Cómo financiar la gratuidad: ¿inicio de un mayor realismo?
Mayo 27, 2016

Las propuestas parlamentarias que apuntan a crear un sistema de retribución por la gratuidad

Desde un impuesto al graduado hasta años de servicios al Estado, forman partes de las ideas que se postulan en el Congreso. Imposibilidad de avanzar más allá del 60% de alumnos más vulnerables en este gobierno abre debate sobre opciones financieras.

Daniela Muñoz, Flor Guzmán y Myriam Bustos, la Tercera, 26 de mayo del 2016 /
El anuncio de que la gratuidad en este gobierno sólo llegará al 60% de menores ingresos, realizado por la Presidenta Michelle Bachelet el 21 de mayo, abrió preocupación en el oficialismo. Esto, porque no se cumplirá la promesa de campaña de alcanzar al 70% más vulnerable de la población y dejó sin plazo establecido a la gratuidad universal.

El argumento del gobierno para este freno en el avance de la nueva política pública es la situación económica del país y la baja del dólar. Esto implica que en la ley de reforma a la educación superior va a quedar establecido qué condiciones macroeconómicas se requieren para ir avanzando en la cobertura después de 2018.

Esta falta de recursos abrió el debate con respecto a qué fórmulas se podrían utilizar para agilizar el financiamiento de la gratuidad universal.

El diputado Giorgio Jackson (RD) tiene una propuesta que se basa en un sistema de contribución solidaria: “El concepto clave es que acá no se devuelve un monto de plata. Todos como comunidad debiésemos contribuir a algo que es un bien público que es la educación superior y para financiar ese sistema puede ser tanto con un aumento de la carga impositiva de aquellos que estudiaron con gratuidad y más ganan o también haciendo servicios a la comunidad, trabajando en servicios públicos”.

El concepto detrás de esta propuesta es que las carreras no tengan un valor de mercado y que se ponga un piso de sueldo para hacer esta contribución solidaria, por ejemplo, desde $ 800.000 en adelante. Y de ahí, en la medida que más gane un profesional más pueda aportar a esta especie de fondo para financiar la gratuidad.

Actualmente el gobierno no tendría considerada una alternativa de financiamiento de este tipo, aunque cuando se comenzó a dibujar la reforma, al inicio del gobierno de Michelle Bachelet, estaba incluida la opción de un impuesto al graduado.

Para la diputada Camila Vallejo (PC) la educación es un derecho social “y también una inversión social que hace un país para contar con profesionales y técnicos de alto nivel que tengan compromiso con el desarrollo y bienestar de la sociedad en su conjunto”.

En ese sentido indicó que “los egresados deben retribuir a su país por el esfuerzo que ha hecho en darles una educación y una formación gratuita. Esta retribución debe estar sobretodo orientada al cumplimiento de años de servicio en el ámbito público y dónde están puestas las necesidades más urgentes y estratégicas del país”.

Según Vallejo “el asunto de fondo, no es la retribución monetaria, menos el endeudamiento, es llevar a la práctica los conocimientos y habilidades adquiridas en función de las necesidades del país. Es decir, desde un paradigma solidario y no individualista”.

Según el investigador de la U. Diego Portales, José Joaquín Brunner “es evidente que la gratuidad universal es inviable, al menos hasta que el país alcance un nivel muy diferente de desarrollo e ingreso y que la educación temprana y obligatoria tengan un nivel superior de calidad”.

El académico planteó que “la mejor alternativa es combinar gratuidad, con becas de subsistencia para el primer quintil y posteriormente al segundo; con crédito contingente al ingreso buscando eliminar gradualmente la intermediación financiera de la banca”.

Esta idea de un financiamiento mixto es la que busca posicionar el senador Ignacio Walker (DC). “Soy partidario de un sistema mixto de financiamiento. Es decir, un sistema que implique, primero, aportes directos del Estado, como el Aporte Fiscal Directo a las universidades. Segundo un sistema nacional de becas y créditos, que hoy atiende a 650 mil alumnos en Chile. Tercero, una política de  gratuidad propiamente tal, que es lo que estamos implementando como plan piloto”.

En ese sentido, el senador señaló ser “partidario de la idea de un impuesto específico, que los profesionales que han accedido a la educación superior puedan pagar a través del tiempo, considerando que ésta les permitió una mejor inserción laboral”. Además, remarcó que otra idea que se podría explorar es que los alumnos paguen un arancel diferenciado según sus ingresos.

Para el diputado Marío Venegas (DC) es un tema que puede ser discutido, aunque advierte que puede generar complicaciones. “Creo que la realidad nos indica que no es el momento para esa discusión, ya tenemos suficiente con el hecho de cómo se está implementando, a cuántos beneficia, los recursos que están disponibles, etc. Necesitamos aquietar los ánimos. Hoy la cosa está muy sensible, hay poca reflexión, poco análisis ycualquier cosa que se plantee va a generar ruido”, enfatizó el parlamentario.

En tanto, el diputado Gabriel Boric (Izquierda Autónoma) dijo que se podrían aplicar alternativas para que se trabaje en aportar al país. Pero en ningún caso vinculándolo con dinero: “El gobierno usó la promesa de gratuidad para su campaña electoral y nunca mostró voluntad política de llevarla adelante, en los términos que hemos pedido el movimiento social por la educación. La discusión, entonces, no es por el mecanismo específico que haga viable económicamente la gratuidad, sino por la voluntad política del gobierno de empujar estos cambios estructurales”.

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Giorgio Jackson Diputado de Revolución Democrática

“La idea es establecer un sistema solidario”

 por , D. Muñoz, La Tercera, 25 de mayo 2015

¿Cómo es posible avanzar en la cobertura de la gratuidad?

Creo que en Chile es posible avanzar hacia un sistema que sea universalmente gratuito. Para poder hacer frente a este anhelo de que no exista un cobro a la hora de estudiar en la educación superior, hay que encontrar maneras para financiar este sistema y retribuir la gratuidad. Dado que la mayoría de los recursos de la reforma tributaria se han dedicado a la educación escolar, se requiere fondos extra. Se pueden conseguir recursos desde la Ley Reservada del Cobre, como también explorar fórmulas de un aumento en la carga impositiva.

¿A quiénes se les podría aumentar el impuesto?

A aquellos que hayan estado en el sistema de gratuidad y que sean profesionales que estén por sobre algún nivel de ingreso, por ejemplo, $ 800.000. También haciendo servicios a la comunidad en municipios, servicios de salud o de educación. Esas son formas de retribuir que son igual de importantes que la monetaria. Puede ser una fórmula que permita conseguir el anhelo de la educación gratuita universal sin tener que recurrir a los créditos como lo han mencionado algunos.

Algunos señalan que gratuidad para todos no es justa, sobre todo en este escenario económico

Cuando alguien dice que la gratuidad universal sería injusto, porque los más ricos serían los que estudien gratis, yo digo que es falso: ellos se benefician hoy pagando al contado y les sale así más barato. Yo al menos, soy partidario de que exista un sistema de contribución que involucre múltiples formas. Me parece que eso no es para nada descabellado y debiésemos incorporarlo como una forma de que la gratuidad universal sea efectivamente una conquista y no quede en nada, como lo están tratando de derrumbar algunos.

¿Sería un pacto social?

La idea es un sistema de contribución solidaria, donde quienes ganan más contribuyen más y quienes tienen niveles de renta menores podrían no pagar nada, porque en el fondo no es un crédito. La idea no es devolver lo que alguien gastó, sino financiar un sistema que no es individual. El concepto clave es que acá no se devuelve un monto de plata, yo no creo en los créditos para financiar la educación, lo que sí creo es que todos como comunidad debiésemos contribuir a algo que es un bien público como la educación superior.

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Gratuidad: Hacienda calcula en hasta $ 250 mil millones costo adicional para 2017

Cartera dirigida por Rodrigo Valdés estima que dicho monto podría reducirse dependiendo del número de planteles y alumnos. Ministra de Educación señaló que se estudiarán nuevas condiciones para poder acceder a la ayuda estatal.

F. Guzmán y M. Bustos , L Tercera,m24 de mayo del 2016 / 01:45 Hrs

 

El sábado la Presidenta Bachelet oficializó que la gratuidad 2017 se extenderá a los alumnos que pertenezcan a los cinco primeros deciles de institutos profesionales y centros de formación técnica que cumplan con los criterios ya establecidos: no tener fines de lucro y que cuenten con cuatro años de acreditación.

¿Cuánto costaría la ampliación de dicho beneficio? Según proyecciones del Ministerio de Hacienda hay disponible un financiamiento que va desde $ 160 mil millones a $ 250 mil millones adicionales al presupuesto de la gratuidad 2016.

Cabe destacar que cuando se inició la tramitación de la glosa, que fijó las condiciones de la gratuidad, se destinó un presupuesto de $ 536 mil millones. De ellos, $ 177 mil millones eran recursos frescos y el resto provenía de fondos que se sacaron de becas y créditos universitarios. Tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC), el presupuesto de gratuidad se redujo a $ 517 mil millones y, este año, con el ajuste fiscal, se dio a conocer que se redestinaron $ 50 mil millones a otras áreas.

El cálculo de Hacienda para el segundo año del beneficio varía, porque aún no hay claridad si podrán sumarse  nuevas universidades a las 30 que  calificaron (hay tres que rechazaron sumarse este año) o  cuántas instituciones técnicas lograrán transformarse en entidades sin fines de lucro.

Otro punto que abre margen de duda es si todos los alumnos potenciales beneficiarios optarán por la gratuidad. Este año, 70.000 alumnos que cumplían con los requisitos iniciaron el proceso para obtener la gratuidad, pero no lo terminaron. Precisamente predecir el comportamiento de los alumnos es el factor más difícil de considerar, según Hacienda.

Para el senador Carlos Montes (PS), lo central para calcular el financiamiento es saber “cuántos alumnos van a ingresar y qué beneficios tenían previamente, porque parte de esos fondos se pueden usar para el presupuesto de gratuidad”.

En tanto, el rector de la U. de Valparaíso y vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, subrayó que “es importante saber si se va a utilizar el mismo arancel regulado que se está ocupando hoy”. Esto, principalmente, porque aún no se ha hecho “una evaluación de cómo se ha desempeñado la fórmula actual del arancel regulado”, que está generando déficit en algunos planteles.

Cambio en los criterios

Tanto la meta de cobertura de la gratuidad para el próximo año como su ampliación al sexto decil en 2018, fueron temas centrales en el comité político que se realizó ayer en La Moneda.

Y una de las principales preocupaciones entre algunos parlamentarios es asegurar que efectivamente las instituciones cumplan con uno de los criterios para participar en esta política de financiamiento: no tener controladores con fines de lucro en el directorio.

Así, abogaron por una modificación en los requisitos, que impida que universidades cuestionadas puedan sumarse a la gratuidad y se asegure la calidad.

La idea, al parecer, ya se está barajando en el Mineduc. Ayer la ministra de Educación, Adriana Delpiano, en una actividad en el Centro Cultural Gabriela Mistral, señaló que “el beneficio no es para que los alumnos estudien en cualquier lado. Las universidades deben estar debidamente acreditadas, por lo tanto habrá que revisar cuáles son  las condiciones para que efectivamente demos esa garantía”.

En tanto, desde el Cruch señalaron que ser parte del Sistema Unico de Admisión (SUA) vía PSU debería ser un criterio importante para ingresar al sistema de gratuidad. Diego Durán, rector de la U. Católica del Maule y vicepresidente alterno del Cruch, cree que debe ser una obligación.

Dicho criterio no sería para favorecer o ir en contra de ciertas instituciones, aclaró el rector Durán, sino que “son medidas a favor de los alumnos”, dijo.

Precisamente, en abril el Cruch decidió rechazar la postulación de la U. Autónoma al SUA, argumentando que dicho plantel no presentó pruebas suficientes para determinar la ausencia de lucro. Esto despertó fuertes críticas y más de alguna alarma en torno a los filtros de la política de financiamiento.

Para el rector Valle no es necesario que las instituciones entren al SUA. “La ley podría establecer condiciones de admisión para las universidades, por ejemplo, puntajes de corte”, dijo.

Pero, para algunos, la acreditación continúa siendo el único gran criterio que debiera ser utilizado. Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar sostuvo que la acreditación es un criterio útil “para ordenar las instituciones. Hay requisitos discutibles que tienen que ver con la selectividad y el sistema de admisión está en esa línea. Poner ese elemento  como restricción para incorporar políticas no es correcto”, señaló.

 

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