Más parecidos a los anticipos de la prensa resultaron las medidas propuestas por el Presidente de la República sobre la educación superior que a un proyecto de reforma que justificara el tan anunciado “Año (2011) de la Educación Superior”. (Ver medidas enunciadas por Presidente Piñera al final de este comentario)
En efecto, se desinfló el Año y nos quedamos, en el mejor de los casos, con la semana en que podrán discutirse unas pocas y modestas medidas inconexas, cuya letra chica al pie de página ni siquiera se conoce.
Por lo pronto, no explicitó el Gobierno una visión estratégica que permita asegurar el desarrollo y la sustentabilidad de nuestra educación superior para la próxima década.
El mayor desequilibrio hoy existente en este sector –entre el esfuerzo de los hogares y la inversión del Estado; entre las fuerzas del mercado y la capacidad gubernamental de guiarlas–ni siquiera fue mencionado.
No asumió el Gobierno Piñera compromiso alguno con el gasto fiscal en la educación superior, cuando es toda evidencia que Chile tiene aquí un severo problema de subinversión de recursos públicos.

Respecto a la nueva institucionalidad que requiere la educación superior, el único anuncio es la tímida creación de una Subsecretaría dentro del Mineduc y no, como Chile necesita, de un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que –por cierto– para no ser mermanete un gesto burocrático, requiere ir acompñado de un fortalecimiento neto del papel del Estado como conductor del sistema y el mercado de la educación terciaria.
Nada de esto se hizo presente en el Mensaje del 21 de mayo.
No se sugiere un rediseño que asegure mayor transparencia y control en la educación superior. No hay obligaciones exigentes para las instituciones de informar, no hay clarificación del status de las universidades con fines de lucro, no hay mención a una Superintendencia de Educación Superior, no hay una definición clara ni ambiciosa para las universidades estatales que merezca llamarse una nueva política para estas instituciones y no hay ninguna palabra para el sistema de acreditación que se sabe requiere urgentes enmiendas.
Respecto del financiamiento del sistema, además de no existir ningún compromiso serio con la necesidad de aumentar sustancialmente el gasto público en este sector (que hoy es de los diez más bajos del mundo), no hubo propuestas para una verdadera reingeniería del actual esquema. No hay indicación alguna sobre cómo se modificará el aporte fiscal directo (AFD), transformándolo en un instrumento de conducción estatal y de mejoramiento del desempeño de las instituciones favorecidas. Nada hubo en el Mensaje –en la dirección esperada– de reorganizar los esquemas de ayuda estudiantil, fusionando dos esquemas de créditos que separadamente funcionan mal y discriminan entre los jóvenes chilenos. La idea de cambiar el AFI por un voucher más parece un guiño ideológico a los puristas neoliberales del Gobierno que una medida realista de fortalecimiento de la equidad del sistema. Por el contrario, en la medida que ese voucher seguirá a los “mejores” alumnos egresados de la enseñanza media, se transformará inevitablemente en un nuevo premio a los herederos del capital cultural, social y económico y no en un estímulo para los alumnos de menores recursos y mejores condiciones académicas y de esfuerzo.
En suma, el “Año de la Educación Superior” no era un tiempo para reformas (aunque las medidas se disfracen con esta vestimenta que les queda flotando de ancha) sino un tiempo de modestas medidas que no atacan ninguna de las cuestiones de fondo que la enseñanza terciara necesita abordar.
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Palabras del Presidente Piñera referidas a la educación superior: (18 modestas líneas):
¿Cuáles son nuestros próximos desafíos? Tal como hicimos la reforma a la educación básica y media, llegó la hora de la educación superior y preescolar. En la educación preescolar, este año alcanzaremos cobertura universal para los niños pertenecientes a las familias más vulnerables y de clase media de los dos primeros quintiles.
Y en la educación superior hemos superado por primera vez el millón de estudiantes, 700 mil de los cuales pertenecen a la primera generación de sus familias que accede a ella y 560 mil se ven beneficiados con becas o créditos apoyados por el Estado. Dada la importancia de este sector, enviaremos un proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Educación Superior, para que las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, así como los estudiantes y sus familias, se vinculen con el Estado en forma directa y eficiente.
Avanzaremos en un nuevo trato con las universidades del Estado, otorgándoles más atribuciones y flexibilidad para mejorar su gestión y competitividad.
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Estamos concientes de la alegría, pero también de los costos y el endeudamiento que para las familias chilenas significa que sus hijos lleguen a obtener un título profesional. Por eso, perfeccionaremos los mecanismos de financiamiento estudiantil, permitiremos reprogramar a los 100 mil deudores morosos del Fondo Solidario. Buscaremos nivelar la cancha, dando más becas a los buenos estudiantes que postulan a la educación técnica y profesional. También modificaremos el esquema de Aporte Fiscal Indirecto, aumentando el número de beneficiarios y entregando los recursos directamente a los estudiantes, para que ellos decidan en qué institución quieren estudiar.
La PSU dejará de ser el único criterio para valorar a un estudiante, incentivando que las universidades atraigan también a los mejores alumnos de colegios municipales y particulares subvencionados, según el ranking de su curso. En suma, más y mejores oportunidades en educación para todos los que se esfuercen.
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