Y es que parte de los resultados del estudio sostienen que el 69% de quienes presentan deudas percibe ingresos inferiores a 750 mil pesos al mes, lo que equivale a 465 mil personas. Asimismo, el informe plantea que el 38% de los deudores del CAE gana menos de 250 mil pesos mensuales, con un promedio de ingreso de $ 47.146 pesos.
Frente a este escenario, distintos actores del mundo social y académico se alzaron en torno a las cifras, tachándolas de “inverosímiles” y “contradictorias”, puesto que estas no guardarían relación con estadísticas sobre educación del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y los números del estudio sobre el CAE que se realizó en el gobierno anterior bajo la cartera del exministro Raúl Figueroa.
En esa investigación , realizada a inicios de 2021, se cruzaron datos de deudores del CAE contenidos en la Comisión Ingresa y la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC). Los resultados arrojaron que -a diferencia del estudio reciente- el “50% de deudores con ingresos formales gana más de $ 900 mil”.
Para Bárbara Manríquez, quien trabajó en el Mineduc desde 2018 hasta marzo de 2022 junto al ministro Raúl Figueroa, el informe entregado por el ministerio es “valorable”, puesto que al fin se ponen sobre la palestra los ingresos de los deudores del CAE. No obstante, sostiene que los resultados a los que llegó el ministerio resultan “extrañables”, puesto que estos no guardan relación con los hallazgos previos en torno al sueldo de estudiantes de educación superior.
Según el estudio entregado por el ministerio, el 37,6% de los profesionales con morosidad gana hasta $ 250 mil pesos. Sin embargo, la última información entregada por la Ocde en 2017 muestra que en Chile , quienes asistieron a la educación superior ganan casi el triple en comparación con quienes solo completaron la enseñanza media.
En esta línea, Manríquez sostiene que la disminución de los datos se podría deber a un error en las variables estudiadas: “Los resultados del ministerio muestran que el 38% de los deudores del CAE gana menos de 250 mil pesos y la verdad es que, al parecer, algo ocurrió en la metodología. Yo tiendo a pensar que ellos asignaron ingresos cero a personas para las cuales no encontraron información, no encontraron datos y que eso tiró los resultados para abajo (…) Es bastante dudoso que el resultado sea ese”.
Otra de las preguntas que han surgido por parte de expertos es si el informe contempla o no la tasa de formalidad de los deudores del CAE, debido a que en las características del estudio sólo se detalla la utilización de información de “668.892 que están endeudadas con el CAE y que estaban en etapa de pago al 31 de diciembre de 2020″.
Julio Labraña , investigador asociado del Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE) de la Universidad Diego Portales, menciona que dentro de los resultados no es posible ver esta tasa informal que es “altamente relevante”, puesto que en el último Boletín de Informalidad Laboral que generó el INE, las personas ocupadas informales totalizaron un 10,3%, lo que representa un total de 2.398.884.
“En un contexto laboral en que la informalidad es altamente relevante, eso también afecta al sector de la educación superior y a los egresados de la educación superior. Que se identifique ingreso cero donde efectivamente se recibió cierto sueldo es un error conceptual y metodológico (…) Es una premisa bastante equivocada, porque desvía totalmente los resultados del análisis; introduce muchos ceros cuando en la realidad son “X”. Es decir, no sabemos cuánto ganan esas personas, efectivamente. Probablemente no ganan demasiado, pero no es un cero”, comentó Labraña.
En la misma línea, Beatriz Rahmer, investigadora en la Línea de Educación Superior del Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios de la Universidad de Chile, apunta a otra característica que no se describe dentro del estudio: ¿De qué universidades y de qué carreras han salido los principales deudores del CAE?
Según la trabajadora social, esas son dos variables que, a su criterio, no pueden dejarse de lado.
“Los espacios de retorno, es decir, la ganancia que terminan obteniendo las personas y estos deudores tienen que vincularse a instituciones, áreas disciplinares e incluso vincularlas con las acreditaciones de sus casas de estudio, porque mientras no tengamos esos datos, la información entregada por el Mineduc es muy generalizada para una educación tan diversificada. Y si queremos hacer un buen sistema de financiamiento a la educación superior necesitamos transparentar esos datos”, manifestó.
El informe emitido por el Mineduc también sostiene que solo el 1,8% de los deudores del CAE posee un sueldo por sobre los $ 2 millones. Esta cifra, para Bárbara Manríquez, no calza.
“En los resultados que nosotros sacamos el año pasado con los ingresos de la AFC teníamos más de 31 mil deudores con ingreso sobre dos millones de pesos. Entonces no creo que la diferencia entre el tiempo en que se hizo el estudio explique por qué a ellos les da menos gente”, manifestó la experta.
Asimismo, Manríquez hizo un llamado a que el ministerio pueda liberar la información en base a la cual se construyó este informe. “Eso sería algo increíble tanto por la transparencia y para poder seguir construyendo un diagnóstico que sea claro. Y en base a ese diagnóstico poder discutir la conveniencia o no de la condonación del CAE. Pero si vamos a trabajar sobre datos que generan tantas dudas nos vamos a estancar en eso y no vamos a poder ir a los datos que son tan importantes para la política pública”.
Ante los dudas planteadas por los expertos, al cierre de esta edición la subsecretaría no quiso conversar con La Tercera para referirse al tema.
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