Columna publicada hoy en el diaro La Tercera.
Inversión escolar: ¿Y el diseño?
por José Joaquín Brunner, Director Centro de Políticas Comparadas de Educación, UDP
La Tercera, mar. 06 , 2009
Sin duda, los liceos, igual que los demás establecimientos del sistema escolar, necesitan contar con una infraestructura adecuada para su función educativa. Es parte inherente del derecho de los niños y jóvenes a obtener una educación de calidad. Y parte sustancial de la obligación de los colegios subvencionados de ofrecer condiciones dignas de aprendizaje. Cuán lejos está nuestra sociedad de garantizar estas condiciones se reveló dramáticamente el año pasado, a propósito del derrumbe experimentado por el Instituto Nacional y la crisis de infraestructura de varios colegios municipales.
En respuesta a estas circunstancias, seguramente -y antes siquiera de conocerse los resultados de una inversión extraordinaria previa de cien millones de dólares en favor de los colegios municipales-, el Ministerio de Educación creó un nuevo programa mediante el cual financiará la recuperación de la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario de “establecimientos públicos señeros a través del tiempo”.
De inmediato llama la atención el hecho de haber limitado únicamente a estos establecimientos, llamados a veces también ‘tradicionales’, los recursos disponibles para este programa. ¿No habría sido más apropiado, por el contrario, priorizar a aquellos establecimientos subvencionados con mayores riesgos de seguridad por fallas de infraestructura y que, a la vez, atienden a los alumnos más vulnerables?
Enseguida, el ministerio se ha echado encima la ardua tarea de verificar si acaso un determinado liceo puede o no reclamar para sí la calificación de ‘tradicional’. Pues, como bien señala un instructivo de la Subsecretaría de Educación (con una preocupación filosófica apenas velada), “resulta obvio que no todos los establecimientos que imparten enseñanza media en nuestro país pueden ser tradicionales”. Para efectos de calificar como tales deben presentar una breve historia desde su fundación, dando cuenta de su impacto nacional o regional. Asimismo, deben señalar sus 10 egresados más relevantes en la configuración de ese impacto.
Al asumir el ministerio la tarea de evaluador del impacto histórico de los colegios y sus ex alumnos, ¿no se verá envuelto en las siempre turbulentas marejadas de las interpretaciones historiográficas? ¿No habría sido más fácil limitarse al criterio de la imperiosa necesidad/seguridad y asegurarse de que los colegios beneficiados cuenten con una adecuada gestión, asunto que el propio ministerio e instituciones como la Fundación Chile han probado estar en condiciones de hacer con relativa efectividad?
Al contrario, la autoridad ha favorecido -como una variable adicional- el nivel de selectividad de los establecimientos. De hecho, para postular los liceos deben incluir la nómina de postulantes y el número de vacantes ofrecidas anualmente. Es sabido que los colegios municipales “tradicionales” son los que exhiben una mayor demanda (por encima de sus vacantes) dentro de la enseñanza pública y, por tanto, pueden seleccionar a sus alumnos.
Luego, haber incorporado este criterio no es más que un acto de realismo competitivo. Sin embargo, en la medida en que el gobierno no lo justifique públicamente, se expone a la crítica de ir en contra de sus propios objetivos de equidad y no-selección.
En suma, estamos frente a un programa que tiene una finalidad inobjetable, pero que presenta una serie de problemas, lo cual lleva a preguntarse, en efecto, si constituye una inversión bien diseñada.