La extensa paralización que se registra en los establecimientos dependientes del Servicio Local de Educación (SLEP) de Atacama mantiene a 46 centros educativos y más de 30 mil estudiantes con la interrupción de sus procesos educativos debido a la falta de las condiciones mínimas habilitantes para la realización de clases, como los insumos necesarios y la infraestructura adecuada.

Así, este viernes la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, junto a equipos de la Dirección de Educación Pública, se reunió junto al el Seremi de Educación, Gabriel González, y el gobernador regional, Miguel Vargas, además de parlamentarios y representantes del Colegio de Profesores, asistentes de la educación y apoderados.

Durante la cita, se abordó el estado de avance de las obras de mejoramiento de infraestructura que se están ejecutando en los establecimientos del SLEP de Atacama, junto con el retorno a clases de las comunidades educativas.

Según informaron desde el Mineduc, el pasado 1 de noviembre, y tras sostener una reunión con la Mesa Regional el martes 31 de octubre, la cartera hizo llegar al sostenedor del Servicio Local, Luis Adasme, una nueva propuesta para el retorno a clases, “que consideraba dos escenarios, con plazos más holgados”.

 En este sentido, explicaron que la propuesta presentaba dos alternativas de retorno para 49 establecimientos del SLEP Atacama que concluirían sus obras hasta el 20 de noviembre: un reingreso paulatino y sostenido a partir del lunes 13 de noviembre, finalizando el año el 31 de diciembre, o en su defecto, el retorno el lunes 20 de noviembre una vez finalizadas las obras. Para este último caso, se consideraba que el año escolar se extendería hasta el 12 de enero.

Este acuerdo también señalaba que en los 10 establecimientos restantes, cuyo término de obras supera el 20 de noviembre, se buscarían todos los mecanismos posibles para acortar los tiempos de ejecución. En base a esto, se buscarían opciones de flexibilización para el término del año escolar, ya sea con jornadas parciales, formato telemático o definición de planes flexibles de apoyo pedagógico para el cierre del año, destacaron desde el Mineduc.

“Hoy hemos tenido una nueva sesión de la Mesa Regional Atacama, convocada por el gobernador regional, donde lamentablemente se nos informó que las y los docentes no han aceptado la propuesta presentada desde el Ministerio de Educación para el retorno a clases de niños, niñas y jóvenes del SLEP Atacama. La Mesa, además, ha tomado una serie de conclusiones, entre las cuales está solicitarnos a nosotros como Ministerio que podamos evaluar el cierre del año escolar. Nosotros hemos planteado que eso no es una posibilidad”, señaló la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia.

Además, agregó que “en la mesa de trabajo que hemos sostenido con el gremio, por parte del Ministerio de Educación, desde el primer momento ha estado en el centro y como preocupación primordial el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes de la región y poder dar continuidad a su proceso educativo. En ese sentido, la decisión del Colegio de Profesores apunta en la dirección incorrecta”, destacó Arratia.

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De manera unánime, la Mesa por la Educación en la Región de Atacama, constituida por el gobernador regional, parlamentarios y comunidades educativas, solicitó que el Ejecutivo declare emergencia educativa en la zona para destinar esfuerzos y recursos a enfrentar la crisis educacional del territorio que ya se arrastra por 60 días.

La solicitud se funda luego de la extensa paralización que se registra en los establecimientos dependientes del Servicio Local de Educación (SLEP) de Atacama y que mantiene a 46 centros educativos y más de 30 mil estudiantes con la interrupción de sus procesos educativos debido a la falta de las condiciones mínimas habilitantes para la realización de clases, como los insumos necesarios y la infraestructura adecuada.

Luego de reuniones e inicio de los trabajos, desde el Ministerio de Educación plantearon una propuesta de recuperación que clases que partía ayer jueves, lo que no se concretó. Con esta medida, el calendario escolar se extendería hasta el 12 de enero de 2024.

La senadora Yasna Provoste (DC), integrante de la instancia de autoridades locales explicó que “ya en la reunión pasada se reconoció por parte de la autoridad que no era viable la propuesta que ellos (Ministerio de Educación) habían señalado, con una fecha que daba cuenta que el diálogo ha sido lo más ausente entre el Ejecutivo y el Magisterio, y en donde también se ha señalado que muchos de los establecimientos educacionales recién van a estar habilitados el día 20 de noviembre”.

La parlamentaria vallenarina agregó que “aquí lo que se requiere es buscar nuevas y mejores alternativas, y claramente en una declaración de emergencia educativa, acompañada de mayores recursos, de más flexibilidad, es lo que efectivamente buscamos en la región”.

En esa línea, la senadora hizo un llamado al Ministerio de Educación para dar cumplimiento a las “condiciones mínimas” para el retorno a clases y afirmó que “luego hay que garantizar también las condiciones de mediano plazo, que son las que el Ministerio debe garantizar en los meses de enero y febrero, de manera de que podamos tener un año escolar distinto”.

“Lo que hoy estamos viviendo en una situación muy compleja para nuestros estudiantes, para las comunidades educativas en general y lo que ha visibilizado el magisterio es que aquí no han existido las condiciones mínimas para que se pueda garantizar el retorno a clases”, explicó la senadora Provoste.

Paralelo a esta crisis educativa que están enfrentando no solo los servicios locales de educación pública de la región de Atacama, sino que también en el país, la senadora Provoste propuso establecer una “pausa activa” que permita reformar la Nueva Educación Pública y así “mejorar los problemas de gestión que han sido informados por la propia Contraloría General de la República, en donde se da cuenta en que estos problemas no son sólo en la región de Atacama sino también se extienden a otros servicios locales, como el de Colchagua, el de Coquimbo, en donde dos colegios han tenido que suspender clases por el no pago de los servicios básicos”.

En esta línea, la congresista especificó que lo que se ha planteado a la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, quien ha sido la persona que el gobierno destinó para gestionar soluciones, “es que garantice la sustentabilidad financiera del Servicio Local de Educación Pública, de manera de poder asegurar que cuando se regrese a clase, el Servicio Local tenga efectivamente los recursos financieros para garantizar también el pago de los suministros básicos en nuestra zona”.

Respecto a la posibilidad de que los más de 30 mil estudiantes afectados sufran la pérdida del año escolar, la senadora aseguró que este es un escenario que “no está en juego”.

“Aquí no está, no ha estado ni estará en juego en que los estudiantes pierdan el año escolar. Creo que eso es bien importante despejarlo. Nosotros creemos en que aquí lo que tiene que garantizarse con mucha celeridad es que estén las condiciones habilitantes básicas para poder volver en dignidad, porque nadie puede imaginarse que los niños vuelvan a clase sin que existan suministros básicos: agua, energía, en que se haya resuelto el tema de las plagas de roedores, de palomas”, sostuvo.

La parlamentaria por Atacama detalló que también solicitarán “a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca (Junaeb) entregue un informe pormenorizado respecto de las resoluciones sanitarias de las distintas cocinas en los establecimientos educacionales del Servicio Local de Educación Pública”.

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Columna de Cristóbal Madero: Cómo llegamos a los SLEP… para no olvidar

Ante las recientes críticas hacia los Servicios Locales de Educación debido a deficiencias notorias en algunos de ellos, no nos hace mal recordar cómo fue que llegamos a la convicción de que desmunicipalizar era un mejor camino. Esto con el propósito de comprender que una reforma como ésta, que sin duda requiere y seguirá requiriendo ajustes, no es necesaria para una parte del sistema que llamamos público, sino para todo el sistema escolar chileno.

En términos técnicos y financieros, al momento de llevar a cabo la reforma, el 70% de las comunas de Chile poseía menos de 8.000 estudiantes sumando al sector municipal y al particular subvencionado. El 50% de las comunas de Chile poseía menos de 2.000 alumnos en el sector municipal. Es decir, para una mayoría de municipios, enfrentar la realidad y las expectativas de crecimiento de la educación a su cargo era francamente difícil. Más aún, en un contexto de financiamiento por asistencia por estudiante, y con decrecimiento demográfico, la sostenibilidad, y para que decir la ampliación de la oferta educativa, eran imposibles.

En términos políticos, los sistemas educativos exitosos en el mundo son aquellos que han logrado sostener una oferta de educación pública, que a su vez sea de calidad. Si bien cada sistema educativo responde a necesidades, intereses, y propósitos que cada sociedad se da a sí misma, la verdad es que el mundo nos provee de ejemplo tras ejemplo indicando que sistemas educativos sin una fuerte presencia de establecimientos escolares administrados públicamente, no mejoran. Y esta mejora sistémica no se produce como consecuencia de la competencia, sino levantando un modelo de proyecto educativo desde la educación pública para todo el sistema.

En términos de gestión y administración, en Chile la educación municipal no se ha expandido acompañando el crecimiento urbano, pues en parte nadie es responsable de su crecimiento. Además, la autoridad municipal en ciclos de cuatro años de gobierno carece de los incentivos para apostar por la educación cuyos resultados son en su mayoría de largo plazo. Es cierto que hay un pequeño grupo de municipalidades en Chile con liderazgos importantes, y suficientes recursos económicos y humanos, que no necesitarían de un nuevo sistema para proveer a quienes habitan su territorio de una mejor experiencia educativa. Sin embargo, la reforma busca mejorar la experiencia educativa no de una parte, sino de todos. Para lograrlo, la gran mayoría de los 346 municipios de Chile no estaba ni está preparado.

En términos de opinión pública, una encuesta del CIDE de la Universidad Alberto Hurtado, mostraba que hace diez años atrás, solo un 10% de los apoderados, un 2% de los directivos, y un 1% de los docentes consideraba que los municipios debían hacerse cargo de la administración de la educación pública. Según investigaciones cualitativas sobre esta reforma, es relevante para directores que su superior en el SLEP tenga conocimientos educativos, a diferencia de autoridades previas.

Los Servicios Locales de Educación obedecen a una necesidad. Es de esperar que la construcción de una mejor educación pública se haga con altura de miras y no con ataques desde trincheras donde los dañados serán siempre los mismos: las y los niños con menores recursos.

Por Cristóbal Madero, Facultad de Educación, Observatorio de la Nueva Educación Pública, Universidad Alberto Hurtado
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Columna de Mauricio Bravo: Oportunidad para repensar la educación pública