José Joaquín Brunner, 1 de febrero de 2026

María Paz Arzola, futura ministra de Educación, llega precedida por múltiples tomas de posición —políticas y técnicas— sobre los problemas de nuestro sector. Al punto que resulta posible deducir de ese material una suerte de “programa implícito” de sus orientaciones y preferencias en el sector.

Su diagnóstico es lapidario: Chile habría vivido una “década perdida” en educación. Para la futura ministra, el estancamiento de los aprendizajes y la persistente segregación no son accidentes, sino consecuencia directa de políticas públicas que, desde 2014, priorizaron la estructura de la propiedad de los colegios y su administración por sobre las dinámicas del aula. Su tesis es que el Estado docente, en su versión burocrática más reciente —simbolizada por los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y por el fin del copago y de la selección— ha fallado en su promesa de equidad. Además de imponer límites a la libertad para crear nuevos establecimientos privados.

La propuesta que se desprende de sus enunciados públicos es clara: detener la expansión estatal y reponer los incentivos a la gestión y al mérito. En el ámbito escolar, esto se traduce en una activa promoción de los Liceos Bicentenario como modelo de altas expectativas y en una reforma quirúrgica del Sistema de Admisión Escolar (SAE) para que el esfuerzo académico vuelva a ser una variable relevante en la elección de escuela.

En la educación superior, el “programa implícito” erige un muro de contención contra el proyecto FES (Financiamiento de la Educación Superior), al cual la futura ministra ha criticado por su riesgo fiscal y por amenazar la autonomía universitaria mediante la fijación de aranceles y vacantes, que buscan homogeneizar la docencia desde el nivel central. En política social, privilegia la focalización rigurosa, lo que debería llevarla a priorizar el gasto en la educación parvularia por encima de la gratuidad universitaria.

Frente a este enfoque doctrinario y su clara orientación ideológica, para nada sorpresivo bajo los parámetros de Libertad y Desarrollo y de la tradición de la política pública del piñerismo, cabe preguntarse: ¿es suficiente para gobernar la complejidad del sistema educativo chileno en el siglo XXI? ¿Permitiría renovar sus misiones y hacer más equitativas y de mejor calidad las oportunidades de aprendizaje que ofrece?

Mi impresión es que, si bien el diagnóstico acierta en varios de los síntomas descritos —aunque no en las causas de fondo—, el programa que emerge de ahí enfrenta un conjunto de tensiones que requerirán ir más allá de una mera reversión de reformas pasadas.

Precisamente, la primera tensión es estratégica: ¿Reformas incrementales o gradual contrarreforma? Existe la tentación opositora de revertir algunas reformas impulsadas en las últimas dos décadas. Tales intentos suelen terminar en confusión y parálisis. Al contrario, continuidad y cambio no son opuestos binarios. Y es por donde podría avanzar la próxima administración. El desafío de Arzola será resistir la pulsión de la tabula rasa. Para ello requerirá establecer procesos de decisión no limitados a círculos de confianza afines, sino abiertos a una deliberación pluralista. Con este fin, los gobiernos suelen emplear instancias político-técnicas de asesoría y consulta, convocando a actores representativos de un amplio arco ideológico.

La segunda tensión se centrará en el foco de las políticas: ¿Arreglos institucionales o concentración en el núcleo pedagógico? Durante largo tiempo, el debate ha sido político-administrativo: municipalización versus SLEP, lucro versus no lucro, más o menos regulaciones. Un riesgo es quedar atrapado en esa misma lógica, pero con signo inverso; gastar capital político en detener los traspasos a los SLEP o en retroceder con el SAE, descuidando la sala de clase. La calidad de la educación se juega en el desempeño de los docentes, en el restablecimiento de su autoridad profesional y en la mejora del clima de convivencia escolar. Esto implica respetar la autonomía de cada colegio y apoyar su proyecto educativo, reduciendo el peso de su carga administrativa.

La educación superior presenta una tercera disyuntiva urgente: ¿Mantener el status quo o resolver los cuellos de botella que amenazan con asfixiar al sistema? La paralización del FES no constituye una política de futuro. Al contrario, obligará al Mineduc a rediseñar el esquema de apoyo estudiantil, esto es, la gratuidad, el crédito contingente al ingreso, las becas y la accesibilidad. En seguida, aliviar la carga burocrática reduciendo la absurda estandarización de la excelencia académica y revisando las regulaciones arancelarias hoy en manos del ministerio. Además, junto a la ANID, impulsar la investigación en las áreas STEM, así como en las ciencias sociales, las artes y las humanidades. No sólo de pan vive el hombre, sino también de la cultura que nace de sus lenguajes e interpretaciones.

Por último, quizá la tensión más importante: ¿Cómo orientar el esfuerzo educativo de la nación —docente, curricular, pedagógico y evaluativo— para recibir y preparar a las nuevas generaciones en un mundo incierto? El programa implícito de Arzola apunta fuertemente a incentivos y eficiencia; sin embargo, el desafío de nuestra época es más profundo. Desde la educación temprana —donde la sala cuna universal de acogida es una urgencia ética y económica— hasta la vejez tardía, el sistema debe desarrollar nuevas capacidades para conocer, hacer, convivir y ser. En un mundo reorganizado por la irrupción de sistemas masivamente capaces (R. Susskind, 2025), la educación no puede limitarse a transmitir información ni depender exclusivamente de dispositivos de IA generativa. Necesitamos una paideia mucho más comprensiva, que integre la fluidez digital con el pensamiento crítico, la ética de la responsabilidad y la capacidad de amar al mundo y a los otros, aunque a veces no sepamos distinguir si los demás son el infierno o nuestra salvación.