Los recientes resultados negativos de las universidades españolas en el ranking de Shanghai (ARWU) indican que España necesita urgentemente transformar su sistema de educación superior. Ante tal reto, el objetivo de estas líneas que siguen es doble. Por un lado, contribuir a informar a la opinión pública española sobre por qué la próxima reforma europea de la evaluación de la investigación supone una oportunidad única para España en lo que se refiere a la modernización, profesionalización e internacionalización de su sistema universitario. Por otro, y en relación concreta con la reforma europea, considerar el avance positivo que supone la LOSU en este contexto, dentro del marco científico global y antes de su debate parlamentario desde el próximo mes de septiembre.

La Comisión Europea ha impulsado la creación del Acuerdo sobre la Reforma de la Evaluación de la Investigación que, a fecha de 20 de julio de 2022, ha obtenido expresiones de interés de más de 350 instituciones de más de 40 países. Este acuerdo cambia sustancialmente la manera en la que se evalúa la actividad investigadora y, por tanto, en la que se estructura, organiza y desarrolla la producción de conocimiento científico. De manera sucinta, los 10 compromisos centrales, presentes en el documento se pueden sintetizar en dos pilares fundamentales estrechamente interrelacionados que disrumpen las “reglas de juego” con las que se gestionaba hasta ahora la producción científica global y, particularmente, el sistema español.

En primer lugar, y esta es una de las principales transformaciones, la evaluación de la investigación dejará de regirse por el uso inapropiado de algunos indicadores. Siguiendo los principios ya establecidos por la propia comunidad científica en la Declaración de San Francisco (conocida como DORA y desarrollada en 2012) y el Manifiesto de Leiden (publicado en la revista Nature en 2015), el nuevo marco establece criterios claros para su implementación que se centran no en el número de publicaciones, la llamada cultura académica del “publica o muere”, sino en de qué manera la actividad investigadora contribuye a crear verdaderos “descubrimientos”, a la vez que genera oportunidades de progreso ante los desafíos de nuestras sociedades y para el avance de nuestro conocimiento científico y ciudadano. Por consiguiente, se primarán las evaluaciones cualitativas enraizadas en un uso responsable de los indicadores cuantitativos, la ciencia en equipo y la diversidad, entendiendo este último término como el reconocimiento de las diferentes contribuciones, prácticas y carreras investigadoras en relación con la naturaleza específica de cada disciplina y sus desarrollos científicos concretos.

En segundo lugar, el acuerdo europeo constata el hecho de que los rankings institucionales universitarios no ofrecen criterios fiables y justos que verdaderamente reflejen la calidad de la ciencia producida en una organización o un país. De hecho, el espíritu del acuerdo es muy crítico con la industria de la universidad corporativa y la manera en la que sus rankings favorecen, en muchas ocasiones, una importante discriminación por razones económicas. En este sentido, las instituciones que compartan datos y se acojan a los principios FAIR (datos encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables) y Ciencia Abierta serán objeto de evaluación positiva en cuanto a la rendición de cuentas y su financiación.

Desde esta perspectiva, la LOSU llega al debate parlamentario en una encrucijada histórica. Pese a ciertas vaguedades, secuelas en mi opinión del complejo y heterogéneo sistema universitario español y sus difíciles encajes, esta propuesta de ley mejora muchos aspectos ante los que urgían medidas de renovación, de transformación y de optimización. Además de las ya difundidas en los medios de comunicación durante los últimos meses, tales como la disminución de la contratación temporal, las acciones positivas para frenar la discriminación, la priorización de la internacionalización, los nuevos instrumentos para mejorar la gobernanza democrática de las universidades, la promoción de estructuras administrativas flexibles, la facilitación de la multi e interdisciplinariedad, es necesario anotar que la LOSU concuerda tanto en espíritu como en espacio normativo con la reforma ya iniciada en el ámbito europeo. En este sentido, sin ser una ley perfecta (¿qué ley lo es?), la LOSU supone un importante avance de progreso en relación con la anterior norma, porque se alinea con los esfuerzos y objetivos de modernización, de profesionalización y de internacionalización promovidos desde la Comisión Europea y desde la comunidad científica global.

La oportunidad es ahora. Mañana será tarde. El sistema universitario está maduro para una transformación integradora e inclusiva en el que caben todos los actores, perspectivas y posiciones. Esperemos que las actitudes y las tácticas parlamentarias de confrontación y de beligerancia queden aparcadas el próximo mes de septiembre porque finalmente se comprenda y asuma que, en estos días inciertos, la audacia del consenso es un acto de civismo imprescindible.