Con esto, el hemiciclo termina de definir las normas relativas a los bloques III y IV abordados por la instancia temática sobre derechos sociales y otros derechos fundamentales.

Del total de los 25 artículos reformulados por la comisión- encabezados por los convencionales Janis Meneses (MSC) y César Valenzuela (PS)- uno de los temas que marcó el debate fue sobre la educación.

La convencional de Convergencia Social, Mariela Serey, defendió consagrar el artículo 16 que apunta a este derecho, señalando que “hoy estamos constitucionalizando una educación para ‘todes’ (sic), que además sentará las bases para construir un Chile realmente inclusivo y respetuoso de toda su diversidad”.

La convencional de Independientes No Neutrales -también profesora-Lorena Céspedes, sostuvo que avanzar en estas propuestas “cimentará una nueva sociedad, un nuevo Chile desde la cooperación, no discriminación, inclusión, justicia social, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género y sobre todo respetando el pluralismo de expresiones y de proyectos”.

Mientras el convencional de la UDI, Alfredo Moreno, cuestionó que “la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos quedaron en el puro título, porque una asamblea de profesores tiene más potestades de elegir lo que se les enseña a los hijos de uno, que uno mismo”.

Es así como por 116 votos a favor, 20 en contra y 15 abstenciones se aprobó íntegramente el artículo 16, cuyo inciso primero establece que “todas las personas tienen derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado”.

Además, plantea que “la educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como, la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico y el desarrollo integral de las personas, considerando su dimensión cognitiva, física, social y emocional”.

Este sector se regirá también “por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tendrá un carácter no sexista y se desarrollará de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística”.

Finalmente, la norma señala que “la educación deberá orientarse hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de los fines y principios establecidos de la educación. La ley establecerá la forma en que estos fines y principios deberán materializarse, en condiciones de equidad en las instituciones educativas y los procesos de enseñanza”.

Por otra parte, también fue aprobado totalmente el artículo 17, el cual señala que “la educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media”. Este agrega en su inciso séptimo que “el Estado deberá financiar este Sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación, el cual provocó los vítores por parte de los convencionales en el plenario.