Comienza el debate sobre la propuesta de nueva agencia acreditadora del gobierno y, desde ya, la imprecisión del planteamiento gubernamental –esto es, el hecho que estemos discutiendo sobre la base de un Power Point ministerial y no sobre el texto de un proyecto de ley– genera más ruido que luces… Entre los temas en discusión: el rol de las agencias públicas extranjeras y el de las agencias chilenas privadas.
Mi opinión sobre el primero de estos dos temas, según aparece en la prensa seleccionada más abajo, es ésta:
José Joaquín Brunner, investigador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la UDP, no concuerda con este planteamiento. “No queda claro, de lo que ha dicho hasta aquí el ministerio, respecto a en qué condición participarían estas agencias. La pregunta clave es: cuando dicen que la acreditación es obligatoria, eso significa que están obligadas a acreditarse con el acreditador chileno o pueden elegir entre un chileno y un extranjero. Eso me parecería un error fatal, es volver a introducir una ambigüedad”, plantea.
Brunner agrega que este tema toma mayor seriedad aún porque de la acreditación dependerá la certificación del Estado y dar el reconocimiento oficial para títulos y grados. “Ningún país, que yo sepa, le entrega una facultad tan delicada a una acreditadora internacional, es algo propio, como la soberanía del país”, dice. Por eso postula que la nueva Agencia Nacional debe certificar las instituciones, junto a las carreras de Pedagogía y Medicina, pero que las universidades pueden acreditar carreras en el extranjero voluntariamente.
Inclusión de agencias extranjeras en acreditación genera debate
El gobierno anunció proyecto que permitiría, con aprobación del Ministerio de Educación, obtener certificación en el extranjero.
por Marcela Andrés, La Tercera, 22 de diciembre de 2012
En la presentación del primer adelanto del proyecto de ley que busca renovar el sistema de acreditaciones de las instituciones de educación superior y que eliminará la CNA, el ministro de Educación Harald Beyer anunció que se permitirá la incorporación de agencias de acreditación internacionales.
Como condición, precisó Beyer, estas agencias internacionales deben ser públicas y reconocidas en sus países , o ser parte de las agencias estadounidenses supervisadas por el Council for Higher Education Accreditation, de dicho país.
Sin embargo, la idea ha generado debate entre los expertos. José Joaquín Brunner, investigador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la UDP, no concuerda con este planteamiento. “No queda claro, de lo que ha dicho hasta aquí el ministerio, respecto a en qué condición participarían estas agencias. La pregunta clave es: cuando dicen que la acreditación es obligatoria, eso significa que están obligadas a acreditarse con el acreditador chileno o pueden elegir entre un chileno y un extranjero. Eso me parecería un error fatal, es volver a introducir una ambigüedad”, plantea.
Brunner agrega que este tema toma mayor seriedad aún porque de la acreditación dependerá la certificación del Estado y dar el reconocimiento oficial para títulos y grados. “Ningún país, que yo sepa, le entrega una facultad tan delicada a una acreditadora internacional, es algo propio, como la soberanía del país”, dice. Por eso postula que la nueva Agencia Nacional debe certificar las instituciones, junto a las carreras de Pedagogía y Medicina, pero que las universidades pueden acreditar carreras en el extranjero voluntariamente.
Andrés Bernasconi, experto en acreditación de la UC, ve como una buena medida la inclusión de las agencias internacionales, pero advierte sobre la necesidad de dejar establecidos parámetros claros. “Es una buena medida. La ley actual permitía a las agencias internacionales, pero tras un trámite que es muy engorroso, porque una agencia extranjera necesitaba constituirse como empresa en Chile y ninguna organización lo hizo. Lo que se está proponiendo ahora es que las agencias pidan permiso al ministerio para acreditar”. Pero, explica, “si los estándares de la nueva ley son más exigentes, a uno le gustaría tener la certeza de que todas las instituciones chilenas cumplen y esa certeza no necesariamente se obtendría, a menos que el ministerio, cuando aprueba la operación de una agencia internacional, le exija chequear que los parámetros chilenos se cumplan”.
Proceso en el extranjero
Para el rector de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias, la participación de entidades extranjeras es beneficioso. Recordó que en su minuto criticaron la creación de la CNA y por ello iniciaron la acreditación ante la Middle States Commission on Higher Education, en Estados Unidos. Covarrubias describe que “cada seis meses venía un grupo de profesores, que se quedaba por más de una semana trabajando en la universidad, analizaban los avances que iban encontrando. El proceso dura cinco años. Luego viene una última comisión, que es distinta a todos los profesores que han venido, especialistas en todas las áreas de conocimiento”, cuenta. En Chile, dice, el proceso duró siete meses.
Respecto a los costos, asegura que es más barata la acreditación en el extranjero, para la que paga 25 mil dólares ($ 12,5 millones) anules una vez certificado. Y para no generar dudas, precisa, “cuando vinieron los profesores debíamos cancelar los pasajes de avión y alojamiento”.

Saldrán del proceso oficial: Agencias privadas toman con cautela cambios a acreditación

Directivos dicen que los están cuestionando por problemas de la CNA.
ALEJANDRA MUÑOZ C., El Mercurio, 22 de diciembre de 2012
Cautela y sorpresa. Esa es la sensación general que existe en las agencia acreditadoras privadas luego que el ministro de Educación, Harald Beyer, presentara las líneas generales del proyecto que cambiará la acreditación de la educación superior.
Según dijo Beyer el jueves, estas entidades saldrán del proceso oficial, donde sólo participará la nueva Agencia Nacional de Acreditación, de carácter estatal. Ésta reemplazará a la actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Aunque están esperando el articulado para hacer un análisis más a fondo y conocer los alcances reales de la propuesta, en las agencias son críticos de lo que se sabe de la iniciativa.
“Con lo poco que se conoce, puedo decir que es poco entendible que se saque a las agencias privadas de acreditación cuando el escándalo está en otra organización, que es la CNA; el foco está en otra parte”, sostuvo el director ejecutivo de Acreditacción, José Miguel Rodríguez.
Pese a ello, afirma, lo que se propone es otra entidad pública, con más poder aún que la actual comisión.
Rodríguez agregó que no hay ninguna queja -ni oficial ni extraoficial- en contra de agencias acreditadoras, las que se centran específicamente en lo que pasa con las carreras y no tienen injerencia en la certificación institucional, que es la que ha sido más cuestionada.
Una opinión similar comparte Álvaro Vial, director ejecutivo de Acreditadora de Chile. El ex rector de la U. Finis Terrae afirmó que, “a simple vista, uno ve que este proyecto potencia un organismo que está afecto a crítica. En lo que respecta a la acreditación, no hay ningún cambio importante”.
Según Vial, el hecho de que no sean integrados en el proceso “oficial” de acreditación no tendrá impacto, a lo menos en su agencia, ya que certifican carreras que no deben realizar el proceso obligatoriamente, y no ve razón alguna para que las casas de estudios no sigan haciéndolo. Pese a los deseos del Ejecutivo, sostuvo el académico, “van a tener que seguir soportando a las agencias por mucho tiempo”.
Para el doctor Gonzalo Grebe, presidente del directorio de la Agencia Acreditadora en Ciencias de la Salud (AACS), que se saque a las agencias del proceso “es pésimo, porque no es el punto crítico del sistema”.
Para el ex decano de Medicina de la UC, lo que se requería era hacer mejoras respecto de lo que planteó la ley aprobada en 2006 -cuyo texto inicial recibió varios centenares de indicaciones parlamentarias- más que hacer una transformación que implique sacar a las agencias.
ARTÍCULOS
El proyecto de acreditación estará listo a fines de la próxima semana para ser enviado al Congreso.
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Propuesta para corregir el sistema de acreditación
La autoridad hace bien al enfrentar el problema, pero yerra en la orientación de los cambios, los que deberían dirigirse hacia la entrega de mejor información.
La Tercera, opinión editorial, 22 de diciembre de 2012
eL GOBIERNO anunció el jueves que a fines de la próxima semana presentará un proyecto de ley con el propósito de crear una nueva institucionalidad para la acreditación de planteles de educación superior. La iniciativa busca reemplazar la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) por una Agencia Nacional de Acreditación y establecer criterios más exigentes.
Los escándalos de corrupción en los que se encuentra sumida la CNA y los problemas que exhibe el sistema creado en 2006 ameritan su terminación definitiva. En este sentido, es positivo que el gobierno haya decidido acabar con ella. Sin embargo, la orientación que muestra el proyecto descansa en el mismo supuesto equivocado, que es la pretensión de que la acreditación certifique calidad, en vez de asegurar requisitos mínimos de funcionamiento e información confiable sobre cada plantel universitario.
Si se pretende que todos los planteles tengan estándares de calidad semejantes a las universidades más prestigiosas del mundo, la consecuencia de la propuesta es que deberá cerrar la mayoría o se entregará una falsa garantía de calidad que no se cumple. Por el contrario, se requiere definir los mínimos para que una entidad pueda ofrecer una carrera y otorgar títulos, fiscalizando que se cumplan estrictamente, de manera que a partir de esa garantía se generen distintos niveles de calidad según el proyecto de cada plantel, donde algunos serán más profesionalizantes y masivos, otros más de excelencia en investigación.
El proyecto planteado crea múltiples regulaciones y aspira erróneamente a acreditar nuevamente calidad: establece la obligatoriedad del licenciamiento, hace simultánea la acreditación de la universidad con la de al menos cuatro carreras, y dispone autorizaciones previas para la apertura de carreras.
La reforma pretende también evitar la repetición de las vergonzosas irregularidades que se han dado en el seno de la CNA, sustituyendo el sistema variable de años de acreditación por uno de seis años o simplemente rechazo. También crea una agencia que sustituye a la CNA, dirigida por un consejo de cinco miembros (un presidente con dedicación exclusiva designado por el Primer Mandatario y cuatro consejeros escogidos a través del Sistema de Alta Dirección Pública). Asimismo, incorpora actores internacionales y revisa la participación de agencias privadas nacionales.
Aunque son bien intencionados y tienen el mérito de hacerse cargo de un escándalo que ha remecido a la opinión pública, los cambios propuestos por la autoridad corren el riesgo de profundizar los problemas ya existentes. El reflejo regulador que los inspira no necesariamente ayudará a crear una certificación que realmente sirva para alcanzar una buena educación superior. No hay que olvidar que el sistema que se aspira corregir -de sólo seis años de antigüedad- era hasta hace muy poco alabado por distintos sectores que lo veían como la clave para asegurar la calidad. Lo cierto es que la experiencia de la CNA demuestra que la fijación de nuevos y más exigentes estándares formales no siempre ayuda a alcanzar el objetivo planteado. El descubrimiento por parte de la Contraloría de severos desórdenes administrativos en la CNA y la existencia de numerosos conflictos de interés al interior del sistema de acreditación son reflejo de problemas que no necesariamente serán solucionados a través de los cambios propuestos.