Izquierda Autónoma: de la razón pura a la razón práctica
Mayo 27, 2016

Izquierda Autónoma presenta a ministra Delpiano objetivos de fortalecimiento y expansión de la educación pública

Dirigentes nacionales de Izquierda Autónoma se reunieron con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, para hacer entrega de un documento que pretende “una reforma que ponga la educación pública en su corazón para construir una nueva educación para Chile”. “Los planteamientos que hicieron están en la línea de lo que se está preparando y se presentará al parlamento”, señaló la ministra.

A un día de la cuenta pública de la Presidenta, la máxima autoridad del Mineduc se reunió con dirigentes de Izquierda Autónoma (IA) para abordar la reforma a la educación superior que, según ha señalado la ministra, se comenzará a discutir en junio de este año. El vocero de IA y ex presidente de la Fech, Andrés Fielbaum, contextualizó que “hoy venimos al Ministerio a presentar nuestra disposición de hacer lo posible para que haya una reforma durante este Gobierno y entendemos que el eje central es el fortalecimiento de la educación pública. Que sea mayoritaria y principal es el único modo de hacer retroceder el mercado”. La ministra, por su parte, concluyó que “compartimos los fundamentos de los puntos que plantean” y propuso “un canal de trabajo mientras se discuta la ley, para todos los sectores”.

El ex vice presidente de la Fech y encargado educacional, Sebastián Aylwin, apuntó que Izquierda Autónoma se propone “invitar a la sociedad a construir un acuerdo que permita una educación superior distinta, que piense en el futuro y que tenga en su centro la expansión de la matrícula pública, hacer de la educación pública la mayoritaria de este país”. Y, puntualizó, “nos parece importante velar por los estudiantes de educación privada precarizada, que no acceden a una educación de calidad y que están en una situación compleja. La educación pública tiene que ofrecerles una plaza a esos estudiantes. También debe haber mayor regulación en la educación privada, transparencia y fiscalización. Por último, democracia interna en todas las instituciones, con participación estudiantil y académica”.

Por su parte, la ex presidenta Fech Valentina Saavedra, concluyó que “lo que se requiere para una transformación es un acuerdo amplio entre los distintos actores, a quienes invitamos a sumarse a una transformación real que, entendemos, debe ser gradual. Nos ponemos a disposición de ello. Un éxito de la reforma, también será un éxito del movimiento social, así como un fracaso de una reforma también será un fracaso del movimiento y de los distintos esfuerzos que desde allí se han desarrollado”.

 

El documento

Bajo la idea de que “sin importar el color del gobierno de turno, la sociedad debe abrirse paso y concretar transformaciones que tengan un impacto real en la vida de los chilenos”, la organización se declaró “en disposición de ayudar, sin cálculos pequeños, en que cambios genuinos ocurran, y principien un ciclo político que supere ya 30 años de neoliberalismo ininterrumpido”.

Desde allí, el documento formuló una crítica al proceso de reforma a la educación en el que “a veces oculto tras numerosos temas puntuales y detalles que copan el debate, se ha intentado llevar adelante reformas de regulación moderada del mercado, en lugar de reconstruir el espacio y los servicios públicos”, de modo que se mantiene el “carácter subsidiario del Estado consagrado en la Constitución de 1980, por su débil impacto en la vida cotidiana de los sujetos, o la extrema focalización de sus beneficios a una población acotada”. De modo que “pese a los esfuerzos de los actores sociales, las preguntas sobre la orientación y propósitos de la educación las sigue guiando y respondiendo el mercado y los intereses privados”, relevando por tanto la necesidad de  “incorporar normas efectivas que proscriban definitivamente el lucro en todo el sistema”.

Frente a ello, se destaca que el objetivo de una reforma educacional sustantiva sólo es posible si la “energía necesaria” proviene de “un amplio pacto social por la educación” que pueda ser recogido en el proceso de discusión constitucional, “nos parece que una nueva Carta Magna debe garantizar el carácter público de la educación, abandonando el principio subsidiario del Estado que hoy rige, y que ha estimulado la masificación de mercado”.

 

Cuatro primeros pasos

Izquierda Autónoma propuso cuatro pasos para comenzar a transitar en un sentido distinto:

  • Ampliación de la matrícula pública: dotar a planteles públicos de las condiciones que lo hagan posible. Si bien idealmente los recursos para esta estrategia de crecimiento inmediata deben canalizarse a través de los instrumentos de aporte directo que fije la nueva Ley -y no mediante vouchers-, hoy se puede recurrir a otras partidas ya determinadas en la Ley de Presupuesto. Aspirar a que al final de la década, las instituciones públicas lleguen al menos al 50% de la matrícula total de la educación superior.
  • Plan nacional de movilidad de estudiantes: garantizar el derecho a la educación a los jóvenes que hoy cursen estudios en instituciones privadas investigadas por lucro o de baja acreditación, y también como medio para la expansión de la matrícula de las instituciones públicas, orientado a que los estudiantes puedan continuar sus estudios en una institución del Consejo de Rectores, de manera      directa y por derecho propio, egresando con el título de la institución a la que llegan. Este plan es posible sin necesidad de Ley, y basta un trabajo conjunto entre los actores y el Ejecutivo para establecerlo.
  • Fiscalización de los recursos públicos entregados al sector privado: avanzar en la aplicación de formas públicas de fiscalización -Contraloría y Transparencia- a toda institución que reciba recursos públicos. En la medida que las ayudas estudiantiles no desaparecerán de la noche a la mañana, los estudiantes que hoy cuenten con ellas deben ser defendidos mediante una adecuada fiscalización de las instituciones donde están
  • Democratización de la educación superior: es imperativo avanzar en elevar la participación de las comunidades en las instituciones. La derogación del DFL 2 ha sido un avance, pero insuficiente. En las instituciones del Estado hay que asegurar una participación triestamental en los órganos de gobierno institucional, y propender a que tales modelos sean adoptados por el conjunto de las instituciones que colaboran con la función pública.

 

Un espacio deliberativo

El documento concluye que una reforma a la educación “sólo es viable si expresa un amplio consenso social por la educación”, para lo cual es fundamental que se constituya para los actores sociales e institucionales “un espacio deliberativo que pueda acordar una hoja ruta para construir una nueva educación pública, convocando a las autoridades y a los actores que han puesto esta lucha en el debate nacional”. El mandato del espacio debiera ser “definir un horizonte común que las autoridades se comprometan genuinamente a respetar. De esa manera, cada uno de los pasos de la reforma a la educación superior, compuesta por cambios constitucionales, reformas legales y medidas administrativas, será reconocido por la sociedad como una reforma legítima”.

 

Puedes revisar el documento completo aquí (borrador)

 

 

Compartir

0 Comments

Submit a Comment

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

PUBLICACIONES

Libros

Capítulos de libros

Artículos académicos

Columnas de opinión

Comentarios críticos

Entrevistas

Presentaciones y cursos

Actividades

Documentos de interés

Google académico

DESTACADOS DE PORTADA

Artículos relacionados

Revista Teoría de la Educación

 Vol. 36 Núm. 2 (2024) Investigación y transferencia del conocimiento en Ciencias de la Educación: Una cuestión de justicia social Alexandre Sotelino-Losada, Miguel A. Santos-Rego, Mar Lorenzo-Moledo Autoridad, vínculo y saber en educación. Transmitir un testimonio de...

Share This