A pesar de la evidencia sobre el estancamiento de nuestro sistema escolar y la pérdida de dinamismo de nuestra educación superior, y de los enormes desafíos que deberán enfrentarse durante la presente década, las visiones, programas y propuestas para este sector de ambos candidatos a la presidencia —disponibles en el Servel— son débiles y de corto vuelo.

La visión de Kast (K) representa la convergencia entre un familismo conservador y la libre opción parental privada. El primer elemento denota un fuerte compromiso defensivo, y antimoderno, con la vieja estructura familiar: verticalidad de la autoridad paterna, estricta moralidad grupal, obligaciones de la obediencia debida al pater familias, división sexual del trabajo doméstico y desconfianza en los valores del extragrupo. El segundo componente imagina la construcción de la sociedad y la esfera pública como resultado de la libre elección ejercida por las familias desde el mundo privado.

Es pues una visión que radica en la sociedad civil (agrupación de familias) la iniciativa para crear y sostener colegios, mientras limita el rol del Estado a facilitar, promover, financiar y fiscalizar los estándares mínimos que aquellos deben alcanzar. El profesor, además de ser un experto “que vierte, cual líquido, su sabiduría a los estudiantes” (sic), debe actuar ahora como “facilitador del uso y juicio de las nuevas tecnologías y conocimientos”.

La educación municipal —en extinción— se reforzaría ahora bajo directa supervisión de las familias y la comunidad, en tanto que los nuevos servicios locales son mirados con fastidio.

El tópico preferido y más interesante del familismo conservador, esto es, la formación del carácter moral como base de la responsabilidad personal, el orden y la disciplina, ni siquiera se menciona. De hecho, la concepción educativa K en su conjunto parece dirigida a infantes y niños, sin atender a los tramos de edad más críticos: adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes. No debiera sorprender; habitualmente el familismo conservador se acompaña por la infantilización.

Tampoco hay en esta visión enunciados mínimamente robustos respecto de la educación superior, las artes y humanidades, el papel de las ciencias y la investigación, las prioridades del financiamiento público dentro del sector y la estructuración de la gobernanza de los sistemas escolar y superior.

A su turno, la visión, programa y propuestas del candidato Boric (B) aparecen en las antípodas de la anterior. Su eje es la educación como un derecho social que se despliega dentro de la esfera estatal, actuando el Estado como responsable de su accesibilidad universal, garante de su calidad y financiador de su progresiva gratuidad en todos los niveles.

Igual como en su momento anunció el segundo gobierno Bachelet, también la propuesta B aspira a cambiar el “paradigma educativo”. En tal sentido, apunta a reemplazar el modelo de aseguramiento de la calidad basado en rendición de cuentas y la medición de la calidad educativa (Simce) por un esquema de apoyo y evaluación con menores exigencias y consecuencias.

Prioritario resulta para esta candidatura, asimismo, eliminar los subsidios fiscales a la demanda y trasladarlos a la oferta, en función de los costos propios de los establecimientos y el volumen y composición de su matrícula. En la educación superior, se incrementaría adicionalmente el subsidio a las universidades estatales, se ampliaría la gratuidad y condonaría la deuda estudiantil.

De modo que la visión B padece de problemas similares a la anterior (visión K); solo que en sentido opuesto: escaso reconocimiento de la familia y la libertad de enseñanza, silencio respecto del rol prominente de los privados, ausencia de temas claves para las corrientes progresistas como equidad en la educación temprana, formación integral, artes y humanidades, ciudadanía democrática y global, competencias socio-emocionales y futuro de la digitalización. La solución, gruesamente dicho, sería adoptar las virtudes del Estado y abandonar los vicios del mercado.

En suma, ambas visiones (K y B) desinflan cualquiera expectativa sobre un relanzamiento de políticas educacionales con mayor ambición y sustento intelectual y técnico. Al contrario, son, más bien, visiones doctrinarias que apelan a las identidades ideológicas de los candidatos —conservador familista una, Estado-docentista la otra—, las dos con escaso espíritu innovador y aparente desconocimiento de las complejidades del sistema que desean cambiar.

Una y la otra transmiten voluntarismo pero desconocen la real complejidad del sistema educacional; afirman los prejuicios de cada sector sin que importe, al parecer, el futuro de las generaciones que deberán educarse bajo uno u el otro modelo ofrecido.

Los desafíos cruciales —v.gr., ratio de niños por cada educadora en jardines infantiles, efectividad de la sala de clases, profesionalización docente, liderazgo de directivos escolares, rescate de los servicios locales, matrícula y financiamiento privados— están sencillamente ausentes o son tratados livianamente mediante consignas. Igual como se elude cualquier pronunciamiento serio sobre las encrucijadas de la educación superior.

Incluso, la recuperación del sistema escolar tras la pandemia se menciona solo al pasar, a pesar de ser la primera cuestión que deberá atender el próximo gobierno en este sector.

En consecuencia, concluyo con desencanto que un moderno enfoque de la educación —que parta por la trayectoria real de nuestro sistema y la proyecte hacia los ideales de la efectividad escolar y el desarrollo de las capacidades humanas de la sociedad— se halla ausente de la candidatura B y es ajeno a la propuesta K.