Columna publicada hoy en el diario La Tercera, 2 abril 2009.
LGE: ¡al fin!
La Ley General de Educación (LGE) dispone las bases de una nueva institucionalidad escolar. Pone fin a la LOCE y cambia la orientación y organización del sistema. Establece nuevos principios y fines para la enseñanza obligatoria; fija con sentido democrático y moderno derechos y deberes de los miembros de la comunidad escolar y define mejor las funciones del Estado. Asimismo, modifica la conducción del sistema escolar, a la cual concurrirán ahora el Mineduc, el Consejo Nacional de Educación como autoridad curricular, una Agencia de Calidad y una Superintendencia que velará por el correcto uso de los recursos fiscales.
Los sostenedores públicos y privados son reconocidos en la diversidad de sus proyectos educativos y se crean reglas más exigentes para ellos. Cualquiera sea su tipo, no podrán seleccionar alumnos hasta el sexto año básico y sus procesos de admisión deberán ser públicos y reglados, sin discriminaciones.
Se definen con claridad aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que la educación garantizará en los niveles parvulario, básico y medio, y se modifica la duración de los ciclos principales para promover la especialización de los profesores, cuya deficiente formación es evidente.
Son avances sustantivos. A diferencia de la LOCE, además, la LGE es producto de un amplio acuerdo y una intensa discusión. Ofrece una plataforma necesaria para la siguiente etapa de la reforma. Mas lo necesario no es suficiente. Además, hay que aumentar fuertemente la inversión por alumno y, con ello, la remuneración de los profesores; la carrera de éstos debe ser íntegramente reformulada en términos de su preparación, ejercicio y evaluación; es imprescindible definir los estándares de aprendizaje y gestión de acuerdo a los cuales serán evaluados los colegios y dar curso efectivo a los nuevos órganos previstos por la LGE.
El país ganó, pues, con el acuerdo educacional que creó esta ley. La misma voluntad debiera impulsar su aplicación y la aprobación de las normas complementarias faltantes.