Si bien no causó mayor sorpresa, no por eso ha dejado de provocar inquietud el déficit que se ha detectado en 15 universidades de las 54 que tienen información completa en el Ministerio de Educación. Ya el año anterior, 2016, se habían registrado pérdidas en 14 de los planteles, pero en lugar de mejorar, la situación parece haber empeorado, puesto que son más las instituciones con déficits y el total de las pérdidas también ha aumentado desde 44 mil millones de pesos, ese año, a 61 mil millones el año recién pasado. Tras esas cifras globales se esconden realidades muy diversas, desde universidades que han desarrollado grandes planes de inversión, hasta otras que no han logrado cubrir sus gastos operacionales corrientes. Además, por cierto, existen situaciones más complejas que incluyen a planteles asociados cuyos datos no reflejan la realidad del conjunto de instituciones y que requerirían de cuentas consolidadas antes de poder formarse una idea de la real situación financiera.

Entre las 15 universidades que experimentaron los problemas, hay diez privadas y cinco estatales. Lo de estas últimas no deja de ser llamativo, puesto que se supone que esos planteles reciben suficiente dinero para cubrir sus necesidades. Pero luego de la gratuidad universitaria, el Estado no les ha entregado lo que ellas requerían. Los aranceles que paga el Estado son insuficientes para cubrir los costos, pues han sido fijados en forma discrecional y según las disponibilidades del presupuesto. Además, afectando a todas las universidades que adscribieron al programa de gratuidad, el Ministerio de Educación tardó mucho tiempo en entregar los dineros que correspondían, lo que ha obligado a las instituciones a recurrir a préstamos que, como es evidente, cuestan dinero. Se ha encarecido así la tarea de las universidades, a la vez que han disminuido los recursos disponibles para ellas.

Además, para hacer las cosas aún más difíciles, el Ministerio de Educación debía fijar los aranceles, pero en lugar de hacerlo con la anticipación debida, lo hizo con notable retraso. Así, se ha hecho imposible presupuestar como es debido, pues ya iniciado el año calendario, aún no se sabe con cuánto dinero van a contar los planteles que están adscritos al programa de gratuidad. El nuevo gobierno, enfrentado a esta realidad y en medio de las restricciones presupuestarias, recién este mes de octubre ha definido los aranceles que pagará por cada alumno el año 2018. No les ha quedado más alternativa a las universidades que trabajar en la oscuridad.

Las perspectivas que ofrece la Ley de Educación Superior no mejoran las condiciones que deben enfrentar las instituciones encargadas de ella. Según lo dispuesto, al completarse el período de estudios, generalmente de cinco años, las universidades deberán hacerse cargo del 50% de los aranceles que debería pagar el alumno por todo el tiempo adicional que requiera para terminar sus estudios. Como, además, tampoco pueden cobrar libremente los aranceles a los alumnos de los deciles superiores, con la sola excepción del último decil, la carga financiera de la que deberán hacerse cargo los planteles solo irá en aumento. Hoy es un alto porcentaje del estudiantado que no logra cumplir con los plazos que le impone la universidad, y con el correr del tiempo, a medida que aumenta la proporción de jóvenes que provienen de niveles más vulnerables, seguramente mayores serán las deficiencias educacionales que deben ser corregidas durante los estudios universitarios, todo lo cual haría aumentar aún más la duración de las carreras, con la consiguiente carga financiera para los planteles.

Todo indica que la ley, tal como fue aprobada, difícilmente favorecerá la calidad de la educación superior. Un deterioro en ese nivel educacional hace conveniente revisar la legislación, pues sería muy grave para el desarrollo de Chile si sus profesionales comienzan a mostrar debilidades crecientes con el paso del tiempo.