El balance mensual de Cadem (Plaza Pública, 27 de septiembre) dejó la aprobación presidencial en 35% y la desaprobación en 60%, el peor registro del mandato. Criteria cerró el mes con 58% de rechazo, Pulso Ciudadano con 57,6% y Data Influye con 62%. Chile Actual, de la Fundación Nodo XXI, la situó en 60,5% y agregó un 38,2% de quienes votaron por Kast en alguna de las dos vueltas de 2025 se declara hoy arrepentido. A su turno, la medición de Brecha Pública de la UCEN y Qualiz, difundida por El Mostrador, encontró que seis de cada diez ciudadanos creen que el Presidente no ha cumplido ninguna o casi ninguna de sus promesas.

La erosión alcanza al núcleo duro. Según Cadem, la aprobación entre quienes votaron por Kast bajó de 74% a 69% entre agosto y septiembre, y en Pulso Ciudadano 57,7% declara poca o ninguna confianza en el Presidente, el nivel más alto de su serie.

Las causas de este distanciamiento son múltiples, pero pueden ordenarse en cuatro planos que van de lo más visible a lo más profundo. En los dos primeros, seguridad y economía, se abre la brecha entre lo prometido en campaña y lo obtenido en el gobierno. El tercero, la política, explica por qué esa brecha no ha podido administrarse. El cuarto, la cultura, ayuda a entender por qué el gobierno no logra hacerlo.

Seguridad: improvisaciones reveladoras

La promesa fue formulada con un dramatismo que no dejaba lugar a matices. En mayo de 2025, al presentar su Plan Implacable, el candidato Kast describió un país en el que el narco controlaba barrios y organizaba funerales armados, y sostuvo que Chile estaba “peor que Liberia o Botsuana en percepción de seguridad”. El remedio estaba a la altura del diagnóstico. Cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para los cabecillas, fin de los narcofunerales, penas sin beneficios para los integrantes de bandas criminales y ampliación de la legítima defensa. El plan, dijo entonces, era “una declaración de guerra contra el crimen organizado”.

Poco de ese vigor sobrevivió al contacto con el Estado. La primera ministra de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert, duró 69 días en el cargo, en el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia. Días antes de su salida admitió en Radio Agricultura que “no se esperaba la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto”, frase que podría servir de epígrafe para toda esta etapa. La reemplazó Martín Arrau, militante republicano que dejó el Ministerio de Obras Públicas para hacerse cargo de la cartera más golpeada del gabinete.

El 5 de agosto, en cadena nacional y tras celebrar el despacho de la ley de Reconstrucción, el Presidente lanzó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Más de treinta proyectos, flagrancia ampliada de 12 a 24 horas, un delito de pertenencia a una organización criminal, una agencia para decomisar los bienes del narco y una reforma constitucional. “Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas”, prometió. ¿El corazón de la reforma? Un nuevo estado de excepción de seguridad pública, que el Presidente podría declarar ante una amenaza grave e inminente por 120 días, prorrogables por otros tantos, con facultades para restringir la libertad personal, la de locomoción y el derecho de reunión, y con un control parlamentario diferido.

La propuesta tropezó antes de votarse, y primero dentro de casa. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, advirtió en La Tercera que su partido no podía apoyar “las reformas constitucionales de seguridad” porque dañaban la institucionalidad, y evocó la Constitución de 1925, debilitada a fuerza de excepciones. Su reparo apuntaba principalmente a las excepciones a los principios generales incrustadas en el texto, más que al nuevo estado de excepción, que se declaró dispuesto a discutir. Contra este último se alzaron otras voces. Evópoli pidió corregirlo, el senador DC Iván Flores lo llamó antidemocrático y Johannes Kaiser, desde el polo libertario, vio en la limitación prolongada de garantías “una deriva hacia un régimen con escasas credenciales democráticas”. La Tercera, en editorial, se preguntó por qué La Moneda había propuesto algo así “sin medir sus implicancias ni la resistencia que generaría”.

El episodio dejó en evidencia algo más que un error de cálculo. Durante meses, varios advertimos (lo hice en este espacio en “El gobierno de la excepción”) que en el proyecto republicano latía una pulsión iliberal, advertencia que Kast y su círculo atribuían a un prejuicio opositor. La reforma la convirtió en una aspiración real: un gobierno de emergencia que pretendía gobernar por excepción, con el Congreso relegado a ratificar posteriormente. El estado de excepción, por cierto, no es patrimonio de las derechas autoritarias. El gobierno de Boric lo mantuvo en la Macrozona Sur durante buena parte de su mandato, con prórrogas que el Congreso aprobó una y otra vez. Lo novedoso era elevar la excepción a herramienta ordinaria de la seguridad pública, un quinto estado de excepción que desbordaba los márgenes del Estado liberal de derecho.

El desenlace no está escrito, pero el revés es evidente. A comienzos de octubre, desde Antofagasta, el Presidente, que había defendido la nueva figura como “irrenunciable”, declaró: “Si hay que retirarla, no tengo ningún problema en retirarla. Pero busquemos un consenso”.

Sin embargo, la construcción de ese consenso no la conducen  ahora ni el ministro de Seguridad ni el comité político de La Moneda. Lo redacta el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya(independiente, PPD), junto al republicano Arturo Squellay a Andrés Longton (RN), en un texto que dejaría fuera el estado de excepción anhelado por el Presidente. La primera prioridad del gobierno de emergencia queda así en manos de un senador de la oposición, quien, a su vez, ha quedado semiaislado en su bloque tras la negativa de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, a sumarse. Difícil imaginar una alegoría más precisa del momento.

Economía: frustración tras frustración

Si la seguridad era la primera promesa, el crecimiento era la segunda, y fue la que el gobierno escogió para estrenarse. Kast entregó la conducción estratégica a un ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ampliamente empoderado, con una tesis simple. Bastaba con liberar los ‘animal spirits’ de los empresarios (rebajar sus impuestos, podar la permisología, dar estabilidad a los grandes proyectos mineros y energéticos) para que el crecimiento reapareciera a la vuelta de la esquina. La tesis venía envuelta en una ofensiva contra el gobierno anterior, acusado de haber entregado un país en ruinas y una caja fiscal vacía. Desde el Segundo Piso se llegó a hablar de un “Estado en quiebra”, expresión que el propio Quiroz debió desautorizar.

La primera decisión de envergadura en este ámbito fue también la más reveladora. Ante el alza del crudo provocada por la guerra en Medio Oriente, Hacienda modificó por decreto el MEPCO y permitió que el golpe se trasladara a los surtidores y que el costo lo pagaran las personas. El 26 de marzo, la gasolina de 93 octanos subió $370 por litro y el diésel $580, un alza que el propio ministro calificó de histórico. Por primera vez en tres décadas, el mayor costo se trasladó íntegramente a los consumidores.

Hubo paliativos acotados (la parafina, un bono para transportistas, la tarifa del transporte público en Santiago), pero la señal de fondo fue otra. El gobierno elegía cuidar la caja antes que el bolsillo de las familias, y lo hacía sin el mínimo de empatía que la política exige en esas circunstancias. Seis meses después, la única medida económica que obtiene el mayor apoyo en la encuesta de Nodo XXI es la restitución del MEPCO (63%), mientras Quiroz sigue defendiendo su decisión. Con las reglas antiguas, dijo el 30 de septiembre, los precios serían hoy los mismos y el fisco habría gastado unos US$2.900 millones.

Entretanto, en agosto, el éxito legislativo llegó para Quiroz. El día 4, el Congreso despachó la ley de Reconstrucción Nacional, que rebaja gradualmente el impuesto de primera categoría del 27% al 23% para 2029, reintegra el sistema tributario y garantiza la invariabilidad de las grandes inversiones. Hacienda la sacó adelante frente a una oposición aún aturdida, con votos negociados uno a uno (el famoso pirquineo). Sería injusto negarle su modesto potencial; el Banco Central estima que aportará alrededor de medio punto porcentual al crecimiento anual en 2027 y 2028. Pero ese horizonte, de concretarse, llegará tarde para un gobierno que prometió el despegue para ahora, y vendrá acompañado de una pregunta que el debate presupuestario recién empieza a formular: ¿Cómo se financiarán los servicios públicos con menos recaudación?

Por ahora, la economía real tomó otro rumbo. El 9 de septiembre, el Banco Central recortó su proyección de crecimiento para 2026 de un rango de 1%-1,75% a uno de 0,25%-0,75%, tras un segundo trimestre en el que el PIB cayó 0,2% y un Imacec de julio que retrocedió 1,5%. La inversión, el motor que los espíritus animales debían encender, cerraría el año en negativo. El desempleo llegó a 9,6% en el trimestre junio-agosto, su nivel más alto en cinco años y un punto por encima del de doce meses atrás, con 10,3% entre las mujeres y una caída de 0,9% en el número de ocupados. Y mientras el gobierno libra hasta hoy una áspera querella con la administración saliente de Codelco, al final ha debido reconocer que, entre las causas del frenazo de la producción minera, las menores leyes de mineral son una de las más importantes, tal como alegaba la administración anterior.

El aterrizaje fue abrupto. El gobierno que se había presentado como el de la inversión tuvo que reconocerse como el de la emergencia laboral. En julio activó el programa “Modo Empleo” y, a fines de septiembre, presentó “Chile Despega”, con $1,3 billones en subsidios a la contratación, obras de ejecución rápida y capital para el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), y la meta de 100 mil empleos. Un repertorio ajeno al libreto inicial. Y Keynes está de regreso en gloria y majestad. La Cadem de la tercera semana de septiembre resume la paradoja. Quiroz sigue siendo, para el 56% de los encuestados, el ministro con mayor influencia en el gabinete y, a la vez, uno de los peor evaluados, con apenas un 37% de aprobación. El factótum del gobierno se ha convertido en un pasivo según la opinión pública encuestada.

El Presupuesto 2027 ingresó al Congreso el 30 de septiembre en un maletín negro cerrado con dos candados, tras una reunión la noche anterior en Cerro Castillo con parlamentarios oficialistas. La escenografía retrata un estilo. Hacienda anuncia un alza del gasto del 1,5% (2,7% por encima de la ley aprobada para 2026, admitió Quiroz), bajo la cual asoma una austeridad selectiva. Según lo conocido hasta ahora, Culturas pierde 10,1%, la Junaeb 2,76% en términos reales y las becas y la asistencialidad estudiantil 6,22%. La más insólita de las rebajas propuestas es suprimir la entrega de computadores a los alumnos de escasos recursos de 7º básico, justo cuando se ha vuelto evidente que la alfabetización digital es esencial para todos y no debiera excluir, precisamente, a quienes más necesitarán estas capacidades en el futuro.

Con menos crecimiento, más desempleo, una recaudación que las rebajas tributarias reducirán al menos en el corto plazo y consumidores desconfiados, el país llega a la discusión del presupuesto de la Nación en peores condiciones que en marzo. Y llega sin ofrecer lo que una coyuntura así exige: un acuerdo amplio sobre prioridadesque cuide a los más vulnerables y reúna a fuerzas sociales y políticas diversas en torno a tareas comunes.

Política: la causa inmediata

Si la seguridad y la economía evidencian la brecha entre promesas y cumplimiento, la política explica por qué el gobierno no ha sabido gestionarla. Ya en abril pasado, en estas páginas (“Poder, emergencia y ethos”), propuse que el Ejecutivo de Kast no funcionaba como una pirámide, sino como un cuadrilátero de vértices en tensión permanente, y en mayo (“Un día en la vida del gobierno Kast”) describí sus cuatro esquinas. Un Presidente ausente de la conducción estratégica, más volcado al terreno que al liderazgo. Un ministro de Hacienda formado en consultoría microeconómica, empoderado para “reconstruir” el país sin contrapesos políticos. Un núcleo político débil, con un ministro del Interior que negocia sin una coalición propiamente dicha a su espalda y una Segpres que no estructura la estrategia legislativa. Y un Segundo Piso recargado de figuras cercanas al Presidente, que se conciben por encima de los ministros y pretenden coordinarlos con mano pesada y encuadrarlos en un relato que no consiguen producir.

Siete meses después, el cuadrilátero sigue sin cabeza. El ajuste de mayo desplazó parte del poder hacia el ministerio del Interior, sin resolver la disputa por el centro, y la ciudadanía lo percibe. En la Cadem de la tercera semana de septiembre, los atributos peor evaluados del Presidente son contar con un buen equipo de gobierno (23%), mantener cohesionada su coalición (20%) y relacionarse bien con la oposición (17%). La suerte de la reforma de seguridad lo confirma, pues ninguno de los cuatro vértices fue capaz de asegurar siquiera sus propios votos.

La crisis comunicacional es la expresión más visible de este desorden, a la vez, orgánico y sustantivo.

Orgánico, porque desde la salida de la vocera Mara Sedini, el 19 de mayo, el gobierno carece de un ministro dedicado a esa función. La Segegob quedó en manos del ministro del Interior, Claudio Alvarado, como biministro, con el subsecretario Máximo Pavez a cargo de las vocerías de contingencia, mientras La Moneda anuncia un proyecto para fusionar ambos ministerios. La Segegob sobrevive como un cascarón administrativo, mientras que la elaboración de la (fallida) estrategia comunicacional reside, de hecho, en el Segundo Piso. Este opera a la sombra, sin responsabilidad pública por sus errores, y bautiza planes con nombres tanto más llamativos cuanto más alejados de un básico realismo del poder.

En agosto, el diputado Diego Schalper (RN) reclamó que el gobierno necesitaba un vocero “urgentemente”, y a mediados de septiembre la incomodidad había alcanzado a los propios republicanos. La anécdota que Sedini relató al reaparecer en los medios es reveladora. Alguien del círculo más poderoso del gobierno le habría reprochado no ajustarse al estilo deliberadamente ‘fome’ de la administración y, ante su desconcierto, le habría preguntado: “¿Eres actriz? Entonces actúa”. La comunicación política concebida como puesta en escena.

Sustantivo, porque detrás del vacío orgánico hay un vacío de relato, en contraste con la inflación narrativa de la campaña. El gobierno no ha sabido transitar desde las expectativas que él mismo fabricó hacia el plano sobrio de la acción, y menos aún hacia un relato que articule la gobernabilidad en la política y en la sociedad civil. Su discurso ha oscilado sin orden visible entre el ataque al gobierno de Boric, la austeridad del ‘bencinazo´, el triunfalismo de la inversión, una “reconstrucción nacional” convertida en baúl de iniciativas misceláneas, el país asediado por el crimen y las incivilidades, la promesa de expulsar a los migrantes irregulares que el propio Presidente terminó llamando “metáfora”, el enredo del Escudo de las Américas (cuya adhesión anunció el Presidente en Nueva York y que según Cadem ya rechaza un 48%), la ironía sobre la investigación que termina en “un libro precioso en una biblioteca”, y una vacilación constante entre la unidad nacional, invocada en dos o tres ocasiones solemnes, y la guerra cultural, siempre latente en el corazón republicano y entre sus aliados libertarios.

El gobierno necesita un relato y no lo encuentra. Se lo impiden la confusión ideológica, estratégica y táctica con la que opera, la ausencia de un perfil presidencial reconocible (Kast guardó cuidadosamente su ideología de campaña sin reemplazarla por otra), las contradicciones dentro del cuadrilátero y las tensiones entre los partidos de una no-coalición oficialista que albergan visiones de país, estilos políticos, valores y tradiciones culturales diversos.

Cultura: orientaciones sin sentido

Llegamos así al plano menos visible y, sospecho, el más decisivo. Los gobiernos también expresan culturas en su composición generacional y de clase, en sus filiaciones universitarias y en su inclinación tecnocrática o populista. En columnas anteriores (“La querella cultural que la emergencia no deja ver”, “Un gobierno que no termina de definirse”, “Guerrilla cultural: síntomas de una pulsión”) he ensayado un retrato cultural del núcleo actual del gobierno. Su ethos conservador-católico y familiar, su sintonía con el gran empresariado, su adhesión a una democracia protegida, su preferencia discursiva por “hombres fuertes” y una “mano dura”, su apego a las jerarquías patriarcales y a la tradición, su lectura del “peso de la noche” portaliano como argamasa social, su desconfianza hacia las humanidades críticas y su fina percepción de los poderes fácticos como fuente de legitimidad.

Ese cuadro caracterológico de las derechas chilenas se ha vuelto más complejo en la última década y media. Influyeron en ello los dos gobiernos de Sebastián Piñera, el momentum de Chile Vamos, la separación de aguas frente a la dictadura, que Piñera abrió al hablar de “cómplices pasivos”, y la creciente tensión, de escala occidental, entre las derechas liberales clásicas y las variantes neoliberales, iliberales, posliberales o abiertamente autoritarias. Entre estas últimas figuran los nacional-populismos y la llamada Tech Right, que combina tecno-aceleracionismo, libertarianismo y tecno-nacionalismo con la promesa de dejar atrás las instituciones de la democracia liberal.

Entre nosotros esa pugna no alcanza la densidad doctrinaria de sus versiones del norte, pero muestra fisuras nítidas entre liberales tradicionales e iliberales, conservadores y libertarios, pragmáticos y true believers, demócratas pluralistas y partidarios de una democracia protegida o securitaria, tecnócratas y populistas al estilo de Parisi.

Ninguna de estas fracciones ejerce hegemonía por el momento, y buena parte de la parálisis del cuadrilátero proviene de esa falta de acomodo. Kast encarna un perfil propio (conservador-católico, doméstico-familiar, de un ethos capitalista antiguo hecho de trabajo, responsabilidad, jerarquía y caridad) que no se aviene con el guerrero cultural libertario que representa Kaiser ni con el microlibertarismo tecnocrático-empresarial de Quiroz. La dictadura sigue siendo una herencia gravitante en el bloque oficialista, que separa aguas en varias direcciones, como bien mostró Piñera. La religiosidad de ciertas corrientes católicas contrasta con visiones laicas y economicistas, y el nacionalismo localista de una parte del sector choca con el cosmopolitismo de los capitales. No es casualidad que, como comenté en septiembre, Chile Vamos esté recuperando una identidad diferenciada frente a los republicanos y los libertarios. La entrevista de Evelyn Matthei del domingo pasado en La Tercera ratifica este diagnóstico. Según expresa allí, lo que hay con el gobierno de Kast “es un problema de desconfianza básica, de falta de equipo cohesionado y de falta de un norte común”.

Todo esto es especialmente llamativo porque ocurre en un sector -el de las derechas- que se precia de su realismo fáctico, recela del vuelo de las ideas y de las especulaciones de las ciencias sociales, y hasta exhibe un cierto antiintelectualismo, de espaldas a la academia, las artes y las humanidades contemporáneas. Los recortes presupuestarios al ministerio de las  Culturas y la ironía presidencial sobre los libros preciosos pero inútiles son síntomas de esa disposición. Conviene, con todo, no atribuirle el monopolio. El antiintelectualismo es anterior al iliberalismo de hoy y las pulsiones autoritarias tienen su versión a la izquierda, aunque en Chile no en una medida simétrica, como discutí en “Ultras: una asimetría a diestra y siniestra”. Paradójicamente, nuestra derecha se ve forzada a atender a las ideas, pues las redes del trumpismo, del Foro de Madrid y de las nuevas derechas iliberales europeas resuenan desde hace tiempo entre republicanos y libertarios, y la Tech Right también llegará a nuestras costas con la expansión de la inteligencia artificial.

La ebullición de las derechas occidentales mantiene así en tensión a las nuestras, obligadas, al igual que las demás fuerzas del espectro, a renovar su pensamiento sobre la gobernabilidad y el desarrollo. El gobierno de Kast es el lugar donde esas tensiones dejaron de ser un debate propio de centros de estudio para convertirse en problemas de conducción.

La emergencia como estado del gobierno

Al cabo de siete meses, los cuatro planos visitados en esta columna se anudan. En seguridad y economía, la brecha se mide en hechos: un Plan Implacable que termina en una reforma redactada desde la oposición y un “despegue” que derivó en subsidios al empleo, con la desocupación en su nivel más alto en un lustro. En la política, un cuadrilátero sin cabeza que no logra ordenar ni sus votos ni sus palabras. En la cultura, una derecha que discute consigo misma sin que ninguna de sus almas alcance la hegemonía, y un Presidente que guardó su ideología de campaña sin encontrar otra con la que gobernar.

Hay en todo ello una ironía que merece ser registrada. El sector que reprochaba a sus adversarios el exceso de ideas y la falta de realismo llegó al poder con un repertorio de metáforas (la guerra contra el crimen, la frontera infranqueable, el Estado en quiebra, los espíritus animales), y fue la realidad, más que la oposición, la que se encargó de desmentirlas. La oposición, por su parte, apenas ha hecho más que esperar, lo cual dice tanto de ella como del gobierno.

La palabra que organizó la campaña ha sufrido, entretanto, un desplazamiento revelador. La emergencia era el estado del país que el nuevo gobierno venía a conjurar. Hoy, el propio gobierno habla de emergencia laboral; sus aliados reclaman una emergencia comunicacional, y la que más pesa en las encuestas es la de su conducción desordenada. Según advierte la Semana Política de El Mercurio del domingo pasado, “de no corregirse con prontitud, estos problemas estructurales terminarán por comprometer gravemente la gestión del Ejecutivo”. Un maletín con dos candados para custodiar el presupuesto y un senador de la oposición encargado de rescatar la agenda de seguridad. En esas dos imágenes cabe hoy un gobierno que prometió mando y que ofrece, por ahora, una difícil gestión de sus propias tensiones.