La reforma a la educación superior recién aprobada presenta virtudes, sin duda, pero entre ellas no se cuenta ninguna que beneficie o favorezca la orientación pública de las universidades privadas creadas luego de 1981.

Basta dar un vistazo a la ley para advertirlo.

En términos generales, y luego de entrar en vigencia esta ley, habrá en Chile cuatro estatutos distintos para las universidades.

En primer lugar, el estatuto aplicable a las universidades del Estado. Ellas estarán, por el solo ministerio de la ley, adscritas a la gratuidad y sus aranceles serán regulados, pero contarán con aporte fiscal directo, un fondo especial para su desarrollo y condiciones especiales para expandir su matrícula.

En segundo lugar se encontrarán las universidades privadas adscritas históricamente al CRUCh (el llamado G9). Estas universidades, si deciden perseverar en la gratuidad, poseerán aranceles regulados, pero tendrán aporte fiscal directo y condiciones especiales para expandir su matrícula.

En tercer lugar se encontrarán las universidades privadas creadas luego de 1981 que no se adscriban a la gratuidad. Estas instituciones carecerán de aporte fiscal, pero podrán fijar libremente su matrícula y sus aranceles.

¿Qué ocurrirá, cabría preguntarse, con las universidades privadas creadas luego de 1981 que hasta ahora han adscrito a la gratuidad y que poseen comunidades académicas dedicadas a la investigación?

Esas instituciones estarán en la peor de las situaciones, puesto que -de persistir en la gratuidad- poseerán aranceles totalmente regulados, sus vacantes anuales serán fijadas por la Subsecretaría de Educación y carecerán de aporte basal o destinado a la investigación. Solo recibirán las transferencias por gratuidad destinadas a financiar la docencia (que, como se sabe, para la mayor parte de los casos está por debajo de los ingresos previstos por aranceles, obligando a importantes rebajas en sus planes de desarrollo).

Pareciera entonces que la reforma a la educación superior recién aprobada hubiera sido diseñada para empujar a las universidades privadas que han adscrito a la gratuidad a salir de ella, so pena de verse condenadas a reducir sus comunidades académicas, empequeñecer su investigación y disminuir su presencia pública.

Lo anterior, claro está, no tendría nada de malo si las universidades privadas creadas luego de 1981 que adhirieron a la gratuidad fueran instituciones organizadas en torno a la propiedad, animadas por afanes lucrativos y destinadas a promover planes o programas ideológicos. Pero no es el caso. Entre las instituciones privadas que han adherido a la gratuidad existen instituciones con altos niveles de investigación, comunidades académicas relativamente profusas, que hasta ahora han promovido importantes proyectos editoriales y que cuentan con formas de gobierno plurales. Pues bien, el proyecto recién aprobado las obliga a escoger entre transformarse en el mediano plazo en instituciones predominantemente docentes, si adscriben a la gratuidad, o en instituciones puramente privadas, cuyas comunidades académicas y de investigación debieran financiarse predominantemente por aranceles pagados por las familias con renta actual o futura.

Así, la oportunidad para que las instituciones privadas creadas luego de 1981 cuenten con proyectos intelectuales sostenidos por comunidades vigorosas, con alta investigación, selectivos desde el punto de vista académico, pero diversos desde el punto de vista socioeconómico -empeñados no en reproducir las élites, sino en diversificarlas- parece por ahora haberse cerrado.

Se ha dicho, con frecuencia, que la reforma a la educación universitaria llevada a cabo por la dictadura condenó deliberadamente al maltrato a las universidades estatales en beneficio de las universidades privadas. Es probable. De lo que ahora no cabe duda es que esta reforma beneficia a algunas universidades (las estatales); deja incólumes a otras (las pertenecientes al G9 y las privadas que no adhirieron a la gratuidad), y maltrata a las privadas creadas luego de 1981 que decidieron adherir a la gratuidad.

Y lo peor de todo esto es que ese resultado -que lesiona a proyectos privados de indudable orientación pública- no fue explícitamente buscado. No es el fruto de un propósito gubernamental o de la astucia.

Es el simple precipitado de su increíble torpeza.

Carlos Peña
Rector U. Diego Portales