La alternancia como choque

La semana anterior estuvo marcada por el asunto del ‘cable chino’, el quiebre en el proceso de traspaso entre ambos gobiernos y la amenaza constante de auditorías exhaustivas, anunciadas por el Presidente electo: “Una auditoría total e independiente al Estado, a partir del primer día de su futuro gobierno”, según la página de prensa del Partido Republicano durante casi un año. El Presidente electo también afirmó en esa ocasión: “No venimos a administrar el Estado corrupto que nos dejan; venimos a intervenirlo y a recuperarlo para Chile”.

La Oficina del Presidente Electo (OPE) ahora indica que “el análisis abarcará las cuentas corrientes de cada cartera, la dotación de funcionarios, los compromisos vigentes y las eventuales deudas postergadas”. ‘Todo esto se va a hacer con lupa’, advierten, agregando que los resultados serán informados públicamente y que, de detectarse irregularidades, acudirán a la Fiscalía, la Contraloría o al Congreso, según corresponda.

Así, la escena de la sucesión —de un proceso instrumental y simbólico que venía desplegándose con normalidad— se transformó en 48 horas en una disputa de recriminaciones, susceptibilidades y vanidades heridas. Ambos líderes, el saliente y el entrante, disminuyeron su propia investidura al comportarse menos como jefes de Estado (uno vigente, el otro a punto de serlo) que como contendores atrapados en una pelea de corto alcance. Los tan invocados ritos republicanos aparecen debilitados, aunque después se revisten de un barniz ceremonial. El avenimiento del domingo pasado más parecía una tregua: un cese temporal de hostilidades. El clima de trasfondo, sin embargo, es bélico y lo veremos desplegarse de menos a más a partir de hoy.

En cuanto al quiebre producido por el ‘cable chino’, no corresponde verlo como un simple episodio de mal gusto o una inoportuna rabieta (vulgar: ‘pataleta’) con dos protagonistas.

En política, las transiciones entre gobiernos no son simples trámites administrativos; son momentos en los que se redistribuye un bien escaso y decisivo: la legitimidad. La legitimidad retrospectiva es la autoridad que un gobierno mantiene cuando, al retirarse, puede presentar un balance creíble de su gestión, un relato convincente de sus logros, intenciones y desafíos no resueltos. Por otro lado, la legitimidad prospectiva se refiere a la autoridad del nuevo gobierno, cuando logra convencer de que comprende la situación, sabe cómo priorizar las urgencias y cuenta con los medios y límites adecuados para actuar.

La gobernabilidad democrática nace, en parte, del empalme entre ambas. Cuando el saliente pierde la capacidad de narrar con veracidad su propia experiencia y el entrante decide construir su futuro únicamente sobre la demolición simbólica del adversario, la transición deja de ser puente y pasa a ser trinchera.

En el corto plazo, este ambiente de antagonismo favorece más a quien llega que a quien sale. Esto no se debe a una valoración moral, sino a una condición estructural: José Antonio Kast necesita demostrar su legitimidad creando la apariencia de un gobierno de emergencia. Para ello, un gobierno de emergencia requiere que el país sea presentado como en crisis y en situación de urgencia. Es necesario generar presión, dramatizar los hechos y acelerar el ritmo político. Desde el primer día y durante un período clave (¿los 90 días que se planearon?), debe haber una serie de anuncios, auditorías, operativos, nombramientos, viajes, acusaciones, decisiones e iniciativas que den la impresión de un liderazgo activo y de una voluntad implacable.

Irrupción global

La imagen que busca el nuevo gobierno se asemeja al modelo trumpiano en plena acción: una intensa actividad ejecutiva, la securitización del discurso público y la polarización controlada como forma de mantener la cohesión del bloque. Incluye el combate contra el ‘deep state’, la limpieza del pantano, la condena de la vieja política y, como culminación, un ‘Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su sigla en inglés), que se esperaba convergiera con tecnologías de reducción de personal, un plan de austeridad, el cierre de programas y oficinas y, tras esta amplia intervención, un gobierno preparado para actuar con firmeza.

El sueño duró sólo unos meses; pronto el genio responsable abandonó el escenario, la centralización del poder se volvió abrumadora, y la tormenta ideológica alcanzó su punto máximo. DOGE desapareció, dando paso a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), con prácticas cuestionables, aumento de la plantilla y presupuestos elevados. Por ello, se habla del Ejecutivo en Washington no sólo como una organización anárquica, sino también como una gestión caótica.

La Casa Blanca ha presentado la estrategia actual de Trump como una recuperación rápida de la seguridad, con una coordinación casi en el campo de batalla, intervenciones en el Caribe y Oriente Medio, desacople de Europa y abandono de Ucrania. En ‘las Américas’, esa estrategia busca una política hemisférica claramente diseñada para subordinar a Latinoamérica a los intereses de EE.UU. y rechazar cualquier ‘intervención foránea’ en sus territorios, especialmente en relación con China. La cumbre en Miami en estos días crea un Escudo Americano, tras el cual los países de América Latina deberán reorganizarse bajo la influencia de Washington (Trump) y resistir el avance chino (Xi).

Desde esta perspectiva, el conflicto local por el ‘cable chino’ brindó al nuevo gobierno una oportunidad para fomentar un ambiente de enfrentamiento y ruptura con las buenas prácticas republicanas. La gestión del gobierno saliente —en un asunto que implicaba telecomunicaciones, datos, presión estratégica entre potencias y soberanía— fue excesivamente frívola. Washington también actuó en consecuencia: impuso restricciones de visa a tres funcionarios chilenos por considerar que habían puesto en riesgo la infraestructura crítica y la seguridad regional. La Moneda respondió con una nota de protesta.

El episodio hizo que se consolidara la percepción de que el Ejecutivo saliente no había previsto a tiempo la magnitud del problema desde una perspectiva geopolítica. Para el equipo entrante, en cambio, este incidente sirvió para disminuir la percepción de autoridad del gobierno de Boric justo en el momento más delicado del cambio de mando.

Pero esta jugada tuvo un costo. También Kast salió empequeñecido. Porque un presidente electo que aprovecha las errores del mandatario saliente para ganar un punto puede obtener un beneficio táctico, pero sacrifica algo más importante: la imagen de autoridad del Estado. En lugar de mostrarse como un futuro jefe de Estado, en ocasiones pareció ser sólo un líder de una oposición dura que no quería otorgar ni siquiera un símbolo mínimo al rival. Ganó en contraste, pero perdió en altura. Y esto no es sólo una cuestión estética: indica cómo Kast probablemente percibe el ejercicio del poder.

Cuando la primera imagen de un mandato es la del combate cercano, el mensaje no sólo indica que habrá firmeza, sino que también implica que habrá poca paciencia con las áreas grises, las mediaciones y las liturgias republicanas que, en ciertas situaciones, suavizan el poder sin reducirlo.

El presidente electo prefirió entorpecer y deshacer el proceso de transición para destacar la ineficacia del gobierno en su etapa final —sensación ya bastante conocida por la mayoría de la población. Con esto, demostró nuevamente que no busca unir, como afirmó en su victoria electoral, sino aprovechar la discordia. Lo mismo ocurrió antes, cuando renunció a una Constitución de amplio consenso y, en su lugar, reforzó la preeminencia ideológica de su proyecto partidario.

Algo similar ha ocurrido con su idea de remarcar, incluso antes de comenzar su período de gobierno y desde Miami, cuál será su posición en el caos mundial emergente. No considero necesario ni serio caricaturizarlo rápidamente diciendo que, por su viaje, ahora es solo un satélite de Washington. Antes de viajar a Miami, el propio Kast afirmó que no veía incompatibilidad en mantener buenas relaciones tanto con China como con Estados Unidos, una declaración positiva, pero algo ingenua.

Pero sería igual de ingenuo no señalar el lugar elegido para la foto inaugural (en el exterior) de su presidencia. Su participación en la cumbre “Shield of the Americas”, convocada por Trump y centrada en el crimen organizado, el terrorismo, la inmigración irregular y la interferencia extranjera (en particular, China) en el hemisferio, expresa claramente sus intenciones. Kast asistió a este evento no sólo como una estrategia para mantener buenas relaciones con Trump, lo cual no sería criticable, sino también por convicción de formar parte del Escudo y de vincular su ‘gobierno de emergencia’ a la respuesta militar de Trump contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Nada de esto, claro está, debiera sorprendernos.Su gesto cierra una trayectoria de campaña que lo ha llevado a rodearse simbólicamente del escudo de las derechas duras en lugares como El Salvador, Hungría, Viena y Madrid, en un periplo que lo sitúa inevitablemente en una constelación política e ideológica concreta. Además, durante muchos años, Kast ha estado vinculado a la internacional de derechas duras —conservadoras, autoritarias, iliberales o antiliberales, desconfiadas del pluralismo democrático y de la diversidad— a través de la Political Network for Values. En esa red, Kast ha llevado a cabo una intensa labor de proselitismo ideológico y ha llegado a presidir su Consejo Asesor.

Este alineamiento tiene una dimensión geopolítica, pero también una moral e ideológica. No se limita sólo a las decisiones sobre con quién comerciar o qué alianzas resultan útiles para combatir el crimen organizado. Existe un componente más profundo: el concepto de orden, fronteras, autoridad, tradición, la desconfianza hacia el liberalismo cultural, el cansancio con la retórica de los derechos, que parece ineficaz frente a la violencia real, y el deseo de restablecer jerarquías en la familia, la escuela, la calle y el Estado.

Sería un error afirmar que toda defensa de esos valores conduce necesariamente al autoritarismo. Sin embargo, también sería un grave error no reconocer que ese conjunto de ideas puede facilitar una tendencia hacia formas de democracia iliberal o ‘protegida’, en las que se conserva el voto, pero se reduce el pluralismo legítimo y aumenta la tolerancia hacia poderes excepcionales.

Aquí se revela el significado más profundo del “Escudo de las Américas”: más que un foro, es una doctrina. La Casa Blanca ha subrayado la importancia de fortalecer su presencia en seguridad en el Caribe, incluyendo operaciones contra el narcotráfico, protección de recursos, comercio e infraestructura crítica de “nuestra región”, además de coordinar esfuerzos en el continente ante amenazas transnacionales.

Desde la perspectiva chilena, esto se alinea con la agenda de Kast en materia de seguridad nacional: lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común, control fronterizo, presión sobre la inmigración irregular y recuperación de la autoridad estatal. En esencia, la visión de seguridad en Chile no sólo considera aspectos internos, sino que también se concibe como parte de un tablero hemisférico en el que Washington vuelve a definir las prioridades. Aunque no es la vieja doctrina Monroe, mantiene un aire similar: una demanda de coordinación tecnológica, comercial y estratégica en el ‘hemisferio occidental’, en sintonía con EE.UU.

Futuros potenciales

Ahora bien, que esa lectura tenga una base estratégica no la vuelve políticamente inocua. Chile ciertamente necesita un Estado más potente frente al crimen organizado. También requiere una política migratoria sólida. Además, necesita una capacidad coercitiva legítima. Negarlo sería ingenuo. El problema surge cuando la excepcionalidad deja de ser una respuesta y pasa a ser un método; cuando la urgencia se institucionaliza como un estado de ánimo constitucional; y cuando el miedo ciudadano, aunque comprensible, se convierte en el principal motor de legitimidad. Así, la ‘democracia protegida’ deja de ser una idea abstracta y empieza a proyectarse como un horizonte práctico: mayor vigilancia, menos garantías; más control, menos deliberación; mayor desconfianza en los discrepantes, menor confianza en el conflicto regulado.

Esta parece ser una tensión central para el nuevo gobierno. Por un lado, necesita atender las urgencias en seguridad y la economía atascada; por otro, aspira a construir una gobernabilidad de derecha sólida a largo plazo. Es lógico suponer que no se percibe sólo como una administración temporal en el ciclo de alternancia entre oficialismo y oposición. En ese sentido, su objetivo es ‘hacer historia’, al igual que el gobierno de Boric, que inicialmente se propuso ‘cambiar la historia’.

En economía, esto podría significar una colaboración estrecha entre grandes proyectos privados y el Estado, acompañada de la desregulación, la simplificación de los permisos y la aceleración de las inversiones. Un enfoque similar, adaptado a la realidad chilena y conocido en algunos países asiáticos entre 1965 y 1990, y que luego fue denominado El milagro de Asia Oriental por el Banco Mundial, destaca la importancia de la intervención activa del Estado en el crecimiento económico y en las políticas públicas. En un contexto completamente diferente, en un marco de tradición neoliberal, quizás podría surgir una especie de nuevo nacionalismo de mercado, ligado a esas asociaciones público-privadas.

Este camino podría revitalizar la sociedad, pero también reabriría la antigua cuestión chilena: ¿para quién es el crecimiento?, ¿con qué contrapesos territoriales, laborales y ambientales?, y ¿cuánta capacidad tiene el sector público para guiar el desarrollo? Es posible que, en la práctica, la política económica del gobierno Kast vaya en la dirección opuesta, convirtiéndose en una política de ajuste fiscal y de concesiones tributarias a las grandes empresas, sin un enfoque a largo plazo.

En temas sociales, la bandera será la libertad de elección, es decir, ampliar los espacios para la provisión privada en educación, salud, previsión, vivienda, comunicaciones y transporte. Esta idea resuena con una parte del sentido común de las clases medias, cansadas de burocracias lentas y de servicios deficientes; pero también puede fortalecer una ciudadanía dividida, donde la libertad de elección cada vez depende más del nivel de ingresos. Hasta ahora, el discurso del futuro oficialismo no muestra una mayor ambición en este campo, sino todo lo contrario. Se anticipan políticas lo más focalizadas posible, con énfasis en una gestión eficiente, dentro del marco del plan de reducción del gasto fiscal.

Y en el ámbito cultural, que muchos subestiman, la disputa probablemente será silenciosa pero constante. No sólo en temas como la familia, la tradición o la disciplina escolar, sino en un espectro más amplio: humanidades, artes, ciencias sociales, currículum, autoridad del profesor, contenidos de los libros de texto, regulación del uso de redes sociales, teléfonos inteligentes e inteligencia artificial en niños y adolescentes. Algunas de estas preocupaciones no son arbitrarias: reflejan ansiedades reales de padres, docentes y comunidades. Sin embargo, la cuestión central es otra: si esa agenda se abordará como un proceso de deliberación pública y persuasión cultural, o como una ‘guerra’ administrativa por la hegemonía simbólica.

Las izquierdas en reflujo

Mientras tanto, el gobierno saliente enfrentará un aprendizaje abrupto: el reingreso a la tierra. Además, en período de reflujo mundial, movimiento de descenso de la marea.

El poder presidencial no es solo un mando formal; también funciona como una plataforma existencial que otorga acceso a empleo, prestigio, influencia, protección y la capacidad de construir una narrativa sobre uno mismo. La pérdida de esa plataforma suele provocar una crisis de identidad política y, en ocasiones, también una crisis relacionada con el futuro laboral y las proyecciones profesionales, especialmente entre los mandos medios y la tecnoburocracia en cargos de confianza.

En el caso de las izquierdas chilenas, probablemente estas crisis tengan varias capas adicionales: divisiones internas entre las corrientes de los partidos y entre los propios partidos, reconfiguraciones en las luchas por liderazgos, debates tácticos sobre cómo afrontar la nueva realidad gubernamental y la figura de Kast, e, integrados en todo esto, una discusión más prolongada y dolorosa acerca de qué realmente aprendieron durante su paso por el gobierno.

Ya no será suficiente repetir los logros como ‘avances’ ni culpar sólo a una híperofensiva conservadora, a las redes sociales o a la mala fe y la astucia de los adversarios por la derrota. Aunque hubo avances, persiste una brecha entre la ambición moral y la capacidad del Estado; entre la simbolización política y la gestión real; entre la voluntad de transformación y el cálculo del poder; y entre el discurso internacional y el realismo geopolítico.

El incidente del ‘cable chino’, para entender la situación, no fue sólo una ‘mala semana’ sino también un indicio de una dificultad más profunda para comprender cómo Chile se inserta en un mundo donde la competencia entre potencias es ahora tecnológica, financiera, militar, comercial y normativa, no sólo retórica.

La izquierda chilena debe realizar una revisión exhaustiva de su historia en el poder, yendo más allá de una simple autocrítica. Es esencial que reconsideren su relación con el capitalismo contemporáneo, tanto a nivel global como en América Latina, así como su vínculo con la democracia liberal, la seguridad, la migración, el mérito, la autoridad y la experiencia social de las clases medias y populares. Todo esto debe analizarse desde una perspectiva externa y, si es necesario, en oposición a sus propios discursos de autoafirmación. Además, deberán decidir si su camino hacia el futuro es una nueva socialdemocracia, una izquierda centrada en derechos con mayor respaldo material, un reformismo institucional moderado, un populismo nacional-progresista o alguna combinación aún por definir. Es fundamental que eviten caer en la nostalgia o en la superioridad moral para recuperar legitimidad en la esfera pública.

La misma exigencia se aplica a su ubicación geopolítica. En el nuevo contexto, será cada vez menos viable una izquierda que, si bien se preocupa, con razón, por el hegemonismo de Estados Unidos, especialmente en su versión trumpista, ignore lo que el crecimiento de las formas autoritarias del capitalismo chino significa para el mundo. Tampoco será suficiente una derecha que defienda la soberanía nacional y, al mismo tiempo, naturalice las presiones estratégicas de Washington como si fueran simples recomendaciones entre aliados. Chile necesita algo más complejo: izquierdas capaces de reclamar autonomía estratégica y de negociar con potencias sin convertirse en sucursales de ninguna de ellas.

Una experiencia errática en cuanto a la interpretación del mundo contemporáneo y de las relaciones internacionales —que va desde las resistencias a reconocer el carácter dictatorial de varios socialismos nacionales en América Latina y en otras partes del mundo hasta la falta de discurso ante la disminución del poder europeo y el crecimiento asiático— caracteriza a las izquierdas del bloque oficialista que finaliza su período. Esto es especialmente visible en el PCCh y el FA, que quedan en desventaja frente a los reordenamientos ideológicos en las derechas, donde el trumpismo es su ejemplo más cercano y dramático.

Conclusión

En resumen, este cambio de mando no sólo marca la llegada de un nuevo gobierno, sino que también pone a prueba la gobernabilidad. La cuestión no es sólo si Kast podrá gobernar eficazmente ni si Boric dejará una herencia viable. La interrogante principal es otra: si la derecha radical puede gobernar sin desobedecer las normas republicanas en nombre de la urgencia, y si la izquierda puede reconstruirse sin renunciar a sus aspiraciones de poder. Sin embargo, existe una cuestión aún más incómoda: si la sociedad chilena mantiene su deseo de una democracia institucional —con mediaciones, límites y retrasos— o si comienza, cada vez con menos dudas, a inclinarse hacia una política de castigo, sospecha y humillación del adversario.

Los gobiernos no operan en un vacío; interpretan, aceleran y gestionan las actitudes ya presentes en la sociedad. Por ello, cuando la impaciencia pública ante la complejidad se vuelve continua, la tentación de usar el Estado como instrumento de disciplina y castigo no sólo surge entre las élites, sino que también recibe el apoyo de un público dispuesto a favor de esa transformación.

Esa es, quizás, la dimensión más delicada del momento. Lo que se decidirá en los próximos años no será sólo el éxito o el fracaso de un programa de seguridad, crecimiento o ajuste, sino el tipo de mundo común que Chile podrá mantener en medio del conflicto. Un gobierno puede restablecer la eficacia del liderazgo; sin embargo, deja tras de sí una democracia más limitada, más áspera y más acostumbrada a convivir con la excepción.

De manera similar, una oposición puede señalar con razón los peligros de una tendencia iliberal, pero puede seguir estéril políticamente si no entiende por qué muchos sectores del país vinculan el lenguaje de los derechos con la impotencia del Estado, los procedimientos con la impunidad y la promesa progresista con el desorden administrativo.

El problema principal, entonces, no es únicamente la alternancia electoral. Es la pérdida de una gramática común que solía considerar al oponente un adversario legítimo dentro de una comunidad política, en lugar de verlo como un enemigo moral que hay que eliminar primero para poder gobernar.

Por eso, es importante no subestimar lo ocurrido en estas horas. Los rituales republicanos no existen para alabar al poder, sino para mantenerlo en su justa proporción. Le recuerdan al que llega que no funda el país desde cero y al que se va que la derrota no lo aleja de la República. Si Kast confunde el mandato con la excepción plebiscitaria, puede ganar el control y perder la autoridad del Estado. Si las izquierdas solo responden con autoabsolución moral, continuarán  distanciadas de gran parte del país real.