José Joaquín Brunner

El nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE) se halla en plena implementación. Desde ahora está presente en la totalidad de las regiones del país. Contrario a anuncios alarmistas, el sistema avanza normalmente. Ni los padres se han rebelado contra él, ni el Gobierno ha dejado de aplicar una ley cuya filosofía, declara, le es ajena.

¿En qué consiste el nuevo sistema?

Es un mecanismo centralizado de distribución de oportunidades de estudio ofrecidas por los establecimientos subvencionados (9 de cada 10 vacantes). Las familias ejercen su libertad de elegir el colegio para sus hijos, manifestando a través de una plataforma web sus preferencias. Si el establecimiento elegido en primer lugar tiene vacantes suficientes, los postulantes son aceptados de inmediato. Si así no fuera, el SAE ordena aleatoriamente a los postulantes y los asigna según el orden de sus prioridades, mediante una fórmula (algoritmo) que maximiza las probabilidades de las personas de quedar en su más alta preferencia.

De este modo, el SEA produce un emparejamiento óptimo dentro de las restricciones de vacantes (escasez) y de ciertos criterios incluidos en la fórmula (prioridad de hermanos en la misma escuela, prioridad para 15% de postulantes vulnerables, hijos de funcionarios, exalumnos).

El mecanismo adopta la forma de un mercado sin precios, cumpliendo la misma función de aquel: emparejar demanda y oferta. Alvin Roth, premio Nobel de Economía, lo denomina precisamente “matching market”; “en estos no puede usted simplemente elegir lo que desea, aun si pudiese pagar por ello; debe también ser elegido”. Los mercados laborales funcionan así. Y, en Chile, la admisión a las universidades opera sobre esta base; pero el algoritmo incluye el mérito académico medido por la PSU, las notas de enseñanza media y el lugar de ranking de cada alumno en su colegio de origen.

El propio Roth ha participado en el diseño de emparejamientos de este tipo en varios frentes: donantes de órganos vitales y enfermos, doctores y su primer puesto de trabajo, refugiados y asilo, estudiantes y colegios. Mecanismos de este tipo han sido usados en colegios de Boston, Nueva York, Washington D.C. y, fuera de los EE.UU., en Ámsterdam.

En Chile, el gobierno de Bachelet (II) lo adoptó con un triple objetivo. Primero, poner fin a prácticas de selección arbitraria de postulantes por parte de colegios subvencionados; segundo, contrarrestar la segmentación escolar que supuestamente introducen los colegios al seleccionar alumnos de un similar origen socioeconómico, y tercero, incrementar la equidad del acceso a los colegios mejorando los resultados del aprendizaje mediante un aprovechamiento más eficiente de las oportunidades educacionales existentes.

¿Se están cumpliendo estos objetivos?

Es razonable suponer que la discrecionalidad de los colegios para discriminar durante la admisión de alumnos —haya o no sido utilizada previamente— ha desaparecido del sistema subvencionado. Luego, la libertad de elegir de las familias se ha visto reforzada. Además, el SAE ofrece más información sobre los colegios y reduce los costos de transacción en los procesos de postulación.

Sin embargo, estudios recientes muestran solo efectos marginales del SAE —sean positivos o negativos— sobre la segmentación escolar (Urzúa et al., 2019; Carrasco y Honey, 2019; Eyzaguirre et al., 2019; Sillard et al., 2018).

Por último, según podía esperarse, el objetivo mayor —mejores logros de aprendizaje— no se ha hecho presente. ¿Por qué? Porque el SAE meramente redistribuye, en el margen, las mismísimas oportunidades educacionales existentes antes de crearse un mercado de emparejamiento. De ellas, como sabemos, entre un tercio y la mitad son a tal punto mediocres, que no permiten obtener siquiera los mínimos aprendizajes cognitivos esperables.

A su turno, la adopción del SAE ha originado una interesante inversión de posiciones en el campo discursivo de las políticas educacionales.

En efecto, partidarios del actual gobierno, que tienden a valorar el papel de la libre elección, los mercados y la soberanía de los usuarios y consumidores, sin embargo, desconfían del SAE, a pesar de encarnar varios de dichos principios axiales.

Por su parte, los opositores progresistas, que recelan intensamente de esos principios prefiriendo modelos de provisión, coordinación y distribución controlados por el Estado, han abrazado la defensa del mercado de emparejamiento escolar, sobrevaluando su potencial antisegmentador y proequidad.

Tenemos, pues, un mapa discursivo invertido: quienes deberían sospechar de este mecanismo de mercado, aún sin intermediación de precios, lo aplauden. Inversamente, quienes deberían abrazar este mecanismo, parecen haber perdido fe en la libre elección.

Más allá de esta polémica, ¿es posible mejorar este mecanismo? Ciertamente sí.

Desde el punto de vista procedimental, debe hacérselo más “amigable”, menos anónimo, impersonal y semejante a un dispositivo mecánico, entregado al azar.

Desde el punto de vista sustantivo, es imprescindible ampliar los cupos especiales de admisión de alta exigencia académica hoy reconocidos por la ley. Adicionalmente, a partir de la enseñanza media, debe estudiarse cómo crear espacios razonables para el mérito y el esfuerzo.

Finalmente, es urgente abandonar la creencia mágica de que la forma de organizar la admisión —si mediante un mercado de emparejamiento o un plan de asignación estatal— puede cambiar por sí sola, milagrosamente, la calidad de las oportunidades y los resultados del aprendizaje. Esa tarea, la más vital e importante, sigue pendiente