Gratuidad: ¿es razonable?: opinión de G. Jackson
Mayo 16, 2013

 

Educación Superior Gratuita, ¿Podemos permitirnos dicha extravagancia?

Giorgio Jackson, The Clinic, 15 Mayo, 2013

 

Los argumentos políticos sobre la gratuidad de la educación han sido muchas veces tergiversados por supuestos “argumentos puramente técnicos”, en un camuflado intento por tratar de hacer un contrapunto igual de político. Qué es una extravagancia, que es regresiva son solo algunos de los epítetos. ¿Por qué no va a poder, un país como Chile, determinar si quiere invertir en sus futuras generaciones, a través de educación pública gratuita y de excelencia para todas y todos, en todos los niveles? ¿Puede una política pública -que busca promover los derechos de todos- y que es apoyada por el 70% de un pueblo, ser bloqueada por un pequeño grupo de técnicos ideologizados? ¿Puede una política pública -que busca promover los derechos de todos- y que es apoyada por el 70% de un pueblo, ser bloqueada por un pequeño grupo de técnicos ideologizados?

 

Los argumentos políticos sobre la gratuidad de la educación han sido muchas veces tergiversados por supuestos “argumentos puramente técnicos”, en un camuflado intento por tratar de hacer un contrapunto igual de político. En referencia a la columna de Andrés Hernando Educación Superior Gratuita, quisiera agregar 6 elementos que permitirían enriquecer el debate, esta vez desde un punto de vista opuesto. Recomiendo leer la columna anterior para entender las referencias o contra argumentos expuestos a continuación.

– Sobre el acceso y la cobertura de Educación Superior (ES):

En Chile nos enorgullecemos por tener a más de un millón de estudiantes en la educación superior. Para qué decir de aquella hermosa y pegajosa cifra, que 7 de cada 10 estudiantes que ingresan son la primera generación familiar en tener acceso a la ES. De estas grandes cifras, aproximadamente el 60% de la matrícula total sigue una carrera universitaria, mientras que el 40% sigue una carrera técnica. Si pensamos en una mala política pública, podría nombrar aquellas que nos ha llevado a subir con la efervescencia de la espuma la cobertura, pero con cifras de deserción cercanas al 50%. ¿Quiénes desertan? Sí, como estarán adivinando, precisamente desertan en un mayor porcentaje aquellos que tienen una peor situación socioeconómica. Y para peor, desertan con deuda y un costo/oportunidad perdido.

Y para quienes logran egresar, no sólo padecen de la gigante deuda a pagar, sino de la absurda desregulación de la oferta académica de las necesidades de nuestro país. Esto se ve —entre otras cosas— en que un 57% de los egresados de la ES no están trabajando en lo que estudiaron. Y no estamos hablando de carreras que permitan tal versatilidad, como los “colleges” o bachilleratos, sino de carreras profesionales.
No podemos obviar de esta discusión nuestro —muy ideologizado— sistema de financiamiento a la demanda (vouchers vía beca parcial o crédito bancario con aval del estado), el cual está asociado a un oscuro e ineficiente sistema de acreditación a instituciones, muchas de las cuales a su vez movidas por fines de lucro (Ciper).

Por lo tanto, para hablar de cuanto nos costaría dar gratuidad en ES, primero se debe determinar la base de estudiantes sobre la cual hacemos ese cálculo. Desde un punto de vista empírico, además del 50% de desertores, tenemos que para un 40% de la población haber entrado a la ES no fue rentable, por lo que nuestro sistema,además de injusto, es ineficiente. En nuestro afán de mostrar buenas cifras hacia el exterior, creamos un set de injustas, regresivas, carísimas e ineficientes políticas públicas. ¿Podremos permitirnos dicha extravagancia?

Más allá de esa diferencia, que pone en tela de juicio la base darwiniana sobre la cual crece y se mantiene nuestro sistema de ES, el argumento central de quienes se oponen a una educación superior pública y gratuita para todos, es que los más ricos están sobre representados en las Universidades, por lo que sería injusto que se financie con impuestos generales aquellos servicios en los que se tiene una sobre representación de quienes tienen mayores ingresos. Ahí se prefiere focalizar. En la segunda sección abordaré el tema de financiamiento en particular, pero no puedo pasar por alto la premisa conservadora que esconde dicha afirmación. Se desprende de aquél reclamo invocado desde la justicia (?) que la gratuidad sería injusta ya que la sobre representación de los más ricos será eterna y que nunca existirá un acceso igualitario a la ES. Eso básicamente reniega de cualquier posibilidad o expectativa futura de que las políticas públicas en educación puedan brindar igualdad de oportunidades ¿Podemos permitirnos dicha extravagancia?

Si pusiéramos por delante el bienestar común —y no la perpetuación de la desigualdad o el bienestar de los accionistas en empresas educativas— probablemente nuestro sistema sería radicalmente distinto. Además de mejorar nuestro sistema de educación de párvulos, primario y secundario para que brinde EFECTIVAMENTE oportunidades igualitarias, debería existir un sistema de regulación de la oferta académica, además de sistemas de selección y nivelación de talentos previos a la ES, distintos a una prueba con sesgo socioeconómico regresivo como la PSU. Como resultado: probablemente no tendríamos un millón de estudiantes en nuestro sistema de ES, lo cual se podría leer como una mala noticia o un retroceso. Pero si no son jóvenes engañados ni estafados, y pueden terminar su carrera y realizarse con un posterior trabajo, se debe tomar como un avance hacia un país que intenta crecer en matrícula de manera inteligente, justa y planificada, sin falsas expectativas.

– Gratuidad

Para comenzar a debatir sobre este tema, creo que vale la pena recalcar —aunque parezca burdo— que cuando se demanda educación gratuita, no significa que ésta no tenga costos, sino que se busca encontrar una manera distinta a los altísimos aranceles y a la deuda para poder financiarla. Desde el movimiento estudiantil se han propuesto desde una gran reforma tributaria hasta una revisión a las retribuciones que como país estamos obteniendo de nuestros recursos naturales, sin encontrar una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades. Ya me referiré al tema tributario.

Con respecto al financiamiento de la educación superior, se ha escuchado como respuesta al movimiento estudiantil, tanto desde sectores oficialistas como de varios sectores de la Concertación, una postura de focalización, apuntando hacia la gratuidad“de quienes lo necesiten”. El señor Hernando sugiere que financiar al 20% más rico de la población, sería una extravagancia, un hecho injusto y una mala política pública. Lo que se omite es que un estudiante que vive sólo y trabaja en un restaurant ganando aproximadamente —incluidas las propinas— 300 mil pesos al mes, califica dentro de este selecto grupo de “privilegiados”. O aquella mujer que es trabajadora de casa particular, ganando 250 mil pesos al mes, esposa de un taxista que gana 800 mil pesos al mes, ambos padres de una hija única, son pertenecientes al 15% más rico de Chile.
Por eso quiero centrar la pregunta en aquella frase que describe la GRAN letra chica que viene como respuesta de muchos actores políticos en la actualidad: “quienes lo necesiten”. Bueno, entonces ¿quiénes lo necesitan?

Podemos partir revisando al “privilegiado” grupo del “20% más rico de Chile” (mencionado por Hernando) en el gráfico a continuación y preguntarnos cómo aquellos que reciben entre 290 y 500 mil pesos mensuales podrían destinar 200, 300 o hasta 500 mil pesos al mes en una carrera universitaria. Parece que a los estudiantes además de estudiar, se exige que sean magos.

Mirando el gráfico, podríamos rediscutir qué familias podrían efectivamente pagar los aranceles que tenemos hoy, y probablemente un economista nos podría ayudar a establecer esa línea entre el 4% de la población. O sea gratuidad para el 96% y arancel para el 4%. Una gran política pública (?). Ahora, de pasada, el mismo economista nos podría ayudar a revisar cuánto nos cuesta mantener un sistema de selección de becas y beneficios, tanto a nivel central como en cada una de las casas de estudio, para darnos cuenta la burrada que sería tener una política para el 96% y otra para el 4% restante. Recomiendo de pasada el artículo de Fernando Atria sobre la diferencia entre el crédito y el impuesto, y cómo un sistema de créditos incluso beneficiaría a los más ricos.

– Bien de consumo con retornos individuales versus derechos con retornos colectivos

Otro de los argumentos siempre presentes en este debate, es que la educación superior debe costearse por cada persona, puesto que se trata de un beneficio personal. La educación —describe nuestro Presidente— sería un bien de consumo. No me gusta entrar en el debate del retorno individual, puesto que considero que tener buenos médicos, buenos informáticos y buenos abogados es un bien para todos, un bien público. Imagínese vive en una ciudad en la que se acaba de morir en único veterinario que había en la zona. Usted tiene un criadero y se da cuenta que requiere los servicios del veterinario. ¿Para quién es el beneficio de los servicios o prestaciones que pueda hacer un profesional? Precisamente para la población. O sea, el valor agregado de un profesional se traduce en un beneficio social.

Pero bueno, más allá de ese debate, imaginémonos que hablamos de un retorno 100% individual. Muchos esgrimen que por el sólo hecho de ingresar a la educación superior, tu sueldo futuro será en promedio 250 y 550 mil pesos más que el sueldo de un licenciado de educación media. Nuevamente existe una GRAN omisión. Cuando hablamos y hablamos de promedios, se nos olvidan las distribuciones. En este caso, el lector podrá ir a la página www.mifuturo.cl y observar la realidad de la mayoría de los titulados de Chile. Para quienes logran sortear las barreras y se titulan, tampoco se cumple la promesa. Un estudio (mencionado en el primer párrafo) del investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sergio Urzúa, determinó que a cerca de un 40% de los estudiantes TITULADOS sencillamente les hubiera convenido no estudiar, ya que sus estudios ni siquiera fueron rentables. La distribución del ingreso de los titulados de cada carrera refleja promedios muy distantes al las medianas. Esto quiere decir que —incluso dentro de cada carrera— la concentración del ingreso de los titulados es enorme. Es la eterna trampa de los promedios. Por lo tanto, decir que por egresar de educación superior aumenta en promedio $400 mil pesos tus ingresos, es como decir que por vivir en Chile tendrás un ingreso mensual de $750 mil pesos (US19.000 anuales per cápita).

– Reforma Tributaria

Ahora, habiendo tratado los argumentos anteriores, vamos al centro del artículo, sobre lo “regresiva” que sería la educación gratuita para todos. La palabra “regresivo” significa retroceder o volver atrás. Dícese de una política pública regresiva, aquella que perjudica a quienes “más necesitan” o aumenta las desigualdades entre ricos y pobres.
En referencia a una eventual reforma tributaria progresiva —es decir, que tribute más a quienes tienen más— el autor cuestiona como argumento la “dependencia aritmética” de una reforma tributaria. Se argumenta que no importa cómo se recauden los recursos fiscales, ya que una vez en manos del Estado, lo que vale la pena es preguntarse por las formas alternativas de gasto que pudiesen ser más justas. A pesar de que el argumento parece muy atractivo, tengo 3 cuestionamientos a éste.

El primero se centra en la extrañeza de escoger la ES como flanco de esta crítica, en vez de preguntarse por otros bienes públicos que, según este criterio, serían igual de “regresivos”. Estamos hablando de la dotación de personal de carabineros en zonas que podrían pagarse un sistema privado de seguridad, de parques públicos en aquellas zonas en las que podrían pagar una entrada a Kidzania, en la construcción de caminos que llevan a centros de esquí a los que pocos pueden acceder, etc. ¿Por qué invertir desde el fisco en aquello que el rico puede pagar? En las mismas palabras del columnista, ¿Reduce eso las brechas salariales entre los ricos y pobres? No. ¿Podemos permitirnos dicha extravagancia? Bueno, precisamente existen cosas que se llaman bienes públicos, y si bien muchas veces tienen un impacto en el corto plazo, si generan espacios de encuentro, integración y apertura. Con ese mismo énfasis, desde el movimiento estudiantil se ha planteado que en pleno siglo XXI, en la era de la información, la educación debiese ser el más público de los bienes.

El segundo cuestionamiento, hace referencia a la palabra “gasto”. Entender la educación como gasto, es pensar que es una mera reducción de patrimonio, sin retorno futuro. Una de las lecciones que saqué de nuestra visita a la OECD el año 2011, fue precisamente de la presentación de Andreas Schleicher, desde la cual se presentaba que el retorno público, de la INVERSIÓN fiscal —no gasto— de tener a una persona en el sistema de educación superior, daba un valor presente neto de cerca de 90 mil dólares. Esto, pues se considera que la inversión en ES genera valor agregado, y éste, riqueza que posteriormente será sujeta a impuestos, haciendo incluso rentable para el Estado invertir en la gratuidad de la educación superior.

Ahora, un tercer punto tiene que ver más con un ámbito político, al que el autor no menciona directamente, pero si indirectamente. “El tamaño regalo que la gratuidad universal haría al 20% más rico es de casi US$500 millones”. Creo que ya vimos que el 20% difícilmente puede llamarse ricos, pero vamos al fondo. ¿Es un regalo? ¿Debe un contribuyente sentir la provisión de un bien público como un regalo? No, es su derecho. El autor no maneja la economía política involucrada en el problema y considera que la viabilidad de realizar una reforma tributaria progresiva es independiente a la provisión de bienes públicos. El autor no considera relevante la discusión de un “pacto social” para que exista un gran cambio en nuestro sistema de recolección de impuestos. ¿Cómo hacer viable un nuevo pacto tributario si a quienes más contribuyen no se les garantiza nada? Eso no es sería pacto tributario, eso sería un trasvasije. Para hacer viable -y justa- una gran reforma tributaria como la que se está demandando, no parece una locura demandar que en un bien público como la educación, se pueda proveer de excelencia para todas y todos, ¿o no podemos permitirnos dicha extravagancia?

– Sobre la igualdad de oportunidades

Entiendo a quienes dicen que hay que priorizar esfuerzos en educación inicial, luego primaria, secundaria y técnico-profesional, para luego llegar a educación universitaria.La discusión sobre la priorización de los recursos limitados es siempre bienvenida, pero no puede ser un eufemismo para tapar una definición ideológica de largo plazo, sobre lo que son los bienes públicos y qué significa que sean costeados con impuestos progresivos.
Sin duda la pequeña infancia es el primer lugar donde deberíamos priorizar para habilitar la universalización en ese nivel educativo, fomentando la integración por sobre la segregación. Ojalá que tengamos salas cuna y jardines con niños de diversas condiciones socioeconómicas, orígenes étnicos o religiosos. De esa manera, garantizando a ricos, a pobres y a clase media una educación de excelencia, integrada e igualitaria, no sólo estaremos preparando mejor “capital humano” para el futuro, sino que una sociedad fraterna, solidaria e inclusiva, sin las fracturas sociales que padece la actual.

Muchos hablan de “igualdad de oportunidades”, pero muchas veces -en los hechos- no están dispuestos a que sus hijos tengan efectivamente las mismas (malas) oportunidades que otro niño de menor origen socioeconómico. Se trata de el legítimo espacio de conservación de privilegio que todos tenemos. Nadie puede negar lo válida de esa intención, pero alguien debe velar por el bien colectivo y por lo mismo debiesen darse las condiciones para que realmente se de esa igualdad de oportunidades.

De la misma manera, si pensamos en igualdad de oportunidades tampoco deberíamos privar del derecho a un joven de 18 años que busca la emancipación a través de una alternativa de ES que sus padres no están disponibles a financiar. Podrá sonar un berrinche primermundista, pero sucede y vale la pena la pregunta sobre ¿qué pasa si padres “pudientes” condicionaran el pago de la ES a su hijo, siempre y cuando este estudie en una institución determinada o una carrera determinada? Bajo el slogan de la igualdad de oportunidades, ¿debería el Estado discriminar a los jóvenes mayores de edad en función del dinero que acumulen sus padres? ¿Podemos permitirnos dicha extravagancia? Aquí es donde el liberalismo muestra la mayor de sus contradicciones, al discriminar a mayores de edad según la herencia de sus padres, impidiendo un proceso emancipador real.

– ¿Y la olvidada democracia?

Chile suscribió al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace más de 40 años, en su artículo 13, letra c) dice:

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

Creo que el Presidente Piñera —si fuera fiel a sus convicciones— debería enviar una moción al parlamento para que Chile no siga siendo parte de este Pacto Internacional. Si su convicción acerca de la injusticia de la educación superior pública y gratuita para todos es real, debería comenzar con un movimiento internacional en contra de la educación gratuita para eliminar dicha “injusticia”. Ese podría ser el broche de oro a su legado.

En el fondo, podemos ver que existen concepciones distintas sobre la educación. Bien público versus bien de consumo, libertad de empresa por sobre garantía de calidad, o libertad de elegir y segregar por sobre integración social. Está bien que existan diferencias en una sociedad, pero al momento de tomar decisiones que no tienen consenso se recurre a una vieja -pero pocas veces utilizada- práctica: la democracia.¿Por qué no va a poder, un país como Chile, determinar si quiere invertir en sus futuras generaciones, a través de educación pública gratuita y de excelencia para todas y todos, en todos los niveles? ¿Puede una política pública -que busca promover los derechos de todos- y que es apoyada por el 70% de un pueblo, ser bloqueada por un pequeño grupo de técnicos ideologizados?
¿Podemos permitirnos dicha extravagancia?

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