La universidad no es una empresa

José Joaquín Brunner, 9 de noviembre de 2025

Las universidades no surgieron para generar capital humano. Son herederas de una tradición milenaria que entiende el conocimiento como bien público, independiente de su valor comercial. Su función es alimentar la conversación intergeneracional de la cultura, someter a los poderes fácticos de todo tipo a la crítica racional y ensanchar los límites del saber. Todos sus fines tienen sentido público.

El reciente informe de la Fiscalía Nacional Económica sobre la educación superior chilena trata a las universidades como un mercado. Serían instituciones que compiten por atraer estudiantes, sobre todo de pregrado, en un contexto de información incompleta, precios, regulaciones y señales poco claras. Todo sigue la lógica de la competencia: oferta, demanda y eficiencia. Así, la universidad se convierte en una “empresa” que ofrece educación y la vende a consumidores racionales. Se sugiere que su desempeño puede mejorar con más transparencia, menos rigidez y más competencia. El sistema educativo acaba como una industria más.

El problema es que esa visión, aunque útil en contabilidad, es errónea. La universidad no es una empresa; es una institución cultural y cívica, anterior y más amplia que el orden económico industrial. No existe por razones de rendimiento financiero o eficiencia asignativa. Su misión es crear, conservar y transmitir el conocimiento para beneficiar a la sociedad. Reducirla a un mero agente del mercado ignora su historia, su naturaleza institucional y los valores —intelectuales, éticos y públicos— que la sostienen.

El error de la FNE es un ejemplo de lo que el economista Gordon Winston llama “el malentendido económico de la educación superior”: creer que una universidad opera como una firma en un mercado. Aun dentro de la lógica económica, esa analogía se derrumba. Las universidades son organizaciones no lucrativas que producen bienes mixtos. Generan beneficios privados —instrucción, empleabilidad, ingresos—, pero también públicos: conocimiento, ciudadanía, cultura. No buscan maximizar utilidades; su sostenibilidad depende de subsidios cruzados, donaciones, fondos públicos y misiones múltiples. Compiten, sí, pero en diversos planos simultáneos: por estudiantes, talento académico, prestigio, fondos, influencia cultural. Ninguno de esos mercados es homogéneo ni está completamente integrado. Pensar que la educación superior chilena opera como un mercado nacional de pregrado es un espejismo tecnocrático.

Más aún, las universidades no “venden” un producto tradicional. No ofrecen un bien de consumo ni un servicio fácil de medir, sino una experiencia que transforma y enriquece personas a largo plazo. El valor de esta experiencia va más allá del salario o de la rentabilidad social a diez años. La universidad cambia la forma de pensar, juzgar y entender el mundo y abre horizontes éticos y estéticos. Este valor no puede medirse con eficiencia ni con el valor actual de una carrera. Medirlo así es usar el lenguaje del mercado para describir un fenómeno cultural complejo.

La colonización de la universidad por la lógica económica forma parte de un proceso mayor: desde hace décadas, gobiernos y agencias públicas, en nombre de la eficiencia y la rendición de cuentas, usan el lenguaje de la gestión, los indicadores y la competencia. Así, las universidades deben justificar su existencia por impacto económico o retorno de la inversión. La investigación vale si aporta innovación; las humanidades, si crean valor en industrias creativas; el estudiante se valora como “capital humano”. Así, el vocabulario contable predomina sobre el saber y la formación.

Sin embargo, las universidades no surgieron para generar capital humano. Son herederas de una tradición milenaria que entiende el conocimiento como bien público, independiente de su valor comercial. Su función es alimentar la conversación intergeneracional de la cultura, someter a los poderes fácticos de todo tipo a la crítica racional y ensanchar los límites del saber. Todos sus fines tienen sentido público: promover una cultura crítica y reflexiva, cualificar para roles profesionales y formar sujetos autónomos a través del esfuerzo meritorio.

Estos objetivos pueden alcanzarse por medio de la coordinación estatal o del mercado. Por el contrario, la estatización o mercantilización total destruye la autonomía de la institución universitaria, convirtiéndola en un organismo burocrático o una empresa lucrativa. Así, deja de ser el espacio donde la sociedad se examina y cultiva sus capacidades para el futuro.

El lenguaje del informe de la FNE, al adoptar una visión economicista estrecha y esquemática de la educación superior, omite completamente el rol de la universidad como espacio de pensamiento, creación y servicio público. No se menciona en ningún momento su misión cultural ni su responsabilidad en la formación de ciudadanos. En este contexto, el Estado, cuya función es garantizar estos aspectos, aparece reducido únicamente a un regulador del mercado y árbitro de la competencia. Así, la universidad termina definida solo por su alineamiento con el mercado laboral, la productividad de su investigación y los resultados numéricos, dejando de lado su función social y cultural.

Esa mirada empobrece la idea de universidad y la de país. Una nación no se construye como un mercado ni depende solo del Estado; se basa en instituciones que sostienen la conversación moral y cultural que da sentido a la vida en común. La universidad es central en este proceso: allí se forman los criterios con los que la sociedad se piensa a sí misma—su ciencia, arte, derecho y memoria. Si se transforma en empresa, pierde autonomía intelectual y legitimidad pública. Si se la absorbe en el Estado, se pone en duda que el saber sea un fin en sí mismo.

El desafío, por tanto, es reconocer que el valor de las instituciones no se mide por los ingresos de sus egresados, sino por la calidad de su contribución a la sociedad. Los mercados solo coordinan los actores del sistema, mientras el Estado, a través de sus políticas, garantiza la autonomía y sustentabilidad institucional. En Chile, la abundante competencia y la administración burocrática organizan la coordinación educativa. Sin embargo, lo relevante es la calidad de las enseñanzas, la riqueza del conocimiento generado, el aporte al entorno y la confianza movilizada por las instituciones y sus comunidades.

En suma, el informe de la FNE es un documento que no se hace cargo de la “extraña economía” de la educación superior (Winston, 1999). Tampoco contribuye a comprender la multifacética naturaleza de la competencia en estos sistemas (Musselin, 2018; Krücken, 2021). Ambas limitaciones se deben al error conceptual de confundir a las universidades con empresas y a su conjunto con una industria entregada a los mercados.