SEÑOR DIRECTOR

Establecer un “nuevo trato” entre el Estado y sus universidades era parte del programa del actual gobierno de la Presidenta Bachelet, algo que la Universidad de Chile venía reclamando desde el retorno a la democracia para reparar el daño institucional, académico y económico que produjo la dictadura, que desmanteló “por peligrosas” a la U. de Chile y otros planteles estatales, persiguió a sus comunidades, y menoscabó las disciplinas relacionadas con la educación y el desarrollo del pensamiento crítico y analítico.
Se esperaba una ley que, con ideas lúcidas y medidas concretas, impulsara a las Ues. estatales al logro de altos estándares de calidad y productividad académica para contribuir al desarrollo de un país más justo y equitativo en la sociedad del conocimiento y de la revolución digital, a ser polos de desarrollo en sus regiones y, en el caso de la U, a cumplir su misión y consolidarse internacionalmente. Todo con recursos basales del Estado que los hicieran posibles, y compromisos de las Ues. respecto a tales logros y rendición pública de los resultados, con responsables.
Pareciera que por incompetencia, voluntarismo e improvisación de los dos ministros de Educación de este gobierno y sus equipos, por pasividad de algunos rectores de universidades estatales y por haberse ignorado a sus comunidades, nada de lo anterior está en la ley de Ues. estatales, que les limita la autonomía y calidad, les expropia recursos basales conseguidos en el gobierno anterior, y es fallida e ineficaz para los propósitos prometidos. El país y las universidades estatales perdieron la oportunidad, quizás única, de haber recuperado la educación superior pública de calidad para “Chile y su gente”. Razones para sentirse engañados y desilusionados.

Víctor Pérez Vera
Ex rector de la Universidad de Chile

26 de febrero de 2018