Espalda: Cambios en la gobernanza de la educación superior
Enero 11, 2020

LA COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO

El ministerio de Universidades, sin Ciencia, nace con polémica

Gran recelo de académicos y científicos a la división en dos ministerios

BARCELONA,

El gobierno de coalición de PSOE con Unidas Podemos ha forzado un nuevo ministerio, el de Universidades, que se desgaja de Ciencia e Innovación. Los programas electorales de estos partidos habían prometido reforzar la actual estructura ministerial por lo que los campus no entienden el cambio organizativo como una ventaja a su favor. “Sin ciencia e innovación no hay universidad y sin universidad no hay ciencia e innovación”, advierten los rectores españoles que explican que la visión moderna de la administración europea en educación superior es sumar categorías y no dividir. ¿Qué presupuesto contará el ministerio que previsiblemente liderará Manel Castells? ¿Qué reforma universitaria podrá impulsar? ¿Cómo será la comunicación con el ministerio de Pedro Duque, si este renueva el cargo? ¿Cómo quedará la universidad en el ámbito de la ciencia?

En los países nórdicos los gobiernos fusionan en un sólo departamento áreas de amplias competencias como educación e investigación (Suecia) o ciencia y cultura (Finlandia). En Alemania, Austria, Francia, Italia o Portugal las políticas gubernamentales de educación e investigación van unidas. Y en Países Bajos, se añade, además, cultura. Josep M. Vilalta, autor de Construint la Catalunya del coneixement (1985-2015) Tres dècades que han transformat el país des de les universitats i la recerca científica (UOC) considera que los enemigos del progreso científico son la inestabilidad en la regulación, la tendencia de la administración a controlar los procesos, la burocratización que exaspera a los investigadores. Impulsar la innovación en España va a requerir mucha coordinación interministerial y mayor confianza en la autonomía universitaria.

Desde las universidades

Los rectores temen que los campus queden relegados

Las universidades van a tener que lidiar en esta legislatura con al menos tres ministerios: Educación, Ciencia e Innovación y Universidades. Y esta reorganización, que fuentes universitarias dicen responder más a un reparto de poder de los partidos políticos en el Gobierno que al interés de las instituciones a las que se va a administrar, no ha gustado a los rectores que temen, no sólo la multiplicación de interlocutores institucionales, sino la falta de coordinación interministerial y la escasa representatividad que pudieran tener en el departamento que asuma investigación e innovación.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), el principal interlocutor de las universidades con el gobierno central y que desempeña un papel clave en todos los desarrollos normativos que afectan a la educación superior, ya ha manifestado en varias ocasiones su deseo de que las tres áreas –Universidad, Ciencia e Innovación– formen parte de un mismo ministerio. “Estamos convencidos de que un interlocutor dedicado en exclusiva a esos ámbitos”, señala el presidente José Carlos Gómez Villamandos, “garantizaría una mejor coordinación con otros departamentos de cara a la elaboración de cualquier normativa que afecte al sistema universitario”.

Para Gómez Villamandos resulta fundamental que, en caso de dividirse las competencias, no se ignore que el 70% del sistema de ciencia y tecnología procede de la investigación universitaria.

“Si separáramos la investigación de la universidad, los profesores aún estarían explicando la máquina de vapor”, expresa con un claro ejemplo el rector de la Politècnica de Catalunya (UPC), Francesc Torres. Los responsables de los campus temen que la universidad quede relegada de la política de investigación.

“Los retos de la universidad son urgentes, indivisibles a la política de innovación, y deberían ser asumidos por un sólo ministerio”, resume Torres. La CRUE recuerda asuntos pendientes como el Estatuto del Personal Investigador en Formación, la ley de Contratos del Sector Público o el real decreto de prácticas académicas externas, ejemplos de medidas que exigen una aplicación “quirúrgica” para no acabar perjudicando a la comunidad universitaria.

Para los rectores, fue un acierto que se creara el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para definir y aplicar las políticas universitarias. La separación en dos ministerios en esta legislatura va en sentido contrario al de la mayoría de países europeos. “Portugal, por ejemplo, ha optado por unir Ciencia, Tecnología y Educación Superior”, explica Margarita Arboix, responsable de la Autònoma de Barcelona (UAB), entidad que se encuentra entre las primeras 200 universidades del mundo en producción científica (QS WUR 2020).

Declaración de la CRUE

La universidad aporta el 70% de la producción científica, lo que debe notarse en Ciencia

Estos ministerios, si se crean, van a tener que estar “muy, muy coordinados”, espera Arboix. “El entendimiento debe ser máximo entre ambos para no convertir una universidad descafeinada”, confía Torres. La formación de jóvenes talentos y futuros docentes, por ejemplo, va muy ligada a la investigación. “¿Cómo llegan los docentes a la universidad?” se pregunta la responsable de la UAB. “Investigando, publicando, eso es esencial para su carrera y para la universidad”, apunta la rectora de Bellaterra.

Los rectores confían que en esta legislatura se apruebe la ley de Universidades, que estaba en el cajón de Pedro Duque a punto de salir a la luz. La reforma será, previsiblemente, reformulada por el nuevo ministro –probablemente su legado estrella– por lo que se retrasará su aprobación.

La universidad espera que dé mayor autonomía a los centros para decidir sobre su propia gestión (con autonomía a cambio de rendición de cuentas), sobre la contratación de personal (una doble línea de funcionarios y contratados), constitución de claustros. Una ley marco menos intervencionista y reguladora, que permita definir el perfil de cada institución.

Y se requiere abordar también la flexibilización de los planes de estudio. “En la UAB, tenemos pendiente un grado de ciencias y humanidades que, con la regulación actual, no podemos impartir. Para ser competitivos e innovadores no necesitamos tantas rigideces sino flexibilidad”, indica Arboix.

En la Administración catalana, ciencia e innovación están unidas con educación superior. Aunque universidades carece de cartera propia y cuenta sólo con una secretaria adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement. La secretaría ha diseñado una estructura para constituir una sociedad de conocimiento que aglutine la investigación y la educación superior con el fin de contribuir a la actividad económica y retroalimentar la innovación. Las bases están ancladas pero falta que avance.

Y falta financiación, un asunto que no se explica sólo por la parálisis del Govern ante la falta de la aprobación de presupuestos. En el borrador de los mismos no se incluyen los aumentos mínimos para funcionar reclamados por los campus para subsistir. ¿Cómo se encarará, entonces, el impulso hacia una sociedad de conocimiento?

En todo caso, Manuel Castells, el previsible nuevo ministro de Universidades, es miembro del consejo consultivo del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement por lo que se dará la paradoja de participar –o haber participado– en dos diseños organizativos distintos con el mismo propósito.

Por otra parte, el pacto entre el PSOE y ERC contempla el traspaso de las competencias de becas (la gestión sí se efectuaba). Este es un asunto que lleva en los tribunales desde principios de siglo y que el Tribunal Constitucional se ha cansado, según reconoció en la última sentencia, de insistir sobre el incumplimiento del gobierno español en este aspecto. Las competencias sobre ordenación de las becas y los criterios para su concesión son de titularidad autonómica.

Desde la investigación

La comunidad científica cuestiona la separación

La comunidad científica, tanto la universitaria como la que investiga en instituciones no universitarias, no cree que segregar el Ministerio de Universidades del de Ciencia e Innovación aporte nada positivo. En el mejor de los casos, será irrelevante para la investigación. En el peor, disfuncional.

“No es la mejor manera de avanzar hacia una economía del conocimiento; todo lo contrario”, criticó ayer Perla Wahnón, presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), que representa a unos 40.000 investigadores.

“Es conveniente integrar lo que llamamos el triángulo del conocimiento, que incluye la educación superior, la investigación y la innovación, en un ministerio que tenga el mayor peso político posible; fragmentar el ministerio tendría el efecto opuesto. Si se confirma, sería una mala noticia”. Además de la pérdida de peso político, otros posibles riesgos incluyen una duplicación de funciones, una descoordinación en las decisiones e incluso una diferencia en las prioridades políticas. Para evitarlos, representantes de la comunidad científica defienden que las competencias sobre investigación, incluidas aquellas que atañen a la investigación universitaria, sigan estando adscritas al Ministerio de Ciencia. Esto significaría, por ejemplo, que el presupuesto destinado a contratar investigadores universitarios dependería del Ministerio de Ciencia y no del de Universidades.

A la espera de que se confirme que la gestión de universidades y la de investigación recaerán en ministerios distintos, “lo interpretamos como una decisión administrativa derivada de las negociaciones para formar un gobierno de coalición; no lo vemos como una decisión programática para cambiar el modelo de política científica o universitaria”, señala Josep Samitier, presidente de la Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).

Si la decisión hubiera sido programática, hubiera sido más coherente mantener las competencias de universidades e investigación bajo un mismo paraguas, tal como defiende la Cosce y como hace la Comisión Europea. El programa electoral de Podemos defendía, en su punto 81, la “necesidad de un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades” y prometía que “mantendremos y reforzaremos el Ministerio […] para que el impulso de la actividad científica por parte de los poderes públicos sea más eficaz”. El programa del PSOE, por su parte, anunciaba en su punto 4.1 que “fortaleceremos el sistema de ciencia y tecnología”, lo que incluye “aprobar el Estatuto del Personal Docente Investigador, ligado a la nueva Ley de Universidades”.

Sin embargo, todo apunta a que la política universitaria recaerá en un ministro designado por Unidas Podemos –el sociólogo Manuel Castells– y la política científica, en un ministro designado por el PSOE –previsiblemente Pedro Duque, aunque Pedro Sánchez aún no lo ha hecho público–. Esta separación en dos ministerios “no es lo ideal, pero tampoco tiene por qué ser un desastre; todo dependerá de cómo se haga”, declaró ayer Luis Serrano, presidente de la alianza Somma, que agrupa a los 49 centros y unidades de investigación designados como excelentes por el gobierno, algunos de ellos universitarios, en los que trabajan más de 8.500 investigadores. “Lo que sería un desastre sería que dos ministerios tuvieran competencias en investigación. Para evitar solapamientos, el Ministerio de Ciencia tiene que ocuparse de toda la investigación, incluida la universitaria”.

“La clave estará en qué competencias retiene cada ministerio”, advierte la presidenta de la Cosce, Perla Wahnón, quien recuerda que “más del 60% de la investigación que se hace en España se realiza en las universidades”. Pone como ejemplo “el problema de las becas universitarias”, que abarcan tanto la formación como la investigación. “¿Cómo se separarán?”.

La Cosce advirtió en un comunicado difundido el 2 de diciembre, cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya habían acordado formar un gobierno de coalición, que “la desaparición o la fragmentación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades iría en sentido contrario al de los países de nuestro entorno”. Si desoyen esta recomendación, Sánchez e Iglesias enviarían a la comunidad científica el mensaje de que fomentar el triángulo del conocimiento no es una prioridad de gobierno.

“Una fragmentación de competencias sería una fragmentación de recursos; sería un error situar las universidades y la investigación en lados opuestos de la mesa a la hora de negociar un presupuesto”, argumentó ayer Wahnón, quien no descartó que finalmente se mantenga un único ministerio. “Tenemos que esperar a ver cómo queda la composición del gobierno para poder hacer una valoración”.

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