Se discute aquí de manera más general el sistema de financiamiento de las instituciones de educación superior en Chile. En particular, se hace notar que el debate de la gratuidad recoge solo una de las fuentes de financiamiento del sistema de educación superior. Como el foco ha estado en esta dimensión se olvida las demás entre las que son de suma relevancia los fondos basales y los concursables para investigación y desarrollo. Es en estas últimas fuentes donde se observan más debilidades. Así está siendo difícil incrementar el número de investigadores en el sistema de educación superior y comienza a notarse escasez en el financiamiento de proyectos específicos.

Por estas razones se sostiene aquí que es importante analizar de manera más integral el financiamiento de nuestras instituciones terciarias. Si ello no se logra el riesgo es que la política de gratuidad, que al final supone el reemplazo de recursos privados por públicos, deje poco espacio para ese necesario debate. En estas líneas se hacen propuestas para contribuir a que éste ocurra. Así se sugiere un esquema general de financiamiento de los estudiantes que creemos es compatible con asegurar su acceso a la educación superior sin afectar la autonomía financiera de las instituciones, es decir sin solicitarles a éstas un copago para financiar parte de la gratuidad. Este consiste básicamente en aportes públicos a los estudiantes para financiar los aranceles de la educación superior por un monto que puede llegar hasta los aranceles efectivos de las instituciones de educación superior, pero que supone de éstas algunas obligaciones para evitar un escalamiento continuo de los mismos. Estos aportes se retribuirán al Estado una vez concluidos los estudios a través de un mecanismo que los protege en situaciones de bajos ingresos. Incluso si los ingresos son suficientemente bajos los profesionales serán eximidos de todo pago. Así, hay una gratuidad ex post en función de los ingresos futuros de los egresados de la educación superior. Con todo, ese mecanismo general se puede combinar con gratuidad para un grupo específico de estudiantes. Pero desde el punto de vista de equidad es preferible el esquema que proponemos aquí. Además, es más consistente con una buena planificación fiscal.

Asimismo, una política de financiamiento estudiantil de estas características es menos onerosa para el Estado y permite liberar recursos para aportar más recursos para fondos basales y para concursos de investigación. Al respecto se hace una propuesta concreta, acompañada de algunas sugerencias institucionales, que supondría elevar en alrededor de 900 millones de dólares los dineros para fondos basales y concursables para investigación hacia el año 2025. Se propone, asimismo, por diversas razones separar a las humanidades de Fondecyt creando un Fondo Nacional de las Humanidades que permita su potenciación. Por último, se propone un fondo basal extraordinario para las universidades estatales que financie dos líneas específicas, sujetas por cierto a evaluación de desempeño y cumplimiento de metas.

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