La reforma a la educación superior en nuestro país suscitó un amplio debate en el país durante los últimos años. Si bien los objetivos planteados de avanzar en calidad, equidad e inclusión concitaron amplio apoyo, finalmente la legislación aprobada presenta una serie de problemas en cada una de las materias abordadas que, de no adoptarse acciones correctivas a la brevedad, comprometerán seriamente el futuro de la educación superior en nuestro país. A continuación se presentan, en forma resumida por razones de espacio, algunos de los aspectos más preocupantes.

En relación con los procesos de admisión, la ley crea un Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación Superior, cuya administración corresponderá a la Subsecretaría de Educación Superior creada por esta misma ley. Esto significa terminar con el actual Sistema Único de Admisión, que es administrado por el Consejo de Rectores, que incluye al 84% de las universidades acreditadas. En consecuencia, la ley traspasa la gestión de los procesos de admisión hacia un órgano estatal, dependiente del gobierno de turno, con el riesgo de politización que ello significa, reemplazando un esquema que ha dado plenas garantías de transparencia y objetividad a todos los actores, incluyendo instituciones, postulantes y sus familias.

Sin duda, el sistema de educación superior requiere más y mejor regulación, sobre lo cual existe un amplio grado de acuerdo. Lamentablemente, la legislación aprobada establece una sobrerregulación que burocratizará en exceso al sistema, pudiendo ahogar el desarrollo de las instituciones y amenazar su autonomía.

La acreditación obligatoria de las instituciones, como asimismo de los programas de doctorado, constituye un avance en términos de la calidad. Sin embargo, queda suspendida hasta el 2025 la acreditación voluntaria de carreras y programas de pregrado, acciones que han inducido mejoramientos significativos en el sistema y el desarrollo de una cultura de aseguramiento de la calidad en buena parte de las instituciones.

Además, la inviabilidad de los plazos establecidos para que comiencen a operar las nuevas disposiciones sobre aseguramiento de la calidad es otra manifestación de la desprolijidad de la nueva legislación.

La política pública de otorgar gratuidad a los estudiantes que pertenecen a los sectores más vulnerables es un avance en equidad e inclusión. Sin embargo, la gratuidad universal establecida en la ley, aunque diferida en el tiempo su aplicación a los estudiantes de los grupos de más altos ingresos, es claramente regresiva y contradictoria con la lucha contra la desigualdad que todos compartimos. En educación superior la gratuidad no asegura que los jóvenes de los sectores de menores ingresos puedan concluir exitosamente sus programas de estudio; para ello, se requiere mejorar significativamente los mecanismos de financiamiento a los gastos de mantención y los programas de apoyo para superar las deficiencias de la formación escolar. Nada de esto se contempla en la nueva legislación, seguramente por la restricción de recursos públicos, pero, por otra parte, se establece a futuro la gratuidad para los “más ricos”.

Además, el esquema planteado para la gratuidad provocará serios problemas para estudiantes e instituciones. Así, por ejemplo, la gratuidad se financia solo para el período nominal de duración de las carreras, lo que desconoce la realidad del sistema, dado que la mayoría de los estudiantes finaliza en un período mayor. Ello, junto con una serie de efectos asociados a la forma de determinación de los aranceles en gratuidad, provocará efectos muy negativos en el financiamiento de las instituciones.

En lo relativo a financiamiento institucional y a diferencia de lo ocurrido con las universidades del Estado, se privó a las universidades públicas no estatales del CRUCh (G9) de recursos adicionales, lo que afectará seriamente su desarrollo como instituciones de calidad reconocida nacional e internacionalmente. Esto ha constituido una clara discriminación entre instituciones que cumplen funciones similares, modificando, además, una política de Estado aplicada durante las últimas seis décadas.

En consecuencia, sin perjuicio de algunos avances, el balance de la nueva legislación es claramente negativo, habiéndose perdido como país una gran oportunidad para crear las condiciones que hicieren posible un gran salto adelante en calidad, equidad e inclusión en educación superior.

Claudio Elórtegui Raffo
Rector Pontificia Universidad Católica de Valparaíso