“Hay una disonancia en varias materias. En educación sería interesante que tratáramos de encontrar una mayor resonancia entre lo que discutimos y el estado real de nuestra educación. Uno lee que la educación pública estatal va a ser el eje estratégico, pero, por otro lado, se ve la realidad de un sistema completamente deteriorado”, asegura.
Dice que hay una base deficiente, ¿lo ve como un inconveniente?
Claro, una base débil y relativamente estancada. Va a ser un problema. En el texto se proponen objetivos que varios me parecen en extremo discutibles.
¿Cuáles?
Luego de declarar positivamente el derecho a la educación, ese derecho se reconoce de manera distinta para distintos niños, dependiendo si están en el sistema estatal o no. Eso es un contrasentido enorme, porque estamos creando un sistema que renuncia a tener iguales oportunidades.
¿Qué le habría gustado ver?
Me habría interesado que no volviéramos atrás, sino que profundizado en el carácter mixto, garantizando la igualdad a todos y poniendo a todos los colegios bajo un mismo paraguas.
El Estado queda muy relevado, ¿qué ventajas y riesgos ve en esto?
El rol del Estado como orientador, coordinador o financiador de los derechos de la Constitución es absolutamente esencial. Otra cosa distinta es una ideología estatista, donde se cree que el Estado automáticamente tiene que hacerse cargo del máximo posible de funciones y que por ser Estado las va a desarrollar bien.
Ha habido dos miradas bien contrapuestas sobre si el borrador garantiza la libertad de enseñanza.
Creo que en eso no hay debate: quedó coja, porque la libertad de enseñanza que está en los grandes tratados dice que incluye como un pilar fundamental el derecho de la sociedad civil a crear colegios, establecerlos y administrarlos. Y ese punto no está en la Constitución. Y no porque se haya olvidado; fue rechazado.
¿Cómo se entiende en el mundo la libertad de enseñanza?
Es una libertad que existe en un marco de derecho y tiene que estar bajo un régimen público educacional, que debiera comprometer de la misma manera a los colegios que nacen por iniciativa del Estado o privados. Y en eso habría que atender la historia de Chile: no se puede reinventar un sistema que tiene un poderoso componente no estatal. Todo eso se pasa por alto al discutirlo muy ideológicamente y contraponer libertad de enseñanza al derecho de la educación, cuando en toda la tradición aparecen como cosas que buscamos que converjan.
De la discusión sobre si lo público es lo estatal, ¿qué opina?
Chile es un ejemplo en el mundo de que lo público no es lo estatal y que podemos tener en el campo educacional una perfecta convivencia. Sin embargo, cuando ahora llegue el problema del financiamiento, lo que dice es ‘hay una parte de este sistema -lo estatal- que, aunque minoritaria, tiene que tener condiciones favorables que no damos a la otra’.
¿Pero así no se equilibra un poco la balanza?
No lo veo así, porque eso vale solo para colegios particulares pagados. La educación particular subvencionada vive exclusivamente del dinero que el Estado le da. Habíamos llegado a un cierto acuerdo hacia un sistema mixto bajo igualdad de condiciones. En eso volvemos atrás con la Constitución como está.
¿Pero ve elementos positivos en que se le ponga énfasis al rol del Estado y la educación estatal?
Veo que el Estado es estrictamente lo contrario a eso de ‘sus proyectos’. No tiene ‘sus niños’, ni ‘sus familias’, ni ‘sus colegios’; tiene el deber esencial de hacerse cargo del bien común. La lógica de ‘sus alumnos’ es lo que nos lleva a la discriminación, a una especie de sociedad de castas. Además de todas las desigualdades socioeconómicas, con la nueva Constitución vamos a crear una casta jurídicamente favorecida en materia de educación, que son los niños del Estado.
¿Cree que eso va a restringir la oferta educativa? La derecha plantea que el borrador apunta a la homogeneización.
Tiene que haber un grado de homogeneidad pública de la educación. No me parece correcta la crítica de la derecha. La crítica debe ser que desde la Constitución se empuje a una mayor desigualdad dentro del sistema. Lo que se está haciendo es pasarle por encima a la sociedad civil, cuya pluralidad y diversidad no se está reconociendo adecuadamente en educación. No es una guerra de partidos, sino un problema de concepción.
En 2020 dijo que “las instituciones están siendo afectadas por la gratuidad. Han perdido dinamismo y capacidad”. Con esa premisa, ¿ve posible que el Estado asegure gratuidad y calidad?
A nivel de educación superior no creo que haya ninguna condición para tener gratuidad universal. Y ahí viene otra vez esta idea perversa de ‘dado que no podemos hacerlo para todos, sí para el 15 o 20% de los que van a instituciones estatales’. Vamos a crear una casta gratuita de privilegiados y a todo el resto les vamos a decir que deben pagar.
¿Y qué habría que hacer?
Tener un sistema de gratuidad focalizada, como existe hoy, con un buen sistema de crédito que no genere deudas impagables.
¿Es positiva la gratuidad?
La gratuidad focalizada es una gran política. El error que se cometió en el gobierno de Bachelet fue declarar que se buscaba una gratuidad universal.
¿Y ve que se fortalece la gratuidad en el nuevo texto?
Es confuso, porque aparece la gratuidad ligada a lo público-estatal. Y nadie sabe qué significa eso. ¿Vamos a quitarles gratuidad a jóvenes solo porque están en instituciones que no se llaman estatales? Ellos son el 80% de la matrícula de educación superior. Es algo que choca tan frontalmente con la realidad que no se puede.
¿Y ve en el texto preocupación por la calidad, por las brechas?
La Constitución no está para reducir brechas, no es una política de educación. Lo que debe contener es la afirmación de derechos y deberes y las condiciones generales del sistema. Y eso lo hace, pero a medias, con contradicciones, incoherente y desigualmente. Lo que uno podría razonablemente esperar son mayores brechas, porque a todas las ya existentes les agregaríamos una nueva, que distingue dos grandes clases de estudiantes.
Con todo lo conversado, ¿aprobará o rechazará?
Voy a ver hasta el último momento cuál es el tenor del debate general, no solo en educación. Lo que me gustaría, lo que sería coherente con mi historia político-cultural es votar Apruebo, obviamente. Ahora, el texto, tal como está, me hace pensar muy seriamente si para el país y para mí lo mejor es votar Apruebo o no. Veo también otra vez el desperdicio de la oportunidad: mucha gente como yo, que viene de una cierta tradición antidictadura, que luchó por la democracia, que lo único a lo que aspiramos es a tener una nueva Constitución, nos vemos arrinconados a tener que cavilar sobre si aprobar o rechazar. Muestra el defecto del proceso que dio lugar a este texto.
¿El borrador le recuerda a algún programa de gobierno?
Tiene cercanía, sin duda, con el programa inicial de Boric. Y se aleja de la inspiración y del tono general, pero también en educación, que tuvo el programa Beta de Boric. Le crea al propio gobierno y sus coaliciones un problema la aplicación de este texto. El borrador ya es objeto de una enorme lucha político-ideológica, tanto es así que uno de los partidos principales del gobierno, el Partido Comunista, dice que esta es la batalla de todas las batallas, o sea, puesto ya en el lenguaje bélico. Eso muestra que no pretende ser un texto que convoque al mayor número posible de chilenos que queremos una nueva Constitución, sino a cierto grupo que se identifica con una visión.
A propósito del gobierno, ¿cómo ha visto las señales en materia de educación?
Miro con mucho interés la orientación básica del nuevo ministro. Viene con la intención de convocar al máximo de gente, dar seguridad a todos los sectores, dialogar con todas las partes, tener un discurso no confrontacional y haber puesto como centro la máxima urgencia en cómo salimos de la pandemia. Lo que echo de menos es una visión estratégica respecto de cómo mejorar calidad y equidad. Han puesto temas -Simce, Evaluación Docente o clases presenciales- con los que, sin contexto, pareciera que se dice ‘vamos a hacer un sistema que en general sea menos exigente’. Esa parte cojea.
José Joaquín Brunner: “Con la nueva Constitución vamos a crear una casta jurídicamente favorecida en educación”
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