José Joaquín Brunner

Diversas voces plantean la necesidad de una contrarreforma educacional. ¿A qué se refieren, exactamente? ¿Qué busca revertir esta propuesta de contrarreforma?

Desde comienzos del presente año diversas voces plantean la necesidad de una contrarreforma educacional. ¿A qué se refieren, exactamente? ¿Cuál es la reforma —o sus varias partes— que desean revertir?

Pues eso es lo que se propone; devolver la educación al estado o condición que tuvo antes de la reforma. La idea misma de contrarreforma apunta, en general, a una actuación contraria a una reforma anterior. Octavio Paz solía mencionar en sus escritos y entrevistas que América Latina era hija de la Contrarreforma. Quizá por eso aquí todo esfuerzo modernizador solo resulta a medias. En nuestras sociedades, decía, “se yuxtaponen la Contrarreforma y el liberalismo, la hacienda y la industria, el analfabeto y el literato cosmopolita, el cacique y el banquero”. En realidad, lo llamativo es la facilidad con que esas características se confunden a veces en unos mismos personajes, grupos sociales e instituciones. Por ejemplo, se puede ser conservador y neoliberal o republicano y antidemocrático al mismo tiempo.

Tal vez por esa misma historia contrarreformadora nuestras sociedades llegaron tan tardíamente a la alfabetización y la escolarización elemental. Dentro de esa trayectoria se explica también la resistencia de las sociedades latinoamericanas, y Chile no es ajeno, a los cambios en las maneras de educar y la facilidad para revertir reformas anteriores, en vez de mejorarlas.

Según declaraciones aparecidas en la prensa, desde hace meses se estaría diseñando en círculos conservadores y contrarreformistas un plan que buscaría echar atrás el curso seguido por nuestra educación. Según se anticipaba, aquel plan se presentaría al Congreso Nacional junto al inicio del presente año escolar. Nada de eso ocurrió, sin embargo. Y, hasta ahora, la idea de una contrarreforma no pasa de ser una amenaza. Pero la idea sigue circulando.

Hay que preguntarse entonces: ¿qué busca revertir esta propuesta de contrarreforma?

Quienes propician tal idea no son claros; puede ser todo o nada. Depende de cómo se defina la reforma que se desea reversar. Habitualmente se sostiene que ella consistiría en el conjunto de cambios legislativos y administrativos impulsados por la administración Bachelet-2, entre 2014 y 2018. Comprendería por tanto la Ley de inclusión escolar, la Ley de formación ciudadana, la desmunicipalización de colegios y creación de los SLEP, la Ley de educación superior y la gratuidad en dicho nivel. Hay más, pero estas son las piezas fundamentales.

Entonces, ¿qué debemos entender en concreto por esta nueva contrarreforma destinada a desarmar los cambios experimentados por el sistema educacional durante aquel cuatrienio?

En una interpretación extrema, todos aquellos cambios antes mencionados deberían echarse atrás; significaría replegar el sistema a los años 2010, cuando recién venía de promulgarse —tras intensas discusiones y un amplio acuerdo al final— la Ley General de Educación Nº 20.370.

Parece poco razonable imaginar, incluso en estos tiempos irrazonables, que algún sector serio de la política chilena querría borrar, de una sola plumada, todas aquellas reformas, una por una, como si fuese posible reescribir la historia. Supondría una restauración que aún los antimodernos de Octavio Paz no osarían emprender. En efecto, requeriría ejercer una fuerza tan descomunal sobre el sistema que luego no habría forma de recomponerlo. Algo semejante a lo que ocurrió en Chile con la contrarreforma educacional del gobierno militar.

Más bien, en una versión menos extrema, la contrarreforma planteada ahora parece referida a dos frentes. Por un lado, en el frente escolar, a la Ley de inclusión y al proceso de desmunicipalización y creación de los SLEP. Por otro lado, en el frente de la educación superior, a la gratuidad y el financiamiento de las instituciones de este nivel.

En el caso del sistema escolar, se trataría entonces de revertir la admisión centralizada a través de una plataforma web y un algoritmo de asignación de preferencias, revertir la eliminación del financiamiento compartido y, asimismo, la prohibición del lucro en los establecimientos subvencionados por el Estado. ¿Implica esto que en el futuro los jardines infantiles y colegios serían libres para elegir a sus alumnos? ¿En todos los niveles y sin condiciones? ¿Significa restituir el copago? Además, ¿se facultaría ahora el lucro en favor de los sostenedores de colegios subvencionados? ¿No llevaría esto a reabrir todos los antagonismos de 2014 dentro del sistema y en la sociedad?

Y en cuanto a la desmunicipalización y los SLEP, ¿se favorecería la devolución de los establecimientos a los municipios? ¿En todos los casos o solo algunos? O bien, ¿se aspira a detener el proceso y crear un régimen dual de municipalidades y SLEP?

Hasta aquí no hay evidencia alguna que permita concluir que estas contramarchas tienen alguna justificación, son legislativamente viables, gozarían de apoyo en la sociedad y que mejorarían la calidad de los aprendizajes. Al contrario, es de suyo evidente que desestabilizarían al sistema y volverían a empujarlo hacia la polarización. ¿Significa que no hay nada corregir? Por cierto que no; hay abundantes correcciones que hacer y mejoras que implementar. Las iremos abordando a medida que el debate avance.

En el caso de la educación superior, la idea de poner fin a la gratuidad focalizada que tenemos hoy y restablecer el pago de aranceles como principal medio de financiamiento del sistema aparece como una contrarreforma innecesaria y socialmente regresiva.

Sin duda, la gratuidad adolece de deficiencias que deben ser corregidas. Asimismo, hay que modificar el diseño y la operación del esquema de crédito estudiantil, medida pendiente desde el gobierno pasado. En cambio, volver atrás sería trastocar las bases del régimen de financiamiento de las instituciones y los estudiantes, borrando avances significativos del sistema.

Ahora que comienza el período de presentación de ideas y propuestas programáticas de cara al nuevo ciclo electoral, los partidarios de una contrarreforma educativa tienen la oportunidad —y deben asumir la responsabilidad— de definir los contenidos precisos de su programa contrarreformista.