Quiero volver sobre una tesis que vengo planteando en este espacio desde 2014. Las élites chilenas no han logrado estabilizar un esquema de gobernabilidad, entendido gruesamente como la capacidad de movilizar la voluntad y el esfuerzo de la población en una dirección compartida. En su lugar ha habido una alternancia oscilante y crecientemente polarizada. Bachelet II y la Nueva Mayoría quisieron dar curso al “otro modelo’. Piñera II prometió “tiempos mejores” con Chile Vamos y un equipo que se pretendía gerencial. Boric llegó con una nueva generación de izquierdas aliada al PC, con el Socialismo Democrático como socio subalterno y un intento inicial de refundar constitucionalmente el país. Por último, Kast ofrece una derecha dura y un “gobierno de emergencia” que serviría para frenar el crimen organizado, reactivar la inversión y el empleo y parques restituir un orden de valores privados y jerarquías públicas.

Cada uno de estos cuatro presidentes fue elegido como negación del anterior. En julio pasado describí el resultado de esta dinámica como un empate del estancamiento, en que el péndulo se mueve y el reloj sigue detenido. Ahora es posible medirlo.

La edición 700 de la Plaza Pública de Cadem, serie semanal ininterrumpida desde marzo de 2014, cubre estas cuatro administraciones, y el CEP, series aún más largas. En su primera medición del CEP, Kast obtuvo 34% de aprobación, un punto más que Boric al cerrar su mandato. El nuevo gobierno empezó donde terminó el anterior. Y de ahí en adelante ha venido erosionándose con una rapidez inaudita.

La última semana fue, derechamente, un derrumbamiento: pérdidas millonarias del Fondo E (considerado el más seguro y utilizado por personas a punto de jubilarse), negativos sondeos de opinión, reventón del caso Rabat, disputas públicas y exit del profesor Silva (faltan varios más), cifras económicas consistentemente a la baja, crisis de desempleo y del costo de la vida, fiascos de una vocería gubernamental nada de ‘impecable’, un liderazgo presidencial cada vez más borroso hacia dentro del país y con inconfundible perfil ideológico de derecha dura hacia fuera, un subsecretario que se retrata con la desmesura de la hubris en el rostro y es reprendido por su jefe públicamente, un ruidoso desorden en las filas del oficialismo, creciente preocupación de los medios de comunicación afines; en suma, una ‘semana horribilis’.

Doce últimos años en siete constataciones

La primera constatación es que la desaprobación se volvió el estado normal entre gobernados y gobernantes. Salvo en los primeros meses de cada mandato, quienes desaprueban predominan casi sin pausa en la serie de Cadem, y esas ‘lunas de miel’ se acortan. Kast asumió con 57% de aprobación y a fines de marzo, a menos de tres semanas, la desaprobación ya era mayoritaria. A los siete meses, los segundos gobiernos de Bachelet y de Piñera todavía superaban el 40%; Boric y Kast rondaban el 30% (y bajando). Cadem rotula como ‘invierno’ los años segundo y tercero de cada mandato. A Kast el invierno le llegó en otoño, en su última semana, la más cruel.

Segundo, el péndulo funciona con nostalgia. El último gobierno de Piñera, que en marzo de 2020 sólo un 7% calificaba como bueno o muy bueno, alcanza hoy 52%, cifra en la que seguramente pesa su inesperada muerte en 2024. Boric subió de 29% a 36% en los siete meses equivalentes a los de Kast. Los gobiernos mejor recordados, los dos de Piñera y el primero de Bachelet, no tuvieron vocación refundacional. El electorado castiga a quien gobierna y extraña a quien se fue.

El país, en tercer lugar, está literalmente empatado consigo mismo. En la serie de Cadem sobre el futuro, iniciada en 2015, optimistas y pesimistas nunca habían igualado fuerzas como este año, 48% contra 48%. Los pesimistas invocan ante todo la desconfianza en el gobierno (48%) y los optimistas, en segundo lugar, la confianza en él (28%). El gobierno parte en dos las expectativas. Bajo ese empate, un 63% cree que Chile está peor que en 2014, y en la CEP ocho de cada diez lo ven estancado o en decadencia, cuando en octubre de 2009 un 57% creía que progresaba.

La cuarta constatación es doméstica. Por primera vez en doce años, más personas califican como mala que como buena la situación económica de su familia (50% contra 47%), peor que en plena pandemia. La clase media autopercibida bajó de 40% a 35% en un año y la baja subió de 10% a 17%. El temor a perder el empleo pasó de 42% en 2014 a 61%, con una desocupación de 9,6% según el INE, la más alta desde 2021. En septiembre, un 54% atribuía la situación económica a este gobierno y un 39% a los anteriores.

Quinto, el miedo se independizó de los hechos percibidos. En 2014, un 79% creía que la delincuencia había aumentado y hoy lo cree un 47%, pero el temor a ser víctima de un delito subió de 63% a 71%. La inseguridad dejó de ser una alarma y se volvió una atmósfera. Para un gobierno de emergencia la conclusión es incómoda, porque las estadísticas policiales no disipan un temor que ya no depende de ellas.

La sexta constatación desmiente una premisa del proyecto de Kast. Desde 2014, el acuerdo con el aborto en tres causales subió de 69% a 80%, con la eutanasia de 57% a 79% y con el matrimonio igualitario de 53% a 71%, aunque el apoyo a legalizar la marihuana cayó de 52% a 37%. Esa sociedad pide orden en la calle y libertad en la casa(imagino que bajo la mirada vigilante del pater familias), distinción con la que tropieza la promesa de restituir un orden de valores privados.

La última atañe a la relación entre élites y masas. Entre los peores hechos de estos doce años figuran la corrupción (28%) y las colusiones (18%). Entre los mejores, la jornada de 40 horas (35%) y la reforma de pensiones con la PGU (31%), ambas fruto de negociaciones transversales. Esta última reforma es, además, la decisión mejor evaluada (76% la juzga buena); la peor, el alza de los combustibles decidida por Kast (75% la juzga mala), por debajo incluso de los indultos de Boric. La opinión premia los acuerdos y castiga los actos unilaterales, y en la CEP un 66% prefiere dirigentes que privilegien los acuerdos, aunque deban ceder. Los partidos concitan la confianza de apenas un 6%.

Hace tres años, apoyado en Larry Bartels y Nancy Bermeo, sostuve aquí que la democracia y su gobernabilidad se erosionan sobre todo desde arriba, por la inefectividad de las élites para crear arreglos sostenibles. Los datos confirman esa tesis y le agregan un reverso, una demanda hobbesiana de orden que crece desde abajo y ya no se detiene ante las formas liberales de la democracia. Ambas erosiones se alimentan. Las élites compiten cada vez más agresivamente por una masa que desconfía de ellas, desconfianza ampliada desde 2022 por el voto obligatorio con millones de electores sin lealtades partidarias, que han aprendido que negar al gobierno de turno es la vía más rápida para prerparar su recambio. En cambio, las élites siguen sin saber gobernar con la mitad que no las votó.

Convivir sin manual

La encuesta ICSOH de la Universidad Diego Portales, recién publicada, retrata adicionalmente el clima social de este momento, a través de un panel web de Ipsos, con muestreo no probabilístico por cuotas y resultados ponderados, aplicado a 1.500 personas entre el 9 y el 14 de octubre, de modo que sus cifras indican direcciones más que magnitudes exactas. Las direcciones, con todo, son nítidas.

En 2019, para muchos el año de los malestares, sugería que la democracia vive también en los intersticios de la sociedad, como civismo, urbanidad y cortesía. La UDP mide esos intersticios y encuentra desgaste. Un 69% percibe menos respeto hacia la autoridad que hace una década y un 61%, menos respeto hacia quienes piensan distinto. Un 56% advierte más agresividad en el trato, y apenas un 32% cree que la mayoría se preocupa de cumplir las leyes.

El dato más inquietante es otro, sin embargo. Un 47% considera aceptable que la gente castigue físicamente a un delincuente si la policía no llega a tiempo, y sólo un 18% lo juzga inaceptable. La disposición es transversal (54% en la derecha, 48% en la izquierda) y entre los jóvenes de 18 a 29 años alcanza 53%. Y para tener más seguridad en su barrio, un 81% aceptaría cámaras con reconocimiento facial, un 66% militares patrullando las calles y un 46% que el Estado revise conversaciones en redes sociales. Hobbes y el panóptico ya están con nosotros, dentro de los muros de la ciudad.

La legitimidad del orden, en cambio, está escindida. Que Carabineros disperse con gas lacrimógeno una marcha pacífica porque un grupo pequeño empezó a lanzar piedras le parece bien al 45% de la derecha y al 3% de la izquierda; que manifestantes corten una avenida durante una hora, al 21% de la izquierda y al 3% de la derecha. Cada sector legitima la fuerza que le acomoda. En la vida diaria predomina la cautela, y un 59% calló alguna opinión en el último año por temor a ser malinterpretado. En la TV abierta y las redes sociales ocurre exactamente lo contrario, prima la destemplanza, con un alto costo para la clase política.

El estudio cualitativo que acompaña a la encuesta resume el diagnóstico en una fórmula: “no faltan reglas… falta confianza”. Cuando las élites y las instituciones dan señales de saltarse las normas (colusiones y licencias médicas, por ejemplo), y estas no rigen para todos por igual, el resto pierde razones para acatarlas. Es la anomia de Durkheim, propagada desde arriba.

Contra ese fondo deben leerse el juicio sobre el gobierno. Un 53% sitúa su manera de gobernar más cerca de generar tensión que tranquilidad (27% opina lo contrario), y aun en la derecha solo un 48% le reconoce capacidad de dar tranquilidad. Al interior de las propias élites es ya un secreto a voces: tenemos un gobierno débil y un Presidente sin liderazgo. Un 72% cree que al final del mandato Chile estará igual o más desunido que al inicio. La memoria del 18-O, en tanto, sigue partida. Un 52% lo recuerda como una crisis de violencia y desorden, un 50% como un estallido por demandas sociales reales (la pregunta admitía ambas respuestas) y un 58% juzga que esas demandas siguen pendientes.

Una promesa que hace agua

En 2015, a propósito de la Nueva Mayoría, distinguíamos entre una crisis de conducción, propia de un gobierno, y una crisis de gobernabilidad, más sistémica. Hoy ambas se superponen. La segunda bajo la forma del empate pendular. La primera es la del gobierno de Kast, cuya fuerte promesa de gobernabilidad hace agua por todos los costados.

Por lo pronto, por un liderazgo presidencial cada vez más distante y defensivo. En la última Cadem, Kast cae por primera vez bajo el 30% (29% contra 66% de desaprobación) y retroceden sus atributos de autoridad y liderazgo (32%) y de empatía (24%). A los seis meses la ciudadanía le puso nota 3,4 y un 62% juzgó al gobierno peor de lo esperado. En su primera entrevista como Presidente anunció que tomaría “decisiones difíciles” y que no retrocedería. Pero recién tuvo que hacerlo donde más dolía a su identidad, rebajando penas por crímenes atroces. En agosto pasado llamó “no renunciable” al estado de excepción de su reforma constitucional de seguridad; días después admitió haberla ingresado sin mayoría y el 30 de septiembre la retiró ante el rechazo de sus propios aliados y del conjunto de la oposición.

El equipo político se especializó en ganar batallas legislativas por un voto más. En el Senado, la megarreforma se aprobó en general con 26 votos, la mitad más uno exacta, y en particular por 25 a 24. La comunicación gubernamental va de traspié en traspié, sin estrategia ni análisis de coyuntura, sin base ministerial orgánica ni voz propia, con tres modelos de vocería en siete meses (el último, sin rango ministerial) y un 20% de aprobación en Cadem. Puedo hablar por mi propia experiencia en ese cargo ahora inexistente. Sin conducción comunicacional, ni coordinación entre las voces y sus voceros, things fall apart, según la bella metáfora de un poeta que hoy sería calificado como inútil o improductivo.

El segundo piso, que debía dar seguridad a la conducción presidencial, se ha vuelto fuente continua de tensiones.En mayo el presidente del Partido Republicano le reprochó “soberbia” al jefe de ese equipo, a los 69 días cayeron dos ministras en el cambio de gabinete más rápido desde 1990 y en julio una de ellas arremetió en público contra ese núcleo de asesores. Como nunca antes ocupan la ‘primera línea’ del desorden comunicativo y de la especulación periodística, habiéndose convertido en una fuente de tensiones y malentendidos.

El último episodio, al que hacíamos mención hace un rato, condensa todo lo anterior. Entre marzo y septiembre, el ministro de Justicia -y su subsecretario ahora desfenestrado- firmaron 56 rebajas de condena para sentenciados por abuso sexual y violación de menores. Tardíamente, el país se enteró por la prensa inquisitiva. El gobierno ultra-punitivo se había convertido en garantista extremo de un momento a otro.

El ministro Rabat defendió las firmas durante dos días, luego suspendió la tramitación de las rebajas en curso y Kast, en medio de la confusión de las voces, admitió un error sin remover al causante. Un 92% (una rara unanimidad) rechazó lo ocurrido; la herida quedó instalada en el centro de la promesa de orden y castigo. Mientras la oposición amenaza con una acusación constitucional (típico movimiento de over kill), los republicanos reprochan a Chile Vamos no haber defendido al gobierno y el biministro del Interior les pide bajar la intensidad. El ministro de Justicia actúa como si se debiese al foro o a la academia, mientras su subsecretario (académico también) le regala un video acusatorio y es removido de inmediato. Alberto Edwards llamó fronda aristocrática a la resistencia oligárquica contra la autoridad presidencial. La de hoy es una fronda oficialista, resistencia de los cuadros políticos dirigenciales frente la indefinición presidencial, a la que los libertarios contribuyen desde fuera del gabinete, jactándose de tener al gobierno “bailando la música que ponemos nosotros”.

Hay un contrapeso que agrava el diagnóstico. En el promedio de Cadem para 2026, luna de miel incluida, el ir por el ‘buen camino’ (41%) y el optimismo (48%) marcan los mejores registros desde 2018. O sea, este gobierno abrió una ventana de expectativas que se mantenía cerrada desde hace ocho años, y logró aprobar una megarreforma que sus partidarios saludan hasta hoy como digna de Sergio De Castro y como una potente señal para la estampida de los ‘espíritus animales’ de nuestra clase empresarial. Todo esto parece haberse dilapidado.

Ahora el Presidente se dirige a los empresarios rogándoles usar el beneficio recibido por la rebaja de impuestos no para que “quede en una cuenta de ahorro, un depósito a plazo o en un fondo mutuo” sino que “necesitamos que con esos recursos se contraten más personas”; tempo invertendi. Y de esta manera reconduce el llamado a liberar los ‘espíritus animales’ reduciéndolo a una escala doméstica: “Si cada uno de los que está aquí y los que nos están viendo, contrata una persona más, vamos a empezar a dar vuelta las malas cifras de desempleo”.

Síntomas y cuatro salidas

Dos síntomas confirman la deriva de la gobernabilidad inaugurada por la administración Kast. Uno es el alumbrón comunicacional en torno a la elección presidencial de 2029. El propio Kast pidió en mayo a sus partidos buscar desde ya la mejor carta, y a comienzos de octubre Panel Ciudadano UDD ubicaba a la cabeza a Kaiser (21%), Boric (19%) y Parisi (18%). El vacío se llena de ilusiones. El otro es la presión, sorda pero creciente, por un cambio de gabinete que ordene al gobierno y articule su bloque,cambio que un 61% considera necesario antes de fin de año, según Data Influye. Los editoriales de la prensa ‘amiga’, diputados y senadores oficialistas, líderes de Chile Vamos encabezados por Matthei y figuras representativas de los poderes fácticos en los salones de la fronda reclaman lo mismo.

Tras esta adelantada conversación asoma la pregunta de fondo: ¿cuál esquema de gobernabilidad para la nueva década? Cuatro son los que se insinúan en el horizonte de nuestra ‘loca geografía’ política.

La primera salida concentra los malestares en la inseguridad, con más radicalidad todavía que Kast, y redobla la oferta de un gobierno duro que repare el orden moral y político dañado. En círculos republicanos descontentos, en el Partido Nacional Libertario, entre herederos inorgánicos del pinochetismo y en grupos religiosos extremos bulle la idea de que este gobierno ha sido un fiasco y que hace falta una fuerza auténtica de restauración, que gobierne desde la excepción. Kaiser, primero en ese sondeo, sostuvo en julio que las posturas más duras son las que generan popularidad.

El retiro del estado de excepción le dio a esa corriente su mejor argumento, y la encuesta UDP, una base social. Su límite es nuestra sexta constatación, pues quien pide mano dura en la calle no quiere que le corrijan la moral en casa. La falta de indultos para los violadores de los derechos humanos y la rebaja de las condenas para los violadores de niños han abierto una grieta entre la justicia de Kast y la promesa de implacabilidad que cuya materialización exige su flanco derecho más radical.

La segunda salida buscaría proyectar los malestares, diversos y dispersos, hacia un punto de ‘ruptura democrática’, combinando concientización, trabajo de masas, movimiento social y poder popular. El Partido Comunista actualizó su línea en la más reciente Conferencia Nacional bajo el lema “Organizar la fuerza, disputar el rumbo” y lamentó que el ciclo 2019-2021 no se hubiera convertido en organización popular. Su fórmula es explícita: “La gobernabilidad no es aceptar anticipadamente los límites del adversario”. El PC niega buscar desestabilización alguna y mantiene un pie en las instituciones y otro en la calle. La ruptura propiamente tal la sueñan asimismo círculos ultra, partidarios del socialismo del siglo XXI y corrientes que celebran ritualmente el espíritu octubrista, a la espera de un estallido que ven renacer en las huelgas de Bélgica, las movilizaciones de Francia y España o las revueltas juveniles que derribaron gobiernos en Nepal y Madagascar. El reservorio existe (58% cree pendientes las demandas de 2019), aunque sólo un 9% aprueba cortar una avenida.

La tercera salida cultiva los climas de frustración y pesimismo para convertirlos en una fuerza con líder y partido “de la gente”. La encarna Franco Parisi, que rozó el 20% en la primera vuelta de 2025, tiene 14 diputados decisivos y dice construir un partido de centro. Su hipótesis es que el fracaso de las élites abrió un vacío de poder que alcanza a izquierdas y derechas moderadas y, tras Boric y Kast, también a sus versiones radicales. La ideología declarada es la desideologización, la contradicción principal opone el pueblo a las élites (“ni fachos ni comunachos”) y la institucionalidad buscada es carismática, en el sentido de Weber.

Tras esa aparente neutralidad se esconde un populismo de derechas, inevitablemente iliberal, como todo populismo que pone al pueblo contra las mediaciones. Según estimaciones por inferencia ecológica publicadas en CIPER, la mayoría de sus votantes optó por Kast en el balotaje, y, entre quienes votan solo por obligación, Parisi y Kaiser empatan para 2029. Comparten un reservorio común.

La cuarta salida no la busca nadie y, sin embargo, ha regido los últimos cuatro períodos presidenciales. Es la alternancia dentro de un empate polarizado y pendular, donde los extremos se institucionalizan y autorregulan y donde fuerzas impotentes que administran los malestares y prolongan la frustración se turnan en el gobierno de la República. Este empate tiene aritmética. En el Senado, el oficialismo cuenta con los 26 votos justos; en la Cámara las derechas suman 76 de 155 diputados y los 14 del Partido de la Gente hacen de bisagra. También posee una física para nada oculta: fuerzas contrarias que se anulan entre sí al ser incapaces de convenir un esquema duradero de gobernabilidad.

Según venimos observando desde que Boric sustituyó a Piñera y enseguida Kast a Boric, Chile parece estar preparándose, nuevamente ahora, para continuar en la trayectoria de la cuarta salida.

Libertarios y círculos republicanos y de la UDI miran hacia la primera salida; el PC, parte del Frente Amplio y los círculos ultras y octubristas sueñan con la segunda, y el Partido de la Gente aspira a la tercera, que los opinólogos de la plaza declaman como la más probable, porque después del fracaso de las izquierdas y las derechas correspondería el turno al populismo. Como sea, es posible que el país siga sin encontrar un esquema de gobernabilidad que sustente su ingreso a la tercera década; la década del Niño intenso y la IA desbocada, de la ausencia del padre (el ‘complejo de Telémaco’) y el desorden bajo el cielo.

Los ausentes

Los grandes ausentes de esta frustrante lucha por la gobernabilidad son la centroderecha al estilo de Chile Vamos, el centro propiamente tal, en franca extinción, y la centroizquierda o izquierda centrada del Socialismo Democrático.

Estas fuerzas cargan con las ruinas ideológicas de tres tradiciones que fueron fuertes en el siglo XX; el liberalismo, el comunitarismo democristiano y la socialdemocracia. Su desvanecimiento tiene cifras. Evelyn Matthei obtuvo 12,4% en 2025 y terminó quinta. La Democracia Cristiana respaldó ese año, por primera vez, a una candidata comunista y se sumó a la lista parlamentaria del oficialismo de entonces. Carolina Tohá, la carta del Socialismo Democrático, obtuvo 28% en la primaria frente al 60% de Jeannette Jara. En 2019 describí a este campo como agotado en sus energías de renovación. Hoy el agotamiento se ha ido volviendo una rara mezcla de ausencia sustantiva y estridencia en la forma, lo cual acarrea las aguas hacia la cuarta salida, más semejante a esta altura a un bandazo que a un péndulo.

La paradoja es que aún hay demanda para aquello que ya no tiene oferta. Los gobiernos mejor recordados no fueron refundacionales, las políticas más valoradas nacieron de acuerdos y dos de cada tres personas prefieren dirigentes capaces de ceder. Incluso entre las élites hay una apenas disimulada nostalgia por figuras como Aylwin, Frei, Lagos, Boeninger, Correa, Foxley, Velasco y Marcel. Incluso personalidades contrastantes como Bachelet y Matthei vuelven a llamar la atención, ante el vacío de carismas más definidos y una crisis de liderazgos políticos.

Ese lugar que por el momento aparece como una tierra baldía, tiene sin embargo un programa posible. Mauro Basaure, un destacado sociólogo, ha propuesto que la izquierda recupere un vocabulario que, a su juicio, cedió con demasiada facilidad al conservadurismo (conservar, cuidar, mantener, reparar, regenerar, restaurar), y le asigna una tarea: “impedir que el presente destruya el futuro”. Leída desde una izquierda democrática, tal propuesta se hace cargo, creativamente, de los daños y externalidades negativas que la destrucción creadora del capitalismo, en su forma schumpeteriana actual, deja en la naturaleza, en las relaciones sociales y en la esfera cultural. En breve, de sus destrucciones.

La encuesta UDP documenta una de ellas, tal vez la menos visible de todas; la de los vínculos cotidianos. Las diferentes tradiciones del centro (siglo XX) -liberalismo, comunitarismo y socialdemocracia- conocían el oficio de reparar. Incluso, el no dañar a los otros; el cultivar comunidades y no solo contratos entre individuos, y el diseñar Estados de bienestar al servicio de una igualdad en la medida de lo posible, sirvieron como principios rectoresde esas tradiciones. Al contrario, según advierte el propio Basaure, las izquierdas actuales -de la ruptura y la estridencia, del poder dual y la frase mesiánica- bien podrían acabar entre ruinas, gestionando catástrofes y reproduciendo el fracaso. O, a la chilena, arrastradas por el movimiento pendular sin ofrecer una salida de gobernabilidad.

Interregno

Resulta paradojal: de las cuatro salidas, sólo la cuarta, la más inestable, cuenta con una inercia de doce años. Las otras tres cuentan con la pasión, que en política corre más rápido, y prometen salir del empate rompiendo algo, sean las garantías liberales, el marco institucional o las mediaciones entre el pueblo y el poder. Ninguna ofrece lo que la opinión premia una y otra vez, los acuerdos.

La última semana -de Rabat a Bassa, del desorden comunicacional al político, del desempleo a las nulas expectativas de crecimiento, de un Presidente que literalmente prefirió alejarse del país a una ciudadanía estupefacta por su ausencia en medio de la crisis- resultó ser la mejor y la peor expresión de esa falta de acuerdos. Oficialismo y oposición comparten la responsabilidad por la implosión de los consensos. Y por llevarnos al callejón sin salida en que ha quedado parqueada nuestra (in)gobernabilidad.

Gramsci, como suelen recordarnos incluso quienes nunca lo han leído, llamó interregno al tiempo en que lo viejo muere sin que lo nuevo alcance a nacer, propicio decía él para la aparición de fenómenos mórbidos más variados.

Chile vive ese tiempo hace más de una década, y el único programa que no exige romper nada, el de cuidar y reparar, del amor mundi y la “esperanza contra toda esperanza”, carece por ahora de quienes lo encarnen. Respecto de nuestro octubre de 2019, cuando la implosión del consenso se volvió estallido, escribí que nuestra generación, y las que nos suceden con mayor razón, debíamos estar precavidos frente a la promesa de un gobernante que ofreciera bienestar u orden a cambio de obediencia. La advertencia sigue en pie. Sólo que ahora podemos complementarla con esta otra: una ‘salida’, que niegue los acuerdos a cambio de una promesa refundacional cualquiera, debe descartarse de plano pues no puede generar gobernabilidad.