa de gobierno: definirá si el progresismo todavía tiene algo distintivo que decir sobre la vida en común.

Coda

Vuelvo a la pregunta de mi amigo lector. El progresismo comparte una historia de seis décadas que, aunque llena de contradicciones, dejó como legado la experiencia de la dictadura y la esperanza de superarla, junto con la revalorización de la democracia liberal y la creación de una gobernabilidad que sacó a Chile de la pobreza y lo integró al mundo. Es una herencia importante que debemos preservar.

Pero, por muy denso que sea el pasado, no es un programa. Lo que nos separa casi en su totalidad del futuro son las áreas-problema que he mencionado —el papel del capitalismo, la transición digital, la doble racionalización y la colonización de las esferas de valor— que no tienen respuesta en el repertorio ideológico del siglo XX. El momento histórico que desafía al progresismo hoy no es, en realidad, una simple derrota electoral, sino una crisis intelectual: una corriente que reconoce su pasado, pero aún no se atreve a pensar el siglo en el que ya vive. Para ser algo más que una nostalgia educada, debe decidirse a “habitar” ese futuro con la lucidez —y la distancia, incluso irónica— de quienes han visto caer muchas certezas y no confían ciegamente en las nuevas sin analizarlas. Por ahora, la pregunta permanece abierta. Que no se cierre por omisión.