Financiamiento sustentable para la educación superior

José Joaquín Brunner, 2 de junio de 2024

Más allá de la incógnita respecto de cómo solucionar el asunto del CAE, que permanece incómodamente abierta tras la cuenta pública de ayer del presidente Boric, la cuestión de fondo del financiamiento de la educación superior (ES) seguirá presente en la agenda estratégica del país. En efecto, se trata de averiguar cómo se puede asegurar—con perspectiva de futuro—un financiamiento sustentable para nuestra ES.

En la actualidad, la tasa bruta de participación chilena en la ES es una de las más altas del mundo; 96%, 17 puntos porcentuales por arriba del promedio de los países de la OCDE. Es decir, el acceso a la ES se ha universalizado, generando encontradas reacciones entre quienes preferirían reservarla exclusivamente para las elites o la conciben meramente como un capital que produce un retorno en el mercado laboral.

El país destina anualmente el equivalente a 2,7% del PIB para financiar este masivo sistema, comparado con 1,5% en el promedio de los países de la OCDE. Concurren a este enorme esfuerzo tanto fuentes estatales como no estatales, en proporciones similares.

Cualquier esquema futuro de financiamiento de nuestra ES debe partir, por lo mismo, del hecho que ya se ha alcanzado un nivel alto de inversión, sobre todo considerando que el gasto en los niveles inferiores (educación temprana, preescolar y básica) es comparativamente bajo, a pesar de ser allí donde dicha inversión alcanza su máximo impacto social.

Tampoco hay cabida para sueños estatizantes; Chile ha llegado a un nivel superior de inversión exclusivamente en virtud de contar con un sistema mixto de provisión y de financiamiento.

Este rasgo mixto está profundamente enraizado en la economía política del sistema: permite movilizar un gran volumen de recursos; asegura el acceso universal; soporta una red institucional diversa y plural; ofrece programas diferenciados en tres niveles (universidades, IPs y CFTs); garantiza una cobertura territorialmente descentralizada y sustenta una comunidad científica altamente productiva a nivel comparativo regional.

Tal esquema—mixto y de costos compartidos—tiene poderosas justificaciones. Primero, el Estado, por sí solo, no está en condiciones de mantener una ES de acceso universal y calidad garantizada. Segundo, para sostener dicho estándar se requiere incrementar continuamente la inversión en producción, transmisión y aplicación del conocimiento. Tercero, la ES genera simultáneamente beneficios públicos y privados, lo cual justifica que tanto la sociedad en su conjunto (los contribuyentes) como las personas beneficiadas individualmente, contribuyan a solventar los costos de esta crucial función pública.

En efecto, la sociedad se beneficia de variadas maneras de una ES de amplia cobertura y calidad. Por ejemplo, contará con un mayor número de profesionales a cargo de los servicios claves, como salud, educación escolar, seguridad ciudadana, FFAA, justicia, comunicaciones y otros. Asimismo, dispondrá de una plataforma de conocimiento científico-técnico en continua renovación, y personas especializadas para su gestión. Mejorará la competitividad de las empresas y las organizaciones. Y se alentará la formación ciudadana, factor decisivo para una deliberación informada de las políticas públicas.

Para este efecto los Estados y las sociedades democráticas resguardan la autonomía de las universidades, instituciones que, a su vez, deben garantizar la libertad académica y el pluralismo deliberativo en su interior. Ni la cancelación de opiniones, ni las tomas, ni los acampes, ni la persecución ideológica o las universidades vigiladas caben en el espacio cultural de la ES. Cuando ocurren, ponen en riesgo el valor público de la academia.

Pero la ES produce además beneficios privados de carácter individual; el premio salarial y la rentabilidad del capital humano adquirido son su expresión inmediata, mas no la única. También deben considerarse la socialización de valores y de una ética profesional, una mejor comprensión del mundo y de sí mismo, la participación en redes de pares, el cultivo de una visión no puramente parroquial de la contemporaneidad, un sentido de responsabilidad frente a la naturaleza y a los otros y el desarrollo del sentido crítico.

Desde el momento que reconocemos la generación—por parte de la ES—de valor público y privado, individual y colectivo, se legitima también el costo compartido como un criterio rector de este sistema. Chile cuenta con un esquema de esta naturaleza al cual concurren variadas fuentes estatales y privadas y decenas de instrumentos para asignar recursos a las instituciones y a los estudiantes.

El funcionamiento de este esquema mixto muestra resultados alentadores.

La calidad de nuestras instituciones de ES ha mejorado. Nuestra investigación académica, a pesar de la parquedad de recursos, posee un positivo nivel de productividad e impacto; además, una parte sustancial de ella se orienta hacia los objetivos del desarrollo sustentable (ODS). A la vez, nuestro sistema goza de buena salud financiera y la proporción de matrícula que se encuentra en instituciones con perfiles riesgosos es baja, según un estudio de la Superintendencia de Educación Superior (2023).

Con todo, hay nudos críticos que necesitan abordarse. El diseño del subsidio de gratuidad, combinado con la regulación centralizada de aranceles, crea presiones onerosas para las instituciones y obstaculiza su desarrollo. El sistema de aseguramiento de la calidad incrementa los costos de las funciones institucionales sin que se prevean recursos públicos para este fin. El gasto en I+D es reducidísimo—de los más bajos entre los países de la OCDE)—intensificando la competencia entre investigadores, disciplinas, núcleos y áreas del saber.

También el régimen de crédito estudiantil vigente, del cual el CAE es la pieza principal, hace rato que debió modificarse. Está desahuciado, pero sigue funcionando por falta de consenso político-legislativo. Es urgente destrabar este nudo, incluyendo el no-pago y las deudas acumuladas, y crear un nuevo esquema de crédito—u otro de recuperación de costos—si se desea asentar un modelo de financiamiento mixto de la ES.

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