La primera sección introduce el tema y evalúa su importancia para la nueva izquierda generacional. La segunda indaga sobre la trayectoria del CAE durante el gobierno pasado (Piñera-II). La tercera se pregunta sobre el estado actual del CAE; en particular, del endeudamiento estudiantil. Las siguientes tres secciones discuten los dilemas del CAE. La cuarta aborda su rol en la memoria generacional ahora que la generación gobierna. La quinta, la promesa de eliminar el CAE versus los limitados recursos disponibles. La sexta, cómo se piensa la eliminación del CAE y la condonación de la deuda; si como un asunto en sí o como parte de una reforma del modelo de financiamiento de la educación superior. Por último, la séptima sección pone en la balanza las opciones del gobierno Boric y se pregunta sobre las consecuencias probables de elegir unas u otras.

1

La generación de Boric llegó al gobierno propulsada por la lucha contra el lucro, cuya expresión sintética fue el CAE, crédito con aval del Estado intermediado por la banca privada. O sea, el CAE representa un poderoso símbolo de todo aquello que estaba mal y era perverso dentro del sistema de educación superior y, por extensión, de la sociedad chilena: la mercantilización de los valores, los abusos del capitalismo financiero, la monetización de la enseñanza, el endeudamiento para estudiar y, en consecuencia, la indigna mochila, se dice, que las y los jóvenes cargan al momento de iniciar su vida adulta.

En reacción ante esta situación, según analiza una tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCH, “durante el año 2011, los estudiantes a lo largo de todo Chile se movilizaron y marcharon por las calles proponiendo una serie de cambios al sistema de educación superior. Se exigió, entre otras demandas, el fin del lucro en las IES y la eliminación del CAE, que para ese entonces había producido una considerable deuda estudiantil” (Alliende, 2018).

De hecho, el lucro estuvo prohibido en las universidades desde 1990, pero encontró maneras encubiertas de materializarse a través de resquicios de la legislación. Fue removido definitivamente por la Ley 21.091 de 2018, que encargó a la Superintendencia de Educación Superior velar por el correcto uso de los recursos y sancionar su apropiación indebida. En efecto, corresponde a dicho organismo “fiscalizar que las instituciones de educación superior destinen sus recursos a los fines que les son propios de acuerdo a la ley y sus estatutos”, no pudiendo beneficiarse de ellos sus propietarios o controladores.

La misma Ley instauró la gratuidad de los estudios superiores para los jóvenes pertenecientes al 60% de la población de menores ingresos inscritos en cualquiera institución de nivel terciario, estatal o no-estatal, que cumpliese con las condiciones de acreditación exigidas y se sometiese a las regulaciones establecidas por la Ley.

2

El CAE, en tanto, persiste hasta hoy, aunque bajo un régimen distinto al adoptado al momento de crearse en 2005. Efectivamente, en respuesta a las movilizaciones estudiantiles del 2011, el gobierno Piñera-I promulgó en septiembre de 2012 la Ley 20.634 que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal. La historia de la Ley muestra las peripecias que siguió su tramitación. De acuerdo con esta norma, se rebajó de 6% a 2% la tasa de interés a los deudores de crédito universitario y se establecieron montos de pago contingentes a los ingresos de los beneficiarios, con una cuota máxima que no podía superar el 10% de los ingresos mensuales de los egresados. La normativa estableció asimismo que los futuros estudiantes seleccionados obtendrían su crédito a esa misma tasa de UF + 2% anual. Esta norma benefició de inmediato a 365 mil deudores de entonces.

Con posterioridad, el 4 de julio de 2018, el gobierno Piñera-I propuso al Congreso un proyecto de ley que creaba un nuevo Sistema de Financiamiento Solidario (SFS) para estudiantes de la educación superior (Boletín No 11.822-04). Entre sus aspectos más salientes consideraba que:

• La tasa de interés sería permanentemente de un 2% real anual. Además, los estudiantes, mientras se encontrasen en la universidad, no pagarían el crédito, y, si su sueldo fuese inferior al mínimo, también quedarían exentos del pago hasta tener una mejor remuneración.
• La cuota a pagar no debía exceder el 10% de los ingresos y comenzaría 18 meses después de que el alumno hubiese egresado y tuviese ingresos suficientes. Se suspendían los cobros si el deudor recibía una renta mensual inferior al sueldo mínimo.
• El plazo para pagar el crédito sería de 15 años. Cualquier saldo posterior a esos años—si el pago se había enterado de forma regular—sería condonado.
• El SFS aumentaba el préstamo hasta 1,5 veces el arancel de referencia, lo que significa que en algunos casos sería un 50% mayor que aquel, acercándose más al arancel real de la carrera. La anterior posibilidad dependía de la situación de vulnerabilidad del postulante y de la calidad y acreditación de la institución.
• Por último, el SFS eliminaba el papel intermediador de la banca; en adelante, el Estado se encargaría de la prestación del crédito.

Sin embargo, dicho proyecto no prosperó y quedó estacionado en el Senado, donde la oposición de entonces, liderada por el PS, el FA y la DC, objetó el fondo del proyecto por considerar que era regresivo, consolidaba la lógica del financiamiento a la demanda (su enfermedad mortal) y generaba incentivos para que las instituciones dejasen de participar de la gratuidad. Como sea, hoy esta propuesta podría servir de base para una reforma concordada del CAE.

3

Sin embargo, al asumir el gobierno Boric instaló la promesa programática del fin del CAE: “Pondremos fin al CAE y crearemos un nuevo sistema único de créditos que será transitorio, hasta alcanzar la gratuidad universal. Será público, solidario, psin interés, sin participación de los bancos y no reproducirá los abusos del CAE”. Paralelamente, la generación que accedió al mando ofreció condonar la deuda a quienes estaban morosos o habían dejado de pagar. A la letra, prometía “la condonación universal de las deudas educativas a través de un esquema de pagos a largo plazo por parte del Estado, donde la gradualidad sea soportada por las instituciones financieras y no por las personas endeudadas” (Programa de Gobierno de Apruebo Dignidad, p. 139).

Desde ese mismo momento la expectativa de verse librado del pago hizo decaer la voluntad de pagarlo. La cuenta la asumía el gobierno. Esta oferta es la que se halla en discusión en estos días.

¿De qué universo de deudores hablamos?

Según la información oficial (pp. 7-8) citada a continuación, el universo total de beneficiarios del CAE, desde su primera asignación hace 18 años y hasta 2023, llega a un millón 219 mil personas.  Los desembolsos que han sido requeridos para financiar, parcial o totalmente, el arancel de sus carreras de pregrado, constituyen una cartera de créditos cuyos saldos, al 31 de diciembre de 2023, alcanzan a UF 283 millones. De este monto, el 58,3% ha sido financiado por el Fisco y un 41,7% por la banca, situación que se debe principalmente al hecho de que los bancos han ejercido su opción de vender al Fisco aquellos créditos asociados a estudiantes que se cambian de carrera o desertan de ella.

En cuanto a los deudores, un 27% se encuentra en etapa de estudio o de gracia (es decir, en la etapa previa al cobro del crédito), mientras que el 73% restante—cerca de 896 mil beneficiarios—está en etapa de pago de la deuda. De este último conjunto de beneficiarios, un 78% son egresados y el porcentaje restante dejó sus estudios sin terminar (desertores académicos). En relación al monto mensual a pagar, el 78% de los egresados en etapa de cobro tiene una cuota no mayor a UF 2. Para dicho grupo, la cuota promedio mensual es de aproximadamente UF 0,88 ($32.790 aprox.) y el saldo promedio de la deuda, de UF 179 ($6.670.000 aprox.). En el caso de quienes no terminaron los estudios, los valores son similares: el 74% tiene una cuota mensual que no supera UF 2 y la cuota promedio mensual que enfrenta dicho grupo es de UF 0,88 ($32.790 aprox.).

Según una simulación reciente, el costo de una condonación universal de la deuda CAE sería de alrededor de 11 mil millones de dólares y, si sólo se considera la deuda de los estudiantes que desertaron, dicho costo alcanzaría a 1, 2 mil millones de dólares. Se trata pues de sumas significativas que, en su estimación máxima, tornan inviable un “perdonazo”, obligando al gobierno a calibrar cuidadosamente la solución que próximamente espera proponer y a extremar la imaginación financiera por parte de la DIPRES y el ministro de Hacienda.

4

La encrucijada que enfrenta el gobierno está compuesta por el entrecruzamiento de varios dilemas que pueden agruparse en torno a tres ejes, que abordaremos en la presente sección y en las dos siguientes.

En primer lugar encontramos el dilema planteado entre la memoria generacional con su fuerte potencial simbólico (movilizado en las protestas de 2011 contra el lucro y la mercantilización de la educación superior) y las actuales responsabilidades gubernamentales que debió asumir esta generación; responsabilidades que conllevan pesadas cargas como complejidad sistémica, lidiar con restricciones burocráticas y presupuestarias, administrar problemas “tóxicos”, salir al paso de crisis y catástrofes emergentes y, en general, la necesidad de equilibrar entre diversos “males” para  producir ciertos bienes muchas veces insatisfactorios. Este tránsito ha sido como cruzar el umbral de una juventud pletórica de sueños, estímulos y éxitos en la calle y los territorios, sensación de vértigo histórico y amplio reconocimiento nacional e internacional, para entrar al duro mundo de la política como profesión, dejando atrás “ogni speranza”, cualquiera esperanza de redención por la protesta.

Ese tránsito hacia el principio de realidad al asumir el gobierno fue más fuerte para esta generación que para generaciones anteriores. Estas no llegaron tan temprano a la conducción del Estado, Tampoco lo hicieron en el entorno de una sociedad del espectáculo que exalta la juventud haciéndola aparecer como ideal y omnipotente. Ni debieron pasar de la máxima exaltación de un “momento revolucionario” (el estallido del 18-O), a un “momento constitucional” donde todo parecía al alcance de la mano al menos en el lenguaje (refundación maximalista de la nación), al “momento estatal de la política” finalmente con sus oropeles y vanidades junto a las turbadoras exigencias de “las manos sucias”: “¿Te imaginas que se puede gobernar inocentemente?” (J.P. Sartre). Y todo esto en menos de tres fatídicos años, entre el estallido y el primer plebiscito del 22-S.

Durante el mismo período, además, la educación dejó de ser vista desde las aulas universitarias como una experiencia de descubrimientos y emancipación, de luchas por ideales y fraternidad generacional, de solidaridad en la protesta y el encuentro triunfante con los medios de comunicación, sobre todo de rebeldía y poesía, y debió ser reconocida ahora en todas sus aristas problemáticas. O sea, la educación como un nudo de problemas cuasi irresolubles: desigualdades de origen familiar y social, falta crónica de recursos, crisis de autoridad docente, microviolencias en la escuela, inmanejabilidad de la educación pública (SLEP incluidos), resultados de aprendizaje mediocres, deterioro crónico de los liceos emblemáticos, complejidad de la gobernanza del sistema de educación superior, pesadez de la máquina ministerial, resistencias y oposiciones por todos lados y así por delante.

El reino de los discursos y las consignas espectaculares—contra el lucro y las políticas neoliberales, los 30 años y la educación entregada a las lógicas extractivas y, por el lado positivo, a favor de una educación libre y gratuita, el “cambio de paradigma”, la transferencia del poder escolar a las comunidades y la exaltación del rol docente—todo eso desaparece para dar paso a la continua gestión de un sistema y unos procesos extraordinariamente complicados, llenos de inercias, dependientes de la trayectoria anterior y, por lo mismo, donde hay escasa cabida para improvisación, las innovaciones disruptivas, los buenismos aparentemente generosos y para los entusiasmos con soluciones mágicas, inmediatas, radicales, integrales.

5

En efecto, la generación del CAE cayó rápidamente en cuenta de que sus promesas iniciales (tan grandes como sus sueños y sus consignas del comienzo) se habían transformado en un estorbo; un estorbo programático. Aquí entra pues el segundo gran dilema: entre la oferta de eliminar el CAE y condonar universalmente la deuda, promesa que en el discurso y pintada en los muros de la ciudad parecía tan fácil de alcanzar, y la mezquina disponibilidad de recursos que limitan el campo de maniobra y tornan difícil su cumplimiento. Se crea así un verdadero intríngulis ético-político que obliga a considerar múltiples balances de costo/beneficios al momento de tomar la decisión de condonar masivamente una deuda que se encuentra plenamente activa.

De hecho, nadie entiende, ni siquiera las y los voceros principales del oficialismo, por qué el gobierno decidió poner en la agenda pública la condonación del CAE como un asunto inminente, para luego confesar que se hallaba “en estudio” y que la fórmula concreta se daría a conocer en septiembre próximo. ¿Filtración, traspié, improvisación, compensación para equilibrar otras promesas incumplidas (como poner fin a las Isapres), rencillas internas, forzar al ministro de Hacienda a “soltar la billetera” como insinuó el PC, creación de expectativas (¡cómo si hiciera falta!), un cálculo equivocado, ausencia de estrategia?

Desde ya este desorden comunicacional le está resultando caro al oficialismo.

En efecto, vuelve a revelar ante la opinión pública la brecha existente entre los compromisos iniciales del gobierno Boric, y del presidente personalmente, y su sistemático incumplimiento. Sólo que esta vez ocurre frente a un “asunto identitario” para la alianza FA+PC, que construyó su narrativa inicial sobre promesas de este tipo: gratuidad universal de la educación superior, eliminación del CAE, condonación universal de la deuda estudiantil, fin de la mercantilización, fuera la banca, liquidación del capitalismo financiero (“coñete”), bienvenido el “nuevo paradigma”, etc.

Lo anterior lleva a que la sola mención de este asunto provoque inmediatamente reacciones a favor y en contra dentro del oficialismo. Los economistas se hallan igualmente divididos. También la academia, con argumentos de un lado y del otro. ¿Gana el gobierno en apoyo popular y de opinión pública? Al contrario: es crédito político lo que mayormente falta al gobierno de la generación del CAE, el cual, a todas luces, no lo obtendrá con el expediente de la condonación, ni siquiera si fuese universal. ¿Por qué? Porque hoy existen muchos más deudores de diversas clases que objetarán se perdone las deudas de los jóvenes que ya cuentan con un régimen mejorado de CAE, y no de los viejos con pensiones reducidísimas, o de los deudores hipotecarios de los deciles más bajos, o de quienes ganan el sueldo mínimo y mantienen deudas por servicios básicos.

Más bien, el problema de los deudores CAE parece irse engrosando a la par con las continuas declaraciones que prometen extinguir universalmente la deuda, lo que lleva a muchos jóvenes a pensar que si eventualmente habrá un “perdonazo” por qué sería necesario (un deber, una responsabilidad) pagar. Todo esto opera en conformidad con la “ética del evadir”—¡“evadir, no pagar, una forma de luchar!”, se coreaba en las calles durante los días del estallido social—la que llegó a convertirse en una verdadera clave para entender sociológicamente la cultura de la generación del CAE y sus movilizaciones de protesta contra “el sistema”. Incluso hay una tesis de grado para optar al grado de Licenciado de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCH titulada “saltando torniquetes, evadiendo la injusticia”, que muestra la importancia adquirida a los ojos de la nueva generación por el comportamiento de “evitar con astucia una dificultad o una obligación” aplicado, en este caso, al (no)pago del CAE, aún estando en condiciones de pagar, incluidos cuatro diputados de diferentes grupos, según se informó el año 2022.

Catapultada al gobierno, la generación del CAE se vio obligada a modificar rápidamente de perspectiva y a abandonar esa cultura de autojustificación moral del evadir deudas y responsabilidades, deberes y costos, para asumir la necesidad de comportamientos compatibles con la racionalidad “del sistema”. En efecto, a la altura de agosto de 2023, el propio gobierno debió autorizar un alza del precio del transporte público, con un previsible ajuste del discurso entre los antiguos partidarios del “evadir”. Como señaló el presidente del PC en la ocasión, previendo reacciones contrarias en las calles: “Hay mil formas de hacer saber tu diferencia de opinión y a nuestro juicio, en este momento, no sería lo más recomendable que esta se exprese profundizando la evasión. No necesitamos evadir, sino que para atender gastos que, ante una falta de reforma tributaria, le hacen falta al Estado. Espero que estos elementos sean de comprensión en estas comunidades que tienen una diferencia con el alza del precio, esa es la mirada nuestra. Siempre mediante una muy buena explicación para la comprensión de todos”. Así habla ahora la razón de Estado.

6

Por último, un tercer orden de dilemas en la encrucijada que enfrenta el gobierno de la generación del CAE gira en torno al eje de si abordar su declarada intención de condonar la deuda estudiantil (universal o parcialmente) como un acto singular o bien hacerlo dentro de un arreglo más general referido al esquema completo del financiamiento de la educación superior. O sea, el dilema de ir por piezas o de atacar el asunto integralmente.

Según señala el Programa Boric para 2023-2026, dentro del acápite “ajustar el marco normativo para la superación del enfoque neoliberal en educación superior”, se buscaría aumentar los aportes basales a instituciones de educación superior estatales para garantizar sus funciones públicas y mejorar la gratuidad y, además, “sacaremos a la banca del sistema de educación superior, para proceder a la condonación progresiva de las deudas estudiantiles (fondo solidario, créditos CORFO y CAE).  Para condonar el CAE se proponen dos caminos: el primero es a través de un esquema de pagos anuales de al menos 25 años del Estado a la banca. El segundo es pagar inmediatamente a los bancos, con cargo a un Bono Soberano (endeudamiento público)”.

El discurso oficial es más claro, sin embargo. Señala que se pondrá fin al CAE y condonará la deuda y que esto se hará—según repiten las autoridades del Mineduc— dentro de un cambio mayor del modelo de financiamiento de la educación superior. O sea, la opción sería ir por todo. Incluso, se estaría discutiendo la idea de cambiar el esquema de créditos por un impuesto a los graduados, una discusión que lleva varios años a nivel internacional.

Las especificaciones de esta estrategia apenas esbozada son escasas sin embargo y tampoco la prensa logra desentrañar de qué se está hablando. Lo único que parece claro es que el presidente ha ido perdiendo el control temporal de la agenda en este punto y que, seguramente, tendrá que reducir la confusión de señales en su discurso del 1 de junio, anticipando el contenido de la propuesta inicialmente prometida para septiembre próximo. En efecto, como se vio, desde ya se han manifestado tensiones entre el sector FA+PC y el sector del Socialismo Democrático en torno a esta materia.  Y es muy probable que se esté librando soterradamente la típica pugna entre el Mineduc y Hacienda, que los diarios suelen identificar como las dos almas de un gobierno. En este caso, como vimos, promesa versus restricciones reales, o cómo señalizar fidelidad a los ideales sin dañar la sustentabilidad fiscal.

Desde un punto de vista técnico-político, se trata de saber hasta dónde el gobierno desea reformar el esquema vigente de financiamiento mixto de la educación superior, que se manifiesta en ingresos que provienen en partes similares de fuentes públicas (Estado) y privadas (hogares).

¿Llegará la reforma a cuestionar y a alterar este rasgo fundamental del sistema, como más de alguno de la generación del CAE imaginó que podía ocurrir en el período 2014-2018? No parece posible, sin embargo, dada la magnitud del gasto país en educación superior que, en proporción al PIB, se sitúa como es sabido entre los más altos dentro de la OCDE.

Más bien, el gobierno deberá elegir entre revisar los arreglos del financiamiento ya bien a las instituciones o a los estudiantes (becas, créditos y otros apoyos), o bien, entre el gasto público y el gasto privado. Cualquiera sea la decisión, necesitará además sortear las complejas interrelaciones que existen entre esas diferentes categorías del financiamiento, de manera de evitar que se produzcan efectos no deseados o incluso perversos producto de esas interacciones. Por ejemplo, la política de gratuidad de la educación superior introducida durante el gobierno Bachelet-II llevó a una serie de efectos colaterales imprevistos que implicaron más gasto fiscal que el presupuestado, desequilibrios internos en las instituciones, presiones de costo, alteraciones en la competencia por estudiantes y por años de acreditación, y escaso cambio en la segmentación social de la matrícula.

Parece lógico suponer que el gobierno optará por abordar nada más (y nada menos) que los asuntos relativos al gasto fiscal destinado a estudiantes, que se halla compuesto por el subsidio de gratuidad y los recursos asignados a los estudiantes, los cuales comprenden créditos, becas y cursos. El subsidio de gratuidad representa actualmente un 48,4% del gasto público total destinado a la educación superior y los recursos de apoyo un 24,5%. Los restantes 27,1% corresponden al gasto en las instituciones.

De modo que podría especularse que el gobierno buscará, por un lado, frenar la expansión del gasto correspondiente al subsidio de gratuidad, a través de diversos expedientes de control de la oferta de vacantes de primer grado y de la presión ejercida sobre las instituciones a través de los aranceles regulados. Todo lo cual se halla en operaciones desde ya, sin que hayan podido encontrarse los balances adecuados. Por otro lado, el gobierno buscaría modificar el esquema de apoyo a los estudiantes, partida que se halla integrada por créditos (recompra del CAE) (59,5%); Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) (0,1%), y becas de arancel (26,6%) y otras becas y cursos (13,8%).

En el caso del CAE, las alternativas de cambio son varias, partiendo por un modelo cercano al actual pero sin la intermediación bancaria, en la línea del SFS propuesto por el pasado gobierno (ver sección 2 más arriba); o bien, un modelo más próximo a la idea de no-pago de aranceles durante los estudios y algún arreglo de pago diferido una vez concluidos los estudios, como se ha ensayado en Uruguay en la Universidad de la República o a través de un nuevo impuesto a los graduados del sistema, figura que no ha tenido mayor aplicación a nivel internacional, pero que podría intentarse, aunque despertaría los habituales fantasmas de las reformas tributarias, con los cuales el gobierno Boric ha tenido que lidiar, hasta aquí sin éxito.

7

Es probable pues que el gobierno de la generación del CAE tenga un muy estrecho derrotero por donde transitar en su propósito—que parece razonable—de mejorar el esquema de apoyo financiero a los estudiantes, eliminando el CAE tal cual existe, sustituyéndolo por otro esquema similar pero públicamente administrado y, a la vez, dando una solución parcial, quizá progresiva, y lo menos injusta posible, al tema de la deuda estudiantil vía una condonación acotada y una reprogramación condicionada para el universo mayor de deudores. En cuanto a este último asunto el gobierno haría bien en mirar más detenidamente la experiencia internacional en países con similares problemas aunque mucho mayores como Estados Unidos, Australia o el caso de Gran Bretaña que, en cualquier caso, no es único dentro del ámbito europeo.

Hasta el momento el asunto del CAE ha significado un nudo ciego en la conducción del gobierno. Costos y ningún beneficio. Confusión y silencios. Escisiones internas en el bloque oficialista. Ahora el propio gobierno, a través de sus máximas autoridades, ha resuelto despertar nuevamente el tema y ponerlo en la agenda pública. Lo ha hecho a destiempo, prolongando la confusión y generando un debate mal informado, poco fundado y con escasas proyecciones. Entró por tanto al estrecho derrotero con el pie cambiado y teniendo que corregirse sobre la marcha.

Pie forzado, además, para el presidente Boric que seguramente tendrá que elaborar sobre este tema en su discurso próximo, pero sin contar con una respuesta completa, coherente y basada en evidencia, ni tampoco con un razonamiento adecuado que permita desarrollar un relato frente a la sociedad y a su sector. El gobierno se había fijado un plazo hasta septiembre próximo para reunir estas condiciones. Sin embargo, la música empezó a tocar antes de completada la partitura. Luego, el gobierno corre el riesgo de haber entrado precipitadamente y antes de tiempo a un tema en extremo complejo y por ende poder equivocarse o desafinar.

Lo mismo ocurrirá si el guión original del Mineduc sigue en pie y el presidente eligiera seguirlo. Su gobierno quedaría expuesto, nuevamente, a un programa maximalista y mal fundado, como el contenido en el documento oficial de dicha cartera titulado “Hacia el cambio de paradigma educativo. Nuevos sentidos comunes en educación – Hoja de ruta para el sistema educativo 2022-2026”, de julio de 2022.

Allí se define como uno de los ejes de política para abrir camino al cambio de paradigma, la promesa de un “Nuevo Trato en la Educación Superior con foco en las políticas de admisión, apoyo a la permanencia y el financiamiento”. Respecto a este último se especifica telegráficamente: “Restructuración financiamiento ESUP – Condonación deuda educativa en ESUP; plan de condonación para la deuda educativa; nuevo sistema de financiamiento transitorio y ajustes a la gratuidad (expansión mediante aumento de financiamiento basal)”, todo lo cual significaría, en la práctica, ir por un cambio integral del modelo de financiamiento de la educación superior. Seguramente, un cambio de esa magnitud requeriría una redefinicion de la autonomía y regulaciones de las universidades y una mayor presión sobre el sistema para ponerlo al servicio de las misiones que definiría un Estado emprendedor a la Mazzucato, en el mejor de los casos o, en el peor, un Estado aparatoso dedicado ahora a la “permisología” para un mayor control del sistema.

Tal diseño viene fundado en el documento ministerial recién citado sobre un diagnóstico tan “new age” y equivocado como lleno de retórica postoctubrista: “La mercantilización de la educación superior ha generado importantes distorsiones que han llegado incluso a desnaturalizar el proceso educativo. Con la transformación neoliberal, el sistema experimentó una fuerte expansión en las últimas décadas, bajo la idea de que éste contribuiría al crecimiento económico y a una mayor fluidez social por medio de un incremento de la movilidad social individual. Estas políticas cuyo eje central ha sido el mercado, han traído consecuencias nocivas al sistema de educación superior en su conjunto. La hegemonía privada ha venido de la mano de una excesiva dependencia en el financiamiento de las instituciones a los aranceles en constante alza, que además son comparativamente más altos que otros sistemas de educación superior de países miembros de la OCDE. Esto ha acarreado importantes problemas de pertinencia y calidad, irregularidades económicas, profesionales subempleados, y muchas veces, una educación superior que no tiene vinculación con los desafíos que tenemos como país y ni siquiera con el mercado laboral”.  El mismo lenguaje es retomado luego por el ministro de Educación en su cuenta pública del año 2022.

De dejarse llevar por esta pendiente del estrecho derrotero, el gobierno podría fácilmente terminar creando un escenario de “batalla cultural”, si le parece que tal cosa hace sentido, por ejemplo, para el venidero ciclo electoral. Pero arriesgaría quedarse atrapado en una “cámara de eco”, escuchándose únicamente a sí mismo, en un circuito cerrado.  Crearía además una fuerte inestabilidad del sistema y abriría las puertas para que la derecha de la contrarreforma educacional continúe horadando la legitimidad de la institucionalidad educativa, buscando reducirla al máximo para dejarla entregada a la “libre elección familiar” como postula su sector más agresivo.

En cambio, a esta altura del gobierno Boric y de las condiciones del juego político, lo sensato sería avanzar en una reforma para poner al día, modernizar y reforzar el carácter público y la sustentabilidad financiera del esquema de crédito estudiantil, utilizando la experiencia nacional acumulada durante los últimos veinte años y las lecciones de la experiencia internacional. Como una medida de valor simbólico y de justicia localizada, la generación del CAE podría incluir—dentro de ese diseño—una condonación acotada de la deuda y una reprogramación que estimule el pago de la misma bajo el nuevo régimen de apoyo estudiantil. Sacar adelante una reforma de esta naturaleza sería una real contribución al país y a su sistema educacional.