El pasado 2 de octubre, el profesor asociado de la Facultad de Educación y Director del Centro de Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Andrés Bernasconi, asistió a la Comisión de Educación del Senado para presentar sus aprehensiones sobre el proyecto de ley de educación superior. En esa línea, el académico aseguró que la iniciativa “tiene un defecto fundamental, que lo recorre por completo y lo afecta en cada una de sus partes, de tal manera que no puede ser remediado con indicaciones, por más numerosas y sustantivas que ellas sean”.

Según expresó, este defecto radical es la negativa valoración sobre la educación superior chilena que subyace al proyecto y la institucionalización de la desconfianza en sus Instituciones de Educación Superior (IES) y autoridades.

“(El proyecto) regula las instituciones de educación superior como si se tratara de la industria de los casinos de juego, una actividad propensa al fraude y a otras irregularidades, que debe vigilarse de cerca. La amenaza de sanción penal aparece nueve veces en el proyecto y la palabra infracción aparece 33 veces”, explicó Bernasconi en su presentación ante la Comisión.

“La reforma responde mucho a las anomalías del sistema, por casos como el de la Universidad del Mar, de los que ha habido otros muchos antes con menos notoriedad pública, de instituciones que fracasan económicamente y que cierran. Ese caso particular y el de ARCIS u otras, que están con problemas financieros, son anomalías, pero uno no puede regular a todas las instituciones basándose en las que tienen problemas”, explicó a El Dínamo.

“Lo que hace el proyecto, sobre todo en lo que se trata en la esfera de acción de la Superintendencia de Educación Superior, es tratar a todas las instituciones como si fueran la Universidad del Mar, y ese no es el caso”, agregó.

El académico recalcó que mientras en la década de 1990 existían cerca de 300 IES, hoy el universo es cercano a las 160, por lo que es normal que en un sistema competitivo como es el chileno haya instituciones que cierren. “Cuando hay instituciones que están en problemas, son absorbidas por otra institución, eso ha pasado decenas de veces. Nadie se ha enterado, a excepción del Ministerio de Educación que apoya estos procesos”, indicó.

“Ese modelo de absorción no ha sido para nada un mal modelo y ha permitido continuidad de estudios sin financiamiento público a miles de estudiantes por 25 años”, explicó Bernasconi. En esa línea, agregó que el Ministerio de Educación dice que la institucionalidad para responder a las entidades con problemas es inadecuada, lo que considera cierto, pero es contrario a que se aplique a instituciones sanas las mismas reglas pensadas para aquellas en crisis.

“Una medida que se podría adoptar es no penalizar a todos por lo que hacen unos pocos, modificar la ley de administrador y de cierre de las IES de manera de reconocer la posibilidad que el Ministerio reconozca los procesos de absorción, y que eso que se haga con acuerdo de privados, que esté respaldado por el Mineduc”, concluyó respecto a este punto.

Otro aspecto mencionado por el abogado, es aquel que prohíbe o limita las transacciones con entidades relacionadas.

“Lo que es problemático es que estas normas sobre contratación pueden hacer muy lento, burocrático o trabado ciertos procesos de generación de negocios que son beneficiosos para la universidad y que no la perjudican porque no significa lucro encubierto”, explicó Bernasconi a El Dínamo. A ello agregó y ejemplificó, que estas contrataciones significan “más bien que la universidad participe en empresas de desarrollo científico o tecnológico, con empresas del sector privado para desarrollar algún tipo de producto innovador, que aproveche a través de licencias patentes u otros productos de trabajos de investigación, que muchas universidades de avanzada hacen habitualmente. Para eso tienen que crear sociedades con el sector privado”.

En esa línea, Bernasconi aseguró que el proyecto podría conducir a que esa actividad sea obstaculizada innecesariamente. “Cuando le pones cortapisas a los aranceles que puedes cobrar, y no les dejas hacer negocios de los que puedan obtener dividendos, los estás poniendo en una situación financiera muy complicada, sin una buena justificación para eso”, indicó.

Pero no sólo eso. El Director del Centro Justicia Educacional señala además que visualiza un efecto directo en la calidad y en la oferta educacional, ello derivado de la limitación en las vacantes que impone la gratuidad. “Esto ocurre sobre todo en estudiantes de un nivel socioeconómico más bajo, del quintil uno, porque la gran expansión de los estudiantes del quintil uno en los últimos 10 años ha venido de las becas y del Crédito con Aval del Estado, en un esquema que las Universidades Privadas, los Institutos Profesionales, los Centros de Formación Técnica podían crecer en su oferta sin restricciones. Y eso permitió que la participación del quintil uno se duplicara en los últimos 10 años. Paradójicamente, con la gratuidad, como las instituciones no pueden crecer más del 2,7% al año, todas las instituciones que están en la gratuidad no pueden aumentar sus vacantes para integrar a estos estudiantes. Lo que va a pasar es que no van a entrar porque no hay cupo”, enfatizó.