El proyecto del nuevo crédito que reemplaza al CAE y al Fondo Solidario, y que acaba de ingresar al Congreso, merece algunas consideraciones.

Es destacable que el nuevo Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS) proponga la creación de un órgano público que gestione y recupere los créditos, sacando a la banca de esta operación. Es positivo también que las condiciones del crédito sean muy ventajosas para los estudiantes de educación superior.

Sin embargo, vemos con preocupación el efecto segregador que el nuevo sistema podría precipitar instaurando dos regímenes universitarios: uno gratuito para los deciles con menos recursos, y otro de pago con SIFS, donde se concentrarán los deciles con mayor poder adquisitivo. Si bien el nuevo crédito fija a todas las universidades los aranceles que pueden cobrar a los estudiantes de los seis primeros deciles, permite que las no adscritas a la gratuidad compensen la brecha respecto de sus costos reales imponiendo otro crédito a esos mismos estudiantes. Pero la diferencia de régimen es mayor cuando se trata de los estudiantes del decil 7 al 10: las instituciones no adscritas a gratuidad podrán cobrar un copago sin restricción, mientras las adscritas a la gratuidad tienen fijación de precio y límites a su crecimiento de matrícula.

Esta segregación profundiza el menoscabo financiero de estas últimas y podría llevar a una situación análoga a la que se esmera en corregir la Ley de Inclusión Escolar: mientras las escuelas municipales eran gratuitas y se financiaban solo con subsidio estatal, los colegios particulares subvencionados, además de recibir dicho subsidio, podían cobrar copago, beneficiándose de una ventaja insalvable. Al congelar el copago y subir progresivamente la subvención, el empeño de la ley ha sido emparejar la cancha.

Este nuevo sistema de crédito generaría una discriminación entre dos tipos de instituciones universitarias que reciben subvención del Estado. Una, con libertad de precio, asequible solo a los estudiantes que pueden pagarla, pues suman al subsidio del crédito el copago que la universidad imponga, y la otra con gratuidad para algunos y precio fijo para el resto. Frente a estas restricciones, el diseño del proyecto ingresado parece dirigido a desalentar que las universidades se adscriban a la gratuidad. Restricciones que sí tendrán las universidades estatales y las públicas no estatales, generando un sistema que favorece la segregación y atenta contra una educación superior de excelencia e inclusiva.

No será fácil para los legisladores cuadrar el círculo. Por un lado, se deberá impedir la segregación que vislumbramos con el nuevo crédito y los perjuicios -ahora redoblados- para quienes se adscriben a la gratuidad. Sin subir la subvención por gratuidad, tal como lo hace la Ley de Inclusión, no parece posible. Por otro lado, debemos reconocer lo ventajoso del crédito para los estudiantes y lo bueno que es para el país que los beneficiados puedan de alguna manera devolver para que otros también puedan estudiar.

Por último, una vez que los legisladores logren solucionar los desafíos que impone el acceso equitativo a la docencia de pregrado, quizás puedan dedicarse a otro asunto fundamental, que ni siquiera ha sido tocado por la reforma a la educación superior: cómo se alienta y financia la investigación que las universidades complejas realizan y que sabemos es esencial para el país.

Padre Eduardo Silva
Rector de la Universidad Alberto Hurtado