Ministro de Educación atribuyó a esos planteles un mayor rol público: Expertos debaten sobre financiamiento preferente a la investigación en Ues estatales

La forma a través de la cual se costearía la gratuidad también abre discusión entre los especialistas.  

M. TORO y A. MUÑOZ , 27 de marzo de 2014.

A la espera de los proyectos de ley y los detalles de la reforma educacional anunciada por el Gobierno, cada palabra del ministro Nicolás Eyzaguirre es seguida con interés por los especialistas en el área. De ahí que sus dichos del martes en TVN abrieran rápidamente el debate.

“Desde el punto de vista de la investigación, para nosotros las universidades no son iguales. (…) Las universidades estatales son aquellas que representan el lugar donde se construye la cultura, donde se construye el futuro, el pensamiento, en que el mandante es el conjunto del país, y por lo tanto, nosotros privilegiamos a las universidades estatales en materia del portafolio de investigación”, explicó el secretario de Estado. Aunque aclaró que eso no significa que se cierren los fondos concursables al resto de los planteles, insistió en que “hay un cierto nivel donde vamos a privilegiar a las estatales, porque por más vocación pública que tengan las privadas, siempre pertenecen a un dueño y ese dueño va a tener un punto de vista particular”.

Entre los especialistas en el área, estas palabras causaron preocupación inmediata y no dudaron en polemizar con el ministro. “Guardando las proporciones, sería como decir que en Estados Unidos no les darán un trato equitativo a Harvard, Stanford, Columbia o a la U. de Nueva York. Sería desperdiciar la capacidad de investigación ya instalada”, comentó Ernesto Treviño, de la UDP.

El investigador y ex ministro José Joaquín Brunner también tiene reparos: “Me parece bastante increíble decir que ni la U. Católica ni la U. de Concepción ni la Austral son universidades que puedan hacer investigación cuyos objetivos coincidan con los objetivos generales del desarrollo del país y del bienestar colectivo, que es lo que le preocupa al Estado”.

Ricardo Paredes, presidente de la comisión que asesoró respecto de financiamiento de la educación superior al gobierno anterior, puntualizó que si bien las estatales no tienen dueño, “no significa que no tengan grupos de intereses particulares, mezquinos, y que son los que definen qué los hace una universidad estatal”.

“La capacidad institucional de hacer investigación de calidad no se consigue por decreto. Asignar financiamiento para investigación a algunas universidades que no tienen capacidad solo por ser estatales, es malgastar recursos”, agrega el académico de la UC Andrés Bernasconi. Propone que el Estado apoye a esos planteles para que refuercen su personal y así puedan atraer a los nuevos investigadores doctorados que están volviendo del programa Becas Chile.

Sobre el esquema de financiamiento, Mario Waissbluth, presidente de Educación 2020, afirma que “es esencial desvincular el financiamiento a la investigación y de otras funciones públicas del financiamiento a la actividad docente”.

Foco en la oferta

Si bien hasta ahora el sistema de financiamiento incorpora algunos aportes directos del Estado a las universidades -a través de fondos concursables o basales, en el caso de las públicas-, la mayor fuente de financiamiento proviene del apoyo a la “demanda”, es decir, a lo que pagan los estudiantes.

Al ahondar sobre cómo se implementará la gratuidad, el ministro profundizó sobre las condiciones que fija el programa de gobierno. En esa línea, esbozó un giro respecto del estado actual del sistema, ya que solo se concretará la exención de pago para los jóvenes que se matriculen en instituciones que hayan cumplido una serie de requisitos: estar acreditados, no podrán lucrar, y al menos 20% de su matrícula provendrá de los sectores más vulnerables.

Sobre este tema, Brunner advirtió que el programa de Bachelet plantea gratuidad para los estudiantes del 70% más pobre de la población: “Si lo que dice el programa es que van a tener gratuidad los alumnos, el criterio, por lo tanto, no es la institución, aunque estas tendrán que cumplir con ciertos requisitos. Nada de eso dijo el ministro. Ahí es donde entra la duda de si vale lo del programa o más bien vale esto otro, que es el modelo habitual de América Latina, donde el Estado financia lo mejor que puede a las universidades estatales, y respecto del resto, cada país hace lo que puede. En algunos países les dan becas y créditos a estudiantes privados, con mayor o menor subsidio; en otros los dejan totalmente fuera”.

Paredes hace ver que “un riesgo evidente es que con ello se restringe fuertemente la posibilidad de elección a estudiantes, particularmente los de menores recursos. Como algunas universidades estatales son peores que otras no estatales, podemos llegar a que un estudiante de bajos ingresos obtenga financiamiento solo si va a una universidad peor que otra”.

En ese debate, Waissbluth pide evitar los fundamentalismos: “Si se usa únicamente subsidio a la oferta, el incentivo perverso de entidades públicas y privadas será aceptar el menor número posible de alumnos. Obviamente, debe ser una combinación de ambos tipos”.