Los hechos son contundentes: nuestros colegios subsidiados se hallan envueltos en una densa malla de controles administrativos que amenaza asfixiarlos, sean de administración estatal o privada.

Según una estimación oficial, los directivos escolares deben satisfacer 2.358 (sí, usted ha leído correctamente: dos mil trescientos cincuenta y ocho) obligaciones administrativas en un año normal.Con razón un informe reciente señala que estos directivos perciben que una “elevada carga administrativa satura sus tiempos y a ratos raya en lo absurdo”. Nos recuerda al Castillo de Kafka.

En Chile, los directores de colegios pasan la mitad de su tiempo o más respondiendo a demandas administrativas. Sin embargo, consultados sobre el estado de la educación actual en comparación con cinco años atrás, dos tercios de ellos responde que ha empeorado (24%) o se mantiene inalterado (41%). En cuanto a la calidad de la educación, “los directivos tienen una opinión muy mayoritaria de que la educación chilena es mediocre en términos de su calidad”, juicio que prácticamente no presenta variaciones interanuales entre los años 2013 y 2017 (Weinstein, Muñoz y Rivero, 2018).

Dicho en otras palabras, la enorme carga administrativa, en aumento, no se acompaña de mejoramientos significativos de calidad. Más bien se retroalimenta y crece sobre la base de su propia y misteriosa lógica, como muestra Kafka. La explicación de este sinsentido lo proporciona el mismo autor en su libro citado: “Uno de los principios que regulan el trabajo de la administración es que la posibilidad de un error no debe ser nunca considerada”.

Solo desde fuera del orden administrativo impuesto a los colegios es posible reconocer sus errores y cambiar la situación.

El gobierno del presidente Piñera hizo bien, por tanto, al designar una comisión de alto rango que buscará “aliviar, reducir esta sobrecarga burocrática, de papeleo, de gestiones de trámites y liberar a nuestros directores y profesores (para) que dediquen todo ese tiempo (…) a estar dentro de la sala de clases (…)y de esta manera lograr un avance importante en el campo de la calidad”.

Con todo, se necesita más.

Por lo pronto, debe evitarse atribuir todos los males de nuestra educación a la burocracia, la burocratización y el red tape , es decir, el exceso de papeleo y la tramitación kafkiana. En efecto, la cuestión es más compleja, según plantea la siguiente paradoja: existen a la vez un exagerado burocratismo de tipo red tape (recuérdese: 2.358) y un déficit de burocracia en sentido weberiano.

Efectivamente, Max Weber, el gran sociólogo alemán, identificó como un rasgo inherente a las modernas organizaciones el recurrir a la burocracia como la forma más racional y eficiente de administración, tanto en el Estado como en las empresas, las universidades o los hospitales.

Para él, la burocracia representaba una forma de administración a través del conocimiento, ejercida por un personal profesional estable y bien entrenado, reclutado sobre bases meritocráticas, que actúa de acuerdo a criterios de objetividad y servicio sin mostrar preferencias ni discriminación, en función de fines públicos, mediante jerarquías, procedimientos escritos y reglas y protocolos de actuación. Todo lo contrario, por tanto, del poder arbitrario o anárquico, clientelar o nepótico, impotente o totalitario.

Pero Weber anticipó también las fallas y distorsiones y excesos a que podía conducir una malformación de las burocracias, léase sobrecarga burocrática, tramitocracia, exigencias absurdas, favoritismo, corrupción, deshumanización, gobierno tecnocrático o dictaduras de variado tipo.

En el caso de nuestro sector educativo, colegios, universidades e institutos técnico-profesionales, prevalece una clara tendencia hacia un burocratismo negativo, excesivo, a ratos absurdo, inútil e inconducente. ¿A qué se debe esa equivocada deriva?

Básicamente a la desconfianza en la autonomía y el autogobierno de las instituciones educativas, sobre todo de gestión privada, fenómeno que se acentuó durante la administración Bachelet. Se intentó por lo mismo saturar al sector educacional con leyes, decretos, reglas, regulaciones, inspecciones, controles, verificaciones, ordenanzas, circulares y toda suerte de obligaciones administrativas, dejándoles poco espacio a los directivos para liderar y al personal docente para asumir en plenitud su profesionalidad.

Así, en vez de ampliarse los espacios donde el orden se crea a partir de la actuación de los profesionales y los líderes directivos de los propios centros educacionales, se desembocó en un clima asfixiante que debilita a las instituciones y les impide mejorar.

Paradojalmente, en nuestro sector existe -al mismo tiempo- un déficit de burocracia weberiana en forma; como revelan las debilidades del Mineduc, su falta de recursos humanos y técnicos, pobre capacidad de conducción y coordinación del sector, falta de modernización en diversos aspectos, todo esto agravado por el cúmulo de nuevas tareas (de impronta kafkiana) que -como principal legado- deja la frondosa legislación impulsada bajo el gobierno de la Nueva Mayoría.

En suma, poco podrá hacer la comisión recién designada para aliviar una sobrecarga administrativa llevada al absurdo, si acaso este esfuerzo no se inscribe en un cambio mayor de orientación de nuestra política educacional: desde las jerarquías y los comandos administrativos hacia la confianza en los liderazgos directivos y el profesionalismo docente; desde el control panóptico hacia una real descentralización administrativa; desde el burocratismo negativo hacia la modernización burocrática del sector.