José Joaquín Brunner

¿Cuáles son los desafíos que el nuevo gobierno, elegido hoy, deberá enfrentar en el sector educacional?

Si uno atiende nada más que al debate del último mes de campaña, da la impresión de que el único asunto relevante es la gratuidad de la educación superior; cuánto se extiende, en beneficio de quiénes, y cómo se financia. En cambio, si se leen los programas de ambos candidatos, hay decenas de medidas propuestas para cada nivel del sistema educacional, pero escasas orientaciones sobre la visión que ambos competidores desean impulsar, sus prioridades y metas. Es difícil saber qué piensan sobre la educación chilena hoy.

¿Cuál es el estado de la educación con que se encontrará el gobierno del presidente que resulte elegido?

Desde el punto de vista institucional, un sistema -preescolar, escolar y superior- cuyas características centrales son la provisión mixta público-privada, junto con un creciente gasto del Estado dentro de un esquema también mixto de financiamiento. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Hay continuidad del sistema y cambios incrementales.

Paradójicamente, aunque el actual Gobierno anunció un cambio radical de la economía política mixta de la educación chilena, esta aparece fortalecida estructuralmente al término del gobierno Bachelet, aunque operacionalmente se ha debilitado.

Por un lado, entonces, se ha fortalecido, pues, bajo el gobierno saliente -a pesar de la retórica en contrario-, el Estado asumió fuertes compromisos de apoyo con los proveedores de gestión privada, tanto a nivel de escuelas como de instituciones de educación terciaria. Más que nunca antes, ¡oh, sorpresa!

En efecto, la gratuidad de los colegios privados subvencionados mediante el reemplazo del copago, y la gratuidad parcial de la educación superior gestionada por privados mediante subsidios de aranceles, becas y créditos, aproximan a los proveedores privados y a los proveedores estatales y municipales, reconociéndoles, de hecho, el trato de proveedores públicos a todos. Estas son medidas estructurales de la mayor importancia. Afirman el régimen mixto de provisión. Se avanza hacia la igualdad de trato entre proveedores. Y por esta vía se amplía -al menos en los hechos- el concepto de lo público educacional.

A su vez, la medida de regular más estrictamente a los proveedores privados financiados por el Estado, asegurándose de que efectivamente funcionen como entidades sin fines de lucro, refuerza la legitimidad moral y legal del régimen mixto, dotándolo de un marco público de regulaciones que más adelante podrá perfeccionarse.

Adicionalmente, dicho régimen mixto se ha vigorizado a través de: (i) dispositivos que favorecen la competencia meritocrática, por ejemplo, el ranking de notas; (ii) una mayor información y transparencia sobre la calidad de la educación superior, y (iii) el diseño y creación de un mercado para el emparejamiento entre preferencias y vacantes ofrecidas en el sistema escolar (mal llamado “tómbola”, cuando en realidad emplea un sofisticado algoritmo para asignar alumnos, emparejando la elección familiar con la de los colegios).

Por otro lado, y a pesar de lo dicho, el régimen mixto de provisión educacional se halla debilitado desde el punto de vista estratégico-operacional; o sea, de su funcionamiento. Esto es producto del mal diseño y gestión de las políticas y reformas impulsadas por el Gobierno durante los últimos años, las que carecieron de consistencia conceptual, densidad técnica y efectividad a la hora de su implementación.

Tanto así que, de manera completamente imprevista para el Gobierno, como vimos, en vez de que su acción -como se suponía y pretendía- diera comienzo a la superación del régimen mixto e impulsara un nuevo paradigma en su reemplazo, terminó reforzándolo, al mismo tiempo que lo debilitaba operacionalmente. Permítanme tres ejemplos.

Primero, el robustecimiento de la provisión privada no se acompañó coherentemente con una política similar para el sector estatal de escuelas e instituciones de educación terciaria. El establecimiento de los servicios locales de educación recién empezará a implementarse el próximo año y hay serias dudas sobre su diseño y calidad. Se requerirá un gran esfuerzo para otorgarle viabilidad y fortalecer a los colegios.

Segundo, los proveedores de gestión privada, junto con obtener un no previsto mayor reconocimiento y apoyo público, han sido sometidos a una vigilancia administrativa asfixiante y a unas exigencias legales absurdas, respecto de la titularidad y arriendo de los inmuebles escolares. Será necesaria una reingeniería en este punto.

Tercero, la educación superior ha sido mantenida en vilo durante casi cuatro años, en medio de una permanente incertidumbre jurídica sobre su futuro marco regulatorio, modalidades de financiamiento y gobernanza a nivel nacional. Asimismo, ha debido ajustarse a una zigzagueante política de gratuidad que entraba su normal desarrollo. Es de esperar que el daño no se agrave, aprobando una improvisada legislación en los minutos de descuento.

Dentro de este cuadro de fortalecimiento (no buscado, incluso no querido) del régimen mixto de provisión y de simultáneo debilitamiento del sistema en aspectos funcionales críticos, la calidad, equidad y pertinencia del sistema en su conjunto no parecen haber aumentado. Más bien, se hallan estancadas. Se postergó la prioridad de la educación y el cuidado temprano de la infancia. Se perdió el foco en la sala de clase. Se pospuso la adopción de enfoques pedagógicos centrados en las competencias del siglo 21. En suma, disminuyó la efectividad de las políticas educacionales.

Por lo mismo, el presidente elegido hoy tendrá ante sí el gran desafío de mejorar esas políticas; recuperar la coherencia de las mismas; corregir los problemas generados y avanzar en un fortalecimiento más equilibrado del régimen mixto de provisión. La propia estrechez (probable) de los resultados obligará a actuar en función de objetivos compartidos.