La provisión mixta de bienes públicos -como educación, salud, seguridad social y previsión- caracteriza el desarrollo chileno de las últimas décadas, igual como una economía abierta de emprendimiento privado, centrada en servicios, comercio y exportación basada en recursos naturales.

Dentro de este esquema, se espera que el Estado juegue un rol garante de derechos, regulador y protector frente a los abusos y fallas del mercado, impulsor de la innovación y, sobre todo, de igualación de oportunidades de acceso a capacidades o libertades.

Existe un amplio reconocimiento cultural de que por esta vía -llamada a veces de crecimiento con equidad o socialdemócrata de tercera vía- Chile ha progresado significativamente entre 1990 y 2014.

Tal amplitud de reconocimiento no incluye, sin embargo, a una parte importante de la elite político-técnica de la Nueva Mayoría (NM), para la cual el modelo prevaleciente sería pura y simplemente neoliberal, de corte privatizador y de hegemonía mercantil. El Estado prácticamente habría desaparecido tras el velo de la subsidiariedad, las desigualdades seguirían reproduciéndose y el bienestar sería un asunto privado en un medio volcado hacia el individualismo posesivo y hostil a las dimensiones colectivas.

De allí que el estrato tecnopolítico, el alto clero burocrático del Gobierno y su círculo académico-intelectual de asesores proclamen la necesidad de un cambio de paradigma de políticas, partiendo -primero que todo- por fortalecer el papel del Estado en la economía, la sociedad y la cultura. De un rol subsidiario debería transitar ahora a un rol protagónico, aún no bien definido, el cual incluye ser proveedor o productor, coordinador, fiscalizador, supervisor y administrador central, bajo el supuesto que su mayor presencia restituiría la primacía de lo público y los valores de solidaridad, fraternidad y comunidad.

Al desmercantilizar y desprivatizar aquellas esferas por donde circulan los bienes que no se deben comprar con dinero, se lograría restaurar su valor que, como ocurriría con la educación, la salud, la previsión, etc., se hallaría corroído por el lucro, el comercio, la empresarialización y el privatismo.

Hemos mostrado en columnas anteriores (aquíy aquí) que el gobierno de la Presidenta Bachelet eligió el campo de la educación (escolar y superior) para aplicar la nueva orientación o paradigma de política pública. El fin del lucro, el copago y la selección académica encarnan precisamente la idea-eje de ese cambio; su imagen más acabada.

Por esto mismo, cualquier crítica al proyecto de reforma impulsado por el Gobierno -por razonable y válida que sea en lo propiamente educacional- rebota contra un muro. Lo que importa al equipo de la Presidenta no es primariamente el rigor técnico de las medidas, su efectividad para mejorar la educación o su reducido impacto en calidad y equidad, sino mantener en alto el nuevo paradigma y dar así una señal de que se ha instaurado un nuevo ciclo político al mando de una renovada red de technopols y cuadros burocrático-partidistas.

Este escenario da cuenta también de por qué las principales tensiones y conflictos tienen lugar dentro del espacio gubernamental y no en torno al clivaje Gobierno/oposición. Esta es una batalla ideológica dentro del bloque oficial, la NM, y no entre derechas e izquierdas. Suele describirse esta pugna como un choque de estilos entre la antigua Concertación y la NM. Es más que eso.

En realidad, la línea divisoria separa dos orientaciones socialdemócratas: una de centro-mayoritario y diseño reformista (tipo tercera vía) y otra mayoritaria de izquierdas con un diseño refundacional y contra-cultural, como suele decirse ahora. ¿Qué significa esto último? Según un participante de la blogósfera: “La contracultura es aquello que, excluido, se levanta y reniega de esa exclusión atacando el establishment“.

Efectivamente, en un filón no siempre bien entendido, existe -además de diferencias ideológicas- una brecha de carácter cultural-emocional al interior del mundo socialdemócrata chileno. Los exponentes de la contracultura (recuérdese la retroexcavadora, “destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal”, “bajar al otro de los patines”, etc.) usan un lenguaje preocupado de transmitir indignación, condena moral, repudio, sentimientos anti-establishment, desprecio frente a lo mercantil. Los cambios estructurales propuestos se justificarían por la existencia de abusos, malestares, patologías y desquiciamientos sociales. Hay allí un pathos revolucionario que resuena con sentimientos antisistema y con utopías futuristas.

En cambio, los socialdemócratas reformistas transmiten una concepción más desencantada del mundo (en sentido weberiano), son propensos a la racionalización, proclaman las virtudes de la deliberación reflexiva, rehúyen los momentos carismáticos de la política y suelen hablar el lenguaje ético de la responsabilidad compartida como límite de las propias convicciones e ideales. Proponen por eso transformaciones incrementales, de acumulación gradual, dentro de diseños generalmente negociados o acordados políticamente.

Habrá que observar detenidamente la evolución de las políticas gubernamentales durante los próximos meses antes de concluir hacia dónde se inclina en definitiva la balanza del poder. Por ahora el nuevo paradigma enmarca y explica las políticas del gobierno Bachelet.