El autor de esta columna profundiza en el concepto de mérito utilizado como argumento en la propuesta del gobierno de modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Sostiene que «premiar el esfuerzo y ofrecer oportunidades reales a cada estudiante son dos caras de la misma convicción. Si logramos ponernos de acuerdo en eso, quizás en cuatro años no estemos discutiendo lo mismo con los mismos argumentos invertidos, sino construyendo juntos un sistema que cumpla lo que promete».

Hace pocos días, el gobierno presentó al Congreso un proyecto para reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE). La propuesta crea dos vías de acceso a los establecimientos de alta demanda, una de Elección Mutua, que devuelve a las escuelas con categoría de desempeño alto la facultad de seleccionar a sus estudiantes, y una de asignación aleatoria para los demás. El argumento central del Ejecutivo es que el sistema actual castiga a quienes se esfuerzan, y que es hora de reconocer el mérito.

Nadie debería disentir de la premisa, porque el esfuerzo importa y cualquier sistema educativo que lo ignore pierde algo esencial. El problema no está en valorar el mérito, sino en creer que podemos medirlo con honestidad sin preguntarnos primero cuánto de lo que llamamos mérito es, en realidad, ventaja acumulada.

La evidencia chilena sobre esto es persistente. Dos estudiantes que obtienen el mismo puntaje SIMCE en octavo básico presentan una brecha promedio de más de 70 puntos en la PAES cuatro años después, dependiendo de su nivel socioeconómico. Esa brecha no refleja diferencias de esfuerzo, sino diferencias en las condiciones en que ese esfuerzo se desarrolló. El capital cultural del hogar, el acceso a clases particulares, la calidad del establecimiento de origen y la estabilidad económica familiar operan silenciosamente sobre el rendimiento académico, y el rendimiento académico los registra todos. Cuando seleccionamos por mérito sin considerar esas condiciones, corremos el riesgo de seleccionar, sobre todo, por origen.

El proyecto contiene una tensión que vale la pena señalar, ya que el propio diagnóstico oficial cuestiona que el sistema actual termine, en muchos casos, recurriendo a la asignación aleatoria como mecanismo residual. Sin embargo, la nueva propuesta mantiene esa misma asignación aleatoria como vía principal para la mayoría de los establecimientos, y reserva la selección por mérito para aquellos con categoría alta y sobredemanda. Como advierte el académico José Joaquín Brunner, ese diseño podría terminar segmentando más de lo que democratiza, ya que los colegios que pueden seleccionar suelen ser justamente los más buscados por las familias con más recursos. Conviene tenerlo presente para que, en la práctica, el mérito así concebido no acabe adquiriendo un carácter de clase.

Hay, además, un matiz conceptual que vale la pena nombrar. La libertad de enseñanza, como principio constitucional, protege sobre todo el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos, y conviene cuidar que no se traduzca, sin querer, en el derecho de los establecimientos a elegir a sus estudiantes. Cuando la selección queda enteramente en manos de cada colegio, sin criterios objetivos ni una supervisión efectiva de los sesgos que pueden operar en entrevistas y evaluaciones discrecionales, lo que se busca como libertad de elección corre el riesgo de convertirse, en los hechos, en una forma de exclusión.

Dicho lo anterior, hay una idea en el discurso oficialista que merece rescatarse, no para validar el proyecto completo, sino para llevarla más lejos, y es la diversidad de proyectos educativos. Chile tiene, efectivamente, una variedad de establecimientos con énfasis distintos, científicos, humanistas, técnico-profesionales, artísticos y deportivos. Esa diversidad debería ser una fortaleza, ya que permite que estudiantes con talentos e intereses distintos encuentren espacios donde esos talentos sean reconocidos y desarrollados. El mérito artístico, el mérito técnico y el mérito deportivo existen, y son tan legítimos como el mérito académico convencional. Una política educativa que los tomara en serio requeriría fortalecer esa diversidad desde la oferta, con inversión y criterios claros, y no solo desde la demanda, con selección.

Ese es un camino que el proyecto podría aprovechar mejor. Al concentrar la selección por mérito en los establecimientos académicamente mejor evaluados, se corre el riesgo de reforzar la jerarquía que ya existe en el sistema, en lugar de diversificarlo. Que un liceo de excelencia seleccione a sus estudiantes por rendimiento previo no necesariamente diversifica la oferta educativa, sino que puede terminar estratificándola. Los estudiantes que no quedan en esos colegios no siempre encuentran, como alternativa, establecimientos igualmente atractivos con proyectos igualmente potentes, sino aquello que el sistema ha dejado con menos inversión.

Frente a desafíos como este, el primer instinto político suele ser la consigna. El esfuerzo debe ser recompensado, el azar no puede definir el futuro de un niño, las familias tienen derecho a elegir. Todo eso es verdad. Pero las consignas no reemplazan el análisis, y la simplicidad de la respuesta suele ser inversamente proporcional a la complejidad del problema.

Un sistema de admisión escolar justo no puede reducirse a una frase ni a una sola variable. Requiere combinar criterios que reconozcan el esfuerzo real, que protejan a quienes parten en desventaja, que diversifiquen genuinamente la oferta educativa y que garanticen que los colegios con menos demanda sean igualmente buenos, no solo igualmente accesibles.

Reconocer el mérito en serio exige, antes que nada, crear las condiciones para que el esfuerzo sea lo que realmente lo determine. Un estudiante que se prepara durante años para postular a un colegio de excelencia lo hace desde una plataforma que no eligió, e ignorar esa plataforma no es objetividad, sino naturalizar la desigualdad de origen. Y eso no es un problema de derecha ni de izquierda, sino un problema de todos. Premiar el esfuerzo y ofrecer oportunidades reales a cada estudiante son dos caras de la misma convicción. Si logramos ponernos de acuerdo en eso, quizás en cuatro años no estemos discutiendo lo mismo con los mismos argumentos invertidos, sino construyendo juntos un sistema que cumpla lo que promete.

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