Notas empleadas durante la intervención en el Congreso Educación 2007 –patrocinado por el Banco Estado y con participación de sostendores particulares de enseñanza básica y media– en la mesa redonda sobre las reformas a la institucionalidad del sistema escolar. Contó con la participación de Patricia Matte, Presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria; Rodrigo González, Ministerio de Educación; Rodrigo Bosch, Presidente de la CONACEP y José Joaquín Brunner.
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Procuraré en esta breve intervención responder a cuatro PREGUNTAS:
1. ¿Por qué se requiere en estas materias de un ACUERDO FUNDAMENTAL?
• Se trata de mejorar aspectos importantes de la INSTITUCIONALIDAD del sistema escolar: para que los parámetros institucionales operen eficazmente deben estar dotados de legitimidad y permanencia.
• Sin un ACUERDO GLOBAL, se corre el riesgo de tener parámetros incoherentes
• Desde un punto de vista práctico, dado que estos son asuntos de Ley Orgánica, se requiere de un amplio acuerdo para obtener su aprobación en el Congreso Nacional.
2. ¿Cuáles son los ASPECTOS fundamentales de la INSTITUCIONALIDAD que necesitan acordarse en la Ley General de Educación (u otras leyes)?
• Consagración de un sistema mixto de provisión:
o Responde a tradición histórica de la República
o A la actual estructura de la provisión de enseñanza obligatoria, y
o Permite compatibilizar el doble mandato constitucional del derecho a la educación y la libertad de enseñanza
• Autonomía de las escuelas: cada una con su visión, misión, proyecto, identidad y capacidades para gobernar sus propios asuntos. Para esto, mejorar “regulaciones de entrada” al sistema.
• Un marco común para las escuelas, cuyas piezas fundamentales son:
o Un currículo nacional, con definición de ciclos y estándares y exámenes externos
o Un sistema de aseguramiento de la calidad, bajo los principios de:
 responsabilización de las escuelas por resultados
 mayor “presión evaluativa” allí donde hay peor desempeño
 apoyos suficientes para mejorar
 rendición de cuentas
o Dos asuntos adicionales que no se tratan en la Ley General pero sí tienen incidencia directa para el éxito de esta iniciativa legal:
 Un esquema común de financiamiento de los proveedores mediante una subvención por alumno: suficiente y diferenciada
 Una organización moderna y flexible de la profesión docente
3. ¿Qué hacer con los temas de mayor discordia pública?
• SELECCIÓN: no tratarla como un hecho de discriminación sino que postergarla idealmente hasta el final del primer ciclo o hasta una edad determinada. En promedio países de la OCDE es 14 años, con máximo 16 Australia, España, EE.UU., Noruega y Suecia y mínimo de 11 años en Hungría y Rep. Checa y 12 años en Bélgica y Países Bajos (OCDE, Informe PISA-2003, Figura 20a.)
• LUCRO: sujetar a proveedores a un esquema más estricto de rendición de cuentas a través de una suerte de FECU-simplificada
4. ¿Qué deberíamos esperar de la aprobación de una Ley General de Educación?
• Necesidad de moderar expectativas
• Ley pude dar un marco institucional estable y regenerar confianzas
• Pero no constituye una solución a nuestros problemas y desafíos de cómo mejorar resultados con equidad
• A fin de cuentas, de los tres factores que más influyen en los resultados –familia y atención temprana, funcionamiento de la sala de clases y profesores e institucionalidad del sistema– la Ley sólo se refiere al último, cuya incidencia también es la menor en términos de asegurar mejoramiento de resultados.
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