José Joaquín Brunner

En el sector educacional, el nuevo gobierno enfrenta dos riesgos que, de no resolverse adecuada y oportunamente, obstaculizarán su gestión y afectarán el desarrollo del país.

Por un lado, corre el riesgo de que la agenda de asuntos y prioridades de la política educacional sea determinada por los medios de comunicación. Por otro lado, al hacerse cargo de revisar e implementar numerosas iniciativas heredadas de la anterior administración, se expone a postergar su propio programa, frustrando las expectativas de un mejoramiento de nuestra educación. Además, ambos aspectos -que corresponden a la agenda simbólica y la agenda sustantiva, respectivamente- interactúan entre sí, pudiendo reforzarse mutuamente, tanto positiva como negativamente.

En las democracias contemporáneas, los medios de comunicación juegan un papel decisivo en determinar la agenda; es decir, la lista de los asuntos a los cuales atiende la opinión pública encuestada y en torno a la cual se organiza la conversación de los públicos informados y las élites.

En las actuales circunstancias -de tránsito de una administración de gobierno a la siguiente-, este papel aumenta significativamente. Pues mientras una agenda va desapareciendo, otra emerge en el horizonte de la atención colectiva, provocándose cierto vacío y confusión que los medios llenan con sus portadas, noticias destacadas, editoriales y columnistas, interrogantes y afirmaciones.

A su turno, los medios crean escenarios comunicacionales adversarios, donde priman la lógica de confrontación, la regla del amigo/enemigo, la lucha dramática, el choque de ideas e ideologías. Como ya comienzan a experimentarlo el nuevo gobierno y las autoridades del sector, los medios, más que estar interesados en sus visiones y propuestas propias, buscan conocer su postura frente a los temas candentes del pasado inmediato: gratuidad, establecimiento de servicios locales de educación pública, lucro, estatuto legal de las universidades estatales, arriendo de locales por parte de los sostenedores privados, limitaciones al uso de los resultados Simce, fijación de aranceles y vacantes de las universidades, etc.

En breve, se fuerza al actual gobierno -en el espacio comunicacional- a asumir la agenda sustantiva del anterior. Y tal es la fuerza de esta dinámica agonística, que fácilmente los altos funcionarios pueden terminar descentrados y dispersos, obligados a librar batallas con palabras ideológicamente cargadas.

El riesgo es verse envueltos, sin darse cuenta, en una lucha contra molinos de viento, con los personeros gubernamentales remedando al Quijote en sus dichos del campo de Criptana: “La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta, o pocos más, desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer; que ésta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la Tierra”.

Esta verdadera debacle simbólica trabaría -aún más de lo que suele ser normal en el caso de las administraciones novatas- la capacidad del gobierno entrante para definir, transmitir y, sobre todo, aplicar su propia agenda sustantiva, todavía embrionaria. En efecto, ¿cuál es la lista de asuntos prioritarios? ¿Cómo se espera lograr un balance entre hacerse cargo del “legado” (revisar, corregir e implementar) y avanzar al mismo tiempo en la línea del mejoramiento de la calidad prometido en el programa? ¿Cuántos recursos se destinarán a este efecto durante los próximos cuatro años?

Al momento, nada de esto parece estar decidido.

No es claro cuáles son las prioridades: ¿la infancia, la sala de clase de los colegios básicos, la secundaria que se halla sumida en una crisis de sentido, la educación universitaria o la educación técnico-profesional? ¿Cuáles tres medidas, dentro de las 25 contenidas en el programa, son consideradas esenciales? ¿Cómo pretende el gobierno armonizar calidad, equidad, efectividad y eficiencia? ¿Qué importancia tendrán las materias institucionales? ¿Habrá más o menos control burocrático?

Precisado todo lo anterior, aún no pueden las autoridades ni el país sentirse tranquilos. Pues hay otras cuestiones claves que demandan urgente atención del gobierno: ¿posee el ministerio del sector las capacidades político-técnicas de información y conocimiento, de operación y logística, necesarias para emprender este viaje por mares que a ratos se volverán tormentosos? ¿Tiene claro el Presidente de la república -quien lleva el timón- a dónde desea llegar? Y el ministro de educación, ¿posee una carta de navegación? ¿Podrá comunicarla persuasivamente, construyendo acuerdos, sin dejarse llevar por el espejismo de los molinos de viento? ¿Encontrará al frente a opositores razonables? ¿Tendremos guerra o paz en la esfera de la agenda simbólica?

Ya el anterior gobierno quedó atrapado en el vendaval de las palabras, la inflación de expectativas, la ausencia de un diagnóstico equilibrado, la carencia de una carta de navegación, la debilidad del aparato de gestión, el exceso de iniciativas, las fallas de coordinación, la mala calidad de los diseños y la falta de una teoría del cambio.

Males similares podrían aquejar también al nuevo gobierno si no clarifica rápidamente su propia agenda, elige bien sus prioridades, las comunica con espíritu de deliberación democrática y organiza sus propios equipos a la altura de lo que demandan las dificultades y riesgos de las tareas que deberá emprender.